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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04500-01

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04500-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Revocar parcialmente los numerales segundo y tercero de la sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, los cuales quedarán así: 2°) Amparar el derecho fundamental de petición de la actora frente al Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali. 3°) Ordenar a la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, y al secretario de Movilidad y Tránsito de Cali, Wilmer Tabares Marín que en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, respondan de fondo y de manera congruente las peticiones elevadas por la actora el 2 de julio de 2024. SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, el fallo impugnado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04500-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

25 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04500-01
Demandante: Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04500-01
Demandante: JEIMY XIOMARA RODRÍGUEZ SARRIA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – Petición ante autoridades / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – Se
configuró porque durante el trámite del proceso de tutela se superó el hecho que dio lugar
a la solicitud de amparo / PROCEDENCIA DEL AMPARO – Se corroboró que las
autoridades demandadas no dieron respuesta a la solicitud de la parte actora y, por tanto,
desconocieron el derecho fundamental de petición / NIEGA AMPARO – Error de la
accionante respecto del titular de la solicitud no puede atribuírsele a la autoridad
demandada.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora y por la Presidencia
de la República, contra la sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que resolvió:

1°) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
Superintendencia de Transporte.

2°) Ampárase el derecho fundamental de petición de la actora frente al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio
de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali.

3°) Ordénase al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito
de Cali que en un término de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación
de esta providencia, respondan de fondo y de manera congruente las
peticiones elevadas por la actora el 2 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 26 de agosto de 20241, la señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria interpuso

1 Se advierte que, el 11 de octubre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

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Demandante: Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria

acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte,
la Superintendencia de Transporte y el secretario de Movilidad y Tránsito de Cali,
porque consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. Formuló la
siguiente pretensión:

PRIMERO: Que se elimine los comparendos a mi nombre por lo expuesto en
la parte motiva de esta tutela.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. Expuso que le impusieron foto multas por una moto «que hace años se vendió,
pero la persona no hizo traspaso, y también se debe tener en cuenta que no es la
persona que maneja la moto ya que vive en Ibagué» y al momento de renovar su
licencia de tránsito, se le informó que debía pagarlas, «las cuales no he cometido».

4. El 2 de julio de 2024, le solicitó al Ministerio de Transporte con el fin de que
informara cuáles son las cámaras de foto multas autorizadas en el Municipio de Cali
y que le indicara por qué las tenían funcionando.

En la misma fecha, le pidió a la Superintendencia de Transporte que regulara y
vigilara esa situación en particular. Asimismo, requirió a la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Cali para que eliminara los comparendos.

Trámite impartido e intervenciones

5. Mediante auto del 28 de agosto de 2024, se admitió la presente solicitud de
amparo y se ordenó notificar al presidente de la República, al ministro de
Transporte, a la superintendente de Transporte y al secretario de movilidad de Cali,
como parte demandada; y a la directora del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, como tercera con interés.

6. La Superintendencia de Transporte expuso que la petición fue contestada a
través del Oficio 20245350706441 del 31 de agosto de 2024, y se puso en
conocimiento de la accionante a través de mensaje de datos dirigido al correo
electrónico reportessa895@gmail.com. Por esa razón, pidió que se declarara la
carencia actual de objeto por hecho superado.

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7. El Ministerio de Transporte sostuvo que verificó en el sistema de gestión
documental interno ORFEO y no evidenció que la señora Jeimy Xiomara Rodríguez
Sarria hubiera radicado ante ese organismo alguna petición, por lo cual indicó que
se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

8. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República sostuvo
que las peticiones radicadas fueron contestadas a través del OFI24-
00136150/GFPU 13150000 del 9 de julio de 2024 «redirigiendo a la accionante a la
Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia Financiera de
Colombia».

Sentencia impugnada

9. En sentencia del 19 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en primer lugar, precisó que, si bien la parte actora
solicitó la eliminación de las órdenes de comparendo, esto le correspondía definirlo
a las autoridades administrativas que las impusieron «porque inclusive, las
respuestas a dichas solicitudes son susceptibles de ser cuestionadas a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho».

10. Respecto a la petición presentada ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que
mediante Oficio 20245341275802 del 31 de agosto de 2024 fue respondida la
petición y remitida al correo electrónico suministrado por la accionante.

