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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04522-00

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04522-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora la Sandra Victoria Vargas Castillo, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04522-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04522-00
Accionante: Sandra Victoria Vargas Castillo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otro

Tema: Acción de tutela contra la sentencia que confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho. Análisis de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de
precedente.

Decisión: Negar el amparo de tutela porque no se demostraron los defectos
alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Sandra Victoria Vargas Castillo, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y a la seguridad social, así como también, en defensa del
principio de legalidad ocurrida con ocasión de la expedición de las providencias
del 27 de octubre de 2022 y del 3 de abril de 2024, respectivamente, proferidas
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
siguió bajo el radicado 11001-33-35-025-2019-00213-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La parte actora en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho demandó los actos administrativos por medio de los cuales fue
sancionada con destitución e inhabilidad general por espacio de 10 años, al haber
incurrido en la falta gravísima consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002.

El proceso por reparto correspondió al Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, dependencia judicial que, a través de la sentencia del 27 de
octubre de 2022 resolvió negar las pretensiones de la demanda, al considerar
que la señora Vargas Castillo asesoró indebidamente al director general del

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04522-00
Accionante: Sandra Victoria Vargas Castillo

IPES, a través de la aprobación de los documentos que fueron sometidos a su
consideración relacionados con el Convenio de Asociación 1525 de 2011, por
tanto, señaló que su conducta fue definitiva para obtener la celebración de dicho
acuerdo.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante la sentencia del 3 de abril de 2024 confirmó
la anterior decisión.

2.2. Fundamentos jurídicos

La parte accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas en las
decisiones objeto de cuestionamiento incurrieron en un defecto sustantivo
porque desconocieron que el sustento legal del Convenio de Asociación 1525 de
2011 se encontraba contemplado en el artículo 355 de la Constitución política, el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992, lo que lesiona los
derechos fundamentales invocados, máxime cuando en el presente asunto «no
se demostró que (…) se haya generado un daño o detrimento patrimonial a la
entidad IPES».

Por otra parte, manifestó que las decisiones cuestionadas adolecen de un
defecto fáctico, toda vez que no se valoró de manera adecuada el material
probatorio allegado al proceso, particularmente, el Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2008-2012 “Bogotá Positiva para vivir
mejor”. Así como el auto de terminación de procedimiento con radicado ER-
81660-5 decretado por la Personería de Bogotá.

Finalmente, señaló que se incurrió en la causal específica de procedibilidad de
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C 818 de 2005,
SU 649 de 2017 y SU 453 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional; así
como la providencia del 25 de enero de 2018 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Asimismo, alegó desconocimiento de la providencia del
8 de mayo de 2020 expedida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
de Bogotá y los fallos del 8 de mayo de 2020 y 29 de abril de 2022,
respectivamente proferidos por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERO. TUTELAR los derechos FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD EN EL TRATO Y LEGALIDAD, BUEN NOMBRE Y
HONRA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por desconocimiento del
PRECEDENTE JUDICIAL Y DESPROPORCION DE LA SANCION,
desconocidos por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de fecha 03 de abril de 2024,
y el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá- Sección
Segunda, en sentencia de fecha 27 de octubre de 2022, por haberse
incurrido en VÍAS DE HECHO, DEFECTO SUSTANTIVO, y

2
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Acción de Tutela
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Accionante: Sandra Victoria Vargas Castillo

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL sobre la Unificación
del Criterio del Honorable Consejo de Estado, referente a la valoración
probatoria/ principio de proporcionalidad/ ilicitud sustancial. Vulneración de
los artículos 6, 13, 15, 25 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO. QUE SE DEJE SIN EFECTOS, las sentencias: - 03 de abril de
2024, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y la proferida el 27 de octubre de 2022 por
el Juez 25 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Segunda.

TERCERO. ORDENAR a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, proferir una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento Radicado No.11001333502520190021300, impetrada
por la accionante contra la Personería de Bogotá, de conformidad con los
lineamientos establecidos por la Ley y la jurisprudencia del precedente
judicial en materia disciplinaria.

CUARTO. Que la nueva sentencia tenga en cuenta las pruebas aportadas
al proceso, incluyendo la sobreviniente allegada al radicado No.
11001333502520190021300, nulidad y restablecimiento del derecho
impetrado por la accionante y que no fueron valoradas.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 30 de agosto de 2024, a través
del cual se ordenó notificar al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C como accionados y a la Personería de Bogotá como
tercero con interés en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda
Subsección C manifestó que no vulneró los derechos fundamentales invocados
porque la decisión objeto de cuestionamiento se adoptó con fundamento en el
material probatorio allegado al proceso, disposiciones normativas y precedente
jurisprudencial aplicable al asunto.

En ese sentido, señaló que lo que pretende la parte actora con la interposición
del mecanismo constitucional es una instancia adicional, lo que torna
improcedente la acción de tutela, razón por la que solicitó se niegue el amparo.

2.4.2. La Personería de Bogotá indicó que no vulneró los derechos invocados.
Además, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela porque no
cumple con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

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Acción de Tutela
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Accionante: Sandra Victoria Vargas Castillo

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
al proferir la sentencia del 3 de abril de 20241, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento de precedente.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

1
Es de advertir que, si bien la parte actora reprocha la sentencia del 27 de octubre de 2022 proferida por el
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, lo cierto es que se abordará el estudio de la
providencia del 3 de abril de 2024 que fue la que puso fin al proceso.

4
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Acción de Tutela
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Accionante: Sandra Victoria Vargas Castillo

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo, se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
como consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de
precedente.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y

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razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha

2
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
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sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»3.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto

En el presente asunto la parte accionante alega que en la decisión objeto de
cuestionamiento se desconoció que el sustento legal del Convenio de Asociación
1525 de 2011 se encontraba contemplado en el artículo 355 de la Constitución
Política, el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, en la decisión objeto de cuestionamiento4 señaló lo
siguiente:

«(…)Se advierte que, la sanción disciplinaria que le fue impuesta a la señora
Sandra Victoria Vargas Castillo, se deriva de la celebración del Convenio de
Asociación No.1525 de 2011, suscrito entre IPES y la Asociación
Construyendo Nación, entidad sin ánimo de lucro, el cual, tenía por objeto
general, aunar esfuerzos y recursos técnicos, humanos, administrativos y
financieros entre el Instituto para la Economía Social – IPES y el ejecutor
para el fortalecimiento comercial y financiero, así como la provisión de
insumos para población económicamente vulnerable y sujeta de atención de
la entidad perteneciente al programa de mecato social.

En este punto, se debe precisar que la Administración está facultada para
celebrar diferentes tipos de convenios, lo cuales han sido agrupados
doctrinalmente en dos categorías; en primer lugar, los denominados
convenios interadministrativos, que son celebrados entre personas jurídicas
públicas o entre entidades estatales, y en según término, los convenios
administrativos, que son suscritos por la Administración con los particulares.

Ahora, el Convenio de Asociación de carácter administrativo, fue celebrado
por el IPES, a la luz de lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución
Política, que en su tenor literal reza:
(…)
En ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el artículo 355
constitucional, el Presidente de la República expidió los Decretos 777 de
1992, 1403 de 1992 y 2459 de 1993, por medio de los cuales se reglamentó
la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo

3
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
4
Ver documento 015_DemandaWeb_Anexos_sentenciasegundainst.pdf
7
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Ibidem. El Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 1992,
estableció lo siguiente:
(…)
Dadas las características esenciales y especialísimas del Convenio de
Asociación de que trata el artículo 355 de la Constitución Política, la
jurisprudencia ha entendido a estos contratos, como aquellos de tipo
colaborativo entre las entidades públicas y las entidades sin ánimo de lucro.
En efecto, a través de estos Convenios, el Estado participa junto al sector
privado de la realización de proyectos de interés general, sin embargo, se
estableció como requisito sine qua non para su celebración que su ejecución
no conlleve implícita una contraprestación económica en la que pueda
resultar beneficiada la Administración, pues se parte del supuesto de que el
estado y el particular desarrollan tareas conjuntas en pro de la comunidad,
lo que se ha entendido a voces de la H. Corte Constitucional, como una
acción benéfica estatal.
(…)
Se debe recordar que el reproche disciplinario se deriva de la obligación
pactada en cabeza de la entidad sin ánimo de lucro, consistente en
suministrar a los beneficiarios del proyecto, módulos del programa Mecato,
el Kit comercial mecato social, la impresión de la imagen corporativa del
programa mecato social y la impresión y entrega del botón mecato social.
Así las cosas, el Convenio 1525 de 2011, más allá de la unión de esfuerzos
en procura del fin común, en realidad confirma la naturaleza conmutativa de
las prestaciones pactadas.

Las características de las obligaciones impuestas a la entidad sin ánimo de
lucro en los términos antes anotado, permiten concluir que se trata de
labores propias de un contrato de suministro como acertadamente lo
señalara en su oportunidad el A quo en el caso bajo estudio.
(…)
Se debe poner de presente que, en el marco de las obligaciones específicas
del asociado, se pactó así mismo que se comprometía a “la identificación,
caracterización y registro de la población económicamente vulnerable, (…)
así como la identificación, caracterización y registro de las unidades
productivas existentes que sean sujeto de atención a este objeto
contractual”, obligación pactada que cumple las características propias de
un contrato de consultoría, cuya celebración exige igualmente acudir a lo
dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, sin que sea
posible eludir su observancia recurriendo a la contratación directa con
fundamento en el artículo 355 de la Constitución, el artículo 96 de la Ley 489
de 1998 y el Decreto 777 de 1992.
(…)
Se debe decir entonces que la demandante fue sancionada por desconocer
los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva prevista
en el estatuto contractual, sin que fuera necesario acreditar la existencia de
costos o detrimento patrimonial, ya que la conducta reprochada se consumó,
al asesorar al Director General del IPES, cuando impartió su aprobación y
rúbrica para la suscripción del Convenio de Asociación No.1525 del 30 de
diciembre de 2011, a través de la modalidad contractual establecida en el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 sin que se reunieran las formalidades y
requisitos legales, siendo insustancial el reproche que ahora expone la parte
demandante.
(…)
sí las cosas, es claro para la Sala que la disciplinada, quien fungía como
Subdirectora Jurídica y de Contratación del IPES, impartió su aprobación y
firma a la minuta para la suscripción del Convenio No.1525 de 2011, el cual,

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contenía obligaciones que no eran propias de los convenios de asociación,
y cuya naturaleza apuntaba a la celebración de un contrato de suministro,
que debía celebrarse bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, estatuto
general de contratación y demás normas concordantes, lo que implica una
vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva».

De conformidad con las transcripciones, la Sala considera que las conclusiones
a las que llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C para confirmar la decisión de primera instancia no obedecieron a
un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentaron en su simple voluntad, sino que,
por el contrario, obedecieron a un estudio lógico y plausible de las disposiciones
normativas aplicables al asunto.

De la transcripción hecha no se advierte que la interpretación normativa haya
sido caprichosa o que la decisión se haya fundamentado en disposiciones
inaplicables.

Por el contrario, la providencia se estructuró con base en una interpretación
coherente del artículo 355 de la Constitución Política, del Decreto 777 de 1992,
de la Ley 489 de 1998 y de la Ley 80 de 1993, con lo que se pudo llegar a la
conclusión de que el presunto Acuerdo contenía obligaciones que no eran
propias de los convenios de asociación de que tratan las disposiciones a las que
ya se hizo referencia.

Así las cosas, para la Sala, no se incurrió en una indebida interpretación de las
disposiciones normativas relacionadas previamente, porque lo que se evidencia
en el asunto bajo examen es un estudio lógico y plausible, de conformidad con
las normas vigentes aplicables al asunto, lo que le permitió concluir que se debía
confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda porque no se logró
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos cuestionados. En ese sentido,
la divergencia de criterios en cuanto a la aplicación e interpretación de la ley no
puede considerarse per se, como violatoria de derechos fundamentales, pues
dicha manifestación corresponde únicamente al ejercicio de la función prevista a
cargo de los jueces, conforme se deduce del contenido normativo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

5
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-
456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
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a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»8.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

La parte accionante sostuvo que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de un defecto fáctico porque no se valoró de manera adecuada el material
probatorio allegado al proceso, particularmente, el Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas de Bogotá D.C. 2008-2012 “Bogotá Positiva para vivir
mejor”. Así como el auto de terminación de procedimiento con radicado ER-
81660-5 decretado por la Personería de Bogotá.

