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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04593-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04593-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sergio Augusto Hernández Moreno por no cumplir el requisito adjetivo de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04593-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

17 de octubre de 2024

Demandante: Sergio Augusto Hernández Moreno
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04593-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04593-00
Demandante: SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Sergio Augusto Hernández Moreno, en nombre propio, interpuso
acción de tutela1 contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin
de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia al igual que al principio
de favorabilidad en materia disciplinaria.

Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la sentencia del 14 de
febrero de 2024 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que
confirmó la dictada el 15 de junio de 2021 por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Santander, que le impuso como sanción la suspensión
del ejercicio profesional por el término de 2 meses dentro del proceso
disciplinario iniciado con ocasión de la queja presentada por la señora Clara
Juliana Amaya Rueda. El asunto se identificó con el radicado 68001-11-02-
000-2019-00498-00/01.

1 Presentada el 22 de julio de 2024 en el aplicativo tutelaenlínea2@deaj.ramajudicial.gov.co

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sergio Augusto Hernández Moreno
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04593-00

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

a. Que se tutelen los derechos fundamentales vulnerados, y se deje sin
efectos la sentencia de segunda instancia de la COMISION DE
DISCIPLINA JUDICIAL/Magistrado Ponente: Juan Carlos Granados
Becerra Radicado No. 680011102000 201900498 01.

b. Que se declare que la sentencia de segunda instancia de la
COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL/Magistrado Ponente:
Juan Carlos Granados Becerra Radicado No.68001-
110200020190049801, incurrió en las vías de hecho al aplicar una
sanción prescrita por ser superior a los 5 años y por haber perdido
competencia para el momento de dictar sentencia.

c. Que se ordene a la COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL la
aplicación y armonización al precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, por desconocimiento de los principios Universales del
principio de favorabilidad entre normas Disciplinarias ley 1123 de 2007-
(Código Disciplinario del Abogado) y ley 1952 de 2019, (Código General
Disciplinario) en especial lo citado del Artículo 33.Modificado por el art. 7,
Ley 2094 de 2021. Y por consiguiente se decrete la prescripción bajo el
principio de favorabilidad por superar los 2 años en segunda instancia.

d. Que se elimine la anotación negativa de la sanción en el registro
nacional de abogados y diferente plataforma de reportes, por ser
vulneradora de los derechos fundamentales mencionados.

PRETENSION SUBSIDIARIA

e. Se solicitará de manera atenta se declare por vía constitucional que se
vulneró el principio de seguridad jurídica, y existió decaimiento de los
efectos de la sanción, por falta de ejecutoria de la sentencia al ser
notificada con efectos retroactivos.

f. Se falle extra o ultra petita a favor de la norma más beneficiosa para este
accionante.

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Clara Juliana Amaya Rueda informó que en el año 2014 le confirió
poder al abogado Sergio Augusto Hernández Mora dirigido a la Gobernación
de Santander- Secretaría de Salud Departamental con el fin de obtener
información relacionada con sus actividades laborales, de manera concreta,
en el área de salud ambiental.

2

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Expuso que el citado profesional utilizó de manera indebida el poder
conferido para obtener información sobre sus enfermedades laborales como
funcionaria de la Gobernación de Santander; motivo por el cual formuló ante
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander queja disciplinaria
en contra del abogado Sergio Augusto Hernández Morales.

En providencia del 15 de junio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Santander, declaró al abogado Sergio Augusto Hernández
Morales, debidamente identificado en la parte resolutiva de la sentencia
como responsable a título de dolo de la falta consagrada en el artículo 33
numeral 9º de la Ley 1123 de 2007 agravada de conformidad con el artículo
45 literal C numerales 2 y 3, imponiendo como sanción la suspensión por 2
meses del ejercicio de la profesión.

Interpuesto recurso de apelación2, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en providencia del 14 de febrero de 2024, negó la nulidad3 formulada por el
recurrente y dispuso confirmar la sentencia proferida por el a-quo, al indicar:

“… ..mediante la cual declaró responsable al abogado SERGIO AUGUSTO
HERNÁNDEZ MORALES disciplinariamente responsable de vulnerar el
deber establecido en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y
cometer la falta contemplada en el numeral 9 del artículo 33 ibídem,
agravado por los numerales 2 y 3 del literal C del artículo 45 de la Ley 1123
de 2007, a título de dolo, por lo que lo SANCIONÓ con SUSPENSION POR
DOS(2) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN”4.

