Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04568-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04568-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04568-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404568-01
Actores: María Dignora García Tabares y otro1
Demandada: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Temas: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) acceso a la administración
de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Fidel de Jesús Laverde Flórez y
Rancy Induleydy Laverde García contra la sentencia de tutela de 30 de septiembre
de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual: i) declaró la falta de legitimación en la causa del
abogado Luis Alberto Gómez Tamayo para actuar como representante de María
Dignora García Tabares y ii) declaró improcedente la solicitud de tutela presentada
por Fidel de Jesús Laverde Flórez.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404568-01
Actores: María Dignora García Tabares y otro
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Fidel de Jesús Laverde Flórez y María Dignora García Tabares, a través de
apoderado, presentaron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de
julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
760012333001201800775-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señalaron que, el 18 de julio de 2018, presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, la Policía Nacional,
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y el Departamento del Guaviare, con el fin de que fueran declarados
administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de su
desplazamiento forzado del Municipio de San José del Guaviare (Guaviare) en el
mes de julio de 1989 por integrantes de grupos armados al margen de la ley como
consecuencia de la inacción de los organismos de seguridad del Estado.
4. Indicaron que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia de 28 de abril de 2024, resolvió:
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“[…] “SEGUNDO (sic): DECLARAR probada la excepción de caducidad, conforme
lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO (sic): NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.
5. Manifestaron que, la Subsección B se la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 8 de julio de 2024, resolvió:
“[…] 1°) Confírmase la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 2) El a quo declaró probada la excepción de “caducidad” propuesta por algunas
de las entidades demandadas por el hecho de que el libelo introductorio se interpuso
con posterioridad al vencimiento del término de dos (2) años previsto en el artículo
164 del CPACA para tal efecto, contabilizado a partir del 17 de junio de 2013, fecha
en la cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas resolvió de
manera favorable una petición de inclusión en el Registro Único de Víctimas
formulada por los demandantes Fidel de Jesús Laverde Flórez y María Dignora García
Tavares, pues, solo (sic) desde esta fecha los demandantes tuvieron pleno
conocimiento de su condición de víctimas de desplazamiento forzado.
3) La sentencia de primera instancia será confirmada, porque la demanda fue
presentada por fuera del término de dos (2) años previsto en la norma ya referida,
contabilizado a partir de la ejecutoria de la providencia que resolvió la petición de
extensión de jurisprudencia formulada por la parte actora en relación con los precisos
hechos objeto de este proceso y, además, porque no se acreditó en el proceso la
existencia de situación alguna que hubiese impedido a los demandantes el ejercicio
del derecho de acción […]”.
[…]
“[…] 4) Sobre el particular, la Sala Plena de esta Sección mediante sentencia de 29
de enero de 20203 unificó su jurisprudencia y precisó que en relación con la
caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación directa formulada con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado, son aplicables las reglas de caducidad previstas para la reparación directa,
criterio este (sic) avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en
la sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020 […]”.
[…]
“[…] 6) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó
ninguna situación material que le hubiese impedido acudir con antelación a esta
jurisdicción para presentar la correspondiente demanda por el daño alegado, esto es,
no hay elemento de juicio que permita considerar, fundadamente, que los
demandantes se encontraban en una situación material de carácter particular,
especial y grave que les impidiera presentar la respectiva demanda de reparación
directa, pues, aunque no se desconoce que el desplazamiento forzado genera
consecuencias negativas para quienes lo padecen, esta Sala ha dicho que esta
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situación no constituye, por sí misma, un justificación válida para encontrar
configurada la imposibilidad material de acceder a la administración de justicia, toda
vez que, a diferencia de otros derechos que únicamente pueden ser ejercidos o
disfrutados en sitios específicos –propiedad, usufructo, entre otros-, la justicia opera
a nivel nacional y, por ende, es un derecho al que se puede acceder aun en
situaciones irregulares como la de desplazamiento forzado, pues, de conformidad con
el artículo 134D del Decreto - Ley 01 de 1984 (vigente para la época de los hechos),
era posible presentar la demanda de responsabilidad en el lugar de ubicación de la
sede de la entidad demandada o en el domicilio del particular demandado; por tanto,
tampoco se encuentra razonable considerar que la situación de desplazamiento
justifique la imposibilidad de acceso a la administración de justicia.
7) Sobre esto último, es pertinente recordar que en la sentencia SU-254 de 2013 la
Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad por
hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual los 2 años
establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación directa
podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial -22
de mayo de 2013-, como garantía de acceso a la administración de justicia a un sector
especial y vulnerable de la población.
8) De modo que en este caso el término para formular las pretensiones de reparación
directa debe contabilizarse, en principio, a partir del 23 de mayo de 2013 -día siguiente
a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013- por ser esta fecha más favorable a
los demandantes, empero, como las víctimas directas interpusieron una petición de
extensión de jurisprudencia en relación con los precisos hechos objeto de este
proceso antes de la expedición de esa providencia y dicha solicitud fue resuelta por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en audiencia de
alegaciones de 23 de abril de 2014 (fls. 39 a 41 cdno. ppal. no. 1), esto es, con
posterioridad a la fecha de ejecutoria de la providencia en mención, el término de dos
(2) años establecido para la presentación de la demanda debe computarse una vez
ejecutoriada la providencia que negó dicha petición, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 102 y 269 del CPACA sin la modificación incluida por la Ley 2080 de
2021.
9) En ese contexto, como la providencia quedó ejecutoriada en la audiencia de 23 de
abril de 2014 en atención a lo previsto en el artículo 302 del CGP y, además, en
atención a que no se demostró alguna situación o circunstancia de imposibilidad
material para acceder a la administración de justicia, el término para presentar la
demanda corrió entre el 24 de abril de 2014 y el 24 de abril de 2016; toda vez que la
solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 3 de agosto de 2011 y la demanda
se formuló el 18 de julio de 2018 es palmario que fue presentada por fuera del término
de dos (2) años previsto para el efecto; en consecuencia, se confirmará la decisión
apelada que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
jurisdiccional ejercido con la demanda […]”.
[…]
“[…] 13) Finalmente, carece de sustento jurídico el argumento de censura planteado
por la parte demandante según el cual el término de caducidad del medio de control
jurisdiccional de reparación directa debió contabilizarse desde la fecha de expedición
de la sentencia SU-611 de 2017, esto es, desde el 4 de octubre de 2017, pues, si bien
es cierto que la respuesta negativa a una petición de extensión de jurisprudencia no
es óbice para que se tramiten ante esta jurisdicción las demandas por los mismos
hechos referidos en aquella e incluso que esta (sic) suspende el término para la
presentación de la demanda, como se expuso con anterioridad, lo cierto es que las
normas procesales, como lo son las relativas a la caducidad del medio de control
jurisdiccional, son de orden público y, por lo tanto, de perentorio cumplimiento según
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lo dispuesto expresamente en el artículo 13 del CGP, razón por la cual, en todo caso,
la demanda se debió presentar en la oportunidad procesal correspondiente […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] Solicito Señor Juez de tutela, se sirva ordenar mediante trámite judicial se
declare no probada la excepción de caducidad en el proceso de la referencia atacada
y se protejan los derechos constitucionales de los accionante y se de aplicación a las
normas constitucionales. […]”.
6.1. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente2:
“[…] El honorable magistrado […] manifiesta que no hubo razón de peso para no
demandar en los términos otorgados por la sentencia de la solicitud de la extensión
de la jurisprudencia del Honorable Concejo De Estado, que otorga dos años como
términos para demandar, el Honorable Magistrado, después del fallo de la extensión
de la jurisprudencia inmediatamente fue notificada dicha Sentencia dentro de los
términos de ley atacó este pronunciamiento con una acción constitucional contra la
providencia emitida, le correspondió el trámite de la tutela a la SESIÓN CUARTA y
cuya sentencia fue la confirmación del fallo del Consejo de Estado, esta providencia
de la tutela se impugnó y la SESIÓN QUINTA lo confirma, se direccionó entonces a
La Honorable Corte Constitucional en revisión que desembocó en la sentencia de
unificación SU-611, pero me queda la inquietud, el fallo de la sentencia en comento
fue emitido por esa corporación el 4 de octubre del 2017 y fue notificada en enero del
2018, para lo cual toca presentar un acción de tutela contra La Corte Constitucional
que fue tramitada por El Tribunal Superior de Bogotá con ponencia del Honorable
Magistrado […] con Radicación 11001310302920170058101. Accionado: Corte
Constitucional, señor juez de tutela en esta sentencia La Corte Constitucional
recomienda acudir en demanda ante la JURISDICCIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA.
TERCERO.- Con el afán de desconocer el goce de los derechos constitucionales el
honorable magistrado desconoció por completo lo expuesto por la jurisprudencia del
honorable concejo de estado que reza:
“CON RESPETO A LA CADUCIDAD” si bien el artículo 164 de la ley 1437 del 2011
establece un término de dos años para interponer el medio de control de reparación
directa, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo, lo cierto es que cuando el hecho discutido deviene del
desplazamiento forzado, el concejo de estado por corresponder a un delito de lesa
humanidad, por vía de jurisprudencia ha establecido que puede demandarse en
cualquier tiempo, por corresponder a un delito de lesa humanidad, veamos […]”.
[…]
2 Transcripción literal del texto.
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“[…] Señor Juez, no entiendo cómo es posible que el fallo de la extensión de la
jurisprudencia suspenda los términos de caducidad por dos años, pero el trámite que
se estaba dando en la Corte Constitucional que termina con sentencia de unificación,
este trámite de la máxima rectora de nuestro ordenamiento jurídico no suspenda los
términos de caducidad […]”.
[…]
“[…] me permito objetar lo expuesto por el Honorable Magistrado en el punto 11 del
acápite de la sentencia, el proseso 76001233300120180077500 fue radicado bajo el
marco normativo vigente a marzo del 2018 y se venía agotando la vía gubernativa
reclamando los derechos amparados por la legislación vigente hasta la fecha y ni la
Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-611 del 2017 objetó la
reclamación citando la caducidad, ni el Tribunal Superior Administrativo del Valle
rechazó la adición del proceso, por esa causal lo rechaza por el fuero Territorial que
fue la causa para no haber presentado antes la demanda ante LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA […]”.
