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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04514-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04514-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04514-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-04514-011
Accionantes: JOSÍAS FIESCO AGUDELO Y OTROS
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Se modifica el fallo impugnado. Se declara
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Josías Fiesco Agudelo
contra la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Josías Fiesco Agudelo, Martín Abel Chivatá Negro y Martín Nicolás
Martínez Olivera solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al buen
hombre, a la honra, a la libertad de expresión y a la dignidad humana, con ocasión
de las declaraciones del Presidente de la República durante “[…] la Asamblea
Nacional del partido político Colombia Humana […]” el 17 de agosto de 2024.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Informaron que el 17 de agosto del presente año el Presidente de la República,
durante “[…] la Asamblea Nacional del partido político Colombia Humana […]”,
pronunció un discurso dentro del cual se refirió a quienes en distintos escenarios
han usado la frase: “[…] fuera Petro […]”.

1
Al proceso de tutela de la referencia se acumularon los procesos núms. 11001-03-15-000-2024-04834-00 y 11001-03-15-
000-2024-04337-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04514-01
Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

2.2. Manifestaron que “[…] el Presidente Petro realizó afirmaciones que resultaron
despectivas y estigmatizantes hacia un gran sector de la población que ha
manifestado su inconformidad con su gestión y ha expresado públicamente su
deseo de que se aparte del cargo de Presidente de la República. En particular,
calificó a estas personas como "ricos" y "asesinos", asociándolos, además, con
prácticas de desinformación comparables a las de Joseph Goebbels, el jefe de
propaganda del régimen nazi […]”.

2.3. Señalaron que esas “[…] declaraciones han generado una grave afectación a mi
buen nombre, honra y dignidad, toda vez que pertenezco al grupo de personas que
ha invitado a protestas pacíficas y han expresado críticas hacia el actual gobierno
y su gestión. El señalamiento de "asesino" y la comparación con figuras tan
despreciables como Goebbels me ha expuesto al desprecio y rechazo de otros
ciudadanos, afectando mi reputación y ocasionándome un profundo daño moral
[…]”.

2.4. Finalmente aseguraron que “[…] las expresiones del Presidente no solo vulneran
mis derechos fundamentales, sino que también incitan al odio y la violencia en
contra de quienes no comparten su visión política, poniendo en peligro la
convivencia pacífica en nuestro país […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al buen nombre, honra,
dignidad y a la no incitación al odio, los cuales han sido vulnerados por las
declaraciones realizadas por el Presidente de la República, Gustavo Francisco
Petro Urrego, en su discurso del día 17 de agosto de 2024.

2. Que se ordene al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de
Presidente de la República, retractarse públicamente de las expresiones
ofensivas y estigmatizantes proferidas en contra de quienes han expresado su
oposición a su gobierno, en un término no mayor a [plazo razonable] días,
mediante un medio de comunicación de igual o mayor cobertura que el utilizado
para realizar las afirmaciones objeto de esta tutela.

3. Que se ordene al señor Gustavo Francisco Petro Urrego abstenerse en el
futuro de realizar declaraciones que puedan incitar al odio, la violencia, o que
afecten el buen nombre, la honra y la dignidad de los ciudadanos que ejercen
su derecho a la crítica y a la oposición política […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 30 de agosto de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, a través de auto de 2 de octubre de 2024 se remitió la acción
de tutela de la referencia a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3

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Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

5. A través de providencia de 16 de octubre de 2024, el despacho sustanciador de
la Sección Quinta de esta Corporación avocó conocimiento de la acción
constitucional de la referencia “[…] por considerar que se concretaron los supuestos
de la acumulación al proceso 2024-04386-00, sobre el cual ya se había proferido
fallo que para esta fecha se encontraba ejecutoriado […]”.

6. Posteriormente,mediante autos de 28 y 30 de octubre de 2024, se avocó
conocimiento de las acciones de tutela con radicado número 11001-03-15-000-
2024-04834-00 y 11001-03-15-000-2024-04337-00, y se ordenó que se
acumularan al proceso de la referencia.

