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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04593-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04593-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada que declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-04593-01 ACTOR: SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04593-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04593-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES AQUÍ
EXPUESTAS. FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. SE PRETENDE UNA INSTANCIA ADICIONAL DENTRO DEL
PROCESO DISCIPLINARIO. SUMADO A ELLO, TAMPOCO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. EL REPARO REFERENTE
A QUE LA ACCIÓN PRESCRIBIÓ EN RAZÓN A QUE LA FALTA SE
CONSUMÓ EL 1o. DE MARZO DE 2019, SUPERANDO DE ESTA FORMA
EL TÉRMINO DE 5 AÑOS ESTABLECIDO EN LA NORMA, NO FUE
OBJETO DE DEBATE EN EL RECURSO DE APELACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 17 de octubre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

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ACTOR: SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso

a la administración de justicia y al principio de favorabilidad, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2 al haber proferido la

providencia de 14 de febrero de 2024, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 68001-11-02-000-

2019-00498-01.

I.2.- Hechos

1
En adelante la Sección Quinta
2
En adelante la Comisión Nacional.

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Afirmó que la señora CLARA JULIANA AMAYA RUEDA formuló

queja disciplinaria en su contra, por presuntamente haber utilizado

de manera indebida el poder conferido en el año 2014, con el fin de

obtener información sobre sus enfermedades laborales como

funcionaria de la Gobernación de Santander.

Alegó que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2019-00498-00 y correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Santander3 que, en providencia de 15 de junio de 2021,

lo declaró responsable a título de dolo de la falta prevista en el

artículo 33 numeral 9 de la Ley 1113 de 2007 agravada de

conformidad con el artículo 45 literal C numerales 2 y 3, razón por la

que le fue impuesta sanción de suspensión por dos meses en el

ejercicio de la profesión de abogado.

Comentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, en el cual, entre otras inconformidades, advirtió una

nulidad por indebida notificación por imposibilidad de acceso al

expediente digital con el fin de sustentar el recurso de apelación.

3
En adelante Comisión Seccional.

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Sostuvo que el anterior disenso fue desatado por la COMISIÓN

NACIONAL en sentencia de 14 de febrero de 2024, por medio de la

cual negó la nulidad invocada y confirmó la decisión del a quo.

Señaló que solicitó la adición, aclaración y corrección de la sentencia,

al estimar que: i) se incurrió en un defecto procedimental al negar la

nulidad formulada, ii) se violó el principio de favorabilidad por no dar

aplicación a la prescripción de la acción disciplinaria, iii) se incurrió

en error sustancial o vicio en la identificación del sancionado, iv) se

dio la pérdida de competencia para precluir la facultad sancionatoria

y proferir el fallo de segunda instancia y, v) se incurrió en defecto

sustantivo, pues la sentencia de 14 de febrero de 2024 solo tiene la

forma del magistrado ponente, sin la de los demás integrantes.

Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL en proveído de 20 de marzo

de 2024 accedió a la solicitud, pero únicamente en lo que respecta a

la aclaración del segundo apellido, por lo que ordenó corregir su

nombre y denegó las demás inconformidades.

I.3. Fundamentos de derecho

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A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus

derechos fundamentales al imponer una sanción pese a que la acción

disciplinaria se encontraba prescrita; además que se dejó de aplicar

la norma más favorable.

Destacó que al momento en que adquirió firmeza la sanción, esto es,

el 6 de marzo de 2024 o, más aún, después de corregida la sentencia

el 26 de abril de 2024, ya había operado la prescripción, pues la

presunta falta se consumó el 1o. de marzo de 2019, superando de

esta forma el término de 5 años establecido para la acción

disciplinaria.

Adujo que era deber del fallador de segunda instancia aplicar el

principio de favorabilidad y analizar los tiempos procesales, la

caducidad y la prescripción de la acción en virtud de la Ley 1952 de

28 de enero de 20194, modificada por la Ley 2094 de 29 de junio de

20215, pues el término que transcurrió entre la notificación del fallo

de primera instancia el 22 de noviembre de 2021 y la notificación del

4
Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
5
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

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fallo de segunda instancia, que fue el 23 de abril de 2024 cuando se

corrigió la providencia, fue de 2 años y casi 5 meses.

