Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04486-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
13 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04486-01
Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04486-01
Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Accionados: Presidente de la República, Ministerio de Justicia y del
Derecho y Fiscalía General de la Nación-Dirección de
Asuntos Internacionales
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra trámite de extradición.
Subtema 1: Requisitos generales de procedencia.
Subtema 2: Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 3 de octubre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Carlos Alberto Muñoz Ramírez, por conducto de apoderado, presentó solicitud de
amparo de sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal, a la dignidad
humana y a la autonomía de la voluntad1, los que consideró vulnerados por la
Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección
de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la
expedición de las Resoluciones Ejecutivas No. 138 del 10 de mayo de 2024 y 298
del 1 de agosto de 2024, por medio de las cuales el señor presidente de la República
concedió la extradición del actor y decidió el recurso de reposición de manera
negativa, respectivamente.
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas al expediente se extraen los
siguientes hechos:
1 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5F5EEE2A3A7F0B3D
D2C2502779BC0F68 DDF6F31B66CB86E5 D7B84F53F83CBAED, ubicado en el índice 2, páginas
1 a 32.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
1.2.1. La Federación de Rusia, a través de su embajada, mediante Nota Verbal No.
138/n del 16 de agosto de 2018, solicitó la captura con fines de extradición del
colombiano Carlos Alberto Muñoz, requerido por el Tribunal del Distrito de Tveskoy
de Moscú, por los delitos consistentes en “tentativa venta ilegal de drogas,
fabricación ilegal, venta o distribución de estupefacientes y contrabando de agentes
narcóticos, venta de drogas”.
1.2.2. Carlos Alberto Muñoz Ramírez fue capturado el 10 de agosto de 2018, con
fundamento en la notificación roja de Interpol No. de control A-5214/5-2018,
publicada el 22 de mayo de 2018, por requerimiento de la Federación Rusa.
Posteriormente, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 17 de
agosto de 2018, ordenó la libertad del ciudadano Carlos Alberto Muñoz Ramírez,
toda vez que la Federación de Rusia no solicitó la captura conforme a los requisitos
previstos en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004.
1.2.3. En virtud de lo anterior, la Embajada de la Federación Rusa en Colombia, a
través de Nota Verbal No. 173/n del 13 de septiembre de 2018, adicionada con las
Notas Verbales 79/n del 23 de abril de 2019, 21/n del 24 de abril de 2019 y 112/n
del 20 de mayo de 2020, presentó solicitud de captura con fines de extradición de
Carlos Alberto Muñoz Ramírez.
1.2.4. En atención a la mencionada solicitud, el Fiscal General de la Nación, por
medio de la Resolución del 27 de agosto de 2020, “decretó la captura con fines de
extradición del ciudadano colombiano CARLOS ALBERTO MUÑOZ RAMÍREZ,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14.891.888, la cual se hizo efectiva el
30 de septiembre de 2021, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol de la Policía Nacional”2.
1.2.5. Posteriormente, mediante Nota Verbal No. 188/n del 26 de noviembre de
2021, la Embajada de la Federación de Rusia en nuestro país presentó la solicitud
de extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Muñoz Ramírez, con los
documentos debidamente apostillados.
1.2.6. Una vez recibida la petición, el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó
que, para el caso concreto, debía aplicarse la Convención de Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas suscrita en
Viena el 20 de diciembre de 1988 y, en los aspectos no regulados por la convención
2 Presidencia de la República, Resolución 138 de 10 de mayo de 2024. Visible a en el expediente
digital de tutela con certificado 5F5EEE2A3A7F0B3D D2C2502779BC0F68 DDF6F31B66CB86E5
D7B84F53F83CBAED, ubicado en el índice 2, página 88.
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aludida, el trámite se debía regir por lo previsto en el ordenamiento jurídico
colombiano.
1.2.7. Verificada la solicitud, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio
No. MJD-OFI21-0045243-G EX-1100 del 7 de diciembre de 2021, remitió el
expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad
judicial que, el 22 de noviembre de 20223, emitió concepto favorable para la
extradición de Carlos Alberto Muñoz Ramírez, al considerar acreditadas las
exigencias legales.
Adicionalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostuvo
que, por tratarse de un ciudadano colombiano, su entrega, de llegar a autorizarse,
deberá ser sometida a ciertos condicionamientos, como por ejemplo, “No podrá
imponerse pena de muerte, prisión perpetua, ni sometido a desaparición forzada,
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni podrá ser juzgado por
hechos distintos a los que originaron la reclamación, o por conductas anteriores al
17 de diciembre de 1.997”.
1.2.8. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto del presidente de la
República de Colombia, mediante Resolución 138 del 10 de mayo de 20244,
concedió la extradición de Carlos Alberto Muñoz Ramírez, identificado con cédula
de ciudadanía No. 14.891.888, requerido por la Tercera División de Gestión de la
Investigación a las actividades delictivas del Departamento de Investigación de la
Dirección del Servicio Federal de Seguridad del Ministerio de Asuntos Interiores de
la Federación de Rusia, dentro de la causa penal N° 11601007754000128.
1.2.9. Contra dicho acto administrativo, Carlos Alberto Muñoz Ramírez interpuso
recurso de reposición, que sustentó en el incumplimiento de los compromisos
internacionales de respeto a los derechos humanos, por parte de la Federación de
Rusia. Adicionalmente, el recurrente invocó la posibilidad de que el ciudadano
requerido sea juzgado en Colombia, y se acoja Io indicado por la Federación de
Rusia, mediante Nota Vernal No. 173/n del 13 de septiembre de 2018, en la cual se
indicó:
"(…) En el caso de que sea denegada la extradición del ciudadano C.A MUNOZ
RAMIREZ por el hecho de ser ciudadano colombiano, le ruego que nos in forme
acerca de la posibilidad de remitirle los materiales del expediente de la presente causa
penal para realizar el procedimiento judicial del individuo especificado en el territorio
de la República de Colombia (…)".
3 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5F5EEE2A3A7F0B3D
D2C2502779BC0F68 DDF6F31B66CB86E5 D7B84F53F83CBAED, ubicado en el índice 2, páginas
87 a 93.
4 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5F5EEE2A3A7F0B3D
D2C2502779BC0F68 DDF6F31B66CB86E5 D7B84F53F83CBAED, ubicado en el índice 2, páginas
37 a 83.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Este recurso fue desatado por la Presidencia de la República de Colombia en
Resolución 298 del 1 de agosto de 20245, mediante la cual confirmó el acto
recurrido. Puso de presente que, pese a que ya obraban en el expediente las
garantías ofrecidas por la Federación de Rusia, en el acto administrativo impugnado
el Gobierno Nacional impuso al país requirente, para la entrega del ciudadano
colombiano Carlos Alberto Muñoz Ramírez, los siguientes condicionamientos:
"(...) ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la entrega del ciudadano CARLOS ALBERTO
MUNOZ RAMIREZ al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004,
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación.
Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalia General
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta
a disposición del Estado requirente de la persona reclamada. (...)”.
Por lo tanto, indicó que, bajo ese análisis, la solicitud del recurrente con la cual
pretende que el Gobierno Nacional revoque la resolución impugnada y se niegue la
extradición, no tiene sustento, como quiera que no se encuentran elementos que
demuestren la inminente violación de los derechos fundamentales, pues la entrega
del señor Muñoz Ramírez quedó sujeta al cumplimiento de los condicionamientos
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es que,
previamente a la entrega del ciudadano requerido, la Federación de Rusia deberá
ratificar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme
a Io dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.
Finalmente, frente a la aplicación del principio de non refoulement o de no
devolución a favor del señor Muñoz Ramírez, para no ser entregado en extradición
a la Federación de Rusia, expuso que la solicitud era improcedente, toda vez que,
para efectos de aplicación de este principio, se requiere que el solicitante tenga la
calidad de extranjero y cuente con la calidad de refugiado o se encuentre en trámite
de reconocimiento dicha condición.
