RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04565-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04565-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04565-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 20 Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00 Actor: José Vicente Salcedo Patiño SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04565-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro1

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso, iii) dignidad
humana, iv) trabajo, v) mínimo vital, vi) salud, vii) vivienda digna y viii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Vicente Salcedo Patiño
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, porque, a su juicio, al expedir la Resolución núm.
DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 20242, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, mediante providencia de 4 de julio de 2018, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá le impuso una multa de $1.109.331.486.

4. Señaló que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial inició el proceso coactivo
identificado con el núm. 11001079000020181716900.

5. Manifestó que, “[…] El día 15 de enero de 2024, el "Consejo Superior De La
judicatura - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial", profirió la Resolución
No. DEA J G24-600 "Por medio de la cual se ordena seguir adelante la Ejecución";
Exp.11001079000020181716900 […]”.

6. Sostuvo que, “[…] Estando dentro del término legal el día 25 de enero
presenté un "RECURSO DE SUPLICA" con base en el artículo 246 - Ley 1437 de
2011, haciendo referencia de un "AMPARO DE POBLREZA", con base en lo
consignado en el artículo 160 del CPC - Art(s) 151 y SS, del CGP […]”3.

2 “Por medio de la cual se decreta embargo de salarios”.
3 Transcripción literal del texto.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

7. Afirmó que, “[…] Seguidamente en virtud de la negación a la solicitud de
Amparo De Pobreza interpuse un Derecho de Petición solicitando se me Declare
"INSOLVENCIA ECONÒMICA", ya que la multa que se me impone es imposible
de pagar […] El día 22 de febrero de 2024, con la referencia DEAJGC24-2770,
obtuve respuesta al citado Derecho de petición, mediante el cual me fue negado
[…]”.

8. Adujo que, la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió la Resolución núm.
DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 20244, mediante la cual dispuso:

“[…] PRIMERO”. DECRETAR, el embargo del salario devengado y/o por devengar
que se llegaré a tasar a favor del señor JOSE VICENTE SALCEDO PATIÑO,
identificado con la CC No. […], como contraprestación de los servicios que presta
para la Compañía JD LOGISTICA EN SALUD SAS, Persona Jurídica Identificada
con NIT […].

SEGUNDO. El embargo recaerá sobre la quinta parte del exceso del respectivo
salario mínimo legal que devengue el deudor de conformidad con el artículo 155
del Código Sustantivo del Trabajo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela5:

“[…] 1. Que sea exonerado de la pena accesoria que se me impuso a la pena
principal.

2. Que se ordene a la accionada "CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL" la congelación de
la obligación, citada en la RESOLUCION No. DEAJGCC24-10748, hasta tanto se
profiera sentencia en firme respecto al presente asunto.

3. Que la "RESOLUCION No. DEAJGCC24-10748 del 13 de agosto de 2024
proferida por el "CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL", sea revocada en su totalidad.

4. "QUE LA LIQUIDACION DE CRÈDITOS Y COSTAS Proceso
No.11001079000020181716900", del día 13 de agosto de 2024 declarada por el
“CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL", sea revocada en su totalidad.

4 “Por medio de la cual se decreta embargo de salarios”.
5 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

5. En caso de que las PRETENSIONES, descritas en los numerales (5y6) no sean
revocadas, suplico a su Señoría, sea sustituida por otra que no afecte mis
Derechos Fundamentales, como por ejemplo trabajo comunitario, o social […]”.

10. Como fundamento de su solicitud el actor adujo lo siguiente6:

“[…] 14. Cómo bien se connota los intereses duplican el capital, y si me es imposible
pagar la sola multa que como pena accesoria se me impuso, mucho menos voy a
poder cancelar la astronómica suma de dinero que constituye Capital + Intereses
[…]”.

[…]

“[…] El artículo 4º de la Ley 890 de 2004, por el cual se adiciona el artículo 63 del
Código Penal. Son Penas accesoria en Colombia las penas accesorias son aquellas
sanciones adicionales que se imponen junto con la pena principal. En el Código Penal
Colombiano (Ley 599 de 2000), se establece una serie de penas accesorias que
pueden acompañar a la pena principal (por ejemplo, privación de derechos y funciones
públicas, inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio, etc.).

En cuanto a la relación entre la prescripción y las penas accesorias en Colombia, la
prescripción también puede aplicarse a las penas accesorias. Esto significa que si
transcurre el tiempo establecido por la ley sin que se haya ejecutado la pena accesoria,
esta puede extinguirse. El tiempo de prescripción de las penas accesorias
generalmente se rige por los mismos principios que la prescripción de la pena principal
[…]”.

