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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04541-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04541-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, Flor María Granja, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, quienes actúan en nombre propio. En consecuencia, Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el medio de control de reparación directa con radicado No. 190001-23-33-000-2014-00488-01. Cuarto.- Ordenar a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado con el No. 190001-23-33-000-2014-00488-01, de conformidad con las consideraciones expuestas. Quinto.- Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que proceda a remitir las copias solicitadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Sexto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Séptimo.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 22 Índice SAMAI 4. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04541-01 Demandante: Leona Sinisterra Banguera y otros Octavo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04541-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

3 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04541-01
Demandante: Leona Sinisterra Banguera y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04541-01
Demandantes: LEONA SINISTERRA BANGUERA, JOSÉ ARBEY ZORA
SINIESTRA, FLOR MARÍA GRANJA BANGUERA, ARNULFO
GÓNGORA Y ADALGISA GARCÍA SAA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa con la pretensión de que se declarara la responsabilidad
administrativa y patrimonial del Estado por la destrucción de los
cultivos adjudicados al Consejo Comunitario Negros en Acción del
municipio de Timbiquí, Cauca. Valoración probatoria con enfoque
diferencial. Defecto fáctico por indebida valoración probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 7 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección “A” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en la que negó las pretensiones de la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de agosto de 2024, la parte actora presentó acción de tutela contra la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al “desconocimiento de los perjuicios constitucionales y
convencionalmente protegidos”, a los “derechos étnicos afrodescendientes,
culturales y naturales”, los cuales considera vulnerados con la sentencia del 17 de
junio de 2024.

En consecuencia, en el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“19.1. Con fundamento lo expuesto, con todo comedimiento se solicita al despacho,
tutelar nuestros derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO CONSTITUCIONAL,
DESCONOCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS CONSTITUCIONALES Y
CONVENCIONALMENTE PROTEGIDOS, DERECHO A ACCEDER A UNA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EFICAZ, DERECHO A LA IGUALDAD,
DERECHOS ÉTNICOS AFRODESCENDIENTES, DERECHOS CULTURALES Y
NATURALES DE LOS ACTORES, vulnerados por la entidad accionada (CONSEJO DE
ESTADO).

19.2. Así mismo, se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contabilizadas a partir de la fecha de notificación de la
sentencia, se profiera otra sentencia, en donde tenga en cuenta una valoración integral
que incorpore, la sana crítica, el sentido y conocimiento común, el entorno en donde

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Demandante: Leona Sinisterra Banguera y otros

ocurrieron los hechos y la cultura de los testigos y REVOQUE la Sentencia dentro del
proceso de reparación directa No. 19001-33-33-005- 2014-00-448-01 proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024), en la que se negaron
las pretensiones de la demanda a los actores basándose en una valoración regresivo del
acervo probatorio.

19.3. De igual manera que se ordene que se restablezca la sentencia del día 04 de
octubre del año 2018, dentro del proceso de la referencia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, y se amplie el reconocimiento de los perjuicios a sus
demandantes en los términos del recurso de apelación presentada por la parte
demandante, esto, adecuándose al análisis del acervo probatorio presentado,
considerando todos los testimonios, documentos y pruebas técnicas que demuestran la
relación causal entre la aspersión con glifosato y los daños sufridos por los
demandantes”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda de tutela y de las piezas procesales que reposan en el
expediente se destacan los siguientes hechos relevantes:

La parte actora indica que se identifican como un grupo étnico, campesino y que su
lugar de residencia se encuentra ubicado en el corregimiento de La Trinidad de
Bubuey, en el río Bubuey del municipio de Timbiquí en el departamento del Cauca.
Así mismo, que son familias de ascendencia africana, pertenecientes al Consejo
Comunitario Negros en Acción que se constituyó como territorio colectivo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, lo que se traduce en que
carecen de títulos individuales y la posesión de las tierras que ocupan es para su
usufructo y para poder satisfacer sus necesidades básicas.

Señala que han sido “vulnerados por los sucesos históricos del país y se encuentran
actualmente en gran desventaja con las poblaciones mayoritarias de esta nación”,
y que carecen de alcantarillado, agua potable, energía constante, acceso a la
educación, a lo que agregan que la mayoría de la población se dedica a cultivar
productos agrícolas, a la cacería y a la pesca.

Refiere que, para acceder a la educación básica, los estudiantes de la comunidad
deben desplazarse vía fluvial a la cabecera municipal de Timbiquí, lo que da
muestra de las dificultades que presentan, sumado a que ostentan una protección
reforzada por ser un grupo étnico, como lo ha establecido la Corte Constitucional al
mencionar que la población afrocolombiana se encuentra en un alto grado de
vulnerabilidad.

Sostiene que el 29 de julio de 2009, el Banco Agrario de Colombia, la Alcaldía de
Timbiquí y el Fondo Regional de Garantía S.A., suscribieron un convenio
interadministrativo de cooperación para la financiación de proyectos agropecuarios,
que fue implementado con el fin de cultivar cacao en el municipio, por lo que se
escogió como piloto al corregimiento de la Trinidad del río Bubuey y su zona baja
Saija, zona libre de cultivos ilícitos, debido a la vulnerabilidad que presenta la
comunidad, con el fin de buscar mecanismos que generen desarrollo económico y
mejore la calidad de vida de sus miembros.

Menciona que no fueron beneficiarios del préstamo que realizó el Banco Agrario de
Colombia para efectuar la siembra de diferentes cultivos, sin embargo, con su propio
esfuerzo y bajo las indicaciones de la entidad bancaria, sembraron cacao, plátano,
palmas de chontaduro, caña, árboles de guayabo, papa china y árboles de limón.

Expresa que el 11 de julio de 2012, el policultivo fue fumigado con herbicida glifosato
por parte de la Policía Nacional -Dirección Antinarcóticos, por lo que el 2 de agosto

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del mismo año acudieron ante la Alcaldía de Timbiquí para presentar una queja
encaminada a obtener la indemnización por los perjuicios ocasionados por la
fumigación del cultivo. Sin embargo, las solicitudes fueron remitidas a la autoridad
competente.

Expone que mediante oficios Nos. S-2012_058146, S-2012_058133, S-
2012_058147, S-2012_058436 y S-2012_058151 del 28 de noviembre de 2012, la
Policía Nacional -Dirección Antinarcóticos, manifestó que las solicitudes estaban
siendo estudiadas y por medio de las resoluciones No. 2013_017387 ARECI-
GRUAQ-44, 2013_017410 ARECI-GRUAQ-44 y 2013_017406 ARECI-GRUAQ-44
del 9 de abril de 2013, la Dirección Antinarcóticos refirió que de la visita realizada al
lugar de los hechos, no encontró cultivos lícitos, por lo que negó la compensación
solicitada.

Alude que la Policía Nacional -Dirección Antinarcóticos-, no visitó sus predios, pero
si los señores Mauricio Redonde -defensor del pueblo del departamento del Cauca,
el señor Luis Elcías Ocoró -gerente seccional del Banco Agrario-, el señor Fabio
Enrique Cambido -director de la UMATA-, y Raúl Angulo -representante legal de los
Consejos Comunitarios de Timbiquí-, quienes pueden dar fe de que existían cultivos
lícitos, toda vez que los predios pertenecen a los consejos comunitarios. Agrega
que no recibieron ninguna indemnización y que es angustiante ver sus cultivos
quemados, en los cuales invirtieron los pocos recursos que tenían.

