Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04582-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04582-01
Demandante: Juan Carlos Ferreira Sáenz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04582-01
Demandante: JUAN CARLOS FERREIRA SÁENZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el requisito de inmediatez / INMEDIATEZ – La demanda se
presentó pasados seis meses desde que se notificó la decisión a la que se atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 10 de octubre de 2024 por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 29 de agosto de 20241, el señor Juan Carlos Ferreira Sáenz interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia del 8 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
1 Se advierte que el 3 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04582-01
Demandante: Juan Carlos Ferreira Sáenz
Norte de Santander, dentro del proceso de reparación directa con radicado
54001-33-33-003-2015-00213-01. Formuló la siguiente pretensión (transcripción
literal):
Con el debido respeto solicitamos a los Honorables consejeros, se sirvan
REVOCAR el fallo proferido por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER, y en su lugar profiérase el derecho que ha de
corresponderle a nuestro favor de forma justa dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes.
2. El señor Hender Alberto Ferreira Sáenz y su núcleo familiar2 instauraron
demanda de reparación directa contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, para que fueran declaradas responsables de los perjuicios ocasionados
por la privación de la libertad que soportó entre el 8 de mayo y el 4 de diciembre
de 2013, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
3. La demanda ordinaria se fundamentó en que, el 7 de mayo de 2013, el señor
Ferreira Sáenz fue detenido, junto con otras personas, en el marco de un
allanamiento ordenado por la Fiscalía Tercera de la Unidad de Reacción Inmediata
de Cúcuta, en un inmueble del barrio La Esperanza, municipio de Los Patios
(Norte de Santander).
4. El 8 de mayo de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Los Patios celebró las audiencias concentradas de
allanamiento y registro, legalización de captura, formulación de imputación e
imposición de medida de aseguramiento. Consideró legales las capturas
efectuadas.
5. El 4 de diciembre de 2013, el referido juzgado precluyó la investigación
adelantada por la Fiscalía contra el señor Ferreira Sáenz, bajo el argumento de
2 Incluido el aquí demandante, Juan Carlos Ferreira Sáenz.
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Demandante: Juan Carlos Ferreira Sáenz
que aquel «es un consumidor habitual de sustancias psicoactivas, acreditando
esto, con el informe de fecha 1 de agosto de 2013 del médico psiquíatra
GUSTAVO ADOLFO DELGADO, quien concluyó que el imputado sufre de
trastorno por dependencia a la marihuana y abuso de alcohol, creando una duda
de la transgresión del artículo 376 del código penal, en forma compatible con una
vulneración real del bien jurídico».
6. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Ferreira Sáenz
y sus familiares demandaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial. En sentencia del 28 de noviembre de 2019, el Juzgado Tercero
Administrativo de Cúcuta negó las súplicas de la demanda, decisión que fue
recurrida por los entonces accionantes.
7. Mediante sentencia del 8 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander confirmó el fallo apelado.
8. Según el señor Juan Carlos Ferreira Sáenz, la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto material o sustantivo, porque la decisión cuestionada no es
congruente, pues existe una contradicción entre los fundamentos y la parte
resolutiva, dada la inexistencia del delito imputado.
9. También alegó que el Tribunal incurrió en una violación directa de la
Constitución, toda vez que la decisión cuestionada es «ilegítima», transgrede los
derechos fundamentales a la dignidad humanada, al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, y desconoce el precedente judicial
sobre aplicación del régimen objetivo en eventos de privación injusta de la libertad
fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado3.
3 Entre otras, citó la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 11001-03-15-000-2019-00169-01).
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Demandante: Juan Carlos Ferreira Sáenz
Trámite impartido e intervenciones
10. Mediante auto del 5 de septiembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, como parte demandante, y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los
señores Hender Alberto, Myriam, Jorge Enrique Ferreira Sáenz; Heymar Andrés
Ferreira Vargas y Filomena Sáenz de Ferreira, como terceros con interés.
11. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo, por considerar que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander respetó cada una de las garantías procesales de la parte accionante,
es decir, que no vulneró los derechos fundamentales invocados. Además, en la
solicitud de amparo no se sustentaron las causales específicas de procedibilidad,
de acuerdo con las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-230
de 2007.
12. De otra parte, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, dado que no existe una relación de causalidad entre las actuaciones
realizadas por la autoridad y la supuesta transgresión de los derechos cuya
protección reclama la parte demandante.
13. El magistrado Carlos Mario Peña Díaz manifestó que la solicitud de amparo
incumplió el requisito general de relevancia constitucional, dado que lo pretendido
es convertirla en instancia adicional del proceso de reparación directa, tanto así
que el actor insiste en que la privación de la libertad que soportó el señor Hender
Alberto Ferreira Sáenz debió analizarse bajo el régimen objetivo de
responsabilidad.
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14. Explicó que actualmente no se privilegia el régimen objetivo de
responsabilidad en los casos relacionados con la privación injusta de la libertad,
sino que, en virtud de la sentencia SU 072 de 2018 de la Corte Constitucional, la
Sección Tercera del Consejo de Estado ha venido sosteniendo que «el juez (…)
debe establecer el régimen de imputación que debe aplicar, y para poder
establecer si la restricción de su libertad reviste el carácter de injusta o no, debe
analizar si la medida de aseguramiento impuesta se ajustó a los criterios de
legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad», análisis efectuado por el
Tribunal accionado en observancia del precedente jurisprudencial.
