Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04611-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de octubre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04611-00
Demandante: Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04611-00
Demandante: POLICÍA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra resolución que retiró del servicio
a miembro de la Policía Nacional por incurrir en inhabilidad
sobreviniente. Defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial, en la que
pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado, supuestamente, por la sentencia del 18 de marzo de 2024, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo que había negado las
pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el
señor Jaime Gregorio Pérez Alarcón promovió en su contra, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue retirado del
servicio, por incurrir en la causal de nulidad establecida en el numeral 2° del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La institución accionante manifestó que el señor Jaime Gregorio Pérez Alarcón
instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con la
pretensión de obtener la nulidad de la Resolución Nº 02807 del 15 de junio de
2017, expedida por el director general de la Policía Nacional, mediante la cual fue
retirado del servicio como patrullero de la institución Nacional, por encontrarse
incurso en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 38 numeral 2° de la
Ley 734 de 2002.
Afirmó que en la contestación de la demanda argumentó que el acto administrativo
demandado gozaba de presunción de legalidad, por cuanto fue expedido conforme
a las leyes vigentes, de acuerdo a la normativa disciplinaria y legal que regula y
establece la facultad de retiro, y que el artículo 6º de la Ley 190 de 1995 establece
que “en caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna
inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá advertirlo
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inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio. Si dentro de los tres (3)
meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen
a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de
las sanciones a que por tal hecho haya lugar. De igual manera mediante concepto
de fecha 27 de abril de 2007, la Procuraduría General de la Nación estableció que
la inhabilidad se genera por la existencia de tres o más sanciones por faltas
graves, cualquiera sea el grado de culpabilidad, o faltas leves dolosas”.
Sostuvo que en primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Medellín por sentencia del 26 de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la
demanda, luego de considerar que la Corte Constitucional en la sentencia C-544
de 2005, mediante la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley
734 de 2002, estableció que la finalidad de la inhabilidad sobreviniente gira en
torno a los intereses de la administración pública, y que tal interés busca que las
personas sin las cualidades y condiciones de idoneidad, probidad y moralidad
ingresen o continúen en el servicio público.
Indicó que en la sentencia se estableció que la interpretación que pretendía darle
el apoderado de la parte actora al artículo 38 de la Ley 734 de 2002, no tenía
ningún sustento jurisprudencial, pues la Corte Constitucional en su jurisprudencia
ha concluido que “en algunos casos una falta grave culposa puede resultar incluso
más lesiva para el interés público que una falta leve dolosa”.
Refirió que luego de que el demandante impugnara dicho fallo, el Tribunal
Administrativo de Antioquia en sentencia del 18 de marzo de 2024 la revocó y, en
su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que declaró la nulidad
de la Resolución N° 02807 del 15 de junio de 2017, y a título de restablecimiento
del derecho condenó a la Policía Nacional a reintegrar al señor Pérez Alarcón en
el cargo de patrullero o a otro de igual o superior jerarquía.
Adujo que la decisión objeto de tutela se soportó en la consideración de que,
conforme con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
particularmente, la sentencia del 30 de enero de 2020 -Subsección “B”-, “ante la
falta de claridad de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, sobre la calificación de las faltas graves que se deben tener en cuenta a
efectos de contabilizar las tres sanciones para que se configure la inhabilidad
establecida, es deber del intérprete emplear un criterio restrictivo, razón por la cual
la Sala considera que la inhabilidad prevista en esta norma solamente se puede
aplicar cuando se acreditan tres o más faltas graves dolosas o leves dolosas, o
ambas”, como ocurrió en el caso, en el que las faltas graves mediante las que
había sido sancionado el demandante no habían sido calificadas.
2. Fundamentos de la acción
La Policía Nacional presentó acción de tutela con el objeto de que el juez
constitucional proteja el derecho fundamental al debido proceso, vulnerado,
supuestamente, por la sentencia del 18 de marzo de 2024, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo que había negado las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el
señor Jaime Gregorio Pérez Alarcón promovió en su contra y, en su lugar, accedió
a las pretensiones encaminadas a que se declarara la nulidad del acto
administrativo mediante el cual fue retirado del servicio por incurrir en la causal de
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inhabilidad sobreviniente establecida en el numeral segundo del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002.
Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que, a su
juicio, la sentencia objetada incurre en i) defecto sustantivo, por la indebida
interpretación del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que la
inhabilidad sobreviniente surge por la comisión de “faltas graves o leves dolosas o
por ambas”, y opera una vez el funcionario es “sancionado disciplinariamente tres
o más veces en los últimos cinco (5) años”, por lo que en el caso había lugar al
retiro del señor Pérez Alarcón, quien había sido sancionado por tres faltas graves
en el pasado.
De otra parte, sostuvo que la sentencia objetada incurre en ii) desconocimiento
del precedente judicial, contenido en las sentencias C-544 de 2005 y T-504 de
2009 de la Corte Constitucional, en las que se afirmó i) que el eje axiomático de la
inhabilidad gira en torno a los intereses de la administración pública, y que a
través de ella se impide que ingresen o continúen en el servicio público personas
sin las cualidades y condiciones de idoneidad, probidad y moralidad acordes con
la función pública, y ii) “por lo que sería contrario a este fin, el que quien ha sido
sancionado tres veces o más por faltas graves –no importa si son culposas o
dolosas- pueda continuar en él. Y es que, de hecho, en algunos casos una falta
grave culposa puede resultar incluso más lesiva para el interés público que una
falta leve dolosa, razón por la cual parecería por lo menos irrazonable que la
inhabilidad en comento operara frente a quien incurra en tres o más faltas leves
dolosas, pero no frente a quien incurra en tres o más faltas graves culposas”.
Finalmente, sostuvo que el desconocimiento del precedente judicial aplicable
vulnera el derecho fundamental al debido proceso, como ha sido establecido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia, de fecha 18 de
marzo de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
demandante JAIME GREGORIO PÉREZ ALARCON- Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, vulneró el derecho fundamental a la igualdad y al
Debido Proceso de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo
de tutela solicitado por la Policía Nacional, y se DEJE SIN EFECTOS la sentencia
citada, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, MAGISTRADA
PONENTE Dr.(a) SANDRA LILIANA PÉREZ HENAO, dentro del término razonable,
dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos
expuestos en la presente acción y observando el precedente jurisprudencial fijado por
la H. Corte Constitucional, en la sentencia cuyo desconocimiento se invocó”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digital del expediente contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado Nº 2017-00625-01, actor: Jaime
Gregorio Pérez Alarcón.
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5. Trámite procesal
Por auto del 4 de septiembre de 2024, se admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, al señor Jaime Gregorio Pérez
Alarcón, como terceros interesados en el resultado del proceso. Así mismo, de
conformidad con el artículo 610 del Código General del Proceso a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios No. 258861 a 258868
del 11 de septiembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción por cuanto, adujo, en el caso las decisiones adoptadas
fueron debidamente notificadas, se respetó el debido proceso y se ha garantizado
el acceso a la administración de justicia conforme con los procedimientos
establecidos en la Ley 472 de 1998.
Concluyó que no se han vulnerado derechos fundamentales ni legales de las
partes, y que la providencia proferida por ese despacho estuvo debidamente
motivada, pues la valoración probatoria condujo a adoptar la decisión.
6.2. Respuesta del señor Jaime Gregorio Pérez Alarcón
El vinculado con interés al trámite constitucional rindió informe en el que solicitó
que se denegaran las pretensiones, por cuanto, adujo, los defectos alegados no
se configuran “como quiera que, las sentencias aludidas por la entidad accionante,
ninguuna de ellas son de aquellas de Unificación que obliguen al juez a acatar las
mismas”.
Sostuvo que en la sentencia objeto de tutela se aclaró que respecto a la
inhabilidad sobreviniente existen criterios y apreciaciones que dan lugar a varias
conceptualizaciones, por lo que el tribunal accionado, amparado en los principios
pro homine, de favorabilidad y el criterio restrictivo, adoptó su decisión ajustada a
la Constitución Política y la Ley, bajo el respeto por el debido proceso.
Agregó que en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B”, proferida dentro del radicado número: 11001-03-25-000-2013-00998-001, se
estableció que respecto de las normas sancionatorias no es posible realizar una
interpretación extensiva, “sino que debe llevarse a cabo un estudio según el tenor
literal y gramatical de los enunciados normativos, sin llegar a emplear criterios
como la analogía. Por el contrario, a juicio de la Sