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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04536-01

Fecha
22 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04536-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre del 2024, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Quinta negó el amparo constitucional del derecho Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01 Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia fundamental de petición invocado por el accionante, y, en su lugar, AMPARAR parcialmente el derecho fundamental de petición. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita respuesta de fondo, clara y congruente respecto de los puntos 2, 3 y 4 de la petición elevada por el actor el 2 de julio de 2024, la cual debe ser notificada al accionante. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta de esta Corporación y remitir copia. QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04536-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-04536-011
Demandante : Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Petición
Tema : Derecho de petición
Decisión : Revoca sentencia de primera instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por Oscar Julián Villegas
Gómez contra de la sentencia del 26 de septiembre del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta2, que negó el amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por Oscar Julián Villegas Gómez frente a la omisión objeto de censura, luego se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones.

La demanda de tutela.

Oscar Julián Villegas Gómez, quien actúa en nombre propio, interpuso recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición,
presuntamente vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca -
Presidencia.

Por consiguiente, solicitó ordenar a la accionada “dar respuesta en términos claros,

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

precisos, congruentes conforme a lo solicitado en el derecho de petición”.

Hechos.

Como hechos relevantes para el proceso que nos ocupa, refirió que el 2 de julio de
2024 radicó un derecho de petición ante la Presidencia del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, solicitando:

“PRIMERO: La estadística de los procesos ejecutivos derivados de acción de reparación
directa en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION radicados en sede del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca desde enero del año 2016 a la fecha de
presentación de esta petición.

SEGUNDO: Sírvase manifestar en cuáles de los procesos ejecutivos con su respectivo
número de radicación se ha decretado y acatado la medida de embargo de cuentas
bancarias de la entidad demandada FISCALIA GENERAL DE LA NACION

TERCERO: Sírvase manifestar en qué procesos ejecutivos con el respectivo número de
radicación, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación y Director General
de Crédito Público y Tesoro Nacional han transferido dineros a órdenes del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca mediante resoluciones o actos
administrativos. Por favor cite las resoluciones.

CUARTO: Sírvase manifestar en cuales de los procesos ejecutivos con su respectiva
radicación se ha decretado la terminación del proceso por pago total de la obligación y en el
caso de haber quedado remanentes manifieste el monto de ellos y si estos han sido
devueltos con destino a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION

QUINTO: Sírvase manifestar en cuáles de los procesos ejecutivos con el respectivo número
de radicación determinados en el numeral primero se han solicitado embargo de remanentes
por otros despachos.

SEXTO: Si la petición anterior es positiva, sírvase manifestar en cuáles de ellos ha
prosperado la medida de “embargo de remanentes” adicionando el respectivo número de
radicación.”

Expuso que, el 22 de julio de 2024 la accionada le solicitó una prórroga para
responder la petición.

Que, el 21 de agosto de 20243, el Tribunal accionado le brindó respuesta, que a su
parecer no era clara, precisa y congruente con lo solicitado, respecto de los
numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, limitándose a enunciar la
radicación de los procesos ejecutivos.

1.2 Contestaciones de la acción

3
El accionante manifiesta que la respuesta es del 21 de julio del 2024, pero al verificar las pruebas aportadas, se comprobó
que la respuesta es del 21 de agosto de la presente anualidad.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

1.2.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia.4

Indicó que la solicitud del accionante fue atendida con la información recopilada por
la Presidencia de la Corporación y fue remitida al correo del mismo el 21 de agosto
de 2024. En esa fecha, realizó un filtro de los procesos ejecutivos en contra de la
Fiscalía desde el año 2016 a la fecha, para que el peticionario pudiera realizar la
búsqueda de conformidad con los requerimientos de la petición en el aplicativo
Samai. Además, aclaró que las precisiones solicitadas no se encontraban en sus
archivos y ameritaban una labor dispendiosa para lo cual no contaba con el personal
suficiente.

1.3 Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 26 de septiembre del
2024, negó el amparo constitucional impetrado por Oscar Julián Villegas Gómez,
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia, aduciendo que:

“Si bien la autoridad accionada no remitió un estudio estadístico de los procesos ejecutivos
solicitados ni desglosó cada uno de ellos, por cuanto carece del personal requerido para tal
efecto, sí aportó toda la información pertinente a fin de que el accionante pudiese realizar las
investigaciones que pretendiese y así dilucidar mediante el aplicativo de samai las
inquietudes que ha bien tuviese resolver.

