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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04564-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04564-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTES DE LOS TUTELANTES a los señores Jean Carlos Mondragón Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y Karol Dayana Manyoma Castañeda. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a la motivación planteada. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04564-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04564-00
Accionante: Daniel Castañeda Morales y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Lesiones sufridas por conscripto /
DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional – Algunos actores no interpusieron recurso
procedente, que habilitara la presentación de la solicitud de amparo, y frente a los
demás, los reproches planteados carecen de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 29 de agosto de 2024 los señores Daniel Castañeda Morales, Martha Yolanda
Morales Pescador, Libia Montaño Muñoz y Nohemy y Karen Castañeda Montaño,
esta última en nombre propio y en representación de su hija A. M. C.3, promovieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

1 Martha Yolanda Morales Pescador, Libia Montaño Muñoz y Nohemy y Karen Castañeda Montaño, esta última

en nombre propio y en representación de su hija A. M. C.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Cabe precisar que, aunque el escrito de tutela también lo presentó las señoras Karen y Nohemy Castañeda

Montaño, en representación de sus hijos Jean Carlos Mondragón Castañeda y Laura Valentina Zapata
Castañeda y Karol Dayana Manyoma Castañeda, respectivamente, durante el trámite de la tutela se advirtió que
ellos eran mayores de edad, por lo que fueron vinculados a las presentes diligencias en condición de terceros
con interés.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04564-00
Accionante: Daniel Castañeda Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

2.
Solicitaron que se dejara sin efectos la sentencia de 29 de febrero de 2024 emitida
dentro del proceso de reparación directa4 instaurado contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, encaminado a obtener el resarcimiento de los perjuicios
causados por las lesiones sufridas (fractura del hueso metatarso) el 12 de diciembre
de 2014 por el señor Daniel Castañeda Morales durante la prestación de su servicio
militar obligatorio, al propinarse un disparo en su pie izquierdo con su arma de
dotación oficial.

3.
En la aludida providencia el Tribunal Administrativo del Cauca revocó la sentencia
de 5 de julio de 2022, mediante la cual el a quo5 accedió de manera parcial6 a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Se consideró que la causa
del daño provino de la actuación directa del afectado. No tuvo injerencia alguna orden
o instrucción de los superiores del conscripto, que propiciaran el escenario para la
producción del daño, ni que ellos hubieren sido la causa eficiente del daño, por el
contrario, la negligencia y descuido del mismo soldado en el manejo de su arma de
dotación originó el disparo que impactó en su extremidad inferior izquierda.

4.
La parte actora sostuvo que la decisión judicial incurre en defecto fáctico. Se
realizó una valoración caprichosa y arbitraria del material probatorio obrante en el
proceso ordinario. Se acreditó que el actuar del conscripto y su resultado, esto es, el
accionar su arma de dotación oficial por la existencia de una amenaza inminente,
obedece únicamente al régimen objetivo de responsabilidad estatal. Los aspectos de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos se desarrollaron en ejercicio del
servicio militar obligatorio, cuando se encontraba realizando el turno de centinela en
la vereda Las Guacas del municipio de Corinto (Cauca).

5.
También se configura desconocimiento del precedente judicial. No se aplicó el
criterio jurisprudencial del Consejo de Estado7, según el cual en los eventos en que
se endilgue responsabilidad estatal por daños irrogados a jóvenes que prestan el
servicio militar obligatorio, el Estado debe asumir los riesgos que se crean para ellos,
en razón a las diferentes tareas de gran peligrosidad que se les asignan en horas de
servicio y en ejercicio del mismo, entre estas, manejo de armas. Por ende, si en la
ejecución de ese deber constitucional les sobrevienen lesiones, deben ser resarcidos
por el Estado. Para tal efecto, solamente se debe acreditar que los hechos se dieron
con ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio, lo cual acaeció en su
caso, sin que sea requisito la valoración de la conducta del lesionado.