11. En relación con la solicitud elevada ante el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, indicó que la respuesta remitida por esa entidad se
refieren a una persona distinta, esta es, la señora Yenny Katerine Tole Gaitán «y si
bien las respuestas fueron enviadas a la dirección de correo electrónica de la aquí
accionante, lo cierto es que no están relacionadas con el objeto de la petición del 2
de julio de 2024», por lo que concluyó que no había sido contestada la solicitud y,
en consecuencia, accedió al amparo pretendido y le ordenó que remitiera una
respuesta de fondo y congruente a lo pedido el 2 de julio de 2024.

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12. Frente a la petición presentada ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito de
Cali, aplicó la presunción de veracidad y le ordenó que contestara la solicitud
presentada por la accionante el 2 de julio de 2024.

13. Finalmente, en cuanto a lo pedido frente al Ministerio de Transporte, sostuvo
que, si bien esa autoridad informó que no evidenciaba la presentación de ninguna
petición por la accionante, lo cierto es que de las pruebas aportadas al expediente
se observaba que se remitió una solicitud el 2 de julio de 2024 al correo electrónico
«servicioalciudadano@mintransporte.gov.co».

Impugnaciones

14. Inconforme con la anterior decisión, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República la impugnó y argumentó que la petición presentada fue
respondida y comunicada por la entidad a la solicitante que figuraba en la solicitud
anexada al correo electrónico presentado, pues aparece identificada como «Yenny
Katerine Tole Giatan». En esos términos, solicitó que revoque el numeral segundo
y tercero del fallo impugnado y, en consecuencia, se declare la carencia de objeto
por hecho superado.

15. Por su parte, la señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria reprochó que el
Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali no le han
dado respuesta a lo pedido, esto es, que le digan cuáles son las cámaras que se
autorizaron para la ciudad de Cali. Agregó que no entiende por qué tiene foto
comparendos «el cual no se cómo la hicieron. ¿Una foto es la prueba para hacer
un comparendo? Adujo que los pronunciamientos de la Corte Constitucional no los
acata el Consejo de Estado».

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Para tal efecto, se deberá examinar si las

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autoridades accionadas vulneraron o no el derecho fundamental de petición de la
señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria.

Análisis de la Sala

El derecho fundamental de petición

17. El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política,
ha sido concebido por la doctrina como «un derecho que -antes que otra función-
facilita la expresión de las personas en su relación con un determinado poder
constituido»2 y, particularmente, en su relación con el Estado de Derecho. Es, por
tanto, «una de esas formas de vinculación entre el poder público y los particulares,
para que estos ejerzan control y fiscalización sobre el Estado»3.

18. Este derecho tiene un núcleo esencial complejo que se integra por (i) la facultad
que tiene una persona de presentar peticiones respetuosas, en interés general o
particular, ante las autoridades y también ante organizaciones privadas, previa
reglamentación del legislador, y (ii) los deberes correlativos del sujeto pasivo de
recibir la petición, evitar tomar represalias por su ejercicio, otorgar una respuesta
material en el plazo dispuesto legalmente y notificarla en debida forma. La Corte
Constitucional también ha señalado que la respuesta emitida debe ser clara,
oportuna y congruente con lo solicitado.

19. En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Es claro, entonces, que el hecho de obtener una respuesta negativa, o
cuando se le indica al peticionario el procedimiento administrativo que se debe
seguir o la relación de documentos que se deben aportar para efectos de estudiar
la procedencia de la solicitud son circunstancias que, por regla general, no implican
la vulneración del derecho fundamental de petición.

2 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Naturaleza jurídica del derecho de petición. En: Derecho público.

Biblioteca Jurídica Diké – Universidad Pontificia Bolivariana, 2012. p. 115.
3 Ibid., p. 174.

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20. Así las cosas, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea, y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido4.

21. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la respuesta de la
autoridad debe ser:

(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii)
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente5.

22. Recientemente, la Corte Constitucional6 reiteró la anterior postura
jurisprudencial e insistió en que otorgar respuesta de fondo a una solicitud implica:

[O]frecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la
autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud
de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea
favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

23. En similar sentido, la sentencia T-132 de 2024 estableció que la respuesta a una
petición:

[…] debe ser de fondo, esto es7: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii)
precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin
información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii)
congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con

4
Sentencia T-587 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5 Sentencia T- 610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-192 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
7 Cita original: Sentencia T-490 de 2018.

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ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”8.

24. Así mismo, en el evento en que la autoridad a quien se dirigió la petición no sea
competente para emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo requerido, también
se preserva la obligación de contestar, consistente en informar al interesado sobre
la falta de capacidad legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad
encargada de pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario 9.

