RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04539-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04539-00

Fecha
31 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04539-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica del señor Jaime Echeverría Alcocer. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jaime Echeverría Alcocer Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00 TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el 19 de junio de 2024 y ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 08001-33-33-006-2021-00119-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04539-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

31 de octubre de 2024

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04539-00
Demandante: JAIME ECHEVERRÍA ALCOCER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Concede el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor
Jaime Echeverría Alcocer contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 27 de agosto de 20241, el señor Jaime Echeverría Alcocer, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
A, con la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 19 de junio de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada, que confirmó la providencia del 28 de septiembre de 2022, dictada por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por el actor
contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, que se identificó
con el radicado 08001-33-33-006-2021-00119-00/01.

1
Acción de tutela promovida a través del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de
la Dirección Ejecutiva de Administración Justicia.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

REVOCAR - la decisión del diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024),
mediante la cual el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SALA A, RESOLVIO CONFIRMAR la sentencia proferida el día 28 de
septiembre de 2022, por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla; mediante la cual, declaró probada la excepción de caducidad.

TERCERO. - DÉJAR SIN EFECTOS la sentencia del diecinueve (19) de junio de
dos mil veinticuatro (2024), del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA A2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Jaime Echeverría Alcocer fue nombrado en provisionalidad mediante el
Decreto 0719 del 3 de agosto de 2009, en el cargo de técnico operativo, código 314,
grado 02 de la planta global de la Alcaldía de Barranquilla, sector salud3.

Por medio de la Resolución 3624 del 14 de septiembre de 2020, fue declarado
insubsistente, en razón del nombramiento de otra persona4 en virtud de la lista de
elegibles contenida en la Resolución 7382 de 2020.

El funcionario continuó laborando normalmente hasta el 6 de diciembre de 2020,
dado que la otra persona no llegó a su cargo. El 7 de diciembre siguiente, decidió
hacer entrega formal de su puesto de trabajo, lo cual se consignó en un acta,
quedando desvinculado de la relación laboral.

El 23 de febrero de 2021, el señor Echeverría Alcocer agotó el requisito de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

Por lo tanto, el 18 de junio de 2021, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
de la Resolución 3624 de 2020 y, a modo de restablecimiento, el reconocimiento y

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
La posesión se realizó el 1º de octubre de 2009.
4
Si bien en el escrito tutelar se menciona el nombre de una persona, en la demanda se indica otro.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

pago correspondiente a sus salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y demás
emolumentos, aportes y prestaciones dejados de percibir, inherentes al cargo,
desde la fecha de insubsistencia hasta cuando fuera reincorporado al servicio.

En providencia del 28 de septiembre de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Barranquilla declaró probada la excepción de caducidad, tras
indicar que el término iniciaba a correr el 9 de octubre de 2020 y finalizaba el 9 de
febrero de 2021, por lo cual para el momento en que presentó la solicitud de
conciliación, ya se encontraba vencido el plazo para poner en marcha el aparato
judicial.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A en sentencia
del 19 de junio de 2024, decidió confirmar la decisión del a quo, argumentando que:

[…] el acto administrativo demandado se ejecutó por parte del Distrito de
Barranquilla el día 13 de octubre de 2020, fecha hasta la que se prolongó su
vinculación con el ente territorial, de modo tal que es a partir del día siguiente a esa
calenda en que ha de contabilizarse la caducidad en el presente medio de control,
al tenor del literal j) numeral 2) del Art. 164 de la Ley 1437 de 2011.

De lo anterior se tiene que el plazo con el que contaba la parte demandante para
acudir a esta jurisdicción en ejercicio del citado medio de control se extendía hasta
el 14 de febrero de 2021. Sin embargo, se aprecia en el proceso solo hasta el 23 de
febrero de 31 acudió ante el Ministerio Público en procura de agotar el requisito de
la conciliación extrajudicial, esto es, cuando el termino de caducidad ya había
finiquitado5.

Dicha providencia fue notificada personalmente el 10 de julio de 2024.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora argumentó que la decisión del 19 de junio de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A vulneró sus derechos fundamentales,
al incurrir en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, pues a su
juicio, el término de la caducidad para ejercer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho debía iniciar a contar a partir del día siguiente de la
ejecutoria del acto administrativo de despido, es decir «[…] desde el momento en que
se desvincula de manera cierta el cargo y no desde su notificación o por una simple
liquidación laboral».