Aseveró que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en un defecto

sustantivo por no aplicación del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007,

así como en desconocimiento del precedente de la sentencia C-

1076 de 2002, por medio de la cual la Corte Constitucional consideró

que las providencias que resuelven los recursos de apelación y queja,

en sede disciplinaria, no quedan ejecutoriadas con la suscripción sino

con la notificación de las mismas.

Alegó que la corrección de la sentencia era la instancia oportuna para

resolver todos los interrogantes planteados respecto de los efectos

de la sanción y de la notificación de la sentencia, pues la sanción

impuesta carecía de efectos jurídicos, toda vez que la corrección de

la providencia fue notificada el 23 de abril de 2024 pero con efectos

retroactivos de la sentencia notificada el 29 de febrero de 2024, de

tal forma que era imposible el cumplimiento de una decisión

fraccionada o retroactiva.

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Advirtió que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en un defecto

procedimental absoluto al negar la nulidad invocada en el recurso

de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,

comoquiera que no se tuvo en cuenta que se le impidió el acceso a

las piezas procesales, lo que no le permitió ejercer en debida forma

su derecho de defensa y contradicción.

Por último, afirmó que el fallador de segunda instancia emitió una

sentencia extra o ultra petita.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] b. Que se declare que la sentencia de segunda instancia de
la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / Magistrado
Ponente: Juan Carlos Granados Becerra Radicado No.
680011102000 201900498 01, incurrió en las vías de hecho al
aplicar una sanción prescrita por ser superior a los 5 años y por
haber perdido competencia para el momento de dictar sentencia.

c. Que se ordene a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL la
aplicación y armonización al precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, por desconocimiento de los principios universales

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del principio de favorabilidad entre normas disciplinarias ley 1123
de 2007- (Código Disciplinario del Abogado) y ley 1952 de 2019,
(Código General Disciplinario) en especial lo citado del Artículo 33.
Modificado por el art. 7, Ley 2094 de 2021. Y por consiguiente se
decrete la prescripción bajo el principio de favorabilidad por
superar los 2 años en segunda instancia.

d. Que se elimine la anotación negativa de la sanción en el registro
nacional de abogados y diferente plataforma de reportes, por ser
vulneradora de los derechos fundamentales mencionados […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL refirió que la solicitud de amparo

resulta improcedente por incumplimiento de los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

máxime cuando lo pretendido es usar esta acción constitucional como

una instancia adicional al proceso disciplinario.

Ahora, de estudiarse de fondo el asunto, solicitó denegar el amparo

solicitado, toda vez que la providencia cuestionada no vulneró

derecho fundamental alguno, pues todas las etapas y la sentencia

dictada se atuvieron a las normas existentes y procedentes para el

caso particular, siguiendo la normativa dispuesta para el asunto, esto

es, la Ley 1123 de 2007.

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Sostuvo que en cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria le

precisó al actor que, en aplicación de los principios de especialidad y

legalidad, la prescripción de las acciones disciplinarias que se siguen

contra los abogados se rige únicamente bajo las reglas propias de la

Ley 1123 de 2007, dado que su regulación se encuentra de manera

taxativa en la norma especial y no es un vacío que se deba suplir y,

por lo tanto, tampoco es viable aplicar el principio de favorabilidad

solicitado en el caso particular.

De otra parte, sostuvo que en la solicitud de aclaración, corrección y

adición el actor no alegó la prescripción de la acción en los términos

que ahora lo hace, razón por la cual no hizo dicho análisis frente a

las inconformidades ahora traídas en sede constitucional, de tal

forma que resulta evidente que el señor HERNÁNDEZ MORENO lo

que pretende es revivir términos procesales.

Ahora, en cuanto a la supuesta suspensión de la acción disciplinaria

en razón a la solicitud de aclaración, corrección y adición, resaltó que

tal como lo explicó al actor, el error en su apellido fue meramente

formal y no sustancial, pues tanto el número de identificación como

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el de la tarjeta profesional si correspondían al disciplinado y, por

tanto, las notificaciones tanto de la primera como de la segunda

instancia se hicieron sin equívoco alguno, por lo que si bien hubo un

error, lo cierto es que no fue sustancial.

Respecto de la nulidad invocada en la apelación, sostuvo que dicho

argumento también fue analizado en la sentencia de 14 de febrero

de 2024 y en el auto de 20 de marzo de la misma anualidad, de lo

cual se explicó que el actor conocía del expediente en su totalidad.