V. INTERVENCIONES

7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada se allegó el
siguiente informe:

7.1. El Presidente de la República solicitó, a través de apoderada judicial, que se
nieguen las pretensiones y se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia, en razón a que “[…] realizó unos pronunciamientos sobre unos hechos
que son de carácter público. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones
individualiza al accionante ni vulnera sus derechos fundamentales. Por tanto, no se
puede concluir que las afirmaciones del Presidente constituyan una flagrante
violación de los derechos alegados por el accionante […]”.

7.2. Agregó que “[…] el accionante no especifica en su escrito de tutela cual es el
daño específico que está padeciendo con las declaraciones. De hecho, solo
menciona que estas fueron objeto de debate en diversos medios de comunicación,
lo cual es algo evidente cuando se presenta un intercambio de opiniones entre
sujetos de relevancia en la política nacional, lo que per se no puede erigirse como
un daño […]”.

7.3. Igualmente, sostuvo que es “[…] esencial distinguir entre los posibles perjuicios
a otros derechos fundamentales y el derecho a la libertad de expresión, establecido
en el artículo 20 de la Constitución. Los jueces deben decidir si las declaraciones
de los políticos son un uso legítimo de su libertad de expresión o si, por el contrario,
violan derechos de terceros, como el derecho a la honra, la dignidad o la no
discriminación en concreto […]”.

7.4. Finalmente, afirmó que “[…] [r]educir la deliberación pública a esos extremos no
es sano para un Estado Social de Derecho, sin importar que el gobierno sea
progresista, conservador o liberal. La intervención judicial al tomar decisiones que
cuestionan declaraciones políticas debe ser en extremo cautelosas en no exceder
sus competencias y evitar intervenir indebidamente en la esfera política. La
preservación de la separación de poderes y la autonomía de las distintas ramas del
Estado, principios fundamentales en un sistema democrático, requiere este
equilibrio […]”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04514-01
Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediantefallo de tutela de 7 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

9. El juez de primera verificó que “[…] pese a que se configuró la vulneración de los
derechos al ejercicio de la oposición, la participación política y la protesta, se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado ante la declaratoria de
cumplimiento de la sentencia del 19 de septiembre de 2024, en la que, con base en
los mismos hechos, supuestos, se accedió al amparo de las pretensiones tutelares
[…]”.

10. Agregó que “[…] la Sala se mantiene en lo resuelto en la sentencia del 19 de
septiembre de 2024 que amparó los derechos fundamentales a la protesta,
participación política y a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la frase
«Fuera Petro» como acto de protesta política y le ordenó al presidente de la
República ofrecer disculpas públicas por haber llamado «asesinos» a las personas
que han gritado «fuera Petro» […]”.

11. Finalmente señaló que “[…] la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado frente a la transgresión ius fundamental invocada, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el auto del 30 de octubre de 2024 -exp. 20240438602- en el
que se declaró el cumplimiento de la orden tutelar […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. El señor Josías Fiesco Agudelo impugnó el fallo de primera instancia con los
siguientes argumentos:

[…] Como se demostró anteriormente en el numeral tres no cumplió debido que
no lo realizo [sic] atreves [sic] de las cuentas oficinales [sic] de la presidencia
de la Republica [sic] y demás organismos como lo establecieron en el fallo.

Segundo punto y considero el más importante el señor Gustavo Francisco Petro
Urrego, asistió a la asamblea de su partido político como Presidente de la
Republica [sic], lo cual el señor debía asistir como Condición de ciudadano y
no como presidente lo cual se logran tipificar varias conductas, conforme al
ordenamiento jurídico de Colombia los Presidentes No pueden hacer Política o
campañas, lo cual a los Honorables Magistrados No estudiaron este tipificación
y lo cual solicito que se compulsen copias al órgano competente para su
sanción.