Aduce que, de conformidad con lo anterior, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la destrucción de los
cultivos pertenecientes al Consejo Comunitario Negros en Acción del municipio de
Timbiquí, la cual fue conocida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
del Cauca, que por sentencia del 4 de octubre de 2018 resolvió acceder a las
pretensiones de la demanda.

La anterior decisión llegó a la conclusión de acceder parcialmente a las pretensiones
de la demanda, luego de establecer que de las pruebas obrantes en el expediente
-certificaciones emitidas por el exdirector de la UMATA, el representante legal del
Consejo Comunitario Negros en Acción y la visita ejercida por el defensor del pueblo
en compañía de un Alto Comisionado para la ONU-, se demostró que: (i) los cultivos
de los demandantes eran lícitos, (ii) la aspersión se realizó el 11 de julio de 2012 en
el área del municipio de Timbiquí, Cauca, según el Acta No.177, (iii) la aspersión se
efectuó a unas distancias de 26, 40, 47, 588 y 951 metros de los cultivos de los
demandantes, según los resultados de la visita técnica llevada a cabo el 13 de
febrero de 2013, en la que, además se observó que la ubicación geográfica de los
predios de los actores no estaba enmarcada como cultivos ilícitos. Por lo que se
configuró el daño antijurídico consistente en la destrucción de productos lícitos
cultivados por los demandantes en sus predios, en cual no estaban en la obligación
de soportar.

A ello agregó que la visita técnica ejercida por la autoridad administrativa fue aérea
y la negativa en el reconocimiento de la compensación económica tuvo como
fundamento la existencia de cultivos ilícitos que no logró demostrarse, aun cuando
el Consejo Comunitario cuenta con una extensión superior a catorce mil hectáreas,
sobre la cual de manera deliberada se realizó la aspersión sin tener en
consideración las labores de campo que se desarrollaban en la zona producto de
proyectos socioeconómicos derivados de un convenio interadministrativo. Por ende,
precisó que el daño antijurídico era imputable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional -Policía Nacional- bajo el título de riesgo excepcional, sin que se
demostrara una causal de eximente de responsabilidad de la entidad demandada

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por el hecho propio de las víctimas, a causa de una conducta que los obligara a
soportar las consecuencias de la fumigación.

Por último, sostiene que contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso
de apelación, que fueron desatados por la Subsección “C” de la Sección Tercera,
del Consejo de Estado, por sentencia de 17 de junio de 2024, en la que se resolvió
revocar la decisión apelada y, en consecuencia, negar las pretensiones de la
demanda. Esta decisión tuvo como fundamento que, si bien existía un daño
antijurídico causado a los predios comunitarios de los demandantes, el mismo no
podía ser imputado por la falta de prueba técnica o científica que estableciera que
la destrucción de los cultivos fue a causa del glifosato, máxime porque si bien la
Policía Nacional admitió haber realizado la aspersión y se demostró que los cultivos
eran lícitos, ello no era suficiente para endilgar la responsabilidad, debido a que las
certificaciones y testimonios rendidos en el proceso solo demostraban la afectación
de los predios, más no que la causa de la misma fue la aspersión del herbicida,
sumado a que se desconoció el estado de los cultivos con antelación a la aspersión.

3. Fundamentos de la acción

Los demandantes hacen referencia a la protección reforzada de la que gozan por
pertenecer a un grupo étnico y menciona que cualquier afectación a las tierras
pertenecientes al Consejo Comunitario Negros en Acción del municipio de Timbiquí,
Cauca, afecta la sustentabilidad económica de sus habitantes. Así mismo, indica
que en los estándares internacionales de derechos humanos disponen como
mecanismo de acceso a la administración de justicia, la flexibilización probatoria,
que no fue tenida en consideración por parte de la autoridad judicial accionada, a
pesar de tratarse de una población afrocolombiana afectada por el conflicto armado,
a lo que agrega que la demandada transgredió el acceso a la administración de
justicia al no realizar una debida valoración probatoria y “exigir pruebas que solemnes
donde no existe tarifa probatoria para reconocer sus derechos, por lo que solamente les
queda acudir a un juez constitucional y posiblemente a la comisión interamericana de
derechos humanos”.

Señalan que, en el asunto bajo estudio, se cumplen los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, en tanto: i) goza de relevancia
constitucional por tratarse de un grupo étnico y campesino que pidió la
indemnización por los daños y perjuicios derivados de la fumigación con glifosato
de los cultivos pertenecientes a las familias demandantes que residen en el
corregimiento de Bubuey en el municipio de Timbiquí; ii) agotaron los recursos
ordinarios y extraordinarios con antelación a acudir al mecanismo constitucional; iii)
cumple con el requisito de la inmediatez, debido a que la acción se promovió dentro
de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión reprochada -17 de junio
de 2024-; iv) se trata de una irregularidad procesal que tiene incidencia directa en
la decisión y que resulta vulneradora de sus garantías ius fundamentales, puesto
que existió una incorrecta valoración probatoria; v) se identificaron de forma
razonable los hechos que generan la vulneración, los cuales radican en la negativa
en el reconocimiento de los perjuicios causados y vi) no se trata de una acción de
tutela.

A su juicio, la providencia objetada incurre en defecto fáctico, toda vez que al
decidir el caso y negar las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que
las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar de manera concluyente
que la aspersión con glifosato fue la causa directa de la destrucción de los cultivos
lícitos, cuestionando las pruebas técnicas que así lo evidenciaban, desconoce las
consecuencias que dicho herbicida puede causar en las plantas.

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Al respecto, aducen que la población afrodescendiente e indígena ejerce prácticas
agrícolas amigables con el medio ambiente, sumado a que las semillas de cacao
fueron adquiridas por la federación de cacaoteros y contaban con el
acompañamiento de la UMATA Timbiquí. En este punto, refirieron que el Tribunal
Administrativo del Cauca solicitó como pruebas las visitas que la referida autoridad
realizó al predio y mencionó que el proyecto agrícola derivó del convenio
interadministrativo de cooperación suscrito entre el municipio de Timbiquí, el Fondo
Regional de Garantía S.A. y el Banco Agrario de Colombia.

Sostienen que el señor Arnulfo Góngora fue beneficiario del proyecto agrícola y le
brindaban acompañamiento, a diferencia de los demás accionantes, quienes con su
propio esfuerzo ejercieron la actividad de siembra, atentos a las recomendaciones
que les hacían a los otros beneficiarios.

Mencionan que la autoridad judicial accionada desconoció que “la nación colombiana
se constituyó como un Estado multicultural en donde se respeta la cultura afrodescendiente
que se puso de presente en la demanda, decide transgredir de los artículos 7, 8, 44, 64
inciso dos (2) tercero (3o) y cuarto (4o), 8, 70, 72, 79, 80 y demás que se refieren a la
conservación, reconocimiento, fomentación y desarrollo de la cultura en Colombia, así como
del reconocimiento de la nación colombiana como un esta[do] multi, y pluricultural. Así
mismo: En el caso concreto el CONSEJO DE ESTADO, realiza una interpretación exegética
REGRESIVA Y EN CONTRA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE ACTORA DE
LA ACCIÓN COSNTITUCIONAL y segregadora de sus derechos étnicos y humanos al
acceso de la administración de justicia, al interpretar de manera excesiva el daño sufrido
por ellos y ocasionado por la policía nacional que acepto su conducta”.