5 Documento contenido en el expediente digital de tutela con certificado 5F5EEE2A3A7F0B3D
D2C2502779BC0F68 DDF6F31B66CB86E5 D7B84F53F83CBAED, ubicado en el índice 2, páginas
138 a 146.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida e
integridad personal, a la dignidad humana y a la autonomía de la voluntad. En
consecuencia, pidió al juez constitucional suspender transitoriamente las
Resoluciones Ejecutivas No. 138 del 10 de mayo de 2024 y 298 del 1 de agosto de
2024, por medio de las cuales el señor presidente de la República de Colombia
concedió la extradición del actor y decidió el recurso de reposición, respectivamente.
Advirtió que, si bien la orden de entrega al Estado requirente está condicionada “(…)
bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones establecidas en el inciso
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido
no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y
confiscación (…) lo cierto es que el cumplimiento de dichas garantías o
condicionamientos (contenidos en el fundamento jurídico numeral 24 del concepto
favorable emitido por la Corte), están supeditados para su cumplimiento única y
exclusivamente al principio de la buena fe que debe aplicar entre los Estados
Soberanos y precisamente ese tipo de actuación es la que hoy no es razonable
esperar del gobierno de la Federación Rusa, respecto del cual la Comunidad
Internacional de Naciones ha puesto recientemente en evidencia su incumplimiento
absoluto de ese principio de derecho internacional (…)”.
Puso de presente que “(…) la Federación Rusa ha omitido acatar las decisiones de
la Corte Internacional de Justicia, en el sentido de cesar las operaciones militares
en Ucrania y cesar de perpetrar acciones de genocidio en dicho país, no les ha
importado las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia y espera el Estado
Colombiano que los condicionamientos contenidos en la resolución No. 138 del 10
de mayo de 2024, van a tener la fuerza suficiente para conminar al Estado Ruso a
respetar los derechos fundamentales de mi poderdante (…)”.
Indicó que su apoderado logró contactar y entrevistar en forma virtual, por medio de
investigadores con funciones de Policía Judicial, al ciudadano venezolano Carlos
David Méndez González, condenado el pasado 31 de octubre de 2017 por el tribunal
de la ciudad de Domodedovo de la región de Moscú, dentro del mismo proceso en
el que él está siendo enjuiciado.
Al respecto, precisó que “(…) este ciudadano venezolano MENDEZ GONZALES
CARLOS DAVID, narró en entrevista virtual, fijada por medio audiovisual y escrita,
el pasado cuatro (4) de enero de 2024, como después de cumplir siete años de
prisión (como pago de su condena) en Timiryaseva 1, ciudad Valuyki, región de
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Belgorod 309990, institución Federal Estatal, colonia penal 7, servicio federal ruso
de instituciones penitenciarias de la región de Belgorod, fue obligado a continuar
cumpliendo la condena participando en forma directa en el conflicto (guerra), que la
Federación Rusa adelanta contra Ucrania, formando parte de la operación especial
de guerra y de búsqueda, este ciudadano narra en su entrevista desde Rusia, como
fue sacado de prisión y obligado a formar parte del grupo paramilitar denominado
WAGNER, el pasado 20 de septiembre del año 2022 (…)”.
Por lo tanto, adujo que tenía plena certeza que, al llegar a territorio ruso, “muy
seguramente será enviado (en contra de su voluntad) a la guerra contra Ucrania
(disfrazando la federación rusa de esta forma una pena de muerte) como sucede
con la gran mayoría de reclusos en Rusia y como sucede, con las otras personas
que han sido procesados como coautores de los hechos en que está inmerso mi
prohijado (…)”.
Finalmente, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela, explicó que se
requería el amparo constitucional como mecanismo transitorio, porque el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no ofrece una protección cierta,
efectiva y concreta de sus derechos fundamentales.
1.4. Trámite en primera instancia
El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, por auto del 2
de septiembre de 20246, admitió la acción de tutela, negó la medida provisional
solicitada, y ordenó notificar a las partes, para que, si lo consideraban pertinente,
intervinieran en el trámite constitucional.
1.4.1. La Presidencia de la República, por conducto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, rindió el respectivo
informe. Solicitó que (i) se le desvincule del presente trámite tutelar por falta de
legitimación en la causa por pasiva; (ii) se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo ante la inexistencia de una acción u omisión imputable al presidente de
la República que pudiese generar alguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados; y (iii) se nieguen las pretensiones deprecadas por el
accionante.