Mediante escrito del 5 de marzo de 2024, el accionante solicito la adición,
aclaración o modificación de la sentencia al considerar que se incurrió en
defecto procedimental al negar la nulidad invocada ya que no se tuvo acceso
a las piezas procesales lo que conllevó a flagrante violación de los derechos
humanos y de la Constitución Política para acceder y conocer las
actuaciones judiciales con el fin de preparar la defensa técnica, lo que no fue
posible, puesto que nunca le abrió el expediente digital siendo la única la
sentencia de primera instancia.

De igual manera afirmó que se incurrió en violación al principio de
favorabilidad por la no aplicación de la prescripción en los términos de la Ley
1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 de manera concreta el
inciso tercero del artículo 33 al no tenerse por interrumpida la prescripción
con la notificación del fallo de primera instancia ya que la decisión de

2 El apelante expuso como motivos de reproche a la sentencia de primera instancia el haber

obrado para proteger el derecho de su menor hijo de presunta amenaza como consecuencia
de la conducta de su progenitora, cónyuge y quejosa señora Clara Juliana Amaya Rueda, la
indebida valoración de las pruebas que acreditaban la vulneración de los derechos
fundamentales del menor, la antijuridicidad de la conducta por no haber causado daño.
3 Invoco como nulidad la indebida notificación de la sentencia de primera instancia por

imposibilidad de acceso digital al expediente con el fin de sustentar el recurso de apelación.
4 Transcripción literal.

3

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segunda instancia no se notificó dentro de los dos años siguientes al
pronunciamiento de la primera.

Lo anterior ya que al 29 de febrero de 2024 fecha de notificación de la
sentencia de segunda instancia transcurrió un término superior a los dos
años consagrados en la norma, por haberle sido notificada la sentencia de
primera instancia el 22 de noviembre de 2021.

También, indicó que se incurrió en error sustancial o vicio en la identificación
del sancionado, lo cual debió realizar la primera instancia para que una vez
subsanado, se notificara nuevamente la sentencia para la posibilidad de
recurrir en apelación.

Así mismo invocó defecto procedimental como consecuencia de la pérdida
de competencia por precluir la facultad sancionatoria del término establecido
para proferir el fallo de segunda instancia con fundamento en el artículo 76
de la Ley 2094 que modificó el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 ya
indicada en argumento anterior.

Por último, alegó defecto sustantivo en la decisión del 14 de febrero de 2024
ya que la sentencia que le fuera notificada solo tiene la firma del magistrado
ponente sin la de los demás integrantes, sin que se advierta constancia de
firma digital o electrónica, lo que infringe el principio de publicidad de las
actuaciones judiciales, su quórum deliberatorio y decisorio5.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en auto del 20 de marzo de
2024, accedió a la solicitud del disciplinable únicamente respecto a la
aclaración del segundo apellido, para disponer corregir la sentencia para
indicar que el nombre correcto del disciplinado es Sergio Augusto Hernández
Moreno y no Sergio Augusto Hernández Morales como erradamente se
indicó.

En cuanto al defecto procedimental al negar la nulidad invocada en la
apelación, reiteró que el disciplinado sí conoció del expediente en su
totalidad, ya que intervino en todas y cada una de las etapas procesales en el
trámite disciplinario.

Con relación a la violación al principio de favorabilidad por no aplicar la
prescripción de la acción disciplinaria, recordó que, dada la calidad de
abogado del investigado, la norma aplicable en materia de prescripción es el
artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, la que consagra el término de cinco años
a partir de la falta como fue el mes de marzo de 2019 sin que al mes de
febrero de 2024 se haya cumplido el término indicado.

Así mismo advirtió que el defecto sustantivo y procedimental por falta de

5 Sentencia T-304/20 Corte Constitucional.

4

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quorum en la Sala de Decisión 009 de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial antes de constituir motivo de aclaración de la sentencia es un
requerimiento de información que pudo resolverse con una petición a la
Secretaría en tal sentido.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante afirmó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
a la defensa, como consecuencia del defecto sustantivo por falta de
aplicación del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 y desconocimiento de la
sentencia C-1076 de 2002 de la Corte Constitucional en la que se indicó que
en materia disciplinaria las providencias que resuelven los recursos de
apelación y queja no quedan ejecutoriadas con la suscripción sino desde su
notificación.