4 Expediente 19001-33-33-001-2016-00129-01.
5 Juzgado Primero Administrativo de Popayán.
6 Se condenó a la entidad demandada al pago por concepto de (i) perjuicios morales al afectado directo y a su

mamá en cuantía de 20 smlmv a cada uno y a su abuela paterna en un equivalente a 15 smlmv; y (ii) daño a la
salud al directo lesionado por monto de 10 smlmv. Es decir, no concedió el reconocimiento por perjuicios morales
a todo su núcleo familiar (tías y primos del lesionado) ni los reconoció en la cuantía solicitada (40 smlmv para el
afectado y su progenitora y 20 smlmv para su abuela), así como tampoco otorgó la suma reclamada en lo atinente
al daño a la salud (40 smlmv).
7 Sentencias de 6 de junio de 2007, expediente 05001-23-24-000-1993-01344-01 (16064), C. P. Ramiro

Saavedra Becerra; y 9 de mayo de 2012, expediente 68001-23-15-000-1997-03572-01 (22366), C. P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
2

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Accionante: Daniel Castañeda Morales y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

6.
Asimismo, indicó que dicha determinación judicial desconocía el artículo 13
Superior, que consagra que todas las personas recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto del 4 de septiembre de 20248, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad demandada y se vinculó al Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

8.
Por otro lado, se requirió a las señoras Karen y Nohemy Castañeda Montaño para
que allegaran los registros civiles de nacimiento de sus hijos menores de edad que
afirmaron estar representando en este asunto, lo cual acataron.

9.
Con base en los anteriores documentos, se advirtió que solamente una de las
cuatro personas relacionadas como menores de edad tenía esa condición, razón por
la cual, mediante auto de 19 de septiembre de 2024, se dispuso vincular a los otros
tres sujetos como terceros interesados, estos son, los señores Jean Carlos
Mondragón Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y Karol Dayana
Manyoma Castañeda.

(i) Tribunal Administrativo del Cauca

10.
Adujo que el tutelante radica su inconformidad en la interpretación establecida
entre las pruebas allegadas al plenario y el régimen de responsabilidad aplicable, lo
cual denota que pretende emplear esta acción constitucional como una instancia
adicional al proceso ordinario, con el fin de que se accedan a sus pedimentos,
circunstancia por la cual se debe declarar improcedente esta tutela.

11.
En todo caso, en la providencia acusada se aplicaron en debida forma los
parámetros legales, analizando en su integridad el material probatorio que reposa en
el expediente, lo cual, en el evento de avalar la procedencia de la tutela, impone
negar el amparo reclamado.

(ii) Juzgado Primero Administrativo de Popayán
12.
Afirmó que en todos los litigios que conoce aplica los precedentes legales y
jurisprudenciales vigentes, con el objeto de impartir una verdadera justicia,
acompañada de verdad y equidad. En ese sentido, relacionó las actuaciones surtidas
dentro del proceso contencioso administrativo, para concluir que se debía declarar
improcedente la presente acción.

8 Notificado el 10 de septiembre de 2024.

3

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Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

(iii) Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

13.
Advirtió que la solicitud de amparo no satisface los requisitos para examinarla de
fondo. La parte actora, aunque invoca la configuración de unas causales específicas
de procedibilidad de la tutela, no logra acreditarlas ni argumentarlas, así como
tampoco demuestra la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

14.
Por el contrario, se evidencia que se pretende subsanar los errores fácticos y la
carencia de material probatorio que debió allegar al proceso judicial, con la finalidad
de corroborar la situación planteada en la demanda ordinaria. Dicha actuación
involucra que se emplee la tutela como una tercera instancia, para revivir etapas
procesales e interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron zanjadas por
el juez natural de la causa.