6 Archivo electrónico identificado con el certificado 6F87CAD5C0D566CB 56121685A351045C
90858A5140CAAB13 7D6C8E1A491CBB92 ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera
instancia.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Expuso que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia, en
la medida en que el actor cuenta con la posibilidad de controvertir las resoluciones
que concedieron su extradición ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Agregó que no era suficiente mencionar la existencia de un supuesto perjuicio
irremediable, sino que el accionante tiene la carga de demostrar la inminencia,
gravedad y urgencia en la afectación de sus derechos fundamentales, así como el
carácter de impostergable de las medidas que reclama.
1.4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la acción de tutela y
deprecó que se declarara la improcedencia de la acción. De manera preliminar, hizo
un recuento del trámite de la extradición del señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez,
e indicó que “(…) una vez cobró firmeza la decisión sobre la extradición (…)
mediante oficio MJD-OFI24-0038000 del 2 de septiembre de 2024, solicitó al
Ministerio de Relaciones Exteriores, que, por su intermedio, se requiera al Gobierno
de la Federación de Rusia, para que allegue el compromiso impuesto por el
Gobierno Nacional para la entrega del citado ciudadano (…)”.
Puso de presente que el acto administrativo cuestionado goza de presunción de
legalidad sin que pueda desatenderse por ninguna autoridad o institución
interviniente, por lo que es a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a la que
le corresponde determinar la posibilidad de suspender los efectos de las decisiones
que adopta el Gobierno Nacional en el evento de que se acudiera a dicha
jurisdicción en procura de un control de legalidad.
En consecuencia, indicó que si lo que intenta el actor es cuestionar la legalidad de
los actos que concedieron su extradición, este debe hacer uso del medio de control
previsto en el ordenamiento jurídico para tal fin.
1.4.3. Los demás sujetos procesales, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
1.5. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 3 de octubre de 20247,
negó la solicitud de desvinculación presentada por el presidente de la República y
declaró la improcedencia de la acción de tutela, porque no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad.
7 Archivo electrónico identificado con certificado 472357D8CB9445B0 D4B376792066929C
14066125EFBF9CC1 50410F1E7CEF0040, ubicado en el índice 21 del expediente digital de primera
instancia.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
El juez constitucional de primera instancia advirtió que no era procedente acceder
a la solicitud de desvinculación deprecada por el presidente de la República, porque
la acción fue promovida en su contra y, de lo expuesto en el escrito de tutela, se
colige que los reparos planteados están encaminados a cuestionar las resoluciones
por las cuales se concedió la extradición del aquí accionante, que fueron suscritas
por el primer mandatario y el ministro de justicia y del derecho.
En cuanto a la pretensión de tutela, el a quo denotó que lo que pretende el actor es
que se suspendan los actos administrativos contenidos en las Resoluciones No. 138
del 10 de mayo de 2024 y No. 298 del 1 de agosto de 2024, por medio de los cuales
se concedió su extradición a la Federación de Rusia. Por lo tanto, consideró que el
accionante cuenta con un medio idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los
referidos actos administrativos, dado que puede acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto por el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceso en el que
además podrá solicitar las medidas cautelares que considere pertinentes.
Finalmente, afirmó que en el asunto no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, toda vez que el actor pretende que se suspendan los actos
administrativos que ordenaron su extradición, porque una vez “esté en territorio
ruso, muy seguramente será enviado (en contra de su voluntad) a la guerra contra
Ucrania (disfrazando la federación rusa de esta forma una pena de muerte) como
sucede con la gran mayoría de reclusos en Rusia (…)”. No obstante, la orden de
extradición no implica el escenario propuesto en la acción de tutela, en otras
palabras, el cumplimiento de los actos administrativos no conlleva la consecuencia
en la que el actor fundamentó el perjuicio irremediable.
Con todo, expuso que, según el actor, la circunstancia que daría lugar al perjuicio
irremediable no está dada por la orden de extradición, sino por un eventual
incumplimiento del Estado requirente, lo cual no es una circunstancia que revista
inminencia, dado que se trata de una mera probabilidad carente de grado de
certeza.