Finalmente, en cuanto a la notificación de la sentencia de 14 de

febrero sin la firma de la totalidad de los magistrados, indicó que fue

un punto que se resolvió en auto de 20 de marzo de 2024, por lo que

también se ordenó remitírsele al actor copia íntegra de la providencia

aprobada en Sala núm. 009 de 14 de febrero de 2024 y se le dio

acceso a la totalidad del expediente.

I.6. Intervinientes

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I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL indicó que, contrario a lo

advertido por el actor, no hubo vulneración de sus derechos

fundamentales al interior del proceso disciplinario, por lo que no se

advierte ninguna irregularidad procesal que encaje en los requisitos

establecidos por la Corte Constitucional.

Manifestó que, en todo caso, en el asunto se configura el hecho

superado, si se tiene en cuenta que la sanción de suspensión por el

término de 2 meses, se cumplió el 13 de mayo de 2024.

Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela

de la referencia.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA, mediante sentencia de 17 de octubre de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

lo pretendido por el actor era utilizar la acción constitucional para

revivir la controversia zanjada en la aplicación de la prescripción de

la acción disciplinaria con fundamento en la Ley 1952, modificada por

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la Ley 2094 de 2021 o el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007.

En esa medida, sostuvo que el actor procura a través de la acción de

tutela obtener una decisión favorable, cuestión que no impacta la

garantía de los derechos fundamentales invocados al pretender que

se vuelva a estudiar la prescripción de la falta, la identidad del

sancionado y el acceso al expediente.

Así las cosas, advirtió que de las inconformidades propuestas no se

indicó ninguna que permita analizar el alcance de los derechos

fundamentales invocados de cara a la decisión cuestionada, pues de

lo manifestado no era posible inferir razonadamente un yerro que

tenga la entidad suficiente de entrar a estudiar de fondo sus

pretensiones.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA,

en los siguientes términos:

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Resaltó que la solicitud de amparo si cumple con el presupuesto

general de la relevancia constitucional, por lo que el a quo debió

decidir de fondo las pretensiones solicitadas.

Afirmó que el fallador de primera instancia omitió pronunciarse

respecto de la unificación de los criterios de prescripción en materia

disciplinaria, en el cual debe primar el principio de favorabilidad, con

una posición más amplia y no restrictiva, por lo que se omitió la

aplicación de las sentencias SU-037 de 1996 y T-465 de 1998

proferidas por la Corte Constitucional; así también, que era del caso

analizarse la vulneración frente a los términos a aplicar cuando se

soliciten correcciones o adiciones de sentencia.

Aseveró que el trámite de la solicitud de corrección, aclaración y

adición de la sentencia se encuentra debidamente regulado, de tal

forma que con ello se incurrió en violación directa de la constitución,

comoquiera que se dejó de aplicar los principios expresamente

señalados en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, como aquellos

que rigen la integración normativa y la jurisprudencia de la Corte

Constitucional.

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Destacó que la COMISIÓN NACIONAL antes de ser órgano de cierre

disciplinario, está obligado a ser un juez constitucional, por lo que

debió aplicar lo mas favorable para el disciplinado, en virtud de la

integración normativa y la prevalencia del derecho sustancial.

Refirió que la presente solicitud de amparo no es una tercera

instancia como lo afirmó el a quo, pues lo que se busca es un estudio

del juicio de validez de la sentencia cuestionada, pues no es un

asunto menor que la COMISIÓN NACIONAL emane la constancia

de ejecución de una sanción con fecha de 4 de marzo de 2024 con

notables yerros, los cuales no corresponden a la realidad fáctica,

pues no es cierto que en esa fecha quedó en firme el fallo

sancionatorio.

De otra parte, reiteró que la acción disciplinaria se encontraba

prescrita, por lo que era obligación de la autoridad judicial accionada

declararla.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia

y, en su lugar, se acceda a las pretensiones solicitadas.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 14 de febrero de 2024, proferida

por la COMISIÓN NACIONAL, a través de la cual confirmó la

decisión de primer grado que lo declaró responsable a título de dolo

de la falta prevista en el artículo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de

2007 agravada de conformidad con el artículo 45 literal C numerales

2º y 3º, por lo que le fue impuesta sanción de suspensión en el

ejercicio profesional de abogado por el término de 2 meses dentro

del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 2019-00498-01.