Con el fin de sustentar lo anterior, citó precedentes jurisprudenciales del Consejo
de Estado6 en los cuales se indicó que:

5
Transcripción literal que puede contener errores.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P.
Nicolás Yepes Corrales, Sentencia 19.03.21, Rad. 11001-03-15-000-2020-01480-01; Sección

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

[…] el acto administrativo que declara el retiro del servicio es el acto definitivo que
contiene la decisión unilateral de la administración de culminar el vínculo legal y
reglamentario del servidor público, cuya efectividad del retiro es el punto de partida
para contabilizar la caducidad del medio de control. Esta Corporación se ha
pronunciado en ese sentido, así: […]

Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la resolución acusada se retiró del
servicio al actor, se precisa que según lo ha reiterado esta Sala, ‘tratándose de actos
de retiro del servicio, el interés para obrar del demandante nace a partir del día
siguiente en que tenga lugar la desvinculación, es decir, desde la ejecución del acto
respectivo y no desde su notificación.

A su vez, explicó que, si bien el acto administrativo demandado fue expedido por la
Alcaldía de Barranquilla el 14 de octubre de 2020, él continuó laborando hasta el 7
de diciembre de 2020, fecha en la cual hizo entrega de su puesto de trabajo. Por
ello, a partir del 9 de diciembre de 2020 (ejecutoria del acto), debía empezar a contar
el término de caducidad, el cual se extendía hasta el 9 de abril de 2021.

En consecuencia, manifestó que era imposible que hubiera acudido a la jurisdicción
contenciosa administrativa antes del 7 de diciembre de 2020, dado que sus
funciones no habían cesado. De ello, advirtió que el tribunal no valoró dicha acta de
entrega del puesto de trabajo ni los correos institucionales por medio de los cuales
solicitó el recibimiento de su cargo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 12 de septiembre de 2024, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante7 y, como parte
demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla9 y del
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla10.

Luego de surtido el debate en torno al proyecto de sentencia en la Sala de Decisión
realizada el 3 de octubre de 2024, la ponencia no logró obtener la mayoría necesaria
para su aprobación, razón por la cual, por medio de auto del 9 de octubre siguiente,
se ordenó sortear dos conjueces, el primero como principal para adoptar la decisión

Segunda, Subsección A, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia 12.09.19, Rad. 08001-23-
33-000-2014-00220-01.
7
Índice 7 de Samai. La notificación fue realizada al buzón web: fervar19@hotmail.com.
8
Índice 7 de Samai. La notificación fue remitida a: sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co.
9
Índice 7 de Samai. Notificación enviada a notijudiciales@barranquilla.gov.co.
10
Índice 7 de Samai. La notificación fue enviada a los correos electrónicos
adm06bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin06baq@notificacionesrj.gov.co.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

y el segundo, para integrar la Sala únicamente en defecto del principal.

Así las cosas, el 11 de octubre del presente año, el doctor Roberto Rafael Bornacelli
Guerrero fue elegido como conjuez principal y el doctor Humberto Antonio Sierra
Porto, como suplente.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Alcaldía de Barranquilla

En documento allegado el 20 de septiembre del presente año, el apoderado especial
señaló que, la alcaldía no conculcó derecho fundamental alguno del accionante, por
lo cual carecía de legitimación en la causa por pasiva. Así, solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A

Por medio de escrito remitido el 20 de septiembre del año en curso, la magistrada
ponente de la sentencia enjuiciada expuso que, fundó su decisión en las normas
jurídicas y precedentes jurisprudenciales que consideró aplicables al caso, además
del caudal probatorio allegado a la actuación, por lo cual no vulneró las garantías
del actor.

Asimismo, señaló que se discutieron uno a uno los argumentos de la apelación, lo
cual es garantía del debido proceso, pues el demandante tuvo la oportunidad
recurrir la decisión de primera instancia con observancia plena de los derechos que
le asistían.

Puso de presente que la acción tutelar se estaba utilizando como una tercera
instancia, dejando de lado la seguridad jurídica, razón por la cual debía declararse
la improcedencia.

1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla

En memorial del 24 de septiembre de 2024, la jueza que dictó la decisión de primera
instancia del medio de control explicó que el asunto carecía de relevancia
constitucional, ya que el accionante conoció el trámite adelantado ante la
jurisdicción, interpuso los recursos correspondientes y estuvo de acuerdo con las
decisiones adoptadas en su momento, por lo que no reparó la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

Asimismo, adujo que el actor no argumentó en debida forma su pretensión, ni
sustentó por qué el presente asunto se encontraba revestido de relevancia
constitucional. En ese sentido, solicitó que se despacharan desfavorablemente las
pretensiones de amparo y se declarara la improcedencia de la acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Jaime Echeverría Alcocer de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala A.