Arguyen que la autoridad administrativa demandada en el proceso de reparación
directa admitió que realizó la aspersión a los cultivos, pero negó el reconocimiento
de la compensación económica con fundamento en que los predios tenían, además,
cultivos ilícitos, lo cual fue desvirtuado.

Para terminar, señalaron que la decisión objetada incurrió en violación directa a la
Constitución, porque desconoció los artículos 2º, 8, 11, 13, 29, 49, 79, 80 y 90 de
la Carta, por cuanto: i) realizó una interpretación regresiva que afectó el principio de
la sana crítica, en razón a que se demostró que existió fumigación con glifosato en
los cultivos y refiere que la destrucción de los mismos pudo estar ocasionada por
otro factor, considerando que no se demostró acompañamiento técnico; ii) decidió
no proteger a los miembros del Consejo Comunitario “Negros en acción de la cuenta
del río Bubuey del corregimiento del municipio de Timbiquí, Cauca”, quienes tienen
todas las necesidades básicas insatisfechas; iii) desconoció la certificación del
señor Mauricio Redondo, quien en calidad de defensor del pueblo Regional del
Cauca, en compañía del Alto Ccomisionado para la ONU, realizó visita a los predios
y certificó que la Policía Nacional fumigó y destruyó los cultivos de cacao y demás
y iv) omitió considerar los informes técnicos, testimonios y certificaciones que eran
fundamentales para establecer la responsabilidad de la autoridad que ocasionó el
daño y el nexo causal con la aspersión.

4. Trámite procesal

Por auto del 30 de agosto de 2024, la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado-. De igual modo, al ministro de Defensa Nacional, al director
general de la Policía Nacional y a los señores Maribel Zora Sinisterra; Luis Alex,
Weiner, Nikol, José July y Norelly Zora Granja; Kenner, Marinela, Tania Oritza y
Gertudis Góngora Perea; Dairon Yesid, Daira Banguera, Freddy Nuñez y John
Eduar García Saa, como terceros interesados en el resultado del proceso.

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De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

5. Oposición

Respuesta de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El titular del despacho rindió informe en el que solicita que se declare improcedente
la acción de tutela, en razón a que carece del requisito de relevancia constitucional.
De manera subsidiaria, pide que, en caso de advertir cumplidos los presupuestos
de procedencia, se declare que no se demuestra una causal específica o defecto
que conlleve la vulneración alegada.

Aduce que los argumentos expuestos en el escrito de la tutela no satisfacen el
requisito de relevancia constitucional, de modo que lo que se pretende es utilizar la
acción de amparo como una tercera instancia, ya que, si bien se alega una
vulneración, la misma evidencia la insatisfacción con la decisión y tiene como
intención convertir al juez constitucional, en juez natural, para que reevalúe la
controversia. Al respecto, manifestó que “el accionante pretende rediscutir los aspectos
jurídicos y probatorios analizados en sede ordinaria, para que ahora sea el juez
constitucional el que favorezca a la parte actora con una valoración probatoria que beneficie
sus intereses, sin que se acredite o avizore el requisito indispensable para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial por relevancia constitucional”.

Expone que en caso de encontrar superados los requisitos de procedibilidad, se
debe negar el amparo porque la decisión reprochada no adolece de algún defecto,
toda vez que fue proferida conforme a la evidencia probatoria, los hechos relatados
en la demanda y la normatividad aplicable al caso, y precisó “el daño consistente en
la merma patrimonial que sufrieron los demandantes, por la destrucción y/o quema de sus
cultivos, si bien, se encontraba probado, al estudiar la imputación del daño se estableció
que, de acuerdo con las conclusiones del Comité Técnico Interinstitucional conformado por
miembros de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el
Ministerio de Justicia la aspersión no ocasionó los daños colaterales alegados por los
demandantes, sin que se allegara al proceso dictamen pericial, concepto técnico o prueba
alguna que contradijera dichas conclusiones”.

Menciona que, en la visita a las parcelas por parte de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca, no fue posible determinar que las afectaciones a los cultivos
de los actores fueron causadas con glifosato. Por lo que, en la providencia
cuestionada, se analizaron las fotografías, testimonios y actas de visita, para
concluir que no se acreditó con grado de certeza que los cultivos fueron destruidos
por el herbicida, esto es, que no se demostró que el daño fuera imputable a la Policía
Nacional-Dirección Antinarcóticos.

Finalmente, refiere que los accionantes insisten en la valoración probatoria y
limitaron la vulneración en la inconformidad con el resultado que se hizo en la
providencia acusada, sin hacer un análisis de los requisitos que dan lugar a la
configuración del defecto invocado y sin explicar en qué forma se trasgredieron los
derechos fundamentales.

6. Terceros vinculados

6.1. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

La asesora del sector defensa de la entidad solicita que se nieguen las pretensiones
de la acción de tutela, por considerar que el asunto se torna improcedente para ser
debatido a través del mecanismo constitucional.

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Demandante: Leona Sinisterra Banguera y otros

Trae a consideración los argumentos expuestos por la autoridad judicial accionada
en la decisión objeto de reproche y señala que el juzgador de segunda instancia, en
uso de la sana crítica y el principio de razonabilidad, al momento de valorar los
hechos y pruebas, determinó que los demandantes no tienen mérito probatorio
frente al presunto nexo causal entre el daño de los cultivos y la aspersión con
glifosato realizada en el año 2012. Resalta que, contrario a lo manifestado, se logró
evidenciar que los predios se encontraban a más de ciento veinte metros del lugar
de la aspersión, por lo que consideró que la providencia del 17 de junio de 2024, no
se encuentra inmersa en el defecto fáctico alegado.

Manifiesta que el mecanismo constitucional es improcedente por no existir un
perjuicio irremediable ocasionado a los accionantes, derivado de la decisión
adoptada por la autoridad judicial, y agrega que “no considera esta Secretaría, frente
al caso sometido a consideración de la Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento
de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, donde se
amerite la procedencia de la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de
las pretensiones solicitadas por los accionantes, máxime cuando se debatió a través de
otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en
la presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que esta
es un mecanismo de protección subsidiario”.

6.2. Los señores Maribel Zora Sinisterra; Luis Alex, Weiner, Nikol, José July y
Norelly Zora Granja; Kenner, Marinela, Tania Oritza y Gertudis Góngora Perea;
Dairon Yesid, Daira Banguera, Freddy Nuñez y John Eduar García Saa, no rindieron
informe en el trámite de la presente acción de tutela, aun cuando se les notificó en
debida forma el auto admisorio.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 7 de noviembre de 2024, negó la solicitud de amparo constitucional, luego de
advertir que la decisión cuestionada es razonable y se sustentó en los principios de
independencia y autonomía judicial, sin que le sea dable inmiscuirse al juez de tutela
para proponer una mejor solución.

Relata que en la solicitud de amparo se alegó la configuración de los defectos fáctico
y de violación directa a la Constitución, porque se impusieron exigencias excesivas
en la carga probatoria para acreditar la causa del daño, sin aplicar la sana crítica, y
desconocieron las pruebas aportadas que por su condición étnica merecía una
flexibilización y una protección reforzada para la materialización del daño, además
que el daño que causa el herbicida en las plantas es de conocimiento común y se
aportó prueba técnica expedida por la UMATA.