15.
Además, el Tribunal, para adoptar la decisión judicial reprochada, tuvo en cuenta
todas las pruebas que obran en el proceso y que sirvieron de sustento jurídico para
revocar la determinación de primera instancia. De los elementos de convicción era
dable deducir que la causa del daño se originó en la actuación directa del soldado
lesionado, por ende, no era factible endilgar responsabilidad estatal alguna.
Asimismo, tuvo en cuenta jurisprudencia del Consejo de Estado9 sobre la materia.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

16. El26 de septiembre del año en curso, los señores Jean Carlos Mondragón
Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y Karol Dayana Manyoma
Castañeda, vinculados a estas diligencias como terceros interesados; presentaron
un memorial en el que ratifican todas las pretensiones y hechos planteados en la
tutela de la referencia, en la que fungen “como accionantes”.

17. La Sala advierte que dentro de este asunto constitucional no se les adjudicó a

aquellos la condición de tutelantes, sino que se les tuvo como terceros interesados.
Sin embargo, en razón a que ratifican las pretensiones de la parte actora, se
analizará lo referente a la posibilidad de reconocerlos como coadyuvantes.

18. La coadyuvancia es una figura procesal, que consiste en que una persona acude

a una controversia judicial para apoyar las aspiraciones del extremo activo o
compartir la oposición del demandado, y así salvaguardar sus propios intereses, de
acuerdo con el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que prevé que
“quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él

9 Sentencias de (i) 16 de septiembre de 2013, expediente 68001-23-15-000-1998-0468-01 (31499); (ii) 26 de

mayo de 2016, expediente 76001-23-31-000-2008-00142-01 (39020); y (iii) 8 de junio de 2016, expediente
52001-23-31-000-2002-00016-01 (34315).
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como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.

19. Con base en lo expuesto, comoquiera que los señores Jean Carlos Mondragón

Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y Karol Dayana Manyoma
Castañeda tienen un interés legítimo en este asunto, al haber actuado también como
demandantes en el proceso ordinario dentro del que se profirió la sentencia que se
ataca, se reconocerán como coadyuvantes de la parte actora.

20. Se precisa que el anterior reconocimiento, de acuerdo con la Corte
Constitucional10, no implica que se deba analizar el quebranto de sus derechos
fundamentales, por cuanto para dicho efecto deberán promover una acción de tutela
diferente.

D. Análisis del caso concreto

21. La Sala advierte que el presente asunto constitucional no satisface los requisitos

de subsidiariedad, en lo que concierne a algunos actores, y el de relevancia
constitucional, respecto de los demás, razón por la cual se declarará su
improcedencia. Algunos accionantes no interpusieron el recurso procedente para
controvertir la negativa que obtuvieron en primera instancia frente a sus súplicas
ordinarias, y los restantes no despliegan una carga argumentativa suficiente, que
permita evidenciar que la providencia objeto de censura comporte la afectación
constitucional que alegan.

22. En lo relativo al presupuesto de subsidiariedad, se tiene que en el proceso
ordinario, en primera instancia, se accedió de manera parcial a las pretensiones
ordinarias. En el sentido de no conceder los montos indemnizatorios reclamados y
excluir de resarcimiento alguno a las accionantes Karen y Nohemy Castañeda
Montaño, en condición de tías del lesionado, y a sus primos Alexandra Mondragón
Castañeda, representada en la tutela por su progenitora, señora Karen Castañeda
Montaño, y Jean Carlos Mondragón Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda
y Karol Dayana Manyoma Castañeda, coadyuvantes de la parte actora de estas
diligencias constitucionales11.

23. La aludida determinación judicial era susceptible de ser controvertida a través del

recurso de apelación, en virtud del artículo 243 del CPACA. Por ende, podía ser
apelada por los mencionados demandantes, pero no lo hicieron. Ello es así, porque,
verificado el expediente ordinario, se evidencia que contra el fallo de 5 de julio de
2022, proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán, interpuso
recurso de apelación únicamente la parte allí demandada (Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional). Alzada concedida el 9 de agosto de esa anualidad por

10 Sentencia T-269 de 2012.
11 Se estimó que no se acreditó su dolor y angustia frente a los hechos objeto de demanda en los que resultó

lesionado el joven Daniel Castañeda Morales.
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Accionante: Daniel Castañeda Morales y otros
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el mencionado despacho judicial y admitida el 28 de septiembre siguiente por el
Tribunal Administrativo del Cauca.