Expuso que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en vía de
hecho al disponer una sanción ya prescrita ya que el trámite del proceso
disciplinario fue superior a los cinco años, por lo tanto, debió cumplir el
postulado de que las sentencias judiciales tienen efecto hacia el futuro, cuya
excepción con base en el principio de favorabilidad es la aplicación de la
ultraactividad y la retroactividad de la ley.

En ese orden, indicó que al ser notificada la sentencia el día 29 de febrero
de 2024, los 3 días de ejecutoria se cumplieron el martes 5 de marzo del
mismo año, y que la firmeza de la sanción empezó a operar el 6 del mismo
mes y año; fecha para la cual se encontraba prescrita la acción, como quiera
que los hechos se remontan al día 1 de marzo de 2019 o incluso el 4 , para
concluir que los efectos de la sanción de la sentencia no nacieron a la vida
jurídica, porque no tenían ni fuerza vinculante ni ejecutoria de la misma.

De igual manera manifestó que operó la prescripción ya que oportunamente
el día 5 de marzo presentó solicitud de aclaración, adición o reforma de la
sentencia, que fuera resuelta en providencia del 20 de marzo de 2024
notificada mediante correo electrónico el día 23 de abril del mismo año.

En relación con el cargo por desconocimiento del precedente consistente en
la falta de aplicación de la sentencia C-1076 de 2002 de la Corte
Constitucional, en la que se indicó que en materia disciplinaria las
providencias que resuelven los recursos de apelación y queja no quedan
ejecutoriadas con la suscripción sino desde su notificación, como también
por remisión expresa de la Ley 1123 de 2007 al Código General
Disciplinario- Ley 1952 de 2019, indicó que se generó incertidumbre jurídica
sobre los efectos de la sentencia ya que al parecer le dan efectos
retroactivos a la sanción al dejarla en firme como consecuencia de la
notificación que se le realizara el día 29 de febrero del mismo año.
5

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el despacho ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

De igual manera, vinculó como terceros con interés a los magistrados de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander- Sala Dual y a la
señora Claudia Juliana Amaya Rueda, quien instauró la queja disciplinaria.

Así mismo otorgó para la accionada y terceros con interés el término de 3
días para que se pronunciaran y acompañaran los documentos que
pretendan hacer valer como pruebas.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas6, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El magistrado ponente del fallo de segunda instancia, en escrito del 10 de
septiembre de 2024, manifestó que la acción de amparo no supera ninguno
de los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional 7
lo que obliga a que se declare su improcedencia, pues, además, se debe
evitar que la tutela se convierta en un mecanismo para reabrir procesos
judiciales concluidos y resueltos por el respectivo juez natural.

Así mismo en el evento de no ser declarada improcedente, solicitó que se
nieguen las pretensiones por ausencia de los requisitos de procedibilidad
específicos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, de los que se
precisó constituyen graves defectos que se oponen a que la decisión judicial
se ajuste a los mandatos constitucionales.

En ese orden, refirió que el accionante expuso que la sentencia cuestionada
incurrió en un defecto procedimental por no haber declarado la prescripción
de la acción disciplinaria, negar la nulidad invocada y notificársele la
providencia sin la firma de todos los magistrados.

Afirmó que la providencia del 14 de febrero de 2024 no vulneró derecho

6 Mediante notificación enviada al correo electrónico el 6 de septiembre de 2024 al
accionante, a la accionada y a la Comisión Seccional de Santander. Índice 8 Samai.
Mediante correo electrónico a la quejosa el 19 de septiembre de 2024. Índice 13 Samai.
7 Sentencia C-590 de 2005 Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.

Sentencia T-459 de 2017 Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
Sentencia SU-090 de 2018 Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos
Sentencia SU-332 de 2019 Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sentencia SU-128 de 2021 Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger.
6

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fundamental alguno ya que la decisión se profirió por el Juez natural de
segunda instancia atendiendo los argumentos expuestos por el disciplinado,
y la normativa sustancial y procesal contenida en la Ley 1123 de 2007.