Fallo impugnado
15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de octubre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez, en síntesis, porque la providencia
cuestionada se dictó el 8 de febrero de 2024 y fue notificada el 13 de febrero
siguiente, mientras que la demanda se radicó el 29 de agosto de 2024, esto es,
por fuera del plazo de seis meses previsto como razonable para cuestionar
providencias judiciales.
Impugnación
16. El señor Juan Carlos Ferreira Sáenz impugnó la anterior decisión, para lo cual
señaló que el juez de primer grado no tuvo en cuenta que la demanda de tutela se
presentó ocho días después de vencido el plazo fijado por esta Corporación, dada
su falta de conocimiento jurídico. Agregó que tuvo que estudiar el caso y ejercer el
presente mecanismo constitucional por sus propios medios, con el objeto de
demostrar los errores cometidos por el Tribunal accionado.
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17. Adujo que él y su familia son víctimas de «un estado indolente, el cual tiene un
aparato investigativo robusto, en el que se invierte mucho dinero en
capacitaciones y tecnología, pero aun así siguen vulnerando los derechos de los
ciudadanos».
18. Por último, sostuvo que no pretende obtener una decisión favorable, sino que
el juez de tutela estudie de fondo sus pretensiones, pues «de esta forma al menos
sentirá la satisfacción de que la justicia del país [lo] tuvo en cuenta (…)».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Para tal efecto, se determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, especialmente el de inmediatez. Sólo
en el evento de que se cumplan, se abordará el estudio de fondo, con el fin de
establecer si la autoridad demandada vulneró o no los derechos fundamentales de la
demandante.
Análisis de la Sala
El requisito general de inmediatez
20. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez. Con base en este requisito, se debe acreditar que el mecanismo de
amparo constitucional se ejerció en un plazo razonable.
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21. Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos
de terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
ejecutoria de la decisión judicial que se considera violatoria de los derechos
fundamentales y la presentación de la acción de tutela para reclamar su amparo.
22. Para la Corte Constitucional, esta condición de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es razonable, pues si se permite su ejercicio
«meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos»4.
23. Además, como lo señaló esa misma Corporación, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable»5; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al
impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella; y previene
el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos»6.
24. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5
de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente».
4 Corte Constitucional. Sentencia T-322 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Ibidem.
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25. Para esta Subsección7, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
26. De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los
casos que se hubiera realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo
sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o,
incluso, una solicitud de nulidad, siempre que no sean abiertamente
improcedentes y puedan incidir en la decisión que se cuestiona por vía de tutela,
por lo que, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
27. De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos
denominados como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del
accionante8.
28. En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia
del actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir
de forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv)
vulnerabilidad económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi)
la diligencia (o falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el
amparo represente una seria afectación a la seguridad jurídica9.
29. Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i)
7 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
8 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
9 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
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que se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la
originó es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la
especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de
acudir al juez10.
30. Al examinar la solicitud de amparo, al igual que el a quo, la Sala encuentra
que no se cumple el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia
cuestionada, esta es, la proferida el 8 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, fue notificada el 13 de febrero siguiente; sin
embargo, la parte accionante radicó la demanda de tutela el 29 de agosto de
2024, esto es, 6 meses y 8 días después de haber sido notificado, término que no
resulta razonable.
31. Es evidente, entonces, que desde que tuvo conocimiento de la sentencia de
segunda instancia el señor Juan Carlos Ferreira Sáenz debió instaurar la demanda
de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales que ahora
invoca como vulnerados. Ese justamente era el momento oportuno para
cuestionar la decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y no
después de transcurridos seis meses, como ocurrió en este caso.
32. Ahora, en la impugnación la parte accionante resaltó que se debía flexibilizar el
término de inmediatez, dado que no es abogado y, por tanto, no conoce las
normas procesales; además, requería de un tiempo para estudiar el caso y
sustentarlo con información registrada en la internet.
33. Sin embargo, se reitera, esta Subsección ha expresado que, a pesar de que el
ejercicio de la acción de tutela no tiene un término de caducidad, lo cierto es que
esta debe ser presentada en un plazo razonable y proporcionado a partir de la
10 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.
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providencia que supuestamente generó la transgresión, es decir, desde que quedó
notificada o ejecutoriada, según el caso, razón por la cual no es de recibo la tesis
de la parte accionante sobre que se debió flexibilizar el referido requisito de
procedibilidad, dada su falta de conocimientos jurídicos, máxime cuando se enteró
de la supuesta vulneración con la notificación de la sentencia de segunda
instancia, situación que no fue desvirtuada.
34. De hecho, se tiene que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander remitió la providencia en cuestión al correo electrónico que se
encontraba registrado en el aplicativo Samai, para tal fin, esto es:
abogadosltda@hotmail.com. Aunado a que dentro del proceso ordinario no se
encuentran solicitudes posteriores a la notificación, al punto que la Sala deba
estudiar la inmediatez desde un hito distinto. Si el señor Juan Carlos Ferreira
Sáenz estimaba que el fallo atacado vulneraba sus derechos fundamentales, ese
justamente debió ser el estímulo para acudir con prontitud ante el juez de tutela.
Empero, así no lo hizo.
35. Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que
no está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que en razón de esa situación les hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
de los accionantes, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.
36. Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte
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accionante se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia censurada, para lo cual es insuficiente invocar la falta de instrucción
jurídica, con mayor razón si se tiene en cuenta que aquella no requiere de
formalidades para su presentación y que el señor Ferreira Sáenz y sus familiares
estuvieron representados por un apoderado judicial en el proceso ordinario. De
modo que la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo razonado
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
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integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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