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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04559-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04559-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente el amparo solicitado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04559-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de enero de 2025

Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04559-01
Demandante: MARIO DE JESÚS MONROY GIRALDO
Demandados: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 4 de octubre de 2024, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado en la
acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 28 de agosto de 2024, el señor Mario de Jesús Monroy Giraldo,
actuando en nombre propio, promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Medellín y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas
(UARIV), en la que pretende el amparo de los siguientes derechos fundamentales: «la
dignidad humana, el debido proceso, el mínimo vital, el derecho a la igualdad, derecho
a la reparación administrativa, los derechos que tienen los desplazados como sujetos
de protección especial por el Estado».

En criterio del actor, la vulneración de las citadas garantías constitucionales se
materializó ante la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 24 de marzo de 2023 al
interior del proceso 05-001-31-09-005-2023-00042-01, y en la cual se ordenó «a la
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes, precise a Mario De Jesús
Monrroy Giraldo y a su grupo familiar de forma fundamentada, el plazo aproximado y
el orden en el que accederán a la indemnización administrativa ».

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Demandante: Mario de Jesús Monroy Giraldo
Demandados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04559-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Solicito señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO, que se
protejan los derechos constitucionales y fundamentales del señor MARIO DE
JESÚS MONROY GIRALDO con cédula de ciudadanía N°70.432.483 de
Cañasgordas, que fué afectado por el desplazamiento forzado junto a su núcleo
familiar.

SEGUNDO: Les solicito muy encarecidamente señores magistrados del
CONSEJO DE ESTADO que se le ordene al JUZGADO QUINTO PENAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN que, no permita que el fallo de tutela dado a mi favor
en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA DE
DECISIÓN PENAL con radicado 05-001-31-09-005-2023-00042-01 de la fecha 24
de mayo de 2023, sea desacatado por la UARIV (Sandra Viviana Alfaro Yara -
Directora técnica del comité de reparaciones) o a quien haga sus veces en la
competencia para cumplir las órdenes judiciales por la UARIV.

TERCERO: Que se le ordene a la UARIV que le dé cumplimiento eficaz al fallo de
tutela dado a mi favor por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN-SALA DE
DECISIÓN PENAL con radicado 05 001-31-09-005-2023-00042-01 de la fecha 24
de mayo de 2023, para que mis derechos constitucionales no sigan siendo
conculcados o vulnerados, como está sucediendo a la fecha de hoy por la UARIV,
al no existir quien exija el cumplimiento de esta orden judicial.

CUARTO: Solicito con todo respeto señores magistrados del CONSEJO DE
ESTADO que, se revoquen las decisiones tomadas por el TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN (Magistrado ponente: Luis Enrique Restrepo Mendez) de las
fechas 22 de septiembre de 2023, 04 de diciembre de 2023 y 22 de abril de 2024,
por medio de las cuales, se revocaron las sanciones impuestas en contra de la
señora Sandra Viviana Alfaro Yara (Directora Técnica del comité de reparaciones)
por desacato al fallo de tutela, que consistia en arresto domiciliario y multa.
Además, que se revoquen las decisiones tomadas por el juez Jairo Guarín Arenas,
titular del JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en el auto
203 del 23 de junio de 2023, el auto 287 del 23 de agosto de 2023, el auto 312 del
25 de septiembre de 2023, el auto 287 del 18 de enero de 2024, el auto 013 del
22 de enero de 2024 y el auto 149 del 22 de abril de 2024, por medio de los cuales,
se archivó el incidente de desacato y negó a dar trámite.

QUINTO: Consecuencialmente les solicito señores Magistrados del CONSEJO
DE ESTADO que, se amparen todas las garantías constitucionales y sea tenido
en cuenta el debido proceso, para que se amainen y cesen tantas irregularidades
presentadas durante el proceso toda vez que se han presentado vulneraciones a
los derechos de las víctimas del conflicto armado; reconocidas como tal por el
Estado y que se les reconoció la medida de indemnización de su núcleo familiar a
través de la resolución 04102019-712158 del 02 de junio de 2020, sin solución de
fondo a la fecha de hoy; aunque tengo un fallo de tutela a favor en segunda
instancia.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

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El señor Monroy Giraldo es víctima de desplazamiento forzado inscrito en el Registro
Único de Víctimas. Por tal condición, la UARIV le reconoció indemnización
administrativa a través de la Resolución 04102019-712158 del 2 de junio de 2020 en
la cual dispuso la aplicación del Método Técnico de Priorización.