Tercero: El señor Gustavo Francisco Petro Urrego se establecido [sic] como un
ciudadano sin un fuero especial como el de ser Presidente para su cuenta de
X, lo cual no se ha estudiado y ninguna corporación lo a [sic] relacionado si bien
en la sentencia 01092 de 2018 por el Consejo De Estado Agresión Verbal, en
esta línea jurisprudencial establece los comportamientos y las sanción.

5

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Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

Cuarto: En este punto de estos litigios ninguna corporación o sala ha logrado
determinar la calidad del señor Gustavo Francisco Petro Urrego si lo realizo
[sic] como Presidente de Colombia o como ciudadano del común en una
convención de su partido, si bien deberá establecer los lineamentos que el
Honórale consejo de estado frente estas circunstancias. Ahora en este caso
concreto el señor Gustavo Francisco Petro Urrego esta [sic] utilizando
funcionarios de la Presidencias [sic] para temas personales […]”. [Sic en toda
la cita].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actúa de objeto por
sustracción de materia.

VIII.3. El caso concreto

15. Los señores Josías Fiesco Agudelo, Martín Abel Chivatá Negro y Martín Nicolás
Martínez Olivera solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al buen
hombre, a la honra, a la libertad de expresión y a la dignidad humana, con ocasión
de las declaraciones del Presidente de la República durante “[…] la Asamblea
Nacional del partido político Colombia Humana […]” el 17 de agosto de 2024.

16. De acuerdo con las pretensiones de los escritos de tutela y a la impugnación
allegada, se observa que lo pretendido, a través de esta acción constitucional por
la parte accionante, es que el Presidente de la República se retracte de las
afirmaciones durante su discurso en “[…] la Asamblea Nacional del partido político
Colombia Humana […]” el 17 de agosto de 2024.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

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Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

17. En la impugnación el señor Josías Fiesco Agudelo agregó que: “[…] ninguna
corporación o sala ha logrado determinar la calidad del señor Gustavo Francisco
Petro Urrego si lo realizo como Presidente de Colombia o como ciudadano del
común en una convención de su partido, si bien deberá establecer los lineamentos
que el Honórale consejo de estado frente estas circunstancias […]”, pretensión que
no fue presentada inicialmente en la acción de tutela y que desborda el análisis de
lo pedido y solicitado en un primer momento por los accionantes.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estudiará la configuración de una
carencia actual de objeto por sustracción de materia frente a la petición dirigida a
que el Presidente de la República se retracte de sus manifestaciones.

VIII.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia

19. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión mediante
providencia de 9 de septiembre de 20217 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna
conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal
manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño
consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes
de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de
la tutela y iii) por sustracción de materia […]”.

20. Frente a la carencia actual de objeto por sustracción materia, esta Sala de
Decisión sostuvo lo siguiente: “[…] se configura en aquellos casos en que deja
de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]”8. [Negrilla original del
texto]

21. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
8
Ibidem.

7

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Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción” […]”9. [Negrilla fuera del texto].

22. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen a dicha
vulneración, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

23. En el presente caso se observa que la pretensión de la acción de tutela es que
“[…] se ordene al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su calidad de
Presidente de la República, retractarse públicamente de las expresiones ofensivas
y estigmatizantes proferidas en contra de quienes han expresado su oposición a su
gobierno, en un término no mayor a [plazo razonable] días, mediante un medio de
comunicación de igual o mayor tutela […]”

24. Al respecto, se advierte que dentro del proceso de tutela con radicado 11001-03-
15-000-2024-04386-00, el cual fue adelantado por los mismos hechos y contra el
Presidente de la República, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió,
mediante providencia de 19 de septiembre del presente año, lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los
ciudadanos que han utilizado la frase «fuera Petro» como acto de
inconformidad política.