Al respecto, hace un relato del análisis probatorio efectuado en la providencia de 17
de junio de 2024, y concluye que la valoración realizada por la autoridad judicial
accionada no se muestra irracional, arbitraria o contraevidente, puesto que no se
evidencia que lo resuelto este soportado en una prueba ilícita o inconducente. Por
el contrario, tuvo como sustento el examen de las pruebas aportadas que
condujeron a establecer la falta de certeza sobre la causa eficiente del daño a las
plantaciones y sostiene que “se tiene que en el caso analizado, luego de un examen
individual de las pruebas relevantes aportadas al plenario, la Subsección C de la Sección
Tercera coligió la existencia de los cultivos, su destinación lícita y las operaciones de
aspersión con glifosato realizadas por la Policía Nacional en las fechas señaladas en la
demanda e incluso aludió a los efectos nocivos que el glifosato puede generar en el medio
ambiente. Para el efecto, tuvo en cuenta las pruebas documentales y testimoniales
practicadas en el proceso, valoración de la que no se desprende el error al que alude la
parte demandante, pues lo cierto es que ninguno de los medios allegados acredita, de
manera técnica, única y certera, que el daño fue ocasionado por la fumigación”.

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Por último, refiere que conforme se planteó en la sentencia objetada no había
prueba del estado de los cultivos antes de los hechos, y la Corporación Autónoma
Regional del Cauca no pudo dar fe de los efectos a causa de la aspersión sobre las
plantaciones de los demandantes, pues a diferencia de lo afirmado en el escrito de
tutela, se advierte que mediante oficio del 23 de febrero de 2016, esa corporación
señaló que era imposible determinar la afectación a los predios por la fumigación
con glifosato en el transcurso del tiempo y la falta de muestras del suelo antes y
después. Agrega que no se aprecia una irregularidad que resulte incompatible con
la Constitución Política o con el alcance fijado por la Corte Constitucional frente a
algún derecho fundamental y que el trato que alegan los demandantes no puede
traducirse en una presunción de los elementos de responsabilidad del Estado.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia.

Al respecto, manifiesta que la Constitución Política le atribuyó al Estado el deber de
proteger de manera especial a las personas que por sus condiciones económicas
estén en vulnerabilidad manifiesta, como lo es el caso de los miembros del Consejo
Comunitario Negros en Acción de la Cuenca del Río Bubuey del municipio de
Timbiquí, quienes tienen todas las necesidades básicas insatisfechas y que, por tal
razón, se suscribió el convenio interadministrativo para la financiación de proyectos
agropecuarios.

Indica que en el asunto se encuentra la certificación del señor Mauricio Redondo,
quien, en su calidad del defensor del pueblo, a los once días después de los hechos,
en compañía del Alto Comisionado para la ONU, visitó el predio de los demandantes
y certificó que la Policía Nacional fumigó y destruyó los cultivos de cacao y otros.

Señala que la autoridad judicial demandada va en contravía del principio de la sana
crítica, toda vez que la demandada en el medio de control de reparación directa
aceptó que fumigó los cultivos, así como la accionada es consciente que el gobierno
empleaba como mecanismo efectivo de erradicación de la hoja de coca el herbicida,
por lo que el argumento de que alguna falta técnica pudo haber dañado los cultivos
no tiene en cuenta la totalidad del acervo probatorio.

Menciona que para que exista reparación integral se deben reparar los daños
ocasionados al medio ambiente, lo que incluye árboles, plantas y la tierra misma,
según se demostró que la Policía Nacional de manera indiscriminada fumigó los
cultivos de los accionantes, en los que se evidenció que no había hoja de coca, y
que solo por el hecho de afectar la propiedad colectiva y privada en lo que respecta
al usufructo, era posible responder.

Alude que se desconocieron los derechos étnico-culturales, al reconocer que los
pueblos afrodescendientes del Pacífico realizan sus prácticas de producción
agrícola de manera amigable con el medio ambiente, a lo que señala que, en el
caso se pretende desconocer los efectos propios del glifosato, que no requieren
mayor prueba científica, pues solo con la fotografía de los predios fumigados se
determina la afectación a los cultivos. Sumado a que se pasó por alto la prueba de
la Corporación Regional Autónoma del Cauca que evidenció la quema máxima a
causa del herbicida y que no era factible reparar porque la tierra se había restaurado
en su follaje.

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Aduce que los certificados expedidos por la UMATA de Timbiquí, la Secretaría de
Desarrollo Económico del municipio y el Banco Agrario de Colombia sede Timbiquí,
demostraron la afectación de los cultivos a causa de la fumigación, y agrega que “la
corporación Autónoma Regional del Cauca, C.R.C, manifestó que por el transcurso del
tiempo la propia tierra se restableció y que por esa misma situación (el paso del tiempo),
según el dicho del A quo, “Corporación señaló que era imposible determinar la afectación
de los predios por la fumigación con glifosato por el transcurso del tiempo y la falta de
muestras del suelo antes y después de la aspersión”. Ahora la prueba se intentó conseguir
se pidió en los términos pertinentes, pero la misma se intentó practicar alrededor de 4 años
luego de los hechos, estos términos de dependen de las partes ni de sus apoderados sino
de la congestión judicial que, para el caso concreto, el juez de tutela la está aplicando en
contra de los administrado lo que a cualquier luz de interpretación transgrede el acceso a
la administración de justicia”.

De conformidad con lo expuesto, la parte actora pide que se revoque la sentencia
de primera instancia y se acceda al amparo constitucional solicitado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, acceder al amparo de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora que considera vulnerados por la Subsección “C” de la
Sección Tercera de esta Corporación, con la sentencia del 17 de junio de 2024, por
medio de la cual revocó la decisión favorable proferida en el medio de control de
reparación directa con radicado No. 19001-23-33-000-2014-00488-01 y, en su
lugar, negó las pretensiones, porque incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio aportado al proceso ordinario e imponer una carga
excesiva al exigir una prueba técnica que estableciera que la afectación de los
cultivos fue a causa de la aspersión con glifosato, aun cuando obran certificaciones
y testimonios que así lo demuestran, sumado a que se desconoció que se trata de
una comunidad étnica.

En relación con la violación directa a la Constitución invocada en la demanda de
tutela, la misma no será abordada, como quiera que no se alegó dentro de los
argumentos del escrito de impugnación.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles

1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.

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y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-

061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Los señores Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, Flor María
Granja, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, quienes actúan en nombre propio,
consideran que la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al “desconocimiento de los perjuicios
constitucionales y convencionalmente protegidos”, a los “derechos étnicos
afrodescendientes, culturales y naturales”, con la sentencia del 17 de junio de 2024,
por medio de la cual se revocó la del 4 de octubre de 2018 que había accedido a
las pretensiones y, en consecuencia, negó las pretensiones del medio de control de
reparación directa con radicado No. 190001-23-33-000-2014-00488-01. A su juicio,
la decisión cuestionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria.

4.2. En primera instancia, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional, luego de
considerar que la decisión cuestionada es razonable y que se sustentó en los
principios de independencia y autonomía judicial, sin que le sea dable inmiscuirse
al juez de tutela para proponer una mejor solución.

4.3. En el escrito de impugnación, la parte actora sostuvo que la decisión
cuestionada desconoció el material probatorio aportado y les impuso una carga
excesiva al establecer que no era factible imputar el daño a la administración por la
falta de dictamen pericial o prueba técnica que estableciera que los cultivos habían
sido afectados a causa de la aspersión, sin valorar, además, que se trata de una
comunidad étnica que es sujeto de especial protección constitucional.