1.6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera
instancia. Sostuvo que el juez constitucional al proferir la sentencia del 3 de octubre
de 2024 se equivocó al afirmar que la inminencia del perjuicio está basada en
especulaciones y en supuestos, pues eso es dar la espalda a la realidad y negar la
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
existencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo anterior, sumado a las condenas
que ha recibido la Federación de Rusia por violaciones a los derechos humanos que
se encuentran documentadas. Además, reiteró todos los argumentos expuestos en
su escrito inicial y solicitó que, en consecuencia, se acceda a sus pretensiones.
El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de
auto del 29 de octubre de 20248, concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedencia de la acción
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto-Ley 2591 de 1991, es un procedimiento preferente y
sumario de protección de derechos fundamentales, cuya procedencia está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) legitimación por activa; (ii) legitimación
por pasiva; (iii) agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la
ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad); y (iv) la evidente afectación
actual de un derecho fundamental (inmediatez)9.
En ese orden, resulta preciso revisar si en el caso sub iudice, se encuentran
superados todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
La legitimación en la causa por activa está acreditada, ya que Carlos Alberto
Muñoz Ramírez es el titular de los derechos fundamentales invocados, al ser el
sujeto pasivo del trámite de extradición. En el mismo sentido, la legitimación en la
causa por pasiva está superada, en razón a que la Fiscalía General de la Nación-
Dirección de Asuntos Internacionales, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
Presidencia de la República son las autoridades que, armónicamente, condujeron
el trámite de extradición que se surtió ante la Federación de Rusia. En
consecuencia, están llamadas a responder por la posible acción u omisión
8 Archivo electrónico identificado con certificado DD89EF9448BDB1E2 B5A64C69D30B8452
CEDD541D731C7B5F A752E1E749AB16E7 ubicado en el índice 27 del expediente digital de
primera instancia.
9 Para estos efectos de consultaron las sentencias T-091 de 2018, T-032 de 2020, T-123 de 2019, y
T-272 de 2017 de la Corte Constitucional.
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vulneradora de las garantías constitucionales del señor Muñoz Ramírez con
fundamento en sus competencias particulares.
Sobre la participación de múltiples autoridades en el procedimiento administrativo
de extradición, la Corte Constitucional sustentó que en este intervienen las dos
Ramas del Poder Público; la Ejecutiva y la Judicial, toda vez que el Gobierno
Nacional actúa por conducto de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia
y del Derecho, así como a través del presidente de la República, mientras que la
Rama Judicial por cuenta de la Fiscalía General de la Nación y la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia10.
En virtud de lo expuesto, aunque el procedimiento correspondiente concluyó con la
Resolución 298 del 1 de agosto de 2024, la cual confirmó la Resolución No. 138 del
10 de mayo del presente año, supuesto que, en principio, señala a la Presidencia
de la República como la autoridad responsable de la afectación de los derechos
fundamentales, esta Sala no puede pasar por alto el carácter convergente del
trámite. En este sentido, todas las autoridades intervinientes resultan legitimadas
para asumir la responsabilidad respecto al objeto constitucional en cuestión. Por lo
tanto, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación que formuló la
Presidencia de la República.
2.2. De la subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como
desconocer que la Constitución Política y la ley prevén una serie de
mecanismos legales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos.
Es decir, una aplicación amplia de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de la subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, resulta contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos ordinarios de protección de los
derechos11.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-243 de 2009.
11 Corte Constitucional. Sentencias: T-892 de septiembre 12 de 2008, M. P. Mauricio González
Cuervo y T-406 de abril 15 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
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No en vano los artículos 8612 de la Constitución Política y el 6, numeral 1º, del
Decreto 2591 de 199113 prevén como causal de improcedencia de la solicitud
de amparo la existencia de otros medios de defensa para la protección de los
derechos invocados. De manera que acción de tutela solo puede utilizarse
cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales.
En ese sentido, la Corte Constitucional destacó14:
“(…) La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según
la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso
al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales”.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los mecanismos legales que tenía a su disposición, pues,
de lo contrario, la tutela deviene improcedente. Es de resaltar que el requisito de
subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino
también que en estos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en
la acción de tutela.