Caso concreto y solución del problema jurídico

25. En el caso bajo estudio, la accionante afirmó que las entidades demandadas
vulneraron su derecho fundamental de petición, por no haber dado respuesta a la
solicitud que presentó ante ellas el pasado 2 de julio.

26. En efecto, se advierte que el 2 de julio de 2024, la señora Jeimy Xiomara
Rodríguez Sarria ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali, el Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

27. En el expediente, en primer lugar, se encuentra acreditado que mediante Oficio
20245341275802 del 31 de agosto de 2024, la Superintendencia de Transporte
respondió la petición y se la comunicó al correo electrónico
reportessa895@gmail.com, en la cual le informó a la accionante que esa autoridad
no era superior jerárquico de los organismos de tránsito y no ostentaba funciones
jurisdiccionales para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por entidades territoriales y sus correspondientes
dependencias.

28. Asimismo, le indicó que hasta que no se encuentre en firme el registro de
traspaso de dominio del vehículo, la responsabilidad recae en la parte propietaria

8 Cita original: Ibidem.
9 Sentencia T-230 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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(vendedor), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 769 de 2022
y el parágrafo del artículo 922 del Código de Comercio.

29. La Sala considera que la respuesta fue clara, abordó todos los puntos de la
consulta y fue congruente con lo pedido.

30. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la
carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez
sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado 10.
Empero, la Corte también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto
no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino
de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la
juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto»11.

31. El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el caso concreto, se encuentra superado el hecho que dio origen
a la interposición de la acción de tutela, pues la Superintendencia de Puertos y
Transporte resolvió de fondo la solicitud de la señora Rodríguez Sarria.

32. En los anteriores términos, la Sala confirmará este aspecto de la sentencia de
primera instancia, que declaró la carencia actual de objeto, por cuanto, de acuerdo
con las circunstancias descritas anteriormente, el hecho generador de la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición del accionante fue superado. De
modo que resulta intrascendente que el juez del amparo se pronuncie de fondo
frente a la vulneración o amenaza del derecho supuestamente conculcado.

33. De otra parte, respecto de la petición presentada ante la Presidencia de la
República, la Sala anticipa que revocará lo decidido por el juez de primera
instancia, con fundamento en lo siguiente:

10 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
11 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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34. Según lo que consta en la demanda, mediante correo electrónico radicado el 2
de julio de 2024, la señora Jeimy Xiomara Rodríguez presentó la solicitud ante la
Presidencia de la República. El a quo sostuvo que si bien la entidad demandada
informó que dio respuesta a lo solicitado por la accionante, lo cierto es que la
respuesta estaba dirigida a una persona distinta, esta es, la señora Yenny Katerine
Tole Gaitán, por lo que le ordenó que contestara esa petición.

35. Luego de analizar los argumentos de la impugnación, la Sala considera que le
asiste razón al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República por
cuanto, en efecto, si bien la respuesta a la petición del 2 de julio de 2024, mediante
el Oficio OFI24-00136150/GFPU 13150000 del 9 de julio de 2024, mediante la cual
se remitió por competencia las solicitudes a la Superintendencia de Industria y
Comercio y a la Superintendencia Financiera de Colombia estaba dirigida a la
señora Yenny Katerine Tole Gaitán, esto obedeció a que el documento adjunto al
correo electrónico que contenía la petición estaba suscrito por aquella y no por la
señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria, tal como se puede observar en la siguiente
imagen:

36. En este punto, conviene precisar que si bien en el asunto del correo se indicó
que la solicitud presentada era de la señora «JEIMY XIOMARA RODRÍGUEZ
(PRESIDENTE)», lo cierto es que se puede observar con absoluta claridad que el
documento adjunto contiene una petición de una persona distinta, tal como se puede
corroborar, de conformidad con los documentos aportados por la entidad
demandada, así:

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37. Si bien es cierto que el contenido de la petición presentada por la señora Yenny
Katerine Tole Gaitán no guarda relación con la supuesta solicitud que presentó la
señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria, lo cierto es que se remitió desde la
dirección de correo electrónico sasreportes2@gmail.com, cuenta desde la cual
también se remitieron las solicitudes dirigidas hacia las demás autoridades
demandadas en el presente proceso y que estuvieron suscritas por la aquí
demandante. Asimismo, el correo electrónico suministrado por la accionante en las
solicitudes presentadas coincide con el correo al cual le fue remitida la respuesta,
este es, reportessa895@gmail.com.