El 22 de marzo de 2023, el señor Monroy Giraldo instauró acción de tutela contra la
UARIV debido a que, tras solicitar a la entidad el cumplimiento de la medida de
indemnización por desplazamiento forzado, no recibió respuesta favorable.

El asunto, identificado con el radicado 05001-31-09-005-2023-00042-01, correspondió
al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, el cual profirió sentencia de primera
instancia el 31 de marzo de 2023 considerando la configuración de carencia actual de
objeto por hecho superado puesto que la accionada informó al actor que había
atendido su solicitud de fondo a través de la Resolución 04102019-712158 del 2 de
junio de 2020 y que, tras aplicar el método técnico de priorización en el año 2022, los
resultados no fueron satisfactorios para proceder con el pago.

Tras ser impugnada esta decisión por el accionante, mediante sentencia del 24 de
mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la decisión
de primera instancia para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales del actor
y ordenar a la UARIV que precisara al señor Monroy Giraldo y a su grupo familiar el
plazo aproximado y el orden en el que accederían a la indemnización administrativa.

Debido al incumplimiento de la orden previamente impartida, el 9 de junio de 2023 el
accionante presentó un incidente de desacato contra la UARIV. Mediante auto del 23
de junio de 2023, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín ordenó el archivo
del trámite incidental al considerar que la entidad accionada había proporcionado una
respuesta a la parte accionante dentro de sus capacidades.

Posteriormente, el 27 de julio de 2023, el señor Monroy Giraldo solicitó el desarchivo
del incidente de desacato. Sin embargo, mediante auto del 23 de agosto de 2023, el
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín decidió no requerir nuevamente a la
UARIV, argumentando que aún no se cumplían las condiciones necesarias para
emitir una respuesta definitiva, ya que la aplicación del método técnico de priorización
estaba programada para el mes de septiembre de 2023.

El 25 de agosto de 2023, el señor Monroy Giraldo presentó un nuevo incidente de
desacato. En esta ocasión, mediante auto del 15 de septiembre de 2023, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Medellín declaró incumplido el fallo de tutela del 24 de
mayo de 2023, sancionando a Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de
reparaciones de la UARIV, con arresto domiciliario por 5 días y una multa de 5
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). No obstante, en grado
jurisdiccional de consulta, el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión
mediante auto del 22 de septiembre de 2023, al concluir que, aunque se demostró el
incumplimiento de la accionada, no se configuró responsabilidad subjetiva ni dolo,
elementos esenciales para imponer dichas sanciones.

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El 9 de octubre de 2023, el actor interpuso un nuevo un incidente de desacato contra
la UARIV. A través de auto del 8 de noviembre de 2023, el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Medellín reafirmó su posición de considerar incumplida la sentencia del
24 de mayo de 2023 y sancionó nuevamente a Sandra Viviana Alfaro Yara con
arresto domiciliario por 5 días y multa de 5 SMLMV.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín, mediante auto del 4 de diciembre de
2023, revocó dicha providencia tras considerar que la UARIV había informado en
reiteradas ocasiones las razones por las cuales no podía establecerse una fecha
exacta para el pago de la indemnización, explicando que esto dependía de la
aplicación del método técnico de priorización.

El 14 de diciembre de 2023, el señor Monroy Giraldo presentó una nueva solicitud
de desacato. A este respecto, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín, en
auto del 18 de enero de 2024, se abstuvo de requerir a la entidad accionada, ya que
los resultados del método de priorización no incluyeron al actor dentro del grupo de
víctimas que recibirían la indemnización en ese momento, previendo una nueva
aplicación del método en el año 2024.