Al respecto, se pone de presente que el Tribunal adoptó la decisión de confirmar
la decisión de negar las pretensiones de la demanda a partir del siguiente
análisis:

«… Se debe recordar que el reproche disciplinario se deriva de la obligación
pactada en cabeza de la entidad sin ánimo de lucro, consistente en
suministrar a los beneficiarios del proyecto, módulos del programa Mecato,
el Kit comercial mecato social, la impresión de la imagen corporativa del
programa mecato social y la impresión y entrega del botón mecato social.
Así las cosas, el Convenio 1525 de 2011, más allá de la unión de esfuerzos
en procura del fin común, en realidad confirma la naturaleza conmutativa de

6
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
7
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.
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las prestaciones pactadas.

Las características de las obligaciones impuestas a la entidad sin ánimo de
lucro en los términos antes anotado, permiten concluir que se trata de
labores propias de un contrato de suministro como acertadamente lo
señalara en su oportunidad el A quo en el caso bajo estudio.

El Código de Comercio en su artículo 968 define el Contrato de Suministro
en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 968. CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICION. El
suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una
contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente,
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.

El contrato de suministro implica la provisión periódica de elementos o
bienes, razón por la cual, se ha entendido como un contrato estatal
celebrado por entidades públicas y que tiene por objeto la adquisición de
bienes necesarios para su funcionamiento, abastecimiento o
desenvolvimiento, mediante un pago, otorgado como contraprestación al
proveedor. Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado que:

“(…)la doctrina nacional, en materia comercial, se ha ocupado de
profundizar sobre los elementos característicos del contrato de suministro,
así: “el proveedor se obliga a suministrar la cantidad determinada convenida,
en los límites y máximos pertinentes, con la oportunidad periódica y de
manera continua como se ha convenido o lo indica la costumbre del lugar;
la de darle cumplimiento a las reglas de orden público, (v.gr. la de suministro
de cosas controladas, de precios, forma de servicios, etc.); y la de pagar la
indemnización de los perjuicios en caso de incumplimiento. En tanto que las
obligaciones del suministrado son las de recibir las cosas o servicios
suministrados, las de pagar el precio en la forma correspondiente (que
tratándose de suministro periódico, debe ser en el acto, salvo acuerdo en
contrario; y el suministro continuo en la forma convenida, o en su defecto,
como lo indique la costumbre) (…)

Con apoyo tanto en las disposiciones normativas reseñadas como en los
conceptos doctrinales a los que se ha aludido, se impone concluir que
resulta de la esencia del contrato de suministro la entrega de
determinada cantidad de cosas que, en los términos del Estatuto
Mercantil, bien pueden ser muebles o inmuebles, o incluso puede tener
cabida el suministro de servicios, dación que necesariamente debe
efectuarse en forma sucesiva o diferida, pues es su ejecución en un tiempo
prolongado, que no instantáneo, lo que constituye la gran diferencia con su
análogo de la compraventa o del contrato de prestación de servicios según
corresponda, todo lo cual se efectúa a cambio de un precio.

La celebración de este tipo de contratos se justifica en la necesidad de
agrupar en un solo vínculo negocial prestaciones que podrían fácilmente
corresponder a varios contratos individuales, autónomos e independientes,
pero que por razones prácticas en cuanto a la celeridad, economía y
unificación del vínculo e incluso por motivos de índole presupuestal, se
impone cobijarlos bajo una sola y única relación contractual”.

La Sala debe precisar que de conformidad con literal b) del numeral 2) del
artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1474 de 2011,

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vigente para el tiempo en que celebró el Convenio de Asociación, se
establece que se podrá acudir a la modalidad de selección de contratación
directa, entre otros, en el siguiente evento:

“c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas
del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación
superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro
conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser
ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación
pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 1 y 2 del presente artículo”.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que las obligaciones pactadas
corresponden a un contrato de suministro cuyo régimen jurídico es el
previsto en (sic) para la contratación estatal, toda vez que, la relación
negocial establecida se enmarcó en dicho contrato, el cual, es
esencialmente conmutativo y oneroso y genera, en consecuencia, una
contraprestación directa para la administración, que no es otra que la de
hacerse de los bienes pactados, cuya entrega se debía efectuar dentro de
la Fase III del proyecto.