2.2. Solicitud de desvinculación

La Alcaldía de Barranquilla solicitó su desvinculación, a su juicio, por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta petición será negada, en
tanto, su llamado al proceso se realizó en calidad de tercero, y no como la autoridad
contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en
atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a la seguridad jurídica en la sentencia del 19 de junio de 2024,
al incurrir en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
de los defectos alegados y, iv) el estudio del caso concreto.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia13.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.2.1. Relevancia constitucional

El accionante expuso que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A en la
providencia de 19 de junio del 2024, incurrió en los defectos fáctico y por

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

desconocimiento del precedente al no iniciar el conteo de la caducidad a partir del
7 de diciembre de 2022, momento en que fue efectivamente desvinculado del ente
territorial cuando hizo entrega de su puesto de trabajo, sino, desde la fecha de
notificación del acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia.

Respecto del requisito de relevancia constitucional, se puede avizorar que
transciende de la esfera legal a la constitucional, pues la parte actora afirma que la
autoridad judicial accionada pasó por alto los documentos allegados al proceso en
donde se evidenciaba la solicitud de recibimiento del puesto de trabajo, junto con el
acta de entrega. A su vez, resaltó una línea jurisprudencial pacífica del Consejo de
Estado, Sección Segunda, en la que se advierte que el interés para demandar nace
al día siguiente a la desvinculación, es decir desde la ejecución del acto y no desde
su notificación.

En razón de lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta importante analizar si el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A se apartó de la aplicación del
precedente sin fundamento alguno, frustrando injustificadamente los derechos de la
parte accionante, entre ellos de acceder a la administración de justicia para el
estudio de sus pretensiones de restablecimiento.

De esa manera, es importante estudiar si en efecto la providencia objeto de censura,
incurrió en los defectos alegados, pues es importante determinar cuál era el
precedente aplicable al caso concreto.

2.3.2.2. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
radicado08001-33-33-006-2021-00119-00/01, que promovió la parte accionante
contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

2.3.2.3. Subsidiariedad

En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia del 19
de junio de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A.

Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora
no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437
de 2011.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

2.3.2.4. Inmediatez

En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún
reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala A el 19 de junio de 2024, la cual fue notificada el 10 de julio de
2024. Por su parte, la acción de tutela se ejerció el 27 de agosto de 2024, lo que
para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo
constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.4. Generalidades del defecto por desconocimiento del precedente

La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para
solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural
de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «[…] debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez15».

2.5. Generalidades del defecto fáctico

Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201516 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
16
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del
defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y
Omisión de decreto práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
y práctica de los parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.

requiere entonces que:

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

Valoración a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
irracional o objeto de indebida valoración por el juez
arbitraria de las b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
pruebas aportadas consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

2.6. Caso concreto

El señor Jaime Echeverría Alcocer señaló que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala A vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica, con ocasión
de la sentencia del 19 de junio de 2024, en la cual se incurrió en los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente.

Al respecto advirtió que, la autoridad judicial accionada no valoró el acta de entrega
del puesto de trabajo del 7 de diciembre de 2023, ni los correos electrónicos en los
que solicitaba ello, lo cual denotaba que el inicio del término de caducidad debió
hacerse desde el día siguiente de su salida y no a partir de la notificación del acto
administrativo por medio del cual fue declarado insubsistente.

Asimismo, expuso jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda en la
cual se estableció que el interés para demandar nace al día siguiente a la
desvinculación, es decir desde la ejecución del acto y no desde su notificación.

En la providencia del 19 de junio de 2024, la autoridad demandada tuvo en
consideración para su análisis: i) la Resolución 3624 del 14 de septiembre de 2020,
la cual fue comunicada el 7 de octubre de 2020; ii) el documento mediante el cual
le fueron reconocidas las cesantías definitivas desde el 1º de enero hasta el 13 de
octubre de 2020, y iii) la certificación del 10 de noviembre de 2021, expedida por la
Secretaria Distrital de Gestión Humana, en la que se señaló que el actor laboró en
el Distrito de Barranquilla en distintos periodos, y el ultimo cargo que ocupó fue el
de técnico operativo, código grado 314 – 04, en la Secretaria de Salud, desde el 7
de junio de 2011 hasta el 13 de octubre de 2020.

De éstos documentos, se determinó que el acto administrativo demandado se había
ejecutado por parte del Distrito de Barranquilla el 13 de octubre de 2020, por lo cual
a partir de ese día debía empezar a contabilizarse el término de caducidad. Así, el
plazo para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa se extendía hasta el
14 de febrero de 2021, el cual, a su juicio, se encontró incumplido al solicitar la
conciliación extrajudicial el 23 de febrero siguiente.

Si bien el fallo aducido como precedente desconocido por el actor se resolvió en
sede de tutela y su situación fáctica no es idéntica a la presente, la motivación remite
a otras sentencias que dan cuenta de la línea de decisión construida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda sobre el asunto en disputa.