[…]

“[…] mi Derecho Fundamental al Trabajo, a la Salud Mental y Emocional
entre otros ha sido transgredido toda vez que con la "RESOLUCION DEAJGCC24 -
10748 del 13 de agosto de 2024 por medio de la cual se decreta embargo de
salarios, para cancelar una obligación imposible de pagar, al igual que con la
LIQUIDACION DE CREDITOS Y COSTAS de la misma fecha, valores por demás
incongruentes entre ellos, se eleva solicitud directa de retención de ingresos del
accionante ante la Compañía JD LOGISTICA EN SALUD SAS, obstruyendo mi
proceso de rehabilitación y resocialización, toda vez que la referida entidad me
brindó dicha oportunidad; pero desde luego, ninguna empresa o entidad del Estado,
está dispuesta acarrear con las diferentes adversidades de sus trabajadores, sin
importar su modalidad, tal y como sucede en el asunto que nos compete.

La presión psicológica en la que estoy siendo sometido por la ACCIONANTE, toda
vez que está el debido en riesgo m mi empleo, y con ello la responsabilidad ante mi
familia para cumplimiento de los gastos que ella genera, así como la
responsabilidad que tengo ante la sociedad con el pago de las deudas adquiridas
al ser privado de mi libertad, causa una eminente zozobra entre el Accionante JOSE
VICENTE SALCEDO PATIÑO Y JD LOGISTICA EN SALUD SAS. empresa en la
cual trabajo, lo cual me causa grave daño Emocional - Psicológico, así como
Económico y Financiero […]”.

[…]

6 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

“[…] Imponer multas inasequibles puede llevar a la exclusión social, especialmente
si la persona sancionada enfrenta consecuencias adicionales, como el
endeudamiento o la pérdida de bienes, tal y como sucede con el accionante JOSE
VICENTE SALCEDO PATIÑO, en el asunto que nos ocupa. El respeto al derecho a
la igualdad ayuda a prevenir estas situaciones, asegurando que las sanciones no
empujen a las personas hacia la pobreza o la marginación […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior
de la Judicatura y a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular; y iii) negó la medida provisional solicitada por el actor.

Intervención de la parte demandada

12. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia, y de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
expedir la Resolución núm. DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 202410, vulneró
los derechos fundamentales invocados por el actor.

16. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la dignidad humana; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la salud; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la vivienda digna; ix) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo
del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

10 “Por medio de la cual se decreta embargo de salarios”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

17. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad11
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.

18. En ese sentido, la jurisprudencia12 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.

19. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos

11 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200313, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).

20. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

21. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

22. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

23. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

24. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas

14 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
15 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana

25. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).

26. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un

16 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

27. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

28. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente17:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

29. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en

17 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

30. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho18:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

31. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201519 sobre el derecho
fundamental a la salud.

32. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional20, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

18 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
19 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vivienda digna

33. El artículo 51 de la Constitución establece, que: “[…] Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda […]”. (Subraya fuera de texto original)

34. Lo anterior significa que el Estado, mediante diferentes políticas de desarrollo
social debe establecer los requisitos y condiciones especiales dirigidas a posibilitar
la adquisición de vivienda, de modo que mediante actos positivos se concrete el
derecho a gozar de un hogar digno con la garantía de acceso de los postulantes en
condiciones de igualdad21.

35. Sobre el objeto y condiciones de la política de vivienda, ha señalado el máximo
tribunal de lo constitucional, que:

“[...] “El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que
requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la
administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin
olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados
que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben
facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios
de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho
subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción,
pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico - materiales que lo hagan
posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza
vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de
las acciones establecidas para tal fin”22 [...]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

21 Sentencia T-831 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería
22 Sentencia T - 495 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso en concreto

38. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, porque, a su juicio, al expedir la Resolución núm.
DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 202424, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

23 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
24 “Por medio de la cual se decreta embargo de salarios”.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.

Solución del caso concreto

42. En el caso sub examine, el actor afirma que la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
vulneró sus derechos fundamentales invocados supra, al expedir la Resolución núm.
DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 202425.

43. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad del acto administrativo referido
por el actor, con el cual, en su sentir, vulneró sus derechos fundamentales.

44. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma
oportuna e inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le han sido
vulnerados.