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La controversia tiene origen en la queja presentada por la señora

CLARA JULIANA AMAYA RUEDA ante la COMISIÓN SECCIONAL,

por indebida utilización del poder conferido en el año 2014 al actor

en su calidad de abogado.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de justicia y al principio de favorabilidad en materia

disciplinaria, habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,

desconocimiento del precedente y procedimental absoluto, al

imponer una sanción pese a que la acción disciplinaria se encontraba

prescrita; además que se dejó de aplicar la norma más favorable al

disciplinado.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 17 de octubre de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplió con el presupuesto general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor era

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utilizar la acción de tutela como una instancia adicional del proceso

disciplinario.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual afirmó que el asunto sí

reviste verdadera relevancia constitucional, por lo que se deben

analizar de fondo las inconformidades expuestas en el escrito de

tutela, para lo cual reiteró que la autoridad judicial accionada no tuvo

en cuenta que la acción disciplinaria ya se encontraba prescrita al

momento de emitir el fallo de segunda instancia y, aun mas, el que

corrió la sentencia, por lo que se debió dar una aplicación integral a

la normas bajo el principio de favorabilidad.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la COMISIÓN

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NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los

defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita

7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o

[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con

la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 las decisiones emitidas

por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento

disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la

fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no

pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede

constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se

acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y

se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el

efecto.

Ahora bien, descendiendo al estudio de los requisitos generales de

16
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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procedibilidad, especialmente el presupuesto general de la relevancia

constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el

actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

disciplinaria y de la cual se pretende constituir una instancia

adicional.

En efecto, revisado el auto de 20 de marzo de 2024, por medio del

cual la COMISIÓN NACIONAL resolvió la solicitud de aclaración,

corrección y adición de la sentencia de 14 de febrero de 2024, se

advierte que las inconformidades que ahora trae el actor a esta sede

constitucional ya fueron resueltas de forma admisible, así:

“[…] i) Defecto procedimental al negar la nulidad invocada en la
apelación

El disciplinado considera que no se debió negar la nulidad que
invocó en el recurso de apelación, pues en su sentir, se le
trasladó la carga de la prueba a él; además, se ignoró que a raíz
de la pandemia Covid 19, y en virtud del Decreto 806 de 2020 y
Ley 2080 de 2021, y demás, ya no se tenía acceso a los
expedientes físicos, dado que se ordenó la digitalización de los
expedientes judiciales, garantizándose el principio de publicidad.
Resaltó que la última oportunidad en la que pudo leer el
expediente fue antes de la pandemia, cuando se podía acceder
al expediente de manera presencial. Por lo anterior, para él era
fundamental acceder al mismo para presentar su defensa, y
lamentablemente no fue así, pues no pudo escuchar los audios
ni conocer los aportes probatorios dado que nunca le abrió el

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expediente digital; por lo que no comprende como el órgano de
cierre negó la nulidad porque “sí se pudo tener acceso a la
sentencia”, como si eso bastara para ejercer el derecho de
contradicción que le fue cercenado.
Sobre el particular, considera esta Corporación que no hay lugar
a aclarar, modificar o adicionar la Sentencia, pues tal como se
indicó en la providencia objeto de la presente solicitud, el recurso
de apelación procede únicamente frente a la Sentencia de
primera instancia, de la cual sí tuvo conocimiento el disciplinado;
asimismo, advirtió esta Corporación que no encontró vulneración
al debido proceso ni al derecho de defensa del profesional
HERNÁNDEZ MORENO pues éste intervino en todas y cada una
de las etapas procesales al interior del proceso disciplinario y
conoció de las pruebas que le fueron trasladadas en la
oportunidad procesal dispuesta para ello; por lo que se concluyó
que sí conoció del expediente en su totalidad, y en la
oportunidad procesal se pronunció de los hechos de la queja, se
le corrió traslado de las pruebas, aportó otras, rindió versión
libre y alegatos de conclusión, por lo que no se le cercenó el
derecho de contradicción, ni de defensa.