[…]
Señor Juez de tutela, mi cliente es un anciano de 72 años cumplido de los cuales se
pasó 30 persiguiendo la justicia y nunca la encontró, ya en el ocaso de su existencia
solo le queda esperar un milagro de esa tan anhelada justicia, la misma que su
compañera permanente murió esperando a los 66 años en el 2021 y aun sigue
luchando contra los tecnicismos jurídicos y la manera de enredar el estado a los
desplazados por la violencia en este país, donde se viola las leyes, la constitución y
el estado social de derecho. […]”
Actuación
7. El Despacho de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 2 de septiembre de 2024: i) admitió la solicitud de tutela; ii)
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y iii) vinculó a Francy Induleydi
Laverde García, a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación Nacional, al
Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al
Departamento del Guaviare, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre
el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
8. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que la
forma y términos en que está formulada la acción de tutela hacen que sea
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improcedente e infundada al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,
por pretender crear una indebida e injustificada tercera instancia frente a una
sentencia que fue proferida a partir de un correcto análisis fáctico, probatorio y
jurídico, al ser una providencia sustentada en derecho y con base en los medios
de prueba valorados de manera conjunta y racional. Al respecto consideró que:
“[…] en la sentencia objeto de la presente tutela se expuso, puntual y
detalladamente, que debía confirmarse la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca el 28 de abril de 2023 por haber operado la
caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación directa en la forma y
términos descritos anteriormente, 3) De conformidad con lo anterior, carece de
respaldo fáctico y probatorio real y válido el cuestionamiento según el cual con la
sentencia objeto de la presente acción se vulneraron los derechos al debido proceso,
igualdad y de acceso a la administración de justicia del accionante; por consiguiente,
es manifiestamente improcedente e infundada la acción de tutela promovida por la
parte actora mediante la cual pretende, injustificada e indebidamente, revivir un
debate procesal ya concluido como si tratara de una tercera instancia, sin perjuicio
de lo cual debe advertirse que la sentencia materia ahora de examen se encuentra
debida y puntualmente soportada en los elementos fácticos y jurídicos aplicables al
caso sobre la base de una debida y ponderada valoración probatoria en el ámbito de
la autonomía funcional de la sala de decisión que la profirió, para cuya constatación
basta una lectura desprevenida de la providencia. […]”.
9. La Policía Nacional solicitó negar la solicitud de tutela, al considerar que no hay
vulneración de los derechos fundamentales. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] es ajustado y legal que el medio de control de reparación directa impetrada
inicialmente y sobre el cual recayó la decisión en la declaratoria de caducidad,
concluyera que la parte actora efectivamente habían CONTADO CON LA
OPORTUNIDAD PROCESAL ADECUADA PARA CONTROVERTIR LAS
SITUACIONES QUE LES RESULTARON ADVERSAS A SUS INTERESES DENTRO
DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA TAL FIN, SUBRAYANDO QUE EN EL
TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA POR EL JUEZ NATURAL, SE LOGRÓ
APRECIAR LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS PARA DECLARAR LA
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DEPRECADO, DESPACHANDO DE
MANERA DESFAVORABLE LAS PRETENSIONES DE LOS DEMANDANTES. Por
haber tenido la oportunidad procesal respectiva, en la cual debieron ejercer sus
derechos de forma integral, aportando las pruebas que consideraran pertinentes,
haciendo uso de los respectivos recursos de ley, en un marco de respeto estricto al
derecho fundamental del debido proceso, pero trascurrido el termino (sic) previsto
para ello, no se acudió ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
presentándose de manera extemporánea tal como lo planteó acertadamente el ad-
quem y es procedente traer a relación los apartes expuestos que sustentaron su
decisión […]”.
[…]
“[…] no considera esta Secretaría, frente al caso sometido a consideración al
Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o
de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, donde se amerite la procedencia de
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la tutela como un mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones
solicitadas por los recurrentes, máxime cuando se debatió a través de otras vías de
protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la
presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que
ésta es un mecanismo de protección subsidiario. Además, los hechos constitutivos
del perjuicio irremediable por no estar exentos de prueba, deben acreditarse con
carga probatoria. […]”.
10. El Ministerio de Educación solicitó su desvinculación al considerar que:
“[…] Como se puede concluir del texto citado, la tutela está condicionada en su
procedencia a que la autoridad pública haya vulnerado efectivamente un derecho, o
amenace con violarlo, o por una omisión que produzca alguna de estas
consecuencias. En el presente caso no se ha dado ninguno de estos presupuestos.
No hay una violación de derecho fundamental alguno, pues el Ministerio de
Educación Nacional no ha ejecutado ninguna acción que produzca este resultado
en contra de la parte accionante. No puede decirse entonces que, en términos
positivos, esta entidad haya incurrido en una violación o amenaza efectiva de algún
derecho fundamental y una orden en dicho sentido sería de imposible cumplimiento
para la misma. De igual manera, se aprecia de los antecedentes anotados, que, por
parte del Ministerio de Educación Nacional, no ha existido actuación que atente
contra los derechos fundamentales invocados a favor de la parte accionante. […]”.
11. El Departamento del Guaviare solicitó ser desvinculada del proceso que se
declare falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la
Gobernación del Guaviare no tiene responsabilidad directa con la petición del
accionante, “[…] de ordenar no probada la caducidad en el proceso de referencia,
ya que no tiene competencia sobre la misma, por lo tanto se configura para la
gobernación del Guaviare la figura jurídica de falta de legitimación en la causa por
pasiva. […]”.