Es de advertir que no le es dado a la presidencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, llevar a cabo un estudio estadístico de lo solicitado por el actor, sin embargo, si lo es
el brindarle las herramientas para que el accionante efectúe toda la indagación que requiera
para tal fin, de tal modo que al llevar a cabo una concienzuda recopilación de los procesos
ejecutivos […]

En este orden de ideas, para esta Sección encuentra que se ha satisfecho lo solicitado, razón
por la cual negara el amparo deprecado en esta acción de tutela por cuanto la presidencia
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca si le brindó al accionante una respuesta de
fondo, clara y concreta a su petición al efectuar una concienzuda recopilación de los
procesos ejecutivos llevados en contra de la Fiscalía desde el año 2016 a la fecha.”

4
Índice 10 de SAMAI, primera instancia.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

1.3.1 Salvamento de voto5

La magistrada Gloria María Gómez Montoya presentó un salvamento de voto,
argumentando que los puntos 2, 3 y 4 de la petición no fueron contestados de fondo,
lo que constituye una vulneración al derecho fundamental de petición.
Adicionalmente, señaló que parte de la información suministrada en la respuesta
tiene una fecha anterior a la implementación del aplicativo Samai, por lo que los
datos requeridos debieron haberse proporcionado a través de la base de datos o
los archivos propios de la entidad demandada, o bien, explicarse los motivos por los
cuales no era posible acceder a dicha información.

1.4 Impugnación6

Inconforme con la anterior decisión, Oscar Julián Villegas Gómez la impugnó, al
estimar que muchos de los expedientes relacionados en la respuesta se encuentran
restringidos y no se pueden visualizar; además, la Presidencia del Tribunal
accionado tenía la labor de firmar los títulos devueltos, por lo que sí es competente
para dar respuesta. Solicitó conminar al accionado para que relacione los títulos
devueltos a la Fiscalía General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Problema jurídico.

5
Índice 24 de SAMAI, primera instancia.
6
Índice 17 de SAMAI, primera instancia.
7 «Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

Le corresponde a esta Subsección determinar si, el Tribunal Administrativo el Valle
– Presidencia ha vulnerado el derecho fundamental de petición del tutelante, al no
dar respuesta clara, completa y de fondo a su petición del 2 de julio de 2024.

2.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho11.

2.4 Derecho fundamental de petición.

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política12.

11
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
12
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales”.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

Por su parte, la Corte Constitucional13, respecto del derecho de petición, ha
sostenido que, aunque la respuesta al derecho de petición no implica
necesariamente aceptar lo solicitado, sí debe ser concreta y abordar de fondo lo
requerido.

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que una respuesta se considera
adecuada cuando resuelve de manera sustantiva la solicitud y cumple con los
requisitos del solicitante, aunque la respuesta pueda ser negativa a lo solicitado. Es
efectiva cuando aborda y resuelve el problema planteado, y es congruente si existe
coherencia entre lo que se respondió y lo que se solicitó, asegurando que la solución
se centre en lo pedido y no en un tema similar, sin impedir que se proporcione
información adicional relevante a la solicitud14.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una
pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii)
no cumple con su deber de notificar la respuesta.

2.5 Solución al caso concreto

El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal
virtud, se destaca:

13
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. “Frente a las características esenciales
del derecho de petición, ha sido abundante y reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el
núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado: (i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad
de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en
la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto
posible ; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi)
este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares ; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface
el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante
la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición exige, por parte de las autoridades
competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio sustentado
del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición”.
14
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

a) Petición de fecha 2 de julio del 2024 elevada por el accionante ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, relacionada con información acerca de los
procesos ejecutivos contra la Fiscalía General de la Nación desde el 2016.

b) Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia del 20
de agosto de 2024 (remitida al accionante el 21 del mismo mes y año), mediante la
cual le informó al actor los procesos ejecutivos en contra de la Fiscalía General de
la Nación que se encontraban a cargo del Tribunal y los procesos ejecutivos
respecto de los cuales se ha solicitado y prosperado el embargo de remanentes:

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De acuerdo con el escrito tutelar, la inconformidad del tutelante consiste en que a
la fecha de presentación de la acción de tutela el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca - Presidencia no se había pronunciado de fondo frente a la solicitud de
fecha 2 de julio del 2024. En la impugnación, el señor Oscar Julián Villegas Gómez
estimó que muchos de los expedientes relacionados en la respuesta se encuentran
restringidos y no se pueden visualizar; que además, la Presidencia del Tribunal
accionado tenía la labor de firmar los títulos devueltos, por lo que sí es competente
para dar respuesta. En razón a ello solicita, que se conmine al accionado para que
relacione, al menos, los títulos devueltos a la Fiscalía General de la Nación.