45. En segundo lugar, para demandar dicho acto administrativo, esto es, la
Resolución núm. DEAJGCC24-10748 de 13 de agosto de 2024 expedida por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el legislador estableció en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los respectivos medios de control,
entre ellos, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

25 “Por medio de la cual se decreta embargo de salarios”.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

46. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

47. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del
actor deben analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad
de dicho acto expedido, en este caso, por la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

48. Al respecto, en un caso similar, esta Corporación26 señaló lo siguiente:

“[…] Descendiendo al caso concreto se observa que la señora Leodith González
Iglesias fue sancionada dentro del procedimiento administrativo sancionatorio núm.
13636-18/19, con multa de trece millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos
catorce pesos moneda legal colombiana ($13.942.914), por presuntamente incumplir
el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, esto es, por no presentar, dentro de los dos
meses siguientes a la votación, el informe consolidado de ingresos y gastos de su
campaña electoral como aspirante al Congreso de la República para el periodo 2018-
2022.

30. En el escrito de impugnación la accionante alega que pese a no haber sido
notificada del auto que ordenó abrir indagación preliminar en su contra, se le sancionó
a través de la Resolución núm. 2535 de 2020, y posteriormente se inició el proceso
de cobro coactivo núm. 24064, en el cual se decretó el embargo de un inmueble.

31. En ese sentido, se considera que el objeto de la presente acción de tutela es
controvertir la Resolución núm. 2535 de 2 de septiembre de 2020, proferida por el
Consejo Nacional Electoral, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio
núm. 13636-18/19. Además, controvertir los actos administrativos proferidos dentro
del proceso de cobro coactivo núm. 24064, al no haber sido notificada en debida
forma del procedimiento administrativo sancionatorio […]”.

[…]

“[…] 34. Frente al debate sobre el procedimiento de cobro coactivo y los actos
administrativos que se han proferido dentro de este, esta Sección señaló en la
sentencia de tutela de 8 de julio de 202227 lo siguiente:

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de

2024, número único de radicación 25000-2315-000-2024-00339-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de julio de

2022, Exp. 11001-03-15-000-2022-01323-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

“[…] 38. En cuanto a la supuesta falta de notificación de los actos administrativos
proferidos por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP en el marco del proceso de cobro coactivo y
especialmente las medidas cautelares decretadas, la Sala destaca que el ejercicio
de la facultad de cobro coactivo es un procedimiento administrativo que se encuentra
reglado en los artículos 98, 99, 100 y 101 del CPACA, y en los artículos 823 y s.s. del
Estatuto Tributario.

39. Conforme con las normas en cuestión, se tiene que la administración a través del
funcionario competente «producirá el mandamiento de pago ordenando la
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos». Este acto
administrativo debe ser notificado al deudor, quien dentro de los quince días
siguientes a la notificación del mandamiento de pago podrá pagar la obligación
o proponer excepciones, tal como lo señala el artículo 830 del Estatuto Tributario:

[…] Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de
pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses.
Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones
contempladas en el artículo siguiente […].

40. Aunado a lo anterior, el artículo 101 del CPACA dispone que: «serán
demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…) los actos
administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan
llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito».

41. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que los actores sí cuentan con un
medio de defensa dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo. En este
contexto, se advierte que los actores tienen la facultad de hacerse parte dentro del
procedimiento administrativo en cuestión y proponer excepciones en los
términos del artículo 830 del Estatuto Tributario.

42. Así las cosas, se destaca que de ser cierta la afirmación de los accionantes
relacionada con que no han sido notificados de ninguna decisión dentro del proceso
de cobro coactivo, lo que les corresponde es notificarse de las decisiones
adoptadas por la UGPP y ejercer su derecho a la defensa dentro del
procedimiento administrativo de cobro coactivo.

43. Por último, y en caso de que los actores no estén de acuerdo con el acto
administrativo que resuelva las excepciones y ordene seguir adelante con la
ejecución, cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que esta
decida si dichos actos administrativos deben ser anulados […]”. [Cursiva y
negrilla del texto].

35. Con base en lo anterior, esta Sala de Decisión considera que en esta ocasión la
acción de tutela resulta improcedente porque la accionante cuenta con otro medio de
defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho a través del cual puede controvertir tanto los actos administrativos que se
profirieron en el procedimiento sancionatorio [y que presuntamente no le fueron
notificados en debida forma], como los actos que fueron emitidos dentro del proceso
de cobro coactivo, que sean susceptibles de control judicial. Además, no se
encuentra acreditada la configuración de un perjuicio irremediable […]”. (Resaltado
del texto original)

18

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

49. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores28
que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.

50. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad
a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia29, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.

51. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección30 ha señalado que aun
cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las medidas
cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.

52. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.

53. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional31:

28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García

González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
29 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
30 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de

2015).
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.

54. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

55. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos dentro del
respectivo proceso coactivo, que sean susceptibles de control judicial, antes de
acudir a la acción de tutela.

Conclusiones de la Sala

56. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad accionada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202404565-00
Actor: José Vicente Salcedo Patiño

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.