12. El Ministerio del Interior solicitó ser desvinculado del proceso, al considerar
que las pretensiones del accionante están al margen de las funciones de esa
entidad y que la acción de tutela no cumple con los requisitos establecidos por la
Ley.
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó negar la acción de tutela,
al considerar que su decisión fue objetiva y fundamentada jurídicamente teniendo
en cuenta la jurisprudencia y elementos de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, que fueran aplicables al asunto y a partir de los elementos de prueba
allegados al proceso. Sostuvo que, “[…] Distinto es que la decisión que profirió este
Tribunal a la luz de la ley y la jurisprudencia aplicables al caso, haya sido contraria
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a los intereses procesales de la parte actora, lo cual no es ingrediente para suponer
una violación a los derechos fundamentales alegados, pues en la sentencia se
esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones expuestas en dicho
proveído. […]”.
14. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó negar las
pretensiones de la solicitud de tutela, al advertir que:3
“[…] Reiteramos nuestra posición respetuosa sobre el litigio planteado en esta acción
de tutela. Rogamos que atiendan los argumentos registrados en las Sentencias de
unificación citadas –Corte y Consejo de Estado- que interpretaron el conteo de la
caducidad desde el conocimiento del hecho dañoso y del conocimiento de la
participación del Estado.
Así mismo, pedimos que contra la SU bajo radicado 85001333300220140014401, ya
se resolvió en sede de tutela como se registró anteriormente, razón por la cual los
cargos contra esta decisión no proceden por estar sometidos a los efectos de cosa
juzgada en sede de tutela.
Resulta evidente entonces que la entidad judicial accionada, realizó un adecuado y
completo análisis, no solo de todos los argumentos de la parte demanante, sino de
las sentencias de unificación aplicables a los casos de desplazamiento forzado.
Contrario a lo deprecado en el escrito de tutela, en ninguna circunstancia se probó y
mucho menos indiciariamente que MARIA DIGNORA GARCÍA TABARES y FIDEL
DE JESUS LAVERDE FLORES hayan acudido dentro de los lapsos temporales
establecidos legalmente o siquiera dentro del termino jurisprudencial concedido por
la Corte Constitucional en sentencia SU 254 de 2013 y de esta forma sus reclamos
en este tramite constitucional son infundados, por que contrario a lo manifestado, con
diáfana claridad podemos afirmar que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y
la Sección Tercera – Subsección B acogieron precisamente los antecedentes
jurisprudenciales y las sentencias de unificación para declarar la caducidad del medio
de control. […]”
15. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó su
desvinculación y declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar
que:
“[…] Es pertinente indicar que desde la Unidad para las Víctimas se desarrollan
acciones de articulación con las entidades que conforman el SNARIV (tanto a nivel
nacional como territorial) así como con otras entidades públicas o privadas,
conducentes a facilitar el acceso de las víctimas a los programas y proyectos
relacionados con los derechos que les fueron vulnerados por el conflicto armado a fin
de avanzar en la garantía de los mismos, en los términos que cobija la ley 1448 de
2011 en materia de atención, asistencia y reparación integral.
3
Transcripción literal del texto
10
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Sin embargo, es pertinente dilucidar al despacho que frente al trámite solicitado por
el accionante la Unidad para las Víctimas no tiene injerencia alguna frente a las
pretensiones del accionante […]”.
[…]
“[…] Como es visto en este escrito, nos permitimos insistir que no corresponde a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
por lo que se encuentra demostrada una nulidad procesal insubsanable ante la
configuración inequívoca de la falta de legitimación en la causa por pasiva, a favor de
la Unidad para las Víctimas, la cual deberá ser declarada por el Despacho y como
consecuencia de ello la correspondiente desvinculación del proceso, por violación a
derechos del extremo […]”.
16. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República guardó
silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación del abogado Luis Alberto Gómez
Tamayo para actuar como representante de María Dignora García Tabares, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Fidel de Jesús Laverde Flórez en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia.
[…]
QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Luis Alberto Gómez Tamayo
identificado con c.c. 6.355.158 y portador de la tarjeta profesional 149.110 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de Fidel de Jesús Laverde Flórez y de
Francy Induleidy Laverde García, con fundamento en el poder aportado. […]”.
17.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] En el asunto bajo estudio, el abogado Luis Alberto Gómez Tamayo actuó en
nombre de María Dignora García Tabares y el 29 de agosto de 2024 radicó escrito
de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, pese a que
esta falleció el 29 de junio de 2021. En consecuencia, se declarará la falta de
legitimación del mencionado apoderado para actuar en representación de la señora
García Tabares […]”.
[…]
“[…] 2.4.5. La Subsección estima que el actor pretendió utilizar la acción de tutela
con el fin de reabrir el estudio que en relación con el cómputo del término de vigencia
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del medio de control de reparación directa realizó la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado, así como la conclusión a la que llegó en la sentencia del 8
de junio de 2024.
En efecto, insistió en que, para su caso particular, con la sentencia SU-611 de 2017
la Corte Constitucional había recomendado accionar a través de mecanismos
judiciales para elevar la pretensión de indemnización de los perjuicios que le fueron
causados por el desplazamiento forzado, y, además, que la caducidad debía ser
estudiada teniendo como punto de referencia la ejecutoria de la decisión.