Al respecto, insistió en que se configura un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, en tanto (i) la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, admitió que
realizó la actividad de aspersión con glifosato en el área donde tenían sus cultivos;
(ii) se demostró que los cultivos tenían plantaciones lícitas; (iii) no se valoró en
debida forma la visita realizada a los predios por parte del defensor del pueblo del
Cauca, el señor Mauricio Redondo y el Alto Comisionado de la ONU, quienes dieron
fe de que los mismos fueron destruidos por la fumigación; (iv) se desconocieron las
certificaciones expedidas por la UMATA de Timbiquí, la Secretaría de Desarrollo
Económico del municipio y el Banco Agrario de Colombia sede Timbiquí, que
demostraron la afectación de los cultivos a causa de la fumigación y (v) si bien se
concluyó que, del oficio rendido por la Corporación Autónoma Regional de Cauca,
existía una imposibilidad en acreditar el estado del suelo de los predios y su
afectación por la aspersión con el herbicida, lo cierto es que ello radica en que la
valoración se pretendía realizar cuatro años después del hecho dañoso.

14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz

Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

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4.4. En el asunto bajo examen, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del
Cauca dictó sentencia de primera instancia el 4 de octubre de 2018, en la que
declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios sufridos por los accionantes,
por la operación de fumigación con aspersión aérea de glifosato ocurrida el 11 de
julio de 2012, en el municipio de Timbiquí.

Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación, que
fueron desatados por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante sentencia de 17 de junio de 2024, en la que resolvió revocar la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

4.5. La autoridad judicial accionada, a partir de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación interpuestos por las partes, resolvió circunscribir el análisis
del caso a determinar si la fumigación con glifosato efectuada por la Policía
Nacional-Dirección Antinarcóticos- el 11 de julio de 2012, en el corregimiento La
Trinidad de Bubuey, municipio de Timbiquí, causó daños a los cultivos de cacao,
plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo de los
demandantes.

4.6. A efectos de resolver lo anterior, encontró probado el siguiente relato fáctico:

Los demandantes son miembros del Consejo Comunitario Negros en Acción, territorio
colectivo ubicado en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca, desde el 18 de agosto de 2011, adjudicado por el Incora el 3 de diciembre de
2002, con las facultades de administración, distribución y asignación de tierras para el
usufructo de los miembros de esa comunidad, en virtud de lo establecido en la Ley 70
de 1993. Según se encontró, desde el momento en que los accionantes fueron
reconocidos como miembros del referido Consejo, se les adjudicó las siguientes
porciones de tierra en hectáreas, así: Leona Sinisterra Banguera (2), José Aldemar
Zora Sinisterra (3), José Arbey Zora Sinisterra (3), Arnulfo Góngora (3) y, Adalgiza
García Saa (3).

El 11 de julio de 2012, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó
operativo de aspersión aérea con glifosato en el corregimiento de La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, conforme el oficio del 30 de agosto de 2012,
rendido por el oficial de la compañía, la orden de servicios No. 006 del 5 de enero de
2012, el acta de aspersión No. 177 del 11 de julio de 2012 y el poligrama de aspersión.
Para tal momento los accionantes contaban con cultivos de cacao, plátano, chontaduro,
limón, papa china, guamo, caña y guayabo.

El 27 de julio de 2012 y el 2 de agosto de 2012, los accionantes, por medio del
representante legal del Consejo Comunitario Negros en Acción y la Alcaldía del
municipio de Timbiquí, presentaron quejas por los daños causados a sus cultivos.

Por comunicados dados el 16 de enero, 13 de febrero y 9 de abril de 2013, la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional decidió las quejas presentadas negando el
reconocimiento económico. En relación con el caso de los señores Leona Sinisterra y
Arnulfo Góngora, estimó que la aspersión se efectuó a más de 120 metros del lugar de
sus cultivos por lo que no era factible realizar una visita a sus predios; respecto a los
señores José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra y Adalgiza García
Saa, indicó que no había fundamento en la reclamación debido a que los cultivos se
encontraban mezclados con lotes de coca.

Conforme la constancia dada por el Comité Técnico Interinstitucional conformado por
miembros de la Dirección Antinarcóticos, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia, el
13 de febrero de 2013 se realizaron visitas técnicas de verificación a las parcelas de
José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa. De
los resultados obtenidos, el 13 de marzo de 2013 la Dirección Antinarcóticos profirió el

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Acta No. 060, en la que concluyó que la queja no procede para compensación
económica.

Según las certificaciones expedidas el 27 de enero y 22 de agosto de 2014 por el
secretario de Desarrollo Económico y Ambiental de Timbiquí, el director del Banco
Agrario de Timbiquí y el defensor del Pueblo del Cauca, se demostró que los cultivos
de los demandantes fueron destruidos y/o quemados, y que conforme con lo dicho en
el informe rendido por el defensor, solo obraban cultivos lícitos, afirmación que fue
corroborada por el director de la UMATA en oficio del 23 de julio de 2014.

Los días 17 y 18 de febrero de 2015 el director de la Corporación Autónoma Regional
del Cauca y su equipo técnico, visitaron los predios de los demandantes y llegaron a la
conclusión que no era factible determinar la afectación de los cultivos por causa del
glifosato, puesto que, según lo indicaron en oficio del 23 de febrero de 2016, habían
transcurrido más de dos años desde la última fumigación y, por el transcurso de tiempo
al carecer de muestras del suelo antes y después de la aspersión, no era posible
establecer el origen de la afectación. En dicha oportunidad refirieron que el herbicida
que se utilizó en el programa de erradicación de cultivos ilícitos tenía una variación de
vida en el suelo de una a cuatro semanas, y que cuando se trataba de suelos tropicales
su perduración podía ser menor.

4.7. A partir de los hechos probados, la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante sentencia de 17 de junio de 2024, revocó la decisión
de primera instancia y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, a
partir de un análisis que incluyó (i) el daño antijurídico, (ii) la imputación del daño y
(iii) el nexo causal.

En relación con el daño antijurídico, la autoridad judicial accionada señaló que
“consiste en la merma patrimonial que sufrieron Leona Sinisterra Banguera, José Aldemar
Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, Adalgiza García Saa y Arnulfo Góngora, por la
destrucción y/o quema de los cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china,
guamo, caña y guayabo que tenían en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca”. Así mismo, refirió que se encontraba acreditado con las
certificaciones expedidas por el secretario de Desarrollo Económico y Ambiental de
Timbiquí, el director del Banco Agrario de Colombia, el defensor del pueblo del
Cauca y los testimonios rendidos por los señores Fabio Enrique Cambindo -director
de la UMATA- y Raúl Arango Saa -representante legal de la Asociación para el
Avance y Desarrollo de los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor
Palenque El Castigo-, quienes declararon que los demandantes poseían cultivos
lícitos y que los mismos habían sido quemados y arrasados. A su vez, indicó que el
daño tiene el carácter de antijurídico porque no hay título jurídico que lo justifique y
recae sobre la propiedad colectiva y la actividad agrícola, como bien jurídico
protegido por el Estado.