De manera que, se ratifica que la declaratoria de nulidad en el
caso particular no era procedente, tal como se explicó en la
Sentencia del 14 de febrero de 2024.

ii) Violación al principio de favorabilidad por no aplicar la
prescripción de la acción disciplinaria

Argumenta el disciplinado que se debió dar aplicación al principio
de favorabilidad, pues en virtud del artículo 33 de la Ley 1952
de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, la acción
disciplinaria se encontraba prescrita para el momento en que se
profirió la Sentencia del 14 de febrero de 2024; pues, ya había
transcurrido el término de dos (2) años de la notificación de la
sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de 2023.
Asimismo, manifestó su inconformidad porque no se hizo ningún
pronunciamiento sobre el particular.

Al respecto, olvida el señor HERNÁNDEZ MORENO que su calidad
de disciplinable fue la de profesional del derecho y no la de

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servidor, funcionario o empleado público, por lo que, bajo los
principios de legalidad y especialidad, la actuación disciplinaria
en su contra se surtió bajo el procedimiento disciplinario
establecido en la Ley 1123 de 2007- Código Disciplinario del
abogado-. Así las cosas, el término de prescripción para el caso
particular se rigió por el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, es
decir, que este acaecía a los cinco (5) años de la falta
disciplinaria, por lo que teniendo en cuenta que la falta ocurrió
en marzo del año 2019, para febrero del año 2024, fecha de la
Providencia proferida por esta Corporación, la acción
disciplinaria se encontraba vigente.

Ahora bien, el que no se hubiera desarrollado dicho aspecto de
manera explícita en la Sentencia del 14 de febrero de 2024, no
quiere decir que esta Corporación no hubiese verificado tal
aspecto, pues precisamente al constatar que no había operado
el término prescriptivo de la acción disciplinaria se procedió a
estudiar de fondo lo concerniente al recurso de apelación. Se
itera que no hubo un aparte dedicado a dicho aspecto, porque
bajo el principio de limitación este no fue un argumento del
recurso de alzada, sin que ello implique que esta Comisión no
hubiere verificado que la acción disciplinaria se encuentra
vigente para poder emitir los pronunciamientos de fondo.

Por lo tanto, tampoco hubo el defecto procedimental alegado por
el disciplinado, pues esta Corporación sí tenía la competencia
para emitir pronunciamiento de fondo en el caso particular […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia

carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su

solución se deriva de la interpretación que el accionante pretende

que se dé a las normas dispuestas para el proceso, las cuales fueron

resueltas por la autoridad judicial accionada en la sentencia

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cuestionada.

Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el recurso de apelación y en la solicitud de aclaración,

corrección y adición de la sentencia, con la finalidad de que se haga

una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y

se acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de

amparo fuera una instancia o recurso adicional a los previstos en el

trámite disciplinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a la normativa, en el cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter

de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y

de paso invadir la competencia y la independencia del juez

disciplinario.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De otra parte, en cuanto al reparo relativo a que la autoridad judicial

pasó por alto que al momento en que adquirió firmeza la sanción,

esto es, el 6 de marzo de 2024 o, más aún, después de corregida la

sentencia el 26 de abril de 2024, ya había operado la prescripción,

pues la presunta falta se consumó el 1o. de marzo de 2019,

superando de esta forma el término de 5 años establecido para la

acción disciplinaria, no resulta procedente.

En efecto, la Sala resalta que dicho argumento tampoco cumple con

el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que dicha

inconformidad no fue planteada en el recurso de apelación, por lo

que para que una instancia judicial considere ciertos argumentos o

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reparos, estos deben ser presentados en los procedimientos

adecuados y en los momentos oportunos.

En este caso, al no haber sido mencionado en el recurso de apelación,

no fue objeto de estudio dentro del proceso disciplinario, pues si bien

se planteó la prescripción de la acción, se propuso bajo otros

argumentos, esto es, que habían transcurrido dos años desde la

notificación de la sentencia de primera instancia, por lo que el

término para proferir el fallo de segunda instancia ya estaba

superado, pero nada se mencionó frente al hecho, según el cual, la

falta se consumó el 1o. de marzo de 2019, superando de esta forma

el término de 5 años establecido para la acción disciplinaria.

Asimismo, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, dado que las razones expuestas por el

actor para justificar la solicitud de amparo no evidencian la

ocurrencia de un perjuicio irremediable, sin que en todo caso de las

circunstancias fácticas probadas se pueda advertir tal situación.

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Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por los

motivos expuestos en precedencia, esto es, por carecer de los

requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada que declaró

improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-04593-01
ACTOR: SERGIO AUGUSTO HERNÁNDEZ MORENO

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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