Esto, pese a que el juez ordinario de segunda instancia explicó que acorde a los
criterios de unificación de la sentencia del 29 de enero de 2020, que fueron avalados
por la Corte Constitucional en el fallo SU-312 de 2020, resultaba relevante la prueba
de una situación excepcional que no le hubiese permitido acudir a la jurisdicción en
forma oportuna, con la consecuencia de iniciar el conteo de la caducidad desde el
momento en que los afectados tuvieron materialmente la posibilidad de demandar, y
no a partir de la ejecutoria de la SU-611 de 2017.
Además, frente a este último aspecto, resaltó la insuficiencia de fundamento jurídico,
en atención a que las normas procesales (como las relativas a la caducidad) son de
orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento, en los términos del artículo 13
del Código General del Proceso.
Aunado a lo anterior, la autoridad judicial aplicó el criterio que encontró más favorable,
abordó el estudio de la caducidad a partir del 23 de abril de 2014 (fecha de ejecutoria
de la providencia que negó la extensión de jurisprudencia), y tuvo en cuenta que en
el año 2011 se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, para concluir, que aún
con esta flexibilización y junto a la falta de prueba de una situación que haya
entorpecido el derecho de acción, para el momento en que se radicó la demanda, ya
se encontraba afectada por caducidad.
Es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa que
se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la Corte Constitucional claramente indicó que no basta con la mención de la
vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional, se requiere demostrar i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado y; iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos que permitan al Juez constitucional advertir la vulneración.
A partir de lo anterior, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el requisito
de relevancia constitucional, pues la parte actora, lejos de exponer las circunstancias
por las que consideró que la decisión censurada vulneró sus derechos fundamentales,
dirigió sus argumentos únicamente a debatir el análisis fáctico, jurídico y probatorio
con el que la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado confirmó la
decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa, con miras a que se profiera una nueva
sentencia en la que se acoja la interpretación que consideró correcta. Esto, pese a
que la Corte Constitucional ha indicado con precisión que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado”.
Por lo anterior, y dado que la parte actora no planteó argumentos que acrediten una
verdadera relevancia constitucional que conlleve la trasgresión de sus derechos
fundamentales, sino un cuestionamiento sobre aspectos que ya fueron decididos por
el juez natural, la Sala advierte la improcedencia de la acción de tutela. […]”.
12
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Actores: María Dignora García Tabares y otro
La impugnación
18. Fidel de Jesús Laverde Flórez, en nombre propio, impugnó la sentencia de
tutela de 30 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente: “[…]
Manifest0 a su despacho que apelo y contrapela la sentencia de la radicación en
comento y me reservo el derecho de fundamentar jurídicamente el recurso de
apelación y actúo como agente oficioso de mi es esposa María Dignora Garcia
Tabares ya que ella no puede representarse personalmente […]”.4
19. Posteriormente, Fidel de Jesús Laverde Flórez y Rancy Induleydy Laverde
García, a través de apoderado, allegaron escrito de impugnación de la sentencia
proferida en primera instancia, dentro del cual manifestaron que5:
“[…] Señor juez de Segunda Instancia, al estudiar el contenido jurídico de la
Sentencia de Primera Instancia con radicación 1100103150002024456800 de la
sesión Tercera del Honorable Consejo de Estado me doy cuenta que se siguen
violando mis derechos constitucionales al debido proceso […]”.
[…]
“[…] No es verdad que en el año de 2013 se haya recibido información al pago de la
administración, dicha información se recibió el 22 de septiembre de 2023, como
comprenderá Honorable Magistrado, no es correcto que se informe en que en el
2013 se dio información relativa al pago de la indemnización administrativa y se
pague 10 años después cuando ya el derecho a cobrar dicha indemnización
estuviera prescrito, así son todas las falencias en las cuales se ha tramitado el
proceso. Y la indemnización fue pagada el 23 de setiembre del 2023 en la oficina del
banco agrario de la AV tercera norte con 40
Con respecto a que no existe la fecha exacta en la que se reconoció como víctimas
de la violencia, debo manifestar al señor Magistrado que en ese orden de ideas se
debió haber aplicado el principio fundamental de favorabilidad que ante la duda de
una norma se protege al más débil, en este caso a los desplazados según lo
expuesto por la Honorable Corte Constitucional en la T-025 de 2004.
Dice el magistrado que con sentencia del 28 de abril 2023 el Tribunal declaró
probada la caducidad.
Su señoría, el proceso con radicación 76001233300120180077500 por
REPARACION DIRECTA fue radicado en marzo del 2018 y me están diciendo que
fue fallado jurídicamente con una norma del 28 de abril 2023 y me dice el Concejo
de Estado que no se me está violando el debido proceso y mis derechos
constitucionales, acaso no reza nuestra carta vincular que todos los súbditos de
nuestra constitución deben de ser procesados con la normatividad existente en el
4 Transcripción literal del texto.
5 Transcripción literal del texto.
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tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y en el caso de este proceso los
hechos sucedieron en 1989, se agotó la vía Administrativa hasta el 2012 cuando se
acudió al Consejo de Estado la solicitud para que se tramite el procedimiento de
extensión de la jurisprudencia […]”.