Respecto a la imputación del daño, conforme a las documentales que reposaban en
el expediente mencionó que, para el caso de los señores Leona Sinisterra Banguera
y Arnulfo Góngora, la Dirección de Antinarcóticos negó el reconocimiento de
compensaciones económicas con fundamento en que las aspersiones pasaron por
las parcelas a más de ciento veinte metros, por lo cual no pudo ocasionarles daños,
y que tal conclusión fue producto del resultado obtenido por el Comité Técnico
Interinstitucional conformado entre otros, por miembros de la Policía Nacional, la
ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia y del derecho. Por lo que encontró que las
conclusiones dadas por las autoridades competentes y los diferentes estudios que
indican que la aspersión no ocasiona daños colaterales a más de cuento veinte
metros de distancia, estaban debidamente soportados. A ello le sumó lo
manifestado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca en la visita efectuada
a los cultivos los días 17 y 18 de febrero de 2018, en la que concluyó que no era
factible establecer la causa de la afectación por el tiempo que había transcurrido y
los efectos del herbicida en climas tropicales.

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Ahora bien, frente a los testimonios rendidos en los cuales se dijo que los daños
fueron a causa de la aspersión con glifosato y las fotografías aportadas sin fecha,
aludió que no existían actas de visita en las que se concluyera el origen del daño,
como tampoco había certeza de las personas que aparecían en las fotografías, por
lo que dichas pruebas carecían de valor probatorio.

Para el caso de los señores José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora
Sinisterra y Adalgiza García Saa, refirió que la compensación económica se declaró
improcedente mediante comunicados de 9 de abril de 2013, con fundamento en que
las parcelas tenían cultivos lícitos mezclados con lotes de coca, esto, de
conformidad con las conclusiones del Comité Técnico Interinstitucional que realizó
las visitas de verificación el 13 de febrero de 2013, la información plasmada en el
Acta No. 005 y las conclusiones contenidas en el Acta No. 060 del 13 de marzo de
2013.

Sin embargo, la autoridad judicial accionada refirió que del resultado de la visita
efectuada el 13 de febrero de 2023 por Acta No. 005, era posible establecer que la
aspersión que se efectuó el 11 de julio de 2012, aunque pasó sobre cultivos de coca,
para los predios de los accionantes antes referidos, sus parcelas no estaban
demarcadas como cultivos ilícitos, de modo que concluyó, dentro de la propiedad
colectiva “sí había zonas identificadas como cultivos de coca para la fecha de la aspersión
aérea con glifosato, es decir, otras parcelas vecinas de los demandantes, pero no se
estableció que dentro de las de los hoy actores se habían mezclado cultivos lícitos con
plantas de coca”.

Ello sumado a lo dicho por el defensor del pueblo y el director de la UMATA, quienes
indicaron que en los terrenos de los demandantes no había cultivos ilícitos. En
consecuencia, el fallador indicó que era factible inferir que la Policía Nacional
admitió haber realizado la operación de aspersión dentro del territorio del Consejo
Comunitario Negros en Acción y que “incluso fumigó las parcelas de José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa por considerar que
correspondían a cultivos mixtos o fraccionados, ello no basta para determinar que la
destrucción y/o quema de los cultivos se debió al uso del herbicida”.

En ese sentido, en la sentencia objeto de reproche constitucional se mencionó que
existió un daño antijurídico sobre la propiedad de los demandantes, sin embargo,
que el mismo no era imputable a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional, toda vez que no existía dictamen pericial ni concepto técnico que se
hubiera realizado el día de la aspersión o con posterioridad, del que se pudiera
concluir que los cultivos de los señores José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey
Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa fueron destruidos a causa del glifosato y, con
ocasión a ello, descartó la configuración de una falla en el servicio. Agregó que, si
bien el riego del herbicida genera un riesgo para el ambiente, ello no releva la carga
de acreditar el daño y el nexo causal como elementos de la imputación del juicio de
responsabilidad.

A partir de lo anterior, expuso que el nexo causal en el caso de los accionantes no
estaba acreditado, en tanto, de las pruebas que obran en el proceso no era posible
determinar que el daño antijurídico fue ocasionado por la Policía Nacional-Dirección
de Antinarcóticos. Para llegar a tal conclusión, hizo la siguiente valoración:

“(…) se demostró que el 11 de julio de 2012, la Dirección Antinarcóticos de
la Policía Nacional realizó operación de aspersión con glifosato en el
corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca
(hecho probado 7.1.4.), que los demandantes presentaron quejas reclamando
que sus cultivos fueron quemados por el herbicida (hecho probado 7.1.5.), que
la demandada se negó a reconocer compensación alguna a los demandantes

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porque las parcelas de Leona Sinisterra Banguera y Arnulfo Góngora no habrían
sido afectados por la aspersión, (hechos probados 7.1.6 y 7.1.7.) y que las
parcelas de José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza
García Saa fueron fumigadas porque la accionada consideró que tenían cultivos
lícitos mezclados con plantas de coca (hecho probado 7.1.8.). Sin embargo, debe
recordarse que aun cuando se ha manifestado la posibilidad de aplicar un
régimen de responsabilidad objetiva al caso bajo examen, lo cierto es que la
parte demandante no está relevada de acreditar el nexo causal entre el daño
antijurídico y el hecho de la Administración, esto es, la probanza que demuestre
la relación entre el daño y la actuación del Estado.

En este orden de ideas, se observa que en el plenario no existe prueba alguna
que acredite con grado de certeza que la causa eficiente del daño en los cultivos
de los demandantes fue la aspersión con glifosato, pues como antes se anotó,
la Corporación Autónoma Regional del Cauca CAR en sus visitas del 17 y 18 de
febrero de 2015, no pudo determinar que las afectaciones fueron causadas con
el herbicida aludido (hecho probado 7.1.10).

Tampoco los testimonios, ni las certificaciones expedidas por el secretario
de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí ni el defensor del pueblo
Regional Cauca bastan para establecer que el glifosato dispersado de
forma aérea por la Policía Nacional el 11 de julio de 2012 en el territorio
usufructuado por los demandantes causó los daños alegados sobre sus
plantaciones. Tales pruebas solo demostraron que los cultivos sufrieron
unas afectaciones (quema y/o destrucción) (hechos probados 7.1.9.), mas no
que la causa de la afectación fue la operación adelantada por la entidad
demandada consistente en la aspersión del herbicida” (Negrita de la Sala).

A su vez, señaló que si bien en el caso de los señores José Aldemar Zora Sinisterra,
José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa se evidenció que los cultivos sí
fueron fumigados a una distancia menor a 120 metros, tal circunstancia no era
determinante para establecer que el glifosato causó su destrucción y mencionó que
“se desconoce qué efectos pudo provocar frente las plantaciones de los antes
mencionados dado que, se itera, en este proceso no se practicó prueba alguna que diera
certeza de la causa de la destrucción de los cultivos y, la única que obra al respecto se
hizo casi tres años después de los hechos, sin que pudiera determinarse que las
afectaciones fueron causadas con el herbicida (hecho probado 7.1.10). Es que no obra
prueba que dé cuenta de los efectos colaterales que podía tener la fumigación con glifosato
en los cultivos de las mencionadas personas y tampoco que permita inferir siquiera que
ésta produce la pérdida total de plantaciones de cacao, plátano, limón, papa china, palmas
de chontaduro, guamo, caña y guayaba”.

