Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04490-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04490-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04490-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
7 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04490-01
Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera - Subsección A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04490-01
Demandante: HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo del 24 de septiembre de 2024, por medio del cual, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el actor.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Hernando Rodríguez Rodríguez, actuando a través de apoderado
judicial, presentó solicitud de tutela contra Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A, dentro del expediente
11001333400220190029900/01, mediante la cual se confirmó la sentencia del
12 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda elevada
por el actor contra la Superintendencia de Industria y Comercio.
1.2. Pretensiones
La parte accionante elevó las siguientes:
«Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Hernando Rodríguez Rodríguez.
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Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera - Subsección A
Revocar y dejar sin efectos la sentencia de fecha 25 de abril de 2024,
notificada el 2 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección A, por ser violatoria de los
derechos fundamentales de Hernando Rodríguez Rodríguez.
Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia del Juzgado
2 Administrativo de Bogotá, ya que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección A, es confirmatoria de ella»1.
1.3. Hechos
El señor Hernando Rodríguez Rodríguez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Resolución
núm. 4037 del 20 de febrero de 2019, confirmada por la Resolución núm. 8732
del 9 abril de 2019, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante las cuales se sancionó al actor con multa equivalente a 130 SMLMV,
por haber incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 15 del artículo 4
del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la ley 1340 de 2009,
al incumplir instrucciones impartidas por la entidad y obstruir con ello la
actuación administrativa que se adelantaba.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y se le asignó el radicado número
11001333400220190029900/01.
Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2021, el juzgado negó las
pretensiones elevadas. El actor apeló la sentencia de primera instancia. Del
recurso conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A. A través de providencia dictada el 25 de abril de 2024, la
colegiatura confirmó la decisión de primera instancia.
1.4. Sustento de la petición
El tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado de
segunda instancia incurre en los siguientes defectos:
1.4.1. Desconocimiento del precedente judicial
La sustentación de los defectos atribuidos a la providencia atacada inicia por
señalar que, en aquella se indicó que el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009
permite sancionar a las personas naturales, pero que, contrario a lo señalado
por el juez ordinario, los únicos sujetos destinatarios de esa norma son las
personas jurídicas. Por esta razón, adujo el actor, la multa impuesta viola en
forma manifiesta su derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, en su expresión de los principios de
legalidad y tipicidad que gobiernan todo proceso administrativo sancionatorio.
Expuso que la Corte Constitucional determinó que el artículo 25 de la Ley 1340
de 2009 solo permite a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
sancionar a las personas jurídicas y no a las personas naturales.
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Transcrito con posibles errores ortográficos.
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Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez
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Agregó que ese mismo entendimiento fue corroborado por la Corte
Constitucional en la sentencia de exequibilidad del artículo 26 de la Ley 1340 de
2009, C-394 de 2019, en la cual, la Corte previó que la única norma de la Ley
1340 de 2009 que permite sancionar a las personas naturales es el artículo 26
más no así, el 25 ibídem.
Consideró que, la sentencia objeto de tutela debió avalar una de las dos
interpretaciones posibles, a la luz de las reglas contenidas en la Constitución
Política y en el CPACA, en materia de procesos administrativos sancionatorios,
frente al incumplimiento de instrucciones:
i) aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el
artículo 52 del Decreto del 2153 de 1992, que es ley especial para toda
práctica restrictiva de la competencia, incluida la omisión en acatar las
instrucciones de la SIC, como lo dice su texto; o bien,
ii) aplicar el procedimiento general previsto en el artículo 51 del CPACA,
para los casos de desatención de instrucciones y obstrucción de
investigaciones.
1.4.2. Defecto sustantivo
Aseguró que este yerro se produjo porque la sentencia desbordó las facultades
determinadas en la ley aplicable y la jurisprudencia constitucional, al avalar la
imposición de una multa a una persona natural, con fundamento en una norma
exclusivamente aplicable a las personas jurídicas.
Además, indicó que las decisiones administrativas demandadas, contrarían el
principio de reserva de ley, que rige para los procedimientos administrativos
sancionatorios como una garantía inherente al derecho fundamental al debido
proceso.