Se debe advertir que la Asociación Construyendo Nación, en su propuesta
técnica, describió las actividades que asumiría como propias, recalcando
dentro del Componente de Apoyo Comercial que el objetivo era “dotar y
brindar insumos que permitan a las unidades beneficiarias, contar con
elementos comerciales para exhibición y presentación ante sus posibles
compradores. Así mismo brindar el mejoramiento de la imagen institucional
del programa Mecato Social”. En efecto, la propuesta describió los bienes
que serían suministrados, los cuales, corresponden con la contraprestación
que percibiría el IPES, que no solo se vería beneficiado por los bienes
entregados sino por el mejoramiento de la imagen institucional.

Ahora bien, llama la atención de la Sala que en el marco de (sic) Convenio
Interadministrativo No.017 de 2011, suscrito entre el IPS y el Fondo de
Desarrollo Local de Suba, se celebró un Contrato de Suministro para la
adquisición de módulos metálicos y batas – canguros, pero se optó por otra
modalidad contractual y se haya acudido a lo dispuesto en el artículo 355 de
la Constitución Política, para la adquisición de los kits comerciales, las
impresiones de la imagen corporativa y los botones personalizados, cuando
el objeto contractual no difiere sustancialmente en uno y otro caso.

Se debe poner de presente que, en el marco de las obligaciones específicas
del asociado, se pactó así mismo que se comprometía a “la identificación,
caracterización y registro de la población económicamente vulnerable, (…)
así como la identificación, caracterización y registro de las unidades
productivas existentes que sean sujeto de atención a este objeto
contractual”, obligación pactada que cumple las características propias de
un contrato de consultoría, cuya celebración exige igualmente acudir a lo
dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, sin que sea

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posible eludir su observancia recurriendo a la contratación directa con
fundamento en el artículo 355 de la Constitución, el artículo 96 de la Ley 489
de 1998 y el Decreto 777 de 1992.

En efecto, el contrato de consultoría consiste en la realización de estudios,
diseños y asesoría de naturaleza técnica y, se caracteriza porque sus
obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual.

La Corte Constitucional en Sentencia C-326/97, precisó que el objeto de los
contratos de consultoría consiste en que, “a través de ellos la administración
contrata servicios especializados de asesoría, interventoría, gerencia de
obra o de proyectos, o la elaboración de estudios y diagnósticos, que no
siempre coinciden en su contenido con la órbita de las actividades propias
de la entidad contratante; para ello recurre a personas naturales o jurídicas
especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen
conocimientos y experiencia en una específica área o actividad”.

El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de
consultoría, en los siguientes términos: “Son contratos de consultoría los que
celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para
la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. (…)”..
El Consejo de Estado ha insistido en que el objeto del contrato de consultoría
es especial y debe celebrarse, por regla general, mediante un concurso de
méritos.

La recurrente afirma que no se precisó en forma clara, expresa y concreta
qué suministros se realizaron a través del Convenio de Asociación 1525 de
2011, suscrito entre el Instituto para la Economía Social - IPES y la
Asociación Construyendo Nación, sin embargo, para la Sala es claro que el
cargo se refirió a los siguientes suministros:

(…)

Afirma la actora que los bienes no se adquirirían a través del Convenio de
Asociación 1525 de 2011, sino que en el marco del Convenio
Interadministrativo 017 celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de
Usaquén, se debía adquirir módulos metálicos y batas – canguros, los
cuales, se adquirieron a través de procesos contractuales diferentes.

Dicho argumento no logra desvirtuar ni enervar la falta disciplinaria
imputada, pues se recuerda que la falta precisamente fue endilgada por la
violación a los principios de la contratación estatal y, al haberse pactado el
suministro de determinados bienes en un Convenio de asociación, se
desconoció lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 777 de
1992.