Finalmente, el 1. ° de abril de 2024, el señor Monroy Giraldo presentó una última
solicitud de incidente de desacato. El 12 de abril de 2024, el Juzgado Quinto Penal
del Circuito de Medellín mantuvo su postura y sancionó nuevamente a Sandra
Viviana Alfaro Yara con arresto domiciliario por 5 días y multa de 5 SMLMV. No
obstante, en grado de consulta, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín,
mediante auto del 22 de abril de 2024, revocó dicha decisión, reiterando que la
UARIV había expuesto las razones por las cuales no era posible establecer una fecha
precisa para el pago, debido a la dependencia del proceso técnico de priorización.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

El accionante sostuvo que, a pesar de contar con una sentencia de tutela favorable
de segunda instancia emitida el 24 de mayo de 2023 por el Tribunal Superior de
Medellín, la UARIV ha incumplido reiteradamente con la orden judicial de precisar el
plazo y el orden para acceder a su indemnización administrativa.

Argumentó que la entidad ha utilizado maniobras dilatorias, justificando su inacción
en la aplicación del método técnico de priorización, el cual considera inconstitucional
debido a que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales, especialmente los
de las víctimas del conflicto armado, quienes son sujetos de especial protección
constitucional.

Afirmó que dicha herramienta ha sido utilizada como un obstáculo jurídico para negar
o postergar indefinidamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, evadiendo las
responsabilidades del Estado. En su caso, aunque se le reconoció formalmente la
medida de indemnización, no se le ha ofrecido una solución de fondo, limitándose la
UARIV a justificar la falta de cumplimiento en criterios técnicos que, según el actor,
resultan discriminatorios y arbitrarios.

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Asimismo, cuestionó que las autoridades competentes para garantizar el
cumplimiento de las sentencias de tutela, como el Juzgado Quinto Penal del Circuito
de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín en sede de consulta, no han ejercido
un control efectivo. Destacó que el tribunal ha revocado en varias ocasiones las
sanciones impuestas por el incumplimiento del fallo inicial, en transgresión de sus
garantías constitucionales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, por auto del 29 de agosto
de 2024, admitió la acción de tutela; ordenó la notificación del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín y de la
UARIV; y comisionó al juzgado accionado para que allegara el expediente del proceso
de tutela No. 05-001-31-09-005-2023-00042-00/01.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
como consta en el expediente de SAMAI2 y en virtud de los cuales se recibieron los
siguientes escritos:

1.6.1. Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Medellín

En memorial aportado el 5 de septiembre de 2024, el juzgado solicitó ser desvinculado
del trámite de tutela o que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo
puesto que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Aseveró que, al interior de los incidentes de desacato promovidos por el señor Monroy
Giraldo, ha actuado conforme al marco legal aplicable, observando las garantías
procesales de las partes y notificando oportunamente a los intervinientes. En este
sentido, señaló que la parte actora está utilizando la acción de tutela para reabrir y
cuestionar lo decidido por el juez natural de la causa, evidenciando que de fondo
existe un mero descontento del señor Monroy Giraldo con las decisiones judiciales
adversas a sus intereses.

1.6.2. UARIV

Con escrito del 5 de septiembre de 2024, la entidad sostuvo que no es procedente
proporcionar una fecha exacta o probable para el pago de la indemnización
administrativa al señor Monroy Giraldo, dado que esta depende de la aplicación del
método técnico de priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019.

Explicó que este procedimiento técnico incluye una serie de gestiones complejas,
como la unificación y verificación de datos en la Red Nacional de Información, la
ponderación de variables demográficas, socioeconómicas y de avance en el proceso

2 Índice 00007 del expediente digital de primera instancia.

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de reparación integral, así como la validación de requisitos administrativos para
garantizar que la víctima no haya fallecido, no haya sido excluida del Registro Único
de Víctimas, y que el monto de la indemnización no exceda el límite de 40 SMLMV.

La entidad enfatizó que dicho procedimiento técnico es indispensable para garantizar
una distribución eficiente y equitativa de los recursos disponibles, priorizando a las
víctimas que se encuentran en situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad. Por lo tanto, destacó que no le es posible establecer fechas específicas
para el pago de la indemnización, dado que estas dependen de los resultados
obtenidos mediante el método técnico de priorización.

Aclaró que no desconoce el derecho del accionante a ser indemnizado, el cual ya fue
reconocido formalmente, sino que se encuentra limitada por la necesidad de atender
a un amplio universo de víctimas mediante un sistema mixto que permite tanto la
atención inmediata de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad extrema, como la
de aquellas que, aunque no cumplen con estos criterios, también son titulares del
derecho a la reparación económica.