Con relación al argumento de que se debió aplicar en virtud del principio de
la favorabilidad la prescripción de la acción disciplinaria en los términos de la
Ley 1952 de 2019, expuso que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le
precisó al accionante que a pesar de tratarse de un argumento, el artículo 24
de la Ley 1123 de 2007 norma especial aplicable a los profesionales del
derecho establece el término de cinco (5) años para que opere la
prescripción de la acción disciplinaria contados a partir de la comisión de la
falta, sin que para el 14 de febrero de 2024 se haya cumplido el plazo
consagrado en la norma .

Ahora, en cuanto a que el término de prescripción de cinco años se haya
cumplido en la ejecutoria de la providencia y antes de ejecutarse la sanción
disciplinaria, expresó que la autoridad solo podía pronunciarse conforme a
los argumentos expuestos en las oportunidades procesales sin que en el
escrito de aclaración, corrección y/o adición del 5 de marzo de 2023, se haya
alegado tal fundamento, lo que no es admisible al pretender revivir la
controversia por motivos diferentes a los expuestos en la oportunidad
procesal correspondiente.

Manifestó que la consideración del accionante en el sentido de que la acción
disciplinaria se encontraba suspendida como consecuencia de la solicitud de
aclaración, corrección y/o adición no tiene sustento en el procedimiento
disciplinario. De igual manera la reflexión de que la investigación y sanción
disciplinaria se surtió en contra de un abogado inexistente en atención a la
mención errónea del segundo apellido no constituye falencia sustancial, ya
que, a pesar de no advertirlo en el trámite ordinario, su identificación como
ciudadano y abogado se cumple de manera idónea.

En cuanto al defecto procedimental por la negativa de declarar la nulidad del
proceso por no haber tenido acceso a las piezas procesales para el momento
de presentar el recurso de apelación, reiteró que en la sentencia del 14 de
febrero de 2024 y en el auto del 20 de marzo del mismo año de manera
evidente se le demostró que intervino en el tramite y debate probatorio de la
investigación adelantada, por lo que sí conocía el expediente en su totalidad.

Concluyó que lo pretendido por el actor a través de la acción constitucional
es la de revivir los términos para el estudio de un asunto que ya fue definido
en las instancias correspondientes de la jurisdicción disciplinaria.

De manera subsidiaria solicitó se niegue el amparo al no acreditar el
accionante defecto específico alguno de los indicados por la jurisprudencia
constitucional en el que haya incurrido como accionada.

7

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1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Mediante escrito remitido el 10 de septiembre de 2024 al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente de la
decisión de primera instancia expuso que la sentencia C-590 de 2005
introdujo criterios de procedibilidad de carácter general y específico.

En ese orden, manifestó que el asunto goza de relevancia constitucional por
ser objeto de debate la supuesta vulneración del derecho al debido proceso,
a la igualdad y al principio de la favorabilidad, así como también cumple el
requisito de la inmediatez por haberse interpuesto en un término razonable
después de pronunciada la sentencia de segunda instancia.

Así mismo relató que el accionante cumplió con el requisito de haber utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance
como fue el recurso de apelación y aclaración de la sentencia de segunda
instancia, a pesar de que pretende por vía de tutela obligar al juez a
pronunciarse sobre el fenómeno de la prescripción, para dejar sin efecto la
sanción impuesta y a la postre cumplida.

Afirmó que ninguna irregularidad procesal se presentó en el trámite del
proceso disciplinario de primera instancia al punto que fue confirmada la
sentencia por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por el
contrario, el accionante expone inconformidad con la última sentencia
proferida por no haber declarado la prescripción que hoy por la vía de tutela
pretende, lo que también es improcedente por la configuración de hecho
superado como consecuencia de haber cumplido la sanción de suspensión el
día 13 de mayo de 2024.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela y se nieguen la totalidad de las pretensiones, por no haber acreditado
vulneración a sus derechos fundamentales.