Argumentó que, la sentencia permitió la imposición de una sanción por fuera de
los procedimientos sancionatorios legalmente previstos y con apoyo en un
supuesto trámite contenido en el numeral 12 del artículo 9 del Decreto 4886 de
2011, acto administrativo reglamentario de estructura y funciones de la SIC, que
no contiene un procedimiento administrativo sancionatorio, puesto que, por su
jerarquía de acto reglamentario no podría regular esa materia.
Explicó que dicho precepto fue aplicado en las decisiones administrativas como
como «ley especial de competencia», otorgándole jerarquía de ley y, en tal
virtud, la capacidad jurídica de regular materias como un inexistente
procedimiento administrativo sancionatorio denominado «trámite de solicitud de
explicaciones», que en realidad no consagra, ni podría legalmente consagrar,
ningún procedimiento.
1.4.3. Decisión sin motivación
Alegó que se configuró este defecto porque no se resolvieron los siguientes
argumentos desarrollados en el recurso de apelación:
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«Se violó el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la ley, y en su
lugar se avaló un supuesto e inexistente, procedimiento sancionatorio
denominado «trámite de solicitud de explicaciones», supuestamente establecido
en el numeral 12 del artículo 9 del Decreto 4886 de 2011.
Se incurrió en «vulneraciones concretas en la sentencia apelada», «defecto
fáctico y falsa motivación de la sentencia al tomar como supuestos centrales de
su decisión hechos contrarios a la realidad», dado que, la sentencia de primera
instancia partió de la falsa premisa de que el celular del señor Hernando
Rodríguez es institucional y contiene documentos que pueden calificarse como
libros y papeles del comerciante, afirmación totalmente contraria a la prueba
testimonial rendida ante los funcionarios de la SIC.
Los actos demandados fueron expedidas con «desviación de las atribuciones
propias de la SIC, pues las normas legales le permiten únicamente practicar los
medios de prueba dispuestos en el CPACA y en el CGP, pero dentro de dichas
pruebas no están comprendidas las interceptaciones ni registros, como el que
pretendió la SIC respecto del teléfono móvil, personal, de mi representado».
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 29 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera -
Subsección A y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en calidad de demandado, así como a la Superintendencia de Industria
y Comercio, en calidad de tercero con interés.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá
Refirió que los argumentos de primera y segunda instancia se hallan
sustentados en las normas pertinentes y jurisprudencia aplicable al caso
concreto y que no existe ninguna causal que haga procedente la presente
acción de tutela.
1.5.2. Superintendencia de Industria y Comercio2
En su informe solicitó ser desvinculada por falta de legitimación en la causa por
pasiva, en consideración a que no realizó ninguna acción que vulnerara los
derechos fundamentales del demandante.
La otra autoridad judicial accionada no presentó escrito de informe, pese a
haber sido debidamente notificada.
1.6. Sentencia de primera instancia
El juez constitucional de primera instancia negó el amparo deprecado, al
2
Ver índice 11 de Samai del expediente 11001031500020240449000
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considerar que la decisión acusada no incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación, puesto que
fue proferida de conformidad con las normas que regulan la materia y aquella se
apoyó en el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual permitió
concluir que los actos administrativos demandados se encontraban ajustados al
ordenamiento jurídico.
Con fundamento en el anterior analisis concluyó que «el actor tenía una
inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que
no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos
presentada por la autoridad judicial demandada cuenta con soporte y está
debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no
puede convertirse en una tercera instancia».
1.7. Impugnación
Mediante escrito enviado por correo electrónico, el actor impugnó el fallo de
primera instancia, recurso que gira en torno a las siguientes inconformidades:
Señaló que la sentencia impugnada no estudió el argumento relativo a la
vulneración del principio de reserva legal en que incurrió la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual resultaba esencial para el
sentido de la decisión y no justificó la razón por la cual lo excluyó al momento
de enumerar y evaluar los defectos sustanciales aducidos en la tutela.