Por lo expuesto, resulta necesario analizar si se presentó la presunta vulneración
del derecho constitucional fundamental invocado en el caso sub examine y si la
decisión del a quo se encuentra ajustada a derecho.

Conforme a las pruebas aportadas, se observa que el 20 de agosto de 2024, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia, resolvió la petición
presentada por el accionante, informándole: i) los procesos ejecutivos en contra de

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la Fiscalía General de la Nación que se encontraban a cargo del Tribunal, y ii) los
procesos ejecutivos respecto de los cuales se ha solicitado y prosperado el
embargo de remanentes.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 ha sostenido que la
respuesta no necesariamente debe ser favorable a los intereses del peticionario,
pero sí debe ser de fondo.

En consecuencia, observa la Sala que la respuesta otorgada por el Tribunal
resolvió de fondo y de manera congruente lo pretendido respecto de los puntos 1,
5 y 6 del petitorio; no obstante, no sucedió lo mismo con los puntos 2, 3 y 4, pues
dichos interrogantes no fueron resueltos.

En efecto, el punto 1 fue resuelto por cuanto se informaron los procesos ejecutivos
en contra de la Fiscalía General de la Nación a cargo del Tribunal; los puntos 5 y 6
de la petición se referían a los procesos ejecutivos donde se ha (i) solicitado y (i)
prosperado el embargo de remanentes, situación que también fue atendida por el
accionado, aportando el link de los expediente para consulta en el aplicativo Samai.

En cuanto a los puntos 2 y 3, estos se refieren al embargo de cuentas bancarias, y
la entidad accionada no proporcionó una respuesta clara ni de fondo respecto a los
procesos en los cuales se ha decretado y acatado dicha medida, ni aquellos en que
se han transferido dineros a órdenes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y las respectivas resoluciones. Por otro lado, el punto 4 hace referencia a los
procesos en los que se ha decretado la terminación del procedimiento debido al
pago total de la obligación, aspecto que tampoco fue debidamente abordado en la
respuesta.

Cabe aclarar que los procesos ejecutivos informados por el accionado en su
respuesta se refieren al embargo de remanentes y no al de cuentas bancarias como
se solicita en los puntos 2 y 3 de la petición.

15
Sentencia T-001 del 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. “[…] la satisfacción de este derecho se encuentra condicionada
a que la entidad emita y entregue al peticionario una respuesta que abarque en forma sustancial y resuelva, en lo procedente,
la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido. Ello quiere decir que la respuesta negativa comunicada al
solicitante dentro de los términos establecidos no significa una vulneración del derecho de petición, puesto que si
efectivamente lo contestado atiende de fondo el asunto expuesto se satisface el derecho mencionado”.

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Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
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En este caso, aunque la Presidencia del Tribunal accionado afirmó que la
información solicitada podía ser consultada a través del aplicativo Samai, es
preciso señalar que algunos de los datos requeridos corresponden a años
anteriores a la implementación de dicho sistema. Además, se procedió con la
verificación de algunos de los expedientes relacionados en la primera parte de la
respuesta, y se comprobó que no se encuentran digitalizados para consulta. Por
lo tanto, la información solicitada debe ser proporcionada a partir de la base de
datos o archivos propios de la autoridad demandada, o, en su defecto, se deben
comunicar al peticionario las razones por las cuales no es posible acceder a dicha
información o ante quién pueden solicitarla.

En conclusión, la Sala evidencia que no se dio una respuesta integral a la petición
presentada el 2 de julio de 2024, por lo que, se revocará la sentencia proferida el
26 de septiembre del 2024, por el Consejo de Estado, Sección Quinta, y se
ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia emitir
respuesta de fondo, clara y congruente sobre de los puntos 2, 3 y 4 del petitorio.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el derecho
de petición no fue satisfecho en su totalidad, razón por la cual se revocará la
decisión de primera instancia, y, en su lugar, se amparará el derecho fundamental
de petición del accionante ordenando al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
– Presidencia emitir respuesta de fondo, clara y congruente respecto de los puntos
2, 3 y 4 de la solicitud elevada por el señor Oscar Julián Villegas Gómez, la cual
debe ser notificada al mismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre del 2024, a través del cual
el Consejo de Estado, Sección Quinta negó el amparo constitucional del derecho

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04536-01
Demandante: Oscar Julián Villegas Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Presidencia

fundamental de petición invocado por el accionante, y, en su lugar, AMPARAR
parcialmente el derecho fundamental de petición.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca - Presidencia, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, emita respuesta de fondo, clara y
congruente respecto de los puntos 2, 3 y 4 de la petición elevada por el actor el 2
de julio de 2024, la cual debe ser notificada al accionante.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta de esta
Corporación y remitir copia.

QUINTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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