La señora Claudia Juliana Amaya Rueda en su calidad de quejosa no realizó
pronunciamiento alguno, a pesar de haber sido debidamente notificada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer, en primera instancia, de la acción
de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el numeral 5
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

8

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, se deberá
verificar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la sentencia del 14
de febrero de 2024 que confirmó la dictada el 15 de junio de 2021 por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y
a la defensa al incurrir presuntamente en defecto sustantivo por falta de
aplicación del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, con relación a la
declaratoria de prescripción de las conductas investigadas en el proceso
disciplinario, así como por desconocer la sentencia C-1076 de 2002 de la
Corte Constitucional.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre la relevancia constitucional y, iii) el
caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de

agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
9

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expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Estudio sobre la relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202212, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 del 2019, al momento de
estudiar los requisitos de procedibilidad en sede de revisión, encontró que la
acción de tutela carecía de relevancia constitucional.

En el citado anterior fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo,
enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de

12 Referencia:
Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
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Demandante: Sergio Augusto Hernández Moreno
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04593-00

discusiones de naturaleza eminentemente legal13” (Énfasis de la Sala).

El alto órgano de cierre, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

(i)No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución

Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 14 de febrero de 2024 proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó la dictada el 15
de junio de 2021 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, dentro del proceso disciplinario formulado en su contra con
radicado 68001-11-02-000-2019-00498-00/01.

El requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de la
acción de tutela tiene tres finalidades, a saber:

“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional14 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad15; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales16 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces17”.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario,
el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan
su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial

13 Sentencia SU 573 de 2019.
14 “Sentencia C-590 de 2005.”
15 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
16 “Sentencia C-590 de 2005.”
17 “Sentencia T-102 de 2006.”

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de la solicitud de amparo.

El accionante en su escrito de tutela invocó el defecto sustantivo ante la falta
de aplicación del fenómeno de la prescripción indicada en el artículo 24 de la
Ley 1123 de 2007, argumento no expuesto en el escrito denominado adición,
aclaración de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024, por cuanto en
el presentado solicitó fue la aplicación de la Ley 1952 de 2019 modificada por
la Ley 2094 de 2021.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial precisó en el auto del 20 de
marzo del mismo año, que lo expuesto en el escrito de tutela constituía un
hecho nuevo y ajeno a los reproches realizados no solo en el transcurso del
proceso, sino también en el escrito mediante el cual se sustentó el recurso
de apelación. No obstante, explicó que la norma especial aplicable lo era el
artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, norma que estableció el término de cinco
años contados a partir de la comisión de la falta para que operara la
prescripción de la acción disciplinaria, plazo no cumplido al 14 de febrero de
2024 fecha en la que se pronunció la sentencia de segunda instancia.

En cuanto a la suspensión de la acción disciplinaria como consecuencia de la
solicitud de aclaración y adición de la sentencia proferida se indicó no estar
consagrada expresamente en el procedimiento disciplinario. Así mismo con
relación a que se surtió el trámite en contra de un abogado inexistente, la
autoridad demandada resaltó que no tiene la categoría de invalidar lo
actuado por cuanto su identificación como ciudadano y abogado estuvo
plenamente comprobada, a pesar de lo cual corrigió el mencionado error.

Así las cosas, la Sala observa que el actor con los defectos invocados en su
escrito de tutela, pretende utilizar la acción constitucional como mecanismo
para revivir la controversia ya zanjada en la aplicación del fenómeno de la
prescripción de la acción disciplinaria sea con base en la Ley 1952
modificada por la Ley 2094 de 2021 o el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007,
conforme a la interpretación que de las normas pertinentes le parece
“correcta “.

Es decir, en otros términos, procura a través del mecanismo constitucional
obtener una decisión favorable, cuestión que no impacta la garantía de los
derechos fundamentales invocados tras pretender que se reestudie la
prescripción de la falta, la identidad del sancionado, y acceso al expediente,
lo que evidencia convertir el trámite ordinario en una tercera instancia.

En efecto, de las argumentaciones propuestas en la acción de tutela se
advierte que no se indicó ninguna que permita analizar el alcance de los
derechos fundamentales invocados de cara a la decisión judicial
cuestionada, pues de lo manifestado por el tutelante no es posible inferir
razonadamente un yerro que tenga la entidad suficiente para entrar a
estudiar de fondo sus pretensiones. Por el contrario, el debate propuesto es
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eminentemente legal en cuanto a la prescripción de la conducta disciplinaria
para imponer la que le resulte favorable, aspecto ajeno a los fines de la
acción constitucional.

Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Sergio Augusto Hernández Moreno por no cumplir el requisito adjetivo
de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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