12 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se
destaca).
13 “ARTÍCULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
(…).”
14 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Pues bien, en el sub lite el señor Carlos Alberto Muñoz Ramírez sostuvo que las
Resoluciones No. 138 del 10 de mayo de 2024 y 298 del 01 de agosto de 2024, al
conceder la extradición a la Federación de Rusia —solicitada por el Gobierno de
ese país en virtud del requerimiento requerido del Tribunal del Distrito de Tveskoy
de Moscú, por los delitos consistentes en “tentativa venta ilegal de drogas,
fabricación ilegal, venta o distribución de estupefacientes y contrabando de agentes
narcóticos, venta de drogas”—, lo exponen a la ocurrencia inminente de un perjuicio
irremediable frente a sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana,
a no ser destinatario de tratos inhumanos crueles o degradantes y a ser desprovisto
de la autonomía de su voluntad y obligado a participar en la invasión a Ucrania.
Por regla general, la acción de tutela no procede para cuestionar la legalidad de los
actos administrativos definitivos, pues, para tal efecto, el legislador ha previsto otros
mecanismos judiciales idóneos, como las acciones de simple nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho15. De hecho, esta corporación ha señalado que los
actos administrativos dictados por el Gobierno Nacional, que acceden a la
extradición de ciudadanos colombianos, deben ser controvertidos a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por tratarse de
decisiones amparadas por la presunción de legalidad, que solamente puede ser
desvirtuada bajo las formas propias establecidas por el legislador para el
procedimiento ordinario contencioso administrativo16.
El procedimiento contencioso administrativo prevé mecanismos como las medidas
cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para que,
por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que el demandante,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, puede pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos que cuestiona por
vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en
cuanto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia.
En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción
de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo Código
15 Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de marzo de 2014,
Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06871-01, determinó: «En estos términos, se concluye que: i)
lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión
provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela,
por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio
irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no
tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo».
16 Sentencia del 4 de mayo de 2017, radicación número: 25000-23-42-000-2016-05635-01 (AC), y
sentencia del 8 de septiembre de 2000, radicación número: 25000-23-31-000-2000-12000-01(AC).
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de
2011— tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por
varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un
“perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender
el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo 17.
Siendo así, los reproches que el actor plantea en la tutela frente a la legalidad y
constitucionalidad de los actos administrativos que concedieron su extradición a la
Federación de Rusia, deben proponerse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que el juez de lo contencioso administrativo
defina si están o no viciados de nulidad. Como se vio, en ese mismo escenario, el
juez puede ordenar medidas cautelares para suspender los efectos del acto
administrativo demandado.
La Sala no desconoce que, eventualmente, la competencia del juez de tutela puede
activarse para definir si un acto administrativo vulnera flagrantemente derechos
fundamentales y si puede otorgarse el amparo transitorio hasta que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo decida de fondo sobre la legalidad de ese acto. Por
eso, le corresponde a la Sala determinar si el señor Muñoz Ramírez se encuentra
frente a un perjuicio irremediable que justifique la intervención excepcional por vía
de tutela.
Al punto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no
existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales18».
Entonces, el perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes
de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegarse a
producir no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e
inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación,
17 Consejo de Estado, Sala Plena. Providencia del 5 de marzo de 2014. Expediente No. 25000-23-42-
000-2013-06871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego.
18 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
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es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de
ser atentados contra los derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, además, que el perjuicio irremediable que hace procedente
la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse
solamente desde la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas,
perjudiciales, dañinas, que suelen producir las decisiones de la administración. Esas
decisiones pueden estar revestidas de legalidad y, por ende, las consecuencias
perjudiciales de quienes las sufren no son, per se, ilegítimas o ilícitas.
Es natural sufrir daños por causa de las actuaciones de la administración. Por
ejemplo, el acto que declara insubsistente un nombramiento implica que el
funcionario no pueda continuar recibiendo la remuneración, que pierda el trabajo; la
sanción disciplinaria de inhabilidad traerá como consecuencia que el funcionario no
pueda ejercer cargos públicos por cierto tiempo; la declaratoria de caducidad del
contrato estatal obligará a que se siga el procedimiento para la liquidación; la
sanción de multa por infracción al régimen ambiental obligará al infractor a pagarla
con cargo a su patrimonio.