De otra parte, la accionante considera que comparando tanto los estudios
de mercado con la propuesta presentada por el asociado Construyendo
Nación, el cual, forma parte del convenio, los recursos del IPES, para el Kit
comercial, la Impresión de Imagen y la Entrega de Botón, eran de cero
pesos, por lo tanto, la actora en su condición de Subdirectora Jurídica y de
Contratación del IPES, no podía haber pretermitido las etapas contractuales
para la adquisición de estos bienes, si la inversión pública era de cero pesos.

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Se debe decir entonces que la demandante fue sancionada por desconocer
los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva prevista
en el estatuto contractual, sin que fuera necesario acreditar la existencia de
costos o detrimento patrimonial, ya que la conducta reprochada se consumó,
al asesorar al Director General del IPES, cuando impartió su aprobación
y rúbrica para la suscripción del Convenio de Asociación No.1525 del
30 de diciembre de 2011, a través de la modalidad contractual
establecida en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 sin que se reunieran
las formalidades y requisitos legales, siendo insustancial el reproche
que ahora expone la parte demandante.

Conforme lo anterior, para esta Sala de Decisión es claro que la accionante
impartió su aprobación pese a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2 del
Decreto 777 de 1992, los artículos 23, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993, relativos
al acatamiento de los principios en las actuaciones contractuales de las
entidades estatales, el principio de transparencia y el principio de
responsabilidad y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que contempla el
principio de selección objetiva.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No.208 de 21 de junio de
2011, Manual de Funciones y Competencias Laborales, la correspondía a la
accionante en calidad de Subdirectora Jurídica y de Contratación, dirigir la
actividad contractual del IPES y, consecuentemente, aprobar los
documentos de naturaleza contractual. Claramente, la disposición Ibidem
estableció que a la Subdirectora Jurídica y de Contratación debe “dirigir y
responder por los asuntos jurídicos, la contratación y la defensa judicial,
con el fin de lograr que las actividades al interior del instituto, se desarrollen
de acuerdo con la normatividad vigente y de esta manera prevenir el daño
antijurídico”.

Aunado a lo anterior, en el citado Manual se señalan como “descripción de
funciones esenciales”, entre otras, definir criterios y lineamientos jurídicos
para solucionar asuntos de carácter jurídico y relativos a la interpretación de
normas sobre contratación estatal, dirigir y responder por el proceso
contractual y aprobar los documentos relacionados con asuntos jurídicos,
contratación y convenios.

En el mismo sentido, se encuentra acreditado que, a la señora Sandra
Victoria Vargas Castillo le fue notificado el Manual de Funciones y
Competencias Laborales, poniéndole de presente, las labores asignadas
para el cargo que ella desempeñaba como Subdirectora Jurídica y de
Contratación.

Así las cosas, es claro para la Sala que la disciplinada, quien fungía como
Subdirectora Jurídica y de Contratación del IPES, impartió su aprobación y
firma a la minuta para la suscripción del Convenio No.1525 de 2011, el cual,
contenía obligaciones que no eran propias de los convenios de asociación,
y cuya naturaleza apuntaba a la celebración de un contrato de suministro,
que debía celebrarse bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, estatuto
general de contratación y demás normas concordantes, lo que implica una
vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva.

Por las razones antes expuestas, al encontrar la Sala que la parte actora no
logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos acusados, se confirmará la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda.

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De las transcripciones relacionadas previamente se advierte que la autoridad
judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral, en
consonancia con las pautas jurisprudenciales que ha fijado el Consejo de Estado,
lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía confirmar la
decisión de negar las pretensiones de la demanda relacionadas con la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales la señora Sandra Victoria
Vargas Castillo fue sancionada con destitución e inhabilidad.

Lo anterior, al considerar que la señora Vargas Castillo fue sancionada por
desconocer los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva
prevista en el estatuto contractual, sin que fuera necesario acreditar la existencia
de costos o detrimento patrimonial porque la conducta endilgada se consumó al
asesorar al director general del IPES, cuando impartió su aprobación y rúbrica
para la suscripción del Convenio de Asociación 1525 del 30 de diciembre de
2011, a través de la modalidad contractual establecida en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998 sin que se reunieran las formalidades y requisitos legales.