[…]
“[…] Señor Magistrado, sume usted cuánto tiempo se tomaron para el trámite de las
tutelas y la revisión de la Honorable Corte Constitucional que solo notificó el fallo en
el 2017 fallo de la Honorable Corte Constitucional que también se tuteló y cuyo
trámite de tutela le correspondió al Honorable Tribunal Superior de Bogotá con
ponencia del Honorable Magistrado Jorge Eliecer Moya Vargas quien tramitó la
tutela con radicación 11001310302920170058101 con sentencia del 8 de febrero
del 2018 desde el momento en el que el Consejo de Estado negó la extensión de la
jurisprudencia, la reclamación de mis derechos a la reparación directa, no estuvo un
día por fuera de los Tribunales hasta el 2017, cuando la Corte me notificó el fallo de
la sentencia de unificación SU- 611 […]”.
[…]
“[…] Señor juez, le solicito tener en cuenta el tiempo que gastaron en el trámite de
las tutelas y la revisión de la Honorable Corte constitucional se dará cuenta que no
tuvo vencimiento de términos y no se puede aplicar la caducidad, por lo tanto el fallo
de los magistrados del Tribunal Superior del Valle y la confirmación del Concejo de
Estado es improcedente que un trámite del Consejo de Estado suspenda los
términos de caducidad pero un trámite ante la Honorable Corte Constitucional
máxima rectora de nuestro ordenamiento jurídico no suspenda los términos de
caducidad es anti jurídico […]”.
[…]
“[…] Ha dicho la corte constitucional en la sentencia T- 563 de 2011
“no opera el término de caducidad de la ACCION DE REPARACION DIRECTA,
pues se reitera, existe una norma superior inderogable, reconocida por el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y
refrendado en el contexto regional por la corte interamericana de derechos humanos,
que dispone expresamente, que el paso del tiempo no genera consecuencia
negativa alguna para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral cuando
se demanda la producción de daño (s) anti jurídico(s) generado por tales actos de
lesa humanidad” […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
22. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo en el
trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
23. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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24. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
25. La Sala advierte que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el
Departamento del Guaviare y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas solicitaron su desvinculación de la acción de tutela, toda vez que, en
su criterio, carecen de legitimación en la causa por pasiva.
9 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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26. Al respecto, es preciso indicar que dichas entidades fueron parte
demandada dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
760012333001201800775-01, es decir que a dichas entidades les asiste interés en
el resultado del proceso de la referencia.
27. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de
Educación, al Ministerio del Interior, al Departamento del Guaviare y a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.
28. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Ministerio de
Educación, el Ministerio del Interior, el Departamento del Guaviare y la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Problemas jurídicos
29. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si se cumplen o no los presupuestos procesales para
que proceda la acción de tutela, en especial la legitimación en la causa por activa
para interponer la presente acción y, en caso de que la respuesta al anterior
interrogante sea afirmativa, ii) establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
30. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
iii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; procediendo
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posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
31. Al respecto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. (Destaca
la Sala).
32. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
33. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado11:
“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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34. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los
niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”12
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa13 […]”. (Destaca
la Sala).
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
35. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena14, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
12 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
36. Esta Sección adoptó15 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200516, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
37. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
38. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”17 que encaje en dichos parámetros.
39. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
16 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
40. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
41. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
42. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201419, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
19 Ut supra página 6.
21
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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [20]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [21].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [22].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [23].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [24]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
[20] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[21] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[22] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[23] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[24] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
22
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al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [25].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [26]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
43. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró27:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”28
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
[25] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[26] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
27 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actores: María Dignora García Tabares y otro
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”29
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
44. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
45. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202230 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
29 Ibidem.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404568-01
Actores: María Dignora García Tabares y otro
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
25
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Actores: María Dignora García Tabares y otro
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
46. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
47. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
48. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
49. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
50. Fidel de Jesús Laverde Flórez y María Dignora García Tabares, a través de
apoderado, presentaron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 8 de
julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
760012333001201800775-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
51. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
52. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
32 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
27
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certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
53.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
760012333001201800775-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la legitimación en la causa por activa
54. La Sala advierte que, frente a la legitimación en la causa por activa para la
presentación de la solicitud de tutela, de conformidad con el inciso primero del artículo
86 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i) el titular de los derechos
fundamentales; ii) mediante apoderado donde se acredite el respectivo poder; y iii)
por medio de la figura de la agencia oficiosa.
55. En el caso sub examine, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2024, resolvió “[…] DECLARAR
la falta de legitimación del abogado Luis Alberto Gómez Tamayo para actuar como
representante de María Dignora García Tabares […]”, al considerar que “[…] En el
asunto bajo estudio, el abogado Luis Alberto Gómez Tamayo actuó en nombre de
María Dignora García Tabares y el 29 de agosto de 2024 radicó escrito de tutela en
el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, pese a que esta falleció
el 29 de junio de 2021. En consecuencia, se declarará la falta de legitimación del
mencionado apoderado para actuar en representación de la señora García Tabares
[…]”.