En fin, son muchos los casos que sirven para demostrar que no por resultar
perjudicial la decisión tomada por la autoridad competente deba asumirse que existe
un perjuicio irremediable evitable mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos
los actos administrativos que establecen situaciones desfavorables a los
destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela.
En el caso bajo estudio, los actos administrativos que controvierte el señor Muñoz
Ramírez fueron expedidos por la Presidencia de la República y el Ministerio de
Justicia y del Derecho, al estimar que se encontraban reunidos los requisitos
legalmente previstos para conceder la extradición solicitada por el Gobierno de la
Federación de Rusia, en virtud del requerimiento realizado por la Tercera División
de Gestión de la Investigación a las actividades delictivas del Departamento de
Investigación de la Dirección del Servicio Federal de Seguridad del Ministerio de
Asuntos Interiores de la Federación de Rusia, dentro de la causa penal N°
11601007754000128.
La extradición constituye un mecanismo de cooperación internacional en la lucha
contra el crimen, mediante el cual se efectúa la entrega de una persona a un
gobierno extranjero que la ha condenado o la investiga por determinado delito. Lo
anterior, tiene sustento en el artículo 35 de la Constitución Política19, modificado por
19 Artículo 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados
públicos y, en su defecto, con la ley.
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el Acto Legislativo 1 de 1997, que establece la posibilidad de solicitar, conceder u
ofrecer la extradición, de acuerdo con los tratados públicos o, en su defecto, con la
ley.
Por ende, mal podría afirmarse que las consecuencias perjudiciales que se derivan
de estos, como el consecuente traslado del accionante a otro país, constituyen un
perjuicio irremediable. Por el contrario, se trata de la ejecución de medidas
establecidas en tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, que,
en todo caso, siempre que se ejerzan en el marco de la ley —lo que debe presumirse
mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo no declare lo contrario—,
no pueden dar lugar a predicar la configuración de un perjuicio irremediable que
haga procedente la tutela.
En últimas, las situaciones a las que Carlos Alberto Muñoz Ramírez pretende dar la
apariencia de perjuicio irremediable no son más que la consecuencia lógica de
actuaciones adelantadas por él, que dieron lugar a que la justicia de la Federación
de Rusia estimara necesario acusarlo y juzgarlo por la comisión del delito de tráfico
de estupefacientes. En consecuencia, el actor no puede pretender beneficiarse de
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, para evadir o retardar la
acción de la justicia de ese país extranjero.
En este punto, se pone de presente que el argumento principal del accionante, tal y
como lo consideró el juez de primera instancia, parte de una mera posibilidad de
que al ser extraditado sea enviado “a la guerra contra Ucrania”, cuando el elemento
de la inminencia “exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño”20.
En consecuencia, al no estar satisfecho el requisito de la inminencia, se descarta,
igualmente, que las medidas a adoptar sean urgentes e impostergables.
En este sentido, los reparos planteados por el actor respecto a los actos
administrativos que aprobaron la extradición solicitada por el Gobierno de la
Federación de Rusia deben resolverse a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que la acción de tutela resulta improcedente en
este caso. Será el juez administrativo quien determine si dichos actos incurrieron o
no en ilegalidad y, en consecuencia, ordene la reparación de los daños causados.
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el
exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la
materia.
La extradición no procederá por delitos políticos.
No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación
de la presente norma.
20 Corte Constitucional, SU-179 del 9 de junio de 2021.
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Accionante: Carlos Alberto Muñoz Ramírez
La tutela no puede convertirse en un instrumento para, simplemente, demorar la
ejecución de la orden de extradición solicitada por un gobierno extranjero y aceptada
por el Gobierno Nacional. Se insiste, esta acción constitucional no puede
reemplazar los mecanismos ordinarios previstos en la ley para la defensa de los
derechos.
Consecuente con lo hasta aquí expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, proferida el 3 de octubre de 2024 por la Sección Primera de esta
corporación, que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia el 3 de octubre
de 2024 por la Sección Primera de del Consejo de Estado, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
SABF
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