4.8. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre
la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el
sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera
que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la

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providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución16, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión17.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.9. Descendiendo al caso en concreto, la parte accionante manifiesta que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, al desconocer el material
probatorio aportado e imponerles una carga excesiva consistente en demostrar el
nexo causal entre el daño ocasionado y el actuar de la Policía Nacional – Dirección
de Antinarcóticos-, a pesar de que la misma entidad admitió que realizó la actividad
de aspersión con glifosato en el área donde tenían sus cultivos, sin tener en cuenta
que de las visitas realizadas a los predios se dio fe que los mismos fueron destruidos
a causa de la aspersión con el herbicida. A lo que se agrega que la Corporación
Autónoma Regional de Cauca no pudo realizar un estudio del suelo por el tiempo
que había transcurrido y pasando por alto que se trata de una comunidad étnica
que, por sus condiciones económicas, están en una situación de vulnerabilidad
manifiesta y tienen insatisfechas todas sus necesidades básicas.

4.10. Para la Sala, el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial accionada
carece de un enfoque diferencial al desconocer la totalidad de las pruebas que
reposan en el expediente, tales como las certificaciones expedidas por el secretario
de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí, el director del Banco Agrario de
Colombia, oficina de Timbiquí, el defensor del pueblo regional Cauca y los
testimonios dados por el exdirector de la Umata del municipio de Timbiquí y el
representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de los Consejos
Comunitarios de Timbiquí, quienes ejercieron visitas de campo a los cultivos unos
días después de que acaeció el hecho dañoso y sostuvieron que la afectación a los
predios fue a causa del herbicida.

Al respecto, el defensor del pueblo regional Cauca indicó que el 22 de julio de 2012,
en su calidad de analista del sistema de alertas tempranas y en compañía de un
Alto Comisionado para la ONU, efectuó un recorrido en la quebrada La Pacha del
corregimiento de Bubuey, en el que “encontramos extensiones de siembras de cacao,
plátano, papa china, palma de chontaduro, árboles de guama, guayaba, limón, así como
caña y yuca quemadas por la fumigación18”. A su vez, el secretario de desarrollo
económico y ambiental de Timbiquí sostuvo que los cultivos de los accionantes
fueron dañados por aspersión aérea con glifosato, a lo que se agrega que en el
expediente reposan las declaraciones rendidas por el exdirector de la UMATA y el
representante legal del Consejo Comunitario, quienes aludieron que visitaron los
predios y señalaron que los cultivos de cacao fueron fumigados con glifosato.

A pesar de lo expuesto, la autoridad judicial arribó a la conclusión de que, si bien
existió un daño antijurídico a la propiedad comunitaria de los demandantes, lo cierto
es que no existía prueba técnica que indicara que la afectación a los cultivos fue por
la aspersión aérea con glifosato. Para sostener dicha tesis, mencionó que el Comité
Técnico Interinstitucional conformado entre otros, por miembros de la Policía
Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia y del Derecho, llegó a la
conclusión de que la aspersión no ocasiona daños colaterales a más de ciento

16 Sentencia T-781 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Índice 17 SAMAI, expediente No. 190001-23-33-000-2014-00488-01, cuaderno 1 del expediente digitalizado.

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veinte metros de distancia, así como que la Corporación Autónoma Regional del
Cauca refirió que no había sido factible establecer la causa de la afectación por el
tiempo que había transcurrido.

En relación con la valoración de los testimonios rendidos por los señores Fabio
Enrique Cambindo y Raúl Arango Saa, mencionó que no están basados en alguna
verificación técnica con indicación de protocolo, método o procedimiento para
establecer la causa de destrucción de los cultivos, pues solo indicaron que se
efectuó una inspección ocular y se tomaron fotografías sin incluir fecha de estas.

Así mismo, indicó que dentro del territorio perteneciente al Consejo Comunitario
Negros en Acción, había zonas identificadas como cultivos de coca para la fecha de
la aspersión, es decir, otras parcelas vecinas a las de los demandantes, y que si
bien de la respuesta otorgada a las quejas presentadas se puede inferir que la
Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos, admite haber realizado la operación
de aspersión, esto no era suficiente para establecer que la destrucción de los
cultivos se dio a causa del herbicida, se insiste, por la falta de prueba técnica que
así lo estableciera.

En relación con la aplicación del enfoque diferencial como desarrollo del principio
de igualdad, la Corte Constitucional en sentencia T-010 de 2015 sostuvo que dentro
de este se encuentra el enfoque étnico, el cual tiene una relación directa con la
diversidad étnica y cultural que caracteriza a determinados grupos poblaciones y
que busca brindar “una protección diferenciada basada en dichas situaciones específicas
de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas, como lo son las comunidades
indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rom, se remontan a asimetrías históricas.
Dicho principio, permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de
grupos e individuos, por lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la diferencia se
pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad”.

En igual sentido, esa corporación judicial en la reciente sentencia T-021 de 2025,
se pronunció sobre la valoración probatoria con enfoque diferencial, la cual se debe
ejercer a partir de las condiciones que ostente la persona que acude a la
administración de justicia para que le sea resuelta una controversia, al resolver el
caso de una persona en situación de discapacidad a quien se le había exigido un
dictamen pericial como prueba para reanudar el pago de la mesada pensional.

La Corte Constitucional precisó que tal exigencia resultaba desproporcionada al
carecer de un enfoque diferencial y desconocía los demás elementos de juicio, de
forma que consideró que el juez natural “debe hacer un análisis de la totalidad del acervo
probatorio con enfoque diferencial, de forma tal que no se reste validez a otro tipo de
pruebas diferentes al dictamen de pérdida de capacidad laboral, en tanto igualmente sirvan
para reflejar dicha condición”. Al respecto, concluyó que existió una falta de enfoque
diferencial en el análisis probatorio, toda vez que de los demás elementos de juicio
que reposaban en el expediente era factible determinar la condición que ostentaba
la demandante, sin necesidad de la exigencia de una nueva valoración -dictamen
pericial-.

A partir de lo anterior, se entiende que en algunos casos por las condiciones que
presentan los demandantes, como en esta oportunidad, es factible que el juez
natural realice una valoración probatoria con enfoque diferencial, para lo cual debe
estudiar no solo la totalidad del acervo probatorio, sino, además, analizar el contexto
que rodea la vulneración alegada.

Por otra parte, en el presente caso lo que se plantea es un daño patrimonial derivado
de una actividad peligrosa y que es conocido el efecto adverso que la fumigación
con glifosato tiene al ambiente y a los cultivos lícitos que pueden verse afectados

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como consecuencia de la aspersión. Es decir, que estamos frente a lo que la
jurisprudencia y la doctrina han llamado un daño ambiental consecutivo, el cual se
deriva del daño ambiental puro.

Por tanto, la prueba para este daño patrimonial debería tener en cuenta algunos
criterios para determinar el nexo de causalidad entre el hecho generador como es
la aspersión que causa el daño ambiental y el daño patrimonial causado a los
demandantes, aspecto sobre el cual es conveniente hacer referencia a la sentencia
SU-455 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, en la que se establecen
algunos criterios para aplicar la sana crítica en materia ambiental19.