De dichos precedentes17 dictados al interior de procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, se observó que, tratándose de actos administrativos

17
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia
14.05.20, Rad. 50001-23-33-000-2019-00222-01; Sentencia 12.09.19, Rad. 08001-23-33-000-2014-
00220-01; Sentencia 25.03.19, Rad. 08001-23-33-000-2018-00297-01; Sentencia 24.01.19, Rad.
68001-23-33-000-2015-01078-01; Sentencia 10.10.18, Rad. 25001-23-42-000-2017-01077-01;
Sentencia 29.08.18, Rad. 68001-23-33-000-2015-01100-01; Sentencia 04.05.16, Rad. 41001-23-33-
000-2013-00022-01; Sentencia 24.05.12, Rad. 05001-23-31-000-2004-04905-01.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

de retiro, se contabiliza el término de caducidad a partir de la desvinculación, es
decir desde la ejecutoria y no desde la notificación18. Al respecto se indicó que:

Debe entenderse que el acto administrativo que declara el retiro del servicio es el
acto definitivo que contiene la decisión unilateral de la administración de culminar el
vínculo legal y reglamentario del servidor público, cuya efectividad del retiro es el
punto de partida para contabilizar la caducidad del medio de control. Esta
Corporación se ha pronunciado en ese sentido, así:

Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la resolución acusada se retiró del
servicio al actor, se precisa que según lo ha reiterado esta Sala, ‘tratándose de actos
de retiro del servicio, el interés para obrar del demandante nace a partir del día
siguiente en que tenga lugar la desvinculación, es decir, desde la ejecución del acto
respectivo y no desde su notificación19.

De lo transcrito se puede inferir que, a pesar de que en la actualidad no existe una
providencia de unificación que determine el tema debatido; lo cierto es que gran
variedad de decisiones están encaminadas hacia tal dirección, lo que permite
deducir su carácter vinculante y, por tanto, la obligación en cabeza de los jueces de
aplicarla o, en su defecto, argumentar debidamente las razones por las que se
aparta de tal criterio.

En consecuencia, de la revisión del acta de entrega del puesto de trabajo y del
correo electrónico solicitando su recibimiento, se evidencia que el señor Echeverría
Alcocer finalizó su vínculo laboral el 7 de diciembre de 2020 y no desde la expedición
o notificación de la Resolución 3624 del 14 de septiembre de 2020. A continuación,
se observan los documentos:

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia 06.08.08, Rad. 08001-23-31-000-2007-00886-01.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia 12.09.19, Rad. 08001-23-33-000-2014-00220-01.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

Ahora bien, en el fallo cuestionado se observa que el tribunal sí hizo referencia a la
tesis jurisprudencial en mención, como se evidencia:

…] conforme lo ha indicado el H. Consejo de Estado en su jurisprudencia, entre ellas
en la providencia de 12 de septiembre de 20174, en tratándose de esta clase de
actos administrativos, a través del cual se declara una insubsistencia, dicho término

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

se contabiliza a partir del momento exacto en que éste se ejecutó, acorde con las
pruebas obrantes en la actuación».

No obstante lo anterior, solamente basó su decisión contando el término de
ejecutoria del acto administrativo a partir de cuando fue notificado, apegándose a
un extremo probatorio sin revisar ni pronunciarse frente al resto, pese a que los
documentos señalados por el señor Echeverría Alcocer fueron aportados con la
demanda, sin que fueran tachados de falsos por la parte demandada.

Si en gracia de discusión existía duda de la disparidad de pruebas, ya que en el
certificado expedido por la Secretaria Distrital de Gestión Humana, se indicaba que
el actor laboró hasta el 13 de octubre de 2020, pero a su vez se encontraban
aportadas como pruebas la acta de entrega del puesto de trabajo del 7 de diciembre
de 2020 y el correo electrónico mediante el cual solicitó ello; el juez ordinario debió
haber aclarado dichas dudas decretando pruebas, para tener la certeza del conteo
de la caducidad.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada no debió quedarse solo con una
tesis de que había caducidad, sin abrir el espectro para revisar el resto del material
probatorio.

Así las cosas, se evidencia la configuración de un defecto fáctico por falta de
valoración, para lo cual el tribunal deberá tener en cuenta la totalidad de las pruebas
para determinar el conteo del término de caducidad, en virtud del precedente que
en un comienzo aplicó.

Por las razones expuestas, se ampararán los derechos fundamentales del señor
Jaime Echeverría Alcocer y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del
19 de junio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica del señor Jaime
Echeverría Alcocer.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime Echeverría Alcocer
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04539-00

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida el 19 de junio de 2024
y ORDENAR al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de
reemplazo, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificado con el radicado 08001-33-33-006-2021-00119-01, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salvamento de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento de voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

ROBERTO RAFAEL BORNACELLI GUERRERO
Conjuez

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.