Expresó que la providencia también se abstuvo de pronunciarse sobre el
defecto sustantivo derivado de desconocer los efectos erga omnes de dos
sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional sobre los artículos
25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, que son las directamente involucrados en el
análisis de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Finalmente, insistió en los mismos argumentos expuestos en el escrito de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de
primera instancia proferida en el expediente de la referencia, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80 de
12 de marzo de 2019.
2.2. Problemas jurídicos
En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si en este caso se cumplen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.
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Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.
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Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez
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En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá
si la providencia cuestionada, mediante la cual se negaron las pretensiones del
medio de control encaminadas a obtener la nulidad de la resolución que
impuso sanción al actor, vulnera los derechos fundamentales del demandante al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, por incurrir en diversos
defectos sustantivos, decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados, (iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
... si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.5
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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Ibídem.
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relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal6 (Énfasis de la Sala).
6
Sentencia SU 573 de 2019.
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Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva en el caso concreto
El accionante sustentó su inconformidad con la sentencia de segunda instancia
dictada por el tribunal accionado en la presunta ocurrencia de diversos defectos
sustantivos derivados de: i) desconocer el mandato y precedente constitucional,
sobre el principio de reserva de ley, que gobierna los procedimientos
administrativos sancionatorios; ii) avalar la imposición de una sanción con
desconocimiento de los procedimientos sancionatorios legalmente previstos; iii)
la aplicación de un trámite contenido en un acto administrativo reglamentario de
estructura y funciones de la SIC, que no tiene fuerza de ley; y iv) la
interpretación del artículo 25 de la Ley 1340 contraria a las sentencias de
constitucionalidad.
Sostuvo que la providencia cuestionada no se ocupó de resolver sus
argumentos de apelación, entre ellos, el relativo a la «desviación de las
atribuciones propias de la SIC, pues las normas legales le permiten únicamente
practicar los medios de prueba dispuestos en el CPACA y en el CGP, pero
dentro de dichas pruebas no están comprendidas las interceptaciones ni
registros, como el que pretendió la SIC respecto del teléfono móvil, personal, de
mi representado».
Aseguró que se vulneró su derecho al debido proceso en la medida en que se
desconoció que el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 solo permite a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sancionar a las personas
jurídicas y no a las personas naturales, como lo ha establecido la Corte
Cosntitucional.
Además precisó que la sentencia proferida por el juez ordinario se apartó de las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en materia de procesos
administrativos sancionatorios.
Revisado el expediente origen de la presunta vulneración, se observa que el
juez natural del proceso en primera instancia encontró ajustada a derecho la
multa impuesta al actor por la comisión de la conducta contenida en el artículo
25 de la Ley 1340 de 2009, por haber obstruido una investigación administrativa
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al haberse reusado a acatar las instrucciones impartidas por la autoridad
demandada, en calidad de gerente general y representante legal de Roa
Florhuila S.A.
En tal sentido, determinó que la Superintendencia de Industria y Comercio no
debía sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 52 del Decreto 2153
de 1992, pues este solamente es aplicable en procesos donde se pretende
determinar la responsabilidad por violación de normas de la competencia.
El juez natural encontró que no se vulneró el derecho a la intimidad del actor,
dado que fue él mismo quien manifestó que usaba su dispositivo móvil para
comunicarse, entre otros, con sus empleados y que la línea se encontraba en un
plan corporativo de la empresa, lo que llevó a concluir que se trataba de un
dispositivo móvil utilizado para fines empresariales, el cual podía ser revisado
por, la autoridad demandada en sus facultades de inspección y vigilancia.
Además sustentó su decisión en que, aunque el artículo 25 de la Ley 1340 de
2009 si bien establece como encabezado “monto de las multas a personas
jurídicas” es acertado el entendimiento consistente en que las conductas que se
establecieron en la norma para personas jurídicas son también adjudicables a
personas naturales, pues son estas quienes hacen posible su realización.