24. En la providencia objeto de censura constitucional aunque se precisó que “en el

presente caso ambas partes apelaron, por ello el Juez de segunda instancia
absolverá los argumentos expuestos por las partes”, lo cierto es que ello no
corresponde a la realidad, como se evidencia en las decisiones judiciales citadas en
el párrafo precedente y se indicó también en dicha sentencia, pues en el apartado
subsiguiente se anotó que “Así las cosas, la Sala procederá a resolver el recurso
interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -
condenada en el fallo de instancia-, a efectos de determinar si, de acuerdo a los
argumentos planteados en relación con la responsabilidad de la entidad por los
hechos acaecidos, debe revocarse la sentencia apelada dando lugar a la
configuración de algún eximente de responsabilidad y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda; o si por el contrario, es del caso confirmar la decisión
de primera instancia que determinó responsabilidad en contra de la demandada”.

25. En ese sentido, el problema jurídico delimitado en segunda instancia se contrajo

a establecer si se configuraba o no algún eximente de responsabilidad estatal que
impusiera revocar la decisión del a quo, para negar las súplicas ordinarias, o si por
el contrario, era del caso confirmarla.

26. Lo
descrito, indica que lo referente a la negativa de las pretensiones de los
señores Karen y Nohemy Castañeda Montaño (tías) y Alexandra y Jean Carlos
Mondragón Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y Karol Dayana
Manyoma Castañeda (primos) quedó definido en sede de primera instancia.

27. En razón a que aquellos no interpusieron recurso de apelación contra esa
determinación, no era dable que el ad quem, en el evento de haber confirmado la
decisión de atribuir responsabilidad estatal, examinara lo relativo a la procedencia
de la concesión de resarcimiento económico para ellos. Ello implicaría inobservancia
del artículo 328 del CGP, que prevé que el “juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” y “no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único”.

28. Con fundamento en lo anterior, si dichas personas pretendían que a través de

una acción de tutela se analizara la validez de la sentencia ordinaria de segunda
instancia, resultaba imperativo que expresaran su desacuerdo frente a la negativa
que obtuvieron en primera instancia, con el fin de que en sede de apelación se
estudiara ese aspecto, en el caso de que se hubiere mantenido la decisión de
endilgar responsabilidad estatal. Omisión que refleja su conformidad con tal
determinación.

29. Enese sentido, las tutelantes Nohemy y Karen Castañeda Montaño (quien
también representa a su hija A. M. C.), al no agotar el recurso de apelación que
procedía contra la decisión judicial que despachó de manera desfavorable sus
6

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súplicas ordinarias en primera instancia, no están habilitadas para acudir a la tutela
para que se examine la constitucionalidad de la sentencia de segunda instancia.

30. La tutela no se instituyó como un mecanismo alternativo o una instancia adicional

para atender aspectos que se debieron decidir al interior de un proceso ordinario,
máxime cuando los interesados tenían a su disposición otro instrumento jurídico
(recurso de apelación) para insistir ante el ad quem sobre sus aspiraciones y no lo
hicieron, omisión que no se puede subsanar a través de este mecanismo
constitucional.

31. Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela, al no satisfacer el

presupuesto de subsidiariedad, en lo relativo al amparo reclamado por los actores
Nohemy y Karen Castañeda Montaño (quien también representa a su hija A. M. C.).

32. Dilucidado lo anterior, se tiene que los reproches que superan el presupuesto de

subsidiariedad fueron los planteados por los tutelantes Daniel Castañeda Morales,
Martha Yolanda Morales Pescador y Libia Montaño Muñoz. En la medida en que a
ellos se les concedió la reparación pecuniaria en primera instancia y fue en segunda,
donde se revocó esa determinación, para en su lugar, negarla, al hallar configurada
una causal de exoneración de responsabilidad estatal.