Por lo anterior, la entidad solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante,
argumentando que ha realizado todas las gestiones necesarias dentro de su marco
legal y competencial para dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales,
evitando con ello la vulneración de sus derechos fundamentales.

1.6.3. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

En memorial allegado el 6 de septiembre de 2024, el tribunal accionado se limitó a
indicar que en el auto proferido el 22 de abril de 2024 al interior de la acción de tutela
No. 0500131090052023-00042 se encuentran los argumentos por los cuales se
concluyó la ausencia de responsabilidad subjetiva que condujo a la revocatoria de la
sanción impuesta en primera instancia en el marco del incidente de desacato.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 4 de
octubre de 2024 en la que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

Para arribar a la anterior determinación, el a quo advirtió que la acción de tutela no
supera el requisito de relevancia constitucional en vista de que persigue reabrir el
debate resuelto por la autoridad judicial accionada, utilizando el mecanismo
constitucional a modo de instancia adicional.

El fallo se notificó a través de correo electrónico remitido el 15 de noviembre de 2024.

1.8. Impugnación

Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 20 de noviembre
de 2024, el accionante presentó impugnación a la decisión de primera instancia

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solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la
acción de tutela.

El señor Monroy Giraldo reiteró que cuenta con un fallo de tutela de segunda instancia
emitido por el Tribunal Superior de Medellín, con radicado 05-001-31-09-005-2023-
00042-01 del 24 de mayo de 2023, que ordenó a la UARIV indemnizarlo. Explicó
nuevamente que dicho fallo no ha sido acatado por la entidad accionada, lo que
vulnera sus derechos fundamentales y constituye un desacato a las órdenes
judiciales, situación que no fue debidamente analizada en la decisión impugnada.

Reparó que en la decisión impugnada se omitió considerar lo dispuesto en el Decreto
2591 de 1991, en particular los artículos 27, 52 y 53, que regulan el cumplimiento de
los fallos de tutela y las sanciones correspondientes en caso de desacato. Asimismo,
resaltó que tampoco se tuvo en cuenta sentencias de la Corte Constitucional, como
las T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-205 de 2021, T-450 de 2019 y el auto 331 de
2019, las cuales establecen que, incluso cuando una víctima no resulta priorizada,
tiene derecho a conocer un plazo aproximado para acceder a la indemnización.

De igual manera, el accionante criticó que se haya declarado improcedente su
solicitud de amparo sin analizar con profundidad los hechos planteados ni la
inconstitucionalidad del método técnico de priorización empleado por la UARIV, el cual
considera una “talanquera jurídica” que prolonga indefinidamente el acceso de las
víctimas a las medidas de reparación. Insistió en que este mecanismo ha sido utilizado
como una herramienta para evadir responsabilidades, limitando sus derechos
fundamentales y desconociendo el mandato constitucional de protección especial a
las víctimas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019
del Consejo de Estado.

En suma, no se advierte irregularidad alguna que impida a esta sala proferir una
decisión de fondo, de cara a la pretensión constitucional de la parte accionante.

2.2. Cuestión previa

De la revisión de las contestaciones de la acción de tutela obrantes en el expediente,
se advierte que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín solicitó su
desvinculación del proceso de la referencia puesto que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del accionante. Debido a que tal solicitud no se resolvió en el trámite
de primera instancia, corresponde abordarla en la presente providencia.

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Se anticipa que la solicitud de desvinculación elevada por el juzgado accionado será
negada puesto que la determinación de la eventual vulneración de los derechos
fundamentales del actor corresponde al análisis de fondo que debe surtir el juez de
tutela. En este orden de ideas, no resulta posible acceder a la desvinculación de la
autoridad judicial accionada bajo el fundamento de la ausencia de transgresión de las
garantías constitucionales del accionante.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, con ocasión de la falta de cumplimiento efectivo
de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín el 24 de marzo de 2023 al interior del proceso 05-001-31-09-005-
2023-00042-01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos generales de procedencia y,
finalmente, de encontrarse superados, (iii) el análisis de los defectos invocados, y (iv)
el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el
juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno
tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige
en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 6, la cual,
desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este
requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

6 M.P. Natalia Ángel Cabo.

9
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lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal7 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”9

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un

7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.

10
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escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal13. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso Concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia según la cual la acción de tutela debe ser declarada improcedente
por cuanto no supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas
anteriores.