38. De manera que, contrario a lo sostenido por el a quo, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República no vulneró el derecho fundamental
de petición de la señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria; por el contrario, en el
término establecido por la Ley 1437 de 2011, brindó respuesta a la solicitud
presentada por la señora Yenny Katerine Tole Gaitán. Situación distinta es que,
como quedó demostrado, al enviar la referida petición, la señora Rodríguez Sarria
incurrió en un error y remitió una solicitud que no estaba suscrita por ella, la cual no
guardaba relación alguna con sus intereses particulares.

39. Así las cosas, la Sala revocará parcialmente el fallo impugnado y, en su lugar,
se negará el amparo solicitado respecto del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, pues se pudo demostrar que esa autoridad garantizó

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el derecho fundamental de petición de la aquí actora, al dar respuesta a la solicitud
presentada el 2 de julio de 2024.

40. Por último, respecto a las peticiones presentadas ante el Ministerio de
Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali, tal y como lo
consideró el a quo, se encuentra probado lo siguiente:

• Que el 2 de julio de 2022, presentó ante la Secretaría de Movilidad y Tránsito
petición en la que pidió información respecto de la existencia de foto
comparendos y preguntó por qué a pesar de que «las foto multas son ilegales si
hay sentencia de la Corte Constitucional, ustedes pretenden hacer una causa
lícita de una causa ilícita» al correo electrónico contactenos@cali.gov.co .
• Que en la misma fecha, radicó ante el Ministerio de Transporte la misma solicitud
al correo electrónico servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

41. El juez de tutela de primera instancia amparó los derechos fundamentales de la
accionante y le ordenó a las referidas autoridades que contestaran la petición de
fondo y de manera congruente; no obstante, en la impugnación presentada por la
señora Rodríguez Sarria se observa que uno de los argumentos estuvo
fundamentado en que «el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad y
Tránsito de Cali no me han dado respuesta a lo que yo estoy pidiendo que me diga
cuáles son las cámaras que se autorizó para la ciudad de Cali».

42. La Sala no advierte que dicha argumentación sea realmente un reproche contra
el fallo de primera instancia, pues en estricto sentido la Subsección B de la Sección
Tercera, al revisar el material probatorio que obraba en el presente proceso,
determinó que las referidas autoridades no habían dado respuesta a las solicitudes
presentadas por la accionante y, por tanto, les ordenó que respondieran las
peticiones en un término perentorio.

43. En efecto, se advierte que, aunque el Ministerio de Transporte alegó que en la
base de datos institucional no existía petición alguna de la señora Rodríguez Sarria,
lo cierto es que en el expediente sí se encuentra acreditado que se remitió el 2 de

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julio de 2024 un correo electrónico dirigido a un correo institucional de esa entidad,
que contenía una petición, así:

44. Ante la certeza de ese documento, para la Sala resulta claro que, a pesar de
que se radicó la referida petición a un correo de la entidad, no obra constancia de
que el Ministerio de Transporte la hubiera respondido o, si consideraba que no es
la autoridad competente, la hubiera remitido a la que sí lo era.

45. En el mismo sentido, la Sala advierte que la Secretaría de Movilidad y Tránsito
de Cali guardó silencio a pesar de haber sido debidamente notificada del auto
admisorio de la demanda y de la sentencia de primera instancia. Hasta la fecha, no
se observa que hubiere contestado la petición o, por lo menos, en el expediente no
se encuentra constancia alguna de esa actuación, razón por la cual, se confirmará
el amparo decretado que le ordenó tanto al Ministerio de Transporte como a la
Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali que garanticen el derecho fundamental
de petición de la señora Jeimy Xiomara Rodríguez Sarria y, por tanto, respondan la
petición del 2 de julio de 2024.

46. En conclusión, la Sala revocará parcialmente los numerales segundo y tercero
de la sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, para, en su lugar, negar el amparo respecto
de la Presidencia de la República. En lo demás, se confirmará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

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sentencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, los cuales quedarán así:

2°) Amparar el derecho fundamental de petición de la actora frente al Ministerio
de Transporte y la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cali.

3°) Ordenar a la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, y al
secretario de Movilidad y Tránsito de Cali, Wilmer Tabares Marín que en un
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, respondan de fondo y de manera congruente las peticiones
elevadas por la actora el 2 de julio de 2024.

SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, el fallo impugnado, por lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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