TERCERO: ORDENAR al señor presidente de la República, Doctor Gustavo
Francisco Petro Urrego que, en el término de cinco (5) días contados a partir
de la notificación de la presente providencia, ofrezca disculpas públicas por
haber llamado «asesinos» a las personas que han gritado «fuera Petro». Las
disculpas deberán publicarse en las cuentas de las redes sociales de la
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y la cuenta personal de X.com de «@petrogustavo» […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto].

9
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre de 2013.

8

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Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

25. Seguidamente, dentro del trámite del incidente de desacato de la anterior orden
judicial, la Sección Quinta de esta Corporación profirió el auto de 30 de octubre de
2024, por medio del cual resolvió:

“[…] PRIMERO: ABSTENERSE de abrir incidente de desacato contra el señor
presidente de la República con ocasión del fallo de tutela de primera instancia
dictado el 19 de septiembre de 2024, en el trámite del proceso de la referencia.

SEGUNDO: DECLARAR CUMPLIDO el numeral tercero de la referida decisión
judicial […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].

26. La Sala considera que en el asunto objeto de estudio se ha configurado la figura
jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de materia porque, en
cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela de 19 de septiembre
de 2024, el Presidente de la República se retractó de las afirmaciones hechas.

27. Respecto de la figura de la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
en la sentencia de 30 de noviembre de 2023, esta Sala de Decisión precisó lo
siguiente:

“[…] 18. Mediante esta acción constitucional, la señora Chris Valentina Ávila
Bohórquez pretende la protección de su derecho fundamental al sufragio, el
cual adujo que se encontraba amenazado porque no fue incluida en el censo
electoral y debido a ello carecía de un puesto de votación en el cual ejercer su
derecho al voto en las elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, Ediles y miembros de las Juntas Administradoras Locales,
programadas para el 29 de octubre de este año.

19. En síntesis, lo solicitado por la actora en este proceso constitucional
consiste en que: (i) «[…] [s]e ordene a la Registraduría y Consejo Nacional
Electoral que de manera urgente habiliten mi único puesto de votación en la
residencia Cra 5 No. 4 13 de el (sic) Centro Poblado de El Secreto del Municipio
de Sabanalarga Casanare, lugar último donde ejercí por primera vez el voto
[…]»; (ii) «[…] [s]e ordene a la registraduría y Consejo Nacional Electoral me
permitan ejercer el derecho al voto en las elecciones del 29 de octubre de 2023
[…]»; y (iii) «[…] [e]n caso de que no se tome una medida con urgencia y ante
la proximidad de las elecciones, se detenga el proceso electoral en el
Departamento de Casanare, hasta tanto yo pueda ejercer mi derecho a elegir
mis gobernantes en el lugar que nací y donde pienso llegar en mi vejez […]».

20. Sin embargo, destaca la Sala que el presente mecanismo de amparo fue
radicado el 24 de octubre de este año. Esto es a cinco días de que se realizaran
los comicios. Debido a ello, para el momento en que fue resuelta la presente
acción de tutela ya se habían realizado las elecciones programadas para el 29
de octubre de 2023.

[…]

22. Igualmente, mediante sentencia de 23 de noviembre de 202310, la Sección
estudió un caso con supuestos fácticos similares al presente y concluyó que se
había configurado la carencia actual de objeto por sustracción de materia
porque los comicios electorales regionales habían pasado.

10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2023-06585-0, M.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04514-01
Accionantes: Josías Fiesco Agudelo y otros

A partir de lo anterior, esta Sección estima que en el presente caso se configuró
la figura jurídica de la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en
tanto que el objeto de la presente acción de amparo no puede ser protegido
porque el supuesto constitutivo de la amenaza al derecho fundamental de la
accionante, actualmente, no existe y, en ese sentido, no se pueden emitir las
medidas solicitadas […]”.

28. Conforme a lo anotado, se modificará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se declarará la carencia actual de objeto, pero por sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 7 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR la carencia actual
de objeto por sustracción de materia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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