En consideración del señor Monroy Giraldo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de
Medellín y el Tribunal Superior de Medellín han vulnerado sus derechos
fundamentales puesto que se han abstenido de interponer sanciones al interior de los
incidentes de desacato adelantados contra la UARIV por el incumplimiento del fallo de
tutela dictado al interior del proceso 05001-31-09-005-2023-00042.

Desde la perspectiva del accionante, las autoridades judiciales accionadas debieron
interponer las referidas sanciones puesto que la UARIV ha vulnerado sus derechos
fundamentales al no acatar el fallo de tutela de segunda instancia emitido por el
Tribunal Superior de Medellín, que reconoció su derecho a recibir la indemnización
administrativa como víctima del conflicto armado. En respaldo de lo anterior,
manifestó que el método técnico de priorización empleado por la UARIV es
inconstitucional, ya que prolonga indefinidamente el acceso a las medidas de
reparación, desconociendo las órdenes judiciales, los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica.

Esta Sala encuentra que, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el libelo inicial, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

Por el contrario, del contraste del escrito de tutela con los planteamientos desplegados
por el actor en los incidentes de desacato de tutela en el proceso 05001-31-09-005-
2023-00042, resulta notoria la reiteración de los argumentos presentados, de manera
que las razones expuestas en respaldo de la solicitud de amparo en realidad buscan
extender el debate zanjado por el juez natural de la causa.

En este orden de ideas, en punto de las razones alegadas por el actor en el escrito
tutelar al respecto de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por el
incumplimiento de la UARIV del fallo de tutela dictado a su favor y la aplicación del
método técnico de priorización, se observan idénticos los reparos presentados en la
última solicitud de apertura de incidente de desacato al interior del proceso 05001-31-
09-005-2023-00042, como se desprende, entre otros, del siguiente fragmento:

13 Ibid.

11
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Usted Señor Juez no ha tenido en cuenta en esta reclamación que el hecho
victimizante por desplazamiento forzado de mi núcleo familiar, fué reconocido a través
de la resolución N°04102019-712158 del 02 de marzo del año 2020, con todos los
años de espera y la aplicación del método técnico de priorización de cada año, sin
ninguna solución de fondo, porque hasta la fecha de hoy, la UARIV me ha aplicado
tres(3) métodos técnicos de priorización y aún no tiene una solución a mi reclamación,
sobre una fecha probable o aproximada, para la materialización de la medida de
indemnización.

Los argumentos que planteó el accionante en el incidente de desacato, y que son
reiterados en la acción de tutela, fueron abordados por el Tribunal Superior de
Medellín en la providencia objeto de reproche, quien los analizó a la luz de la normativa
aplicable al caso.

En particular, la autoridad judicial accionada concluyó que, aunque la UARIV ha
incumplido con la orden judicial al no proporcionar un plazo razonable para el pago,
no se evidenció dolo ni responsabilidad subjetiva suficiente para justificar la sanción
de desacato, dada la necesidad de la entidad de ajustarse a procedimientos técnicos
aplicables.

Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

Lo anterior cobra especial importancia en el caso de estudio si se atiende que el
accionante no enmarcó sus reparos contra las providencias proferidas al interior de
los incidentes de desacato dentro de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales precisadas en la sentencia C-590 de
2005. Así las cosas, al no superar el estándar mínimo de argumentación tratándose
de tutela contra decisiones judiciales, se torna evidente la carencia de relevancia
constitucional del asunto.

Para esta Sala es claro que lo pretendido por la accionante es reabrir el debate que
fue debidamente agotado en el incidente de desacato, utilizando la acción de tutela a
modo de instancia adicional. En este sentido, no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en la órbita del juez natural de la causa para decidir sobre cuestiones que
carecen de relevancia constitucional, pues de lo contrario se pasaría por alto la
autonomía con la que cuenta el juez natural del asunto.

Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con las
conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica
una trasgresión de los derechos fundamentales. Más aún cuando en el escrito de
tutela no se observa que la demandante señalara alguna causal de procedibilidad

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específica, por lo que al no especificarse cuál es el reparo desde el punto de vista
constitucional, es claro que el asunto no supera el requisito de procedibilidad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente el
amparo solicitado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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