33. Sin embargo, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Dichos

actores adujeron que la providencia atacada incurrió en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial. Básicamente, porque se realizó una
valoración caprichosa y arbitraria del material probatorio que reposaba en el
expediente ordinario. Este daba cuenta de que el actuar del conscripto (accionar su
arma de dotación) se enmarcaba dentro de un régimen objetivo de responsabilidad
estatal, y como acaeció en ejercicio de la prestación de su servicio militar obligatorio,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, se debían conceder las
pretensiones, pues para endilgar responsabilidad estatal bajo ese régimen solo se
requiere que los daños se produzcan con ocasión de la prestación del servicio militar
obligatorio, sin que sea necesario valorar la conducta del lesionado.

34. La Sala advierte que los citados planteamientos carecen de una carga
argumentativa suficiente destinada a acreditar la existencia de los yerros
constitucionales alegados. La tutela no puede ser empleada para expresar
desacuerdo con una providencia judicial, solo por resultar desfavorable a los
intereses de la parte que la instaura, pues es imperativo que se desarrolle una
argumentación que demuestre la afectación constitucional que se invoca.

35. Los aludidos tutelantes, bajo las causales de defecto fáctico y desconocimiento

del precedente, pretenden la aplicación del régimen de responsabilidad estatal
objetivo para zanjar la controversia por ellos suscitada. No tuvieron en cuenta que
el Tribunal accionado desarrolló el correspondiente estudio jurídico bajo ese título
de imputación.

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36. En el fallo acusado se indicó que “los regímenes objetivos de aplicación principal

-daño especial y riesgo excepcional-, siempre y cuando no se encuentre plenamente
acreditada la ocurrencia de una falla en el servicio, pues en tal evento se debe
concluir que el título de imputación que prevalece es el subjetivo”. En la medida en
que los conscriptos “están sometidos a la imposición de una carga o un deber
público, en virtud del cual el Estado -quien es el que impone dicha obligación- tiene
el deber de garantizar la integridad psicofísica del soldado regular, quien se
encuentra sometido a su custodia y cuidado”.

37. Dicha aserción demuestra que, contrario a lo afirmado por los actores, la
autoridad judicial tuvo en cuenta que en los casos en que se persiga la reparación
de los daños irrogados a conscriptos, el régimen de responsabilidad al que se debe
acudir, en principio, es el objetivo, a menos que se configure una falla en el servicio
(régimen de responsabilidad subjetivo).

38. Diferente es que el título de imputación no se haya acogido de la manera en que

lo pregona la parte actora, esto es, que bajo el régimen de responsabilidad objetivo
no es indispensable la valoración de la conducta del lesionado. Tal conclusión,
además de no contar con mayor explicación, omite lo indicado por el Tribunal
accionado, al advertir que la Administración en este tipo de eventos puede
exonerarse de responsabilidad, al acreditar la presencia de una causa extraña, como
culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor o hecho exclusivo y determinante de un
tercero, para cuyo efecto se deberán analizar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se produjo el daño.

39. En ese sentido, esta Sala advierte que la parte accionante omite hacer referencia

a la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, la
cual, al hallarse configurada dentro del plenario, impidió atribuirle algún tipo de
responsabilidad al ente demandado.

40. Con base en lo expuesto en precedencia, se colige que los motivos por los cuales

el Tribunal accionado negó, en segunda instancia, las pretensiones ordinarias, no
fueron controvertidas por los tutelantes. Se limitaron a afirmar que se debía aplicar
el régimen objetivo de responsabilidad, el cual, a su juicio, solo requería demostrar
que el daño se causó durante la prestación del servicio militar, sin tener en cuenta
que los eximentes de responsabilidad deben ser analizados inclusive en esos casos
en que se analicen bajo aquel régimen, máxime cuando en el recurso de apelación
el ente demandado planteó la configuración del medio exceptivo de responsabilidad
de culpa exclusiva de la víctima.