Así las cosas, la Sala advierte que la decisión objeto de reproche pasó por alto que
la visita efectuada por el Comité Técnico de Verificación fue realizada por vía aérea
y siete meses después que de acaecieron los hechos, sumado a que de la misma
se logró entrever que la aspersión pasó sobre los predios de los señores José
Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, a unas
distancias de 26, 40 y 47 metros, los cuales según la ubicación geográfica, no
presentaban cultivos ilícitos. Esta prueba también es valorada en forma general, es
así que se da plena credibilidad a la presunta distancia de 120 metros para
determinar los efectos de la aspersión, sin que dicha distancia se sustente en
prueba científica alguna.

A ello se agrega que la respuesta otorgada por la Corporación Autónoma Regional
del Cauca no tuvo una conclusión respecto de la afectación alegada, es decir, que
solo estableció que no era factible analizar el suelo por el paso del tiempo, sin que
de ello se lograra desprender de manera efectiva que no existió una afectación a
los cultivos. A lo anterior debe agregarse que la Corporación Autónoma Regional
del Cauca no es una entidad idónea para emitir un concepto sobre los efectos
particulares de un daño patrimonial, pues ella está creada para administrar los
recursos naturales renovables de la región sobre la cual tiene jurisdicción (art. 23
de la Ley 99 de 1993).

Por otra parte, en el fallo objeto de reproche señala que el informe se basa en la
visita realizada los días 17 y 18 de febrero de 2015 por el director de la Corporación
y su equipo técnico. Sin embargo, la visita es realizada por el director Territorial
Costa Pacífica (DTCP) como lo indica el oficio de la entidad, además no fue
acompañado por un equipo técnico. Y al observar el oficio remitido se denomina
“informe de visita” el cual narra un recorrido que realizaron los profesionales, dando
cuenta de unas observaciones, pero sin ningún rigor técnico ni científico que permita
ser evaluado como prueba pericial.

Lo anterior, contrario a lo certificado por el secretario de desarrollo económico y
ambiental de Timbiquí, el director del Banco Agrario de Colombia, oficina de
Timbiquí, el defensor del pueblo regional Cauca y los testimonios dados por el
exdirector de la Umata del municipio de Timbiquí y el representante legal de la
Asociación para el Avance y Desarrollo de los Consejos Comunitarios de Timbiquí,
que fueron derivados de una visita en campo realizada días posteriores a la
aspersión.

Adicionalmente, la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial
accionada, pasó por alto la calidad que ostentan los demandantes como integrantes
de una comunidad con ascendencia africana, quienes residen en el corregimiento
de Timbiquí, así como el principio de unidad de la prueba al exigir una prueba
técnica, aun cuando en el expediente obraban las documentales y testimoniales que
permitían realizar el juicio de imputación en cabeza de la autoridad administrativa

19 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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demandada y determinar en grado de certeza si la afectación fue causada por el
herbicida.

En este punto, resulta oportuno hacer referencia a la decisión proferida en un caso
con similitud fáctica y jurídica, en el que se hizo una valoración en conjunto de las
pruebas allegadas al proceso de reparación directa, en el que se concluyó20:

“(…) la Sala otorga mayor credibilidad a los documentos que no provienen de la
Policía, por tres motivos. En primer lugar, porque tienen origen en diferentes
fuentes y son coincidentes entre sí. En segundo lugar, porque la visita para
resolver las quejas se hizo pasados siete meses desde el día de la fumigación,
es decir, no evaluó de manera inmediata el impacto de la aspersión en la zona.
En tercer lugar, porque, de acuerdo con los testimonios del teniente coronel
Miguel Antonio Tunjano y del intendente Elmer Javier Bayona Lemus, la visita de
verificación posterior se hizo desde el aire, método que resulta más impreciso
que la verificación en el terreno que hizo la Defensoría del Pueblo y el entonces
director de la Umata. En cualquier caso, el primero de los testigos mencionados
afirmó que no hizo parte del comité técnico de campo, por lo que desconocía el
resultado de la operación y el segundo que se encargaba de trabajo logístico,
pero que, los que realizaban la observación, eran agrónomos.

48. En resumen, está acreditado respecto de los cuatro demandantes en este
apartado, que el 11 de julio de 2012 sufrieron un daño consistente en la
aspersión de sus cultivos lícitos, sin que la entidad demandada hubiera
acreditado la excepción de hecho de la víctima en la que fundó su defensa”.

En ese orden de ideas, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria alegado
por los accionantes se encuentra demostrado, toda vez que en el expediente obran
las certificaciones y testimonios que se realizaron en terreno a los días en que
sucedió la aspersión, de los cuales se estableció que los cultivos de los
demandantes eran lícitos, que fueron afectados a causa de la aspersión, así como
que la Dirección de Antinarcóticos admitió haber realizado la aspersión en los
predios de los señores José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y
Adalgiza García Saa a una distancia menor a 120 metros y, que la negativa en el
reconocimiento económico estuvo fundada en la presencia de cultivos ilícitos lo cual
no fue demostrado.

En ese orden, resulta del caso destacar que, en este caso concreto y dadas las
particularidades de la población demandante, la exigencia de demostrar el nexo
causal con una prueba pericial o concepto técnico desconoce los estándares de
valoración de las pruebas en conjunto y dispone la aplicación de una tarifa legal
probatoria a los demandantes que, en términos de la Corte Constitucional21 “(…) en
nuestro ordenamiento jurídico existe libertad probatoria, lo que debe entenderse como la
autorización para demostrar los hechos con cualquier medio de prueba”.

Bajo ese contexto, al exigir una prueba pericial o concepto técnico en la que se
estableciera que la destrucción de los cultivos se dio a causa del glifosato
desconoce el deber constitucional, en algunos casos concretos, de aplicar un
enfoque diferencial en la valoración probatoria, así como el contexto en el que viven
los demandantes en el que se dieron los hechos que rodearon el caso, situación
que vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Lo anterior, aunado al deber de protección ambiental y
protección de las tierras de las comunidades étnicas.

En este punto se precisa que, si bien se encuentra configurado el defecto fáctico
alegado, el alcance de la protección constitucional otorgada se limita a que se
20 Sentencia de 7 de septiembre de 2023, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”. Exp. 19001-

23-33-000-2014-00434-01. M.P. Alberto Montaña Plata.
21 Sentencia T-1066 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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realice un nuevo análisis probatorio en los términos expuestos y se profiera la
decisión que, bajo las reglas de la sana crítica y la autonomía judicial, disponga la
autoridad judicial demandada.

Por último, la Sala encuentra que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado elevó una solicitud en la que pidió que se expidieran algunas copias22, en
razón a la petición No. P-1972-24 que presentaron los accionantes ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, motivo por el cual se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación que proceda a remitir lo solicitado.

De conformidad con las razones expuestas, la Sala revocará el fallo impugnado del
7 de noviembre de 2024 proferido por la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de los demandantes. En
consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 7 de julio de 2024 y se ordenará
a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión
de reemplazo, de conformidad con las consideraciones expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, dictada por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de los señores Leona Sinisterra Banguera, José Arbey
Zora Sinisterra, Flor María Granja, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, quienes
actúan en nombre propio. En consecuencia,

Tercero.- Dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el medio de control
de reparación directa con radicado No. 190001-23-33-000-2014-00488-01.

Cuarto.- Ordenar a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado
con el No. 190001-23-33-000-2014-00488-01, de conformidad con las
consideraciones expuestas.

Quinto.- Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que proceda a remitir
las copias solicitadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Sexto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

22 Índice SAMAI 4.

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Octavo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salva Voto
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

(Firmado electrónicamente)
LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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