28
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56. Fidel de Jesús Laverde Flórez, en nombre propio, impugnó la sentencia de tutela
de 30 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente: “[…] Manifest0
a su despacho que apelo y contrapela la sentencia de la radicación en comento y
me reservo el derecho de fundamentar jurídicamente el recurso de apelación y actúo
como agente oficioso de mi es esposa María Dignora Garcia Tabares ya que ella no
puede representarse personalmente […]”.33
57. Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, el abogado Luis Alberto Gómez
Tamayo no tiene legitimación en la causa por activa para actuar como apoderado
de María Dignora García Tabares, si se tiene en cuenta que, para la fecha de
presentación de la solicitud de tutela, esto es, el 29 de agosto de 2024, María
Dignora García Tabares había fallecido (29 de junio de 2021).
58. Por otra parte, respecto a la manifestación hecha por Fidel de Jesús Laverde
Flórez, en su escrito de impugnación, relacionada con que “[…] actúo como agente
oficioso de mi es esposa María Dignora Garcia Tabares ya que ella no puede
representarse personalmente […]”, la Sala advierte que María Dignora García
Tabares falleció el 29 de junio de 2021, por lo que no resulta aplicable la figura de
la agencia oficiosa y, sin perjuicio de ello, esta Sala ha indicado que “[…] la
acreditación de la legitimidad en la causa por activa se debe realizar al momento
de la presentación de la acción constitucional y no en sede de segunda instancia,
debido a que en esta instancia se pondera si los argumentos planteados en el fallo
impugnado se ajustan a la verdad procesal que se encontraba probada al momento
de tomar la decisión […]”34.
Análisis del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
59. En el escrito de tutela se indicó lo siguiente35:
“[…] El honorable magistrado […] manifiesta que no hubo razón de peso para no
demandar en los términos otorgados por la sentencia de la solicitud de la extensión
33 Transcripción literal del texto.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado,
sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04715-01, C.P.
Oswaldo Giraldo López.
35 Transcripción literal del texto.
29
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de la jurisprudencia del Honorable Concejo De Estado, que otorga dos años como
términos para demandar, el Honorable Magistrado, después del fallo de la extensión
de la jurisprudencia inmediatamente fue notificada dicha Sentencia dentro de los
términos de ley atacó este pronunciamiento con una acción constitucional contra la
providencia emitida, le correspondió el trámite de la tutela a la SESIÓN CUARTA y
cuya sentencia fue la confirmación del fallo del Consejo de Estado, esta providencia
de la tutela se impugnó y la SESIÓN QUINTA lo confirma, se direccionó entonces a
La Honorable Corte Constitucional en revisión que desembocó en la sentencia de
unificación SU-611, pero me queda la inquietud, el fallo de la sentencia en comento
fue emitido por esa corporación el 4 de octubre del 2017 y fue notificada en enero del
2018, para lo cual toca presentar un acción de tutela contra La Corte Constitucional
que fue tramitada por El Tribunal Superior de Bogotá con ponencia del Honorable
Magistrado […] con Radicación 11001310302920170058101. Accionado: Corte
Constitucional, señor juez de tutela en esta sentencia La Corte Constitucional
recomienda acudir en demanda ante la JURISDICCIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA.
TERCERO.- Con el afán de desconocer el goce de los derechos constitucionales el
honorable magistrado desconoció por completo lo expuesto por la
jurisprudencia del honorable concejo de estado que reza:
“CON RESPETO A LA CADUCIDAD” si bien el artículo 164 de la ley 1437 del 2011
establece un término de dos años para interponer el medio de control de reparación
directa, los cuales se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo, lo cierto es que cuando el hecho discutido deviene del
desplazamiento forzado, el concejo de estado por corresponder a un delito de lesa
humanidad, por vía de jurisprudencia ha establecido que puede demandarse en
cualquier tiempo, por corresponder a un delito de lesa humanidad, veamos […]”.
[…]
“[…] Señor Juez, no entiendo cómo es posible que el fallo de la extensión de la
jurisprudencia suspenda los términos de caducidad por dos años, pero el
trámite que se estaba dando en la Corte Constitucional que termina con
sentencia de unificación, este trámite de la máxima rectora de nuestro
ordenamiento jurídico no suspenda los términos de caducidad […]”.
[…]
“[…] me permito objetar lo expuesto por el Honorable Magistrado en el punto 11 del
acápite de la sentencia, el proseso 76001233300120180077500 fue radicado bajo el
marco normativo vigente a marzo del 2018 y se venía agotando la vía gubernativa
reclamando los derechos amparados por la legislación vigente hasta la fecha y ni la
Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-611 del 2017 objetó la
reclamación citando la caducidad, ni el Tribunal Superior Administrativo del Valle
rechazó la adición del proceso, por esa causal lo rechaza por el fuero Territorial que
fue la causa para no haber presentado antes la demanda ante LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA […]”.