41. La parte actora omite tener en cuenta que el juez ordinario, además de establecer

la existencia del daño (lesiones) y el nexo de causalidad (prestación del servicio
militar obligatorio), debe analizar lo referente a la posible ruptura de este último, que
fue lo que efectuó el Tribunal accionado, al dilucidar si se había configurada la culpa
exclusiva de la víctima alegada por el ente demandado.

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42. Es decir, el hecho de que el caso se estudie desde la óptica del régimen objetivo

de responsabilidad no implica que sea posible imponer condenas de manera
automática, ni ello exime al operador judicial de su deber de estudiar el nexo de
causalidad, máxime cuando en el expediente existen elementos probatorios que
asocian la causalidad a la culpa exclusiva de la víctima.

43. Por otro lado, los tutelantes invocan dos sentencias emitidas el 6 de junio de 2007

y 9 de mayo de 2012 por el Consejo de Estado, que presuntamente fueron
desatendidas por el Tribunal accionado, pero no relacionan cuáles pautas
jurisprudenciales se inobservaron. Además, en dichas providencias no se zanjaron
litigios con similares supuestos fácticos al suscitado por los actores.

44. En la sentencia de 6 de junio de 200712, se decidió una controversia en la que

falleció un conscripto en un accidente de tránsito. El soldado condujo un vehículo
asignado al Ejército Nacional en cumplimiento de una orden de sus superiores, a
pesar de que no tenía licencia de conducción. En todo caso, en esa providencia se
anotó que “el alegado hecho de la víctima no se encuentra debidamente acreditado
en el expediente, ni ninguna otra causal que permita exonerar de responsabilidad a
la Nación, por el daño antijurídico producido a la parte actora”, razón por la cual se
concedieron las súplicas ordinarias. Es decir, aunque se aplicó el régimen de
responsabilidad objetivo, se examinó si se hallaba configurada alguna causal de
exclusión de responsabilidad de la víctima, diferente es que del material probatorio
no se lograra demostrar su existencia.

45. En el fallo de 9 de mayo de 201213 se accedió a las pretensiones indemnizatorias,

con ocasión de las lesiones que sufrió un conscripto en su ojo izquierdo, producidas
por el líquido “brilla metal” que le cayó durante el desarrollo de sus labores de
limpieza de su uniforme. En este caso se aplicó el título de imputación de daño
especial, conforme al cual se determinó que el daño se produjo en razón a la
prestación del servicio militar obligatorio, pues se originó accidentalmente cuando el
soldado “ejecutaba sus funciones de mantenimiento y aseo de su uniforme militar”.
No obstante, dicha decisión judicial no comporta un criterio vinculante y obligatorio
sobre la materia

46. Porúltimo, se adujo que la providencia acusada desatendió el derecho a la
igualdad. Sin embargo, no se explicó de qué modo ello se había configurado. No se
indicaron otras personas que hubieren estado en su misma situación jurídica y se
hubiera decidido el litigio suscitado de la manera que defiende la parte actora.

47. Así las cosas, los reproches que fundamentaron las causales específicas de
procedibilidad de defecto fáctico y desconocimiento del precedente no superan el
requisito de relevancia constitucional, al no cumplir con la argumentación mínima
exigida para demostrar la afectación constitucional alegada. No resulta aceptable

12 Expediente 05001-23-24-000-1993-01344-01, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
13 Expediente 68001-23-15-000-1997-03572-01, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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que bajo tales defectos se pretenda la aplicación del criterio jurídico que predica la
parte actora, sin que se controviertan los argumentos expuestos por la autoridad
judicial para zanjar el litigio, solamente porque del modo en que lo hizo fue contrario
a sus intereses.

48.
En ese orden de ideas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER COMO COADYUVANTES DE LOS TUTELANTES a los
señores Jean Carlos Mondragón Castañeda, Laura Valentina Zapata Castañeda y
Karol Dayana Manyoma Castañeda.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a la motivación planteada.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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