El tutelante, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación
fundamentado en que:
«El actor, en defensa de sus derechos de defensa y a la intimidad, impidió que los
funcionarios de la SIC revisarán las conversaciones personales que realizó a
través de la aplicación Whatsapp, manifestación que no puede ser considerada
como la obstrucción de la visita administrativa o de alguna investigación.
Las pruebas practicadas en el proceso no demostraban que el celular del
accionante era institucional o guardara documentos que puedan calificarse como
libros y papeles del comerciante, por lo que la SIC no estaba facultada para
consultarlo sin previa autorización judicial, como lo establece la Constitución
Política en el artículo 15 y la sentencia C-165 de la Corte Constitucional, para el
caso de dispositivos personales.
El artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 regula el proceso sancionatorio contra
personas jurídicas y no naturales, por tal motivo, al aplicarlo para determinar la
responsabilidad del accionante, se desconocieron los principios de legalidad y
tipicidad que gobiernan todo proceso administrativo sancionatorio, es decir, su
derecho fundamental al debido proceso.
Los actos administrativos demandados fueron expedidas en forma irregular y con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, puesto que se pretermitió el
procedimiento establecido en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992.
El artículo 3, numeral 11 del Decreto 4886 de 2011, aplicado por la SIC como
norma procedimental de la actuación administrativa, es aplicable solo a las
personas jurídicas, no a las personas naturales.»
El tribunal que conoció el proceso en segunda instancia confirmó la decisión
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objeto de apelación. Para arribar a dicha conclusión, el juez colegiado sostuvo
que los actos demandados fueron expedidos con observancia del debido
proceso y apego a las normas que rigen el proceso sancionatorio aplicado.
Así, observó el juez natural que el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, que el
accionante reclamaba como desconocido, regula al proceso primigenio, es decir,
aquel en donde se estaba analizando si la sociedad había desplegado
actuaciones contrarias a la libre competencia y abuso de la posición dominante
y, dentro del cual, se ordenaron las averiguaciones preliminares y la visita
administrativa a las instalaciones de la sociedad, más no en el trámite de
solicitud de explicaciones que se generó ante la negativa por parte del actor de
entregar su celular para continuar con la investigación.
De la lectura de la demanda de tutela y el escrito de impugnación se extrae que
los argumentos planteados por el tutelante frente a la interpretación de las
normas invocadas son idénticos a los expuestos al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y que fueron objeto de análisis por el juez
de segunda instancia.
Resulta claro que el actor pretende elevar a una categoría constitucional, un
debate de orden meramente legal, en el que se discutió si la sanción impuesta
por incurrir en una conducta típica fue legal y en su expedición se respetaron las
normas procesales aplicables a la materia.
Siendo ello así, no se encuentra la relevancia constitucional al asunto que la
accionante pretende sea estudiado por este juez de tutela, pues la controversia
no se refiere a la protección de los derechos invocados sino a la inconformidad
con la interpretación de las normas que realizó el juez natural del proceso, que
le llevó a determinar que los actos sancionatorios están ajustados a las normas
procesales vigentes.
Por el contrario, resulta claro que lo pretendido no es otra cosa que controvertir
el estudio normativo que ya practicó el juez natural de la causa, quien se
pronunció sobre los aspectos que el actor cuestiona nuevamente en sede
constitucional.
En otras palabras, el objetivo perseguido se desvía del fin principal de la acción
de amparo, que no es otro sino el de proteger los derechos fundamentales y no
de ser un escenario de debate judicial adicional a los mecanismos ordinarios
establecidos por el ordenamiento jurídico.
Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de
procedencia general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en específico la relevancia
constitucional, frente al derecho al debido proceso, por referirse a una disputa
que tiene su origen en una controversia de orden legal y de índole económica,
tarea que ya fue abordada por los jueces competentes durante el proceso
judicial, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la interpretación,
aplicación o desarrollo de la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04490-01
Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera - Subsección A
En este escenario, se revocará la decisión proferida en primera instancia y, en
su lugar, se declarará improcedente la petición de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 24 de septiembre de 2024, por medio de
la cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor y, en su lugar,
declárase improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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