[…]
Señor Juez de tutela, mi cliente es un anciano de 72 años cumplido de los cuales se
pasó 30 persiguiendo la justicia y nunca la encontró, ya en el ocaso de su existencia
solo le queda esperar un milagro de esa tan anhelada justicia, la misma que su
compañera permanente murió esperando a los 66 años en el 2021 y aun sigue
luchando contra los tecnicismos jurídicos y la manera de enredar el estado a los
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Actores: María Dignora García Tabares y otro
desplazados por la violencia en este país, donde se viola las leyes, la constitución y
el estado social de derecho. […]”. (Resaltado por la Sala)
60. De conformidad con lo expuesto supra, para la Sala la solicitud de tutela no
cumplió con la carga argumentativa mínima, en la medida en que, por un lado, si
bien respecto al argumento según el cual “[…] el honorable magistrado desconoció
por completo lo expuesto por la jurisprudencia del honorable concejo de estado […]”
podría advertirse que el abogado que representa al actor alega la configuración de
un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la Sala observa que
para tal efecto no se indicó específicamente i) cuáles fueron los precedentes que
se desconocieron; ii) cuáles fueron las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se
fijaron en dichos precedentes que se debieron identificar en el escrito de tutela, y
mucho menos se argumentó que las iii) situaciones fácticas y los iv) problemas
jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.
61. La Sala precisa que, si bien en el escrito de tutela se transcribió un extracto de
una sentencia, al respecto no se especificó ni la providencia ni el número de
identificación del proceso para determinar la fuente de dicha cita, y tampoco se
realizó el respecto análisis mencionado supra para sustentar la configuración del
mencionado defecto.
62. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga
argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i) que en
la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela
se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que
los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente36.
36 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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63. Además, la Sala debe hacer énfasis, en que la Corte Constitucional en su
jurisprudencia ha sostenido que cuando se trate de acciones de tutela presentadas
contra una Alta Corte como lo es el Consejo de Estado, el análisis del cumplimiento
del requisito general de la relevancia constitucional debe ser más estricto. En ese
orden de ideas, consideró que37:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”38, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”39. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia
constitucional debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás
eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
[…]”. (Resaltado por la Sala)
64. De igual manera, la Corte Constitucional frente al tema ha dicho40:
“[…] En relación con la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha fijado mayores
restricciones, pues dichos organismos judiciales son los llamados a definir y
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones.
En términos de la sentencia SU-917 de 201041: “la tutela contra providencias
judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que
sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada
por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad,
esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la
condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión.
3.7. De acuerdo con lo anterior, para determinar la procedencia de la acción de
tutela contra una providencia judicial proferida por una alta Corporación, el juez
constitucional deberá verificar la concurrencia de tres presupuestos: (i) el
cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de una o
varias de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer
procedente el amparo material y, (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad
37 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
38 Sentencia SU-050 de 2018.
39 Sentencia SU-354 de 2017.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2 de febrero de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
41 MP Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en la sentencia SU-131 de 2013 MP (E) Alexei Egor Julio Estrada.
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que exige la imperiosa intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por la
Sala)
65. La Sala precisa que, si bien en el escrito de impugnación, se señala que “[…]
Ha dicho la corte constitucional en la sentencia T- 563 de 2011 “no opera el término
de caducidad de la ACCION DE REPARACION DIRECTA, pues se reitera, existe
una norma superior inderogable, reconocida por el derecho internacional de los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y refrendado en el
contexto regional por la corte interamericana de derechos humanos, que dispone
expresamente, que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna
para acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral cuando se demanda la
producción de daño (s) anti jurídico(s) generado por tales actos de lesa humanidad”
[…]”, la Sala advierte que esta providencia no fue señalada ni desarrollada en el
escrito de tutela, por lo que al respecto esta Sala se abstendrá de cualquier análisis,
so pena de vulnerar el derecho al debido proceso de la autoridad accionada.
66. Por otra parte, respecto al otro argumento en el que se fundamentó el escrito
de tutela, a saber, que, a juicio del actor, el trámite que se dio en el marco de la
acción de tutela que interpuso contra la sentencia que le negó una petición de
extensión de jurisprudencia y que finalizó con la sentencia SU-611 de 4 de octubre
de 2017, debió haber suspendido el término de caducidad para interponer la acción
de reparación directa; la Sala advierte que el actor, quien acudió a través de
apoderado, no indicó bajo cuál defecto se subsume su inconformidad y tampoco
señaló argumento alguno para que la Sala lo subsumiera y procediera con su
estudio.
67. En efecto, el actor al respecto no señaló, por ejemplo, que algún medio
probatorio obrante en el expediente no fue valorado o fue valorado erróneamente
por parte del juez colegiado para llegar a dicha conclusión, que además dicho
medio probatorio era relevante para cambiar el sentido de la decisión; cuál norma
jurídica no se aplicó o se aplicó indebidamente, o cuál precedente judicial se
desconoció, y tampoco que dicha valoración o aplicación normativa fue una
actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la
afectación de derechos fundamentales.
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68. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima ha considerado que42:
“[…] Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible
un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones
que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas
de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales […]”.
69. Finalmente, la Sala precisa que, esta Sección en acciones de tutela en las
cuales se cuestionan providencias judiciales relacionadas con crímenes de lesa
humanidad, en principio, supera el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional y procede con el estudio de fondo de la controversia jurídica, salvo
en aquellos casos en los que la falta de cumplimiento del requisito general de
procedencia obedece a la falta de carga argumentativa en la solicitud de tutela,
supuesto en el cual se declara la improcedencia de la acción constitucional, como
sucede en el caso sub examine.
Conclusiones de la Sala
70. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 30 de
septiembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio
del Interior, el Departamento del Guaviare y la Unidad para la Atención y
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404568-01
Actores: María Dignora García Tabares y otro
Reparación Integral a las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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