Así las cosas, de lo relacionado en los párrafos que anteceden se puede observar
un análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las
reglas de la sana crítica, lo que le permitió concluir a la autoridad judicial
accionada que la señora Sandra Victoria Vargas Castillo incurrió en la falta
establecida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, hecho que
no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en
respeto de los principios de autonomía e independencia judicial, y al respecto no
se advierte que el estudio realizado por la autoridad judicial sea contraevidente,
arbitrario o caprichoso.

Por el contrario, se observa que la decisión estuvo fundamentada en las pruebas
efectivamente decretadas y practicadas y si bien es cierto, no se hizo referencia
concreta al Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Bogotá
D.C. 2008-2012 “Bogotá Positiva para vivir mejor”, así como al auto de
terminación de procedimiento con radicado ER-81660-5 decretado por la
Personería de Bogotá, es porque el sustento probatorio permitía concluir que no
había lugar a la suscripción de un convenio de asociación.

En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico sino
que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para
la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

Así las cosas, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de un
mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello

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resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

En suma, lo que se advierte es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.

3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante, con la precisión hecha previamente respecto de la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021.

En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición9, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical10, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por

9
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior11.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso12. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación13.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente14.

11
Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
12
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
13
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
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En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.

3.5.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso
concreto

La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C 818 de 2005, SU
649 de 2017 y SU 453 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional; así como
providencia del 25 de enero de 2018 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Asimismo, alegó desconocimiento de la providencia del 8 de
mayo de 2020 expedida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de
Bogotá y los fallos del 8 de mayo de 2020 y 29 de abril de 2022, respectivamente
proferidos por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá.

En relación con la sentencia C 818 de 2005 expedida por la Corte Constitucional
por medio de la cual se declaró exequible la expresión “o desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley”, contenida en el artículo 48 numeral
31 de la Ley 734 de 2002, la Sala considera que no se desconoció, en la medida
que se demostró en proceso que la señora Vargas Castillo incurrió en dicha falta
porque en calidad de Subdirectora Jurídica y de Contratación del IPES, impartió
su aprobación y firma a la minuta para la suscripción del Convenio n.°1525 de
2011, el cual debía celebrarse bajo los parámetros de la Ley 80 de 1993, estatuto
general de contratación y demás normas concordantes.

Ahora bien, cabe agregar que la providencia objeto de cuestionamiento se adoptó
con fundamento en precedente jurisprudencial del Consejo de Estado aplicable
al asunto, por lo tanto, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que
no conlleva la transgresión de derechos fundamentales, ya que la argumentación
cumple con la carga mínima de razonabilidad.

Por otra parte, es necesario advertir que las providencias expedidas por los
juzgados y la sentencia del Consejo de Estado, relacionadas previamente, no
constituyen un precedente vinculante porque no se trata de una sentencia de
unificación o una decisión reiterada por la Subsección e incluso se refieren a
supuestos fácticos distintos, porque lo que se cuestionó en el caso concreto es
que se haya suscrito un convenio de asociación por fuera del margen de las
normas de contratación, es decir, usando una tipología contractual que no se
correspondía con el negocio jurídico celebrado, mientras en la sentencia de 25
de enero de 2018, esta Sala analizó un caso en el que sí se hizo un uso adecuado

extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
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de la contratación directa que se desprende del artículo 355 de la Constitución
Política.

En ese orden de ideas, no existía similitud fáctica, y por tal razón no era posible
que en ambos se orientara de manera análoga el juicio de responsabilidad del
Estado, por cuanto hay elementos de análisis que habilitan al juez administrativo
para abordar una lectura diferente a la controversia anterior.

En cuanto a las sentencias SU 649 de 2017 y SU 453 de 2019, proferidas por la
Corte Constitucional debe decirse que en nada se relacionan con el asunto bajo
estudio.

En consecuencia, la Sala negará el amparo constitucional reclamado por la parte
accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
la Sandra Victoria Vargas Castillo, de acuerdo con los argumentos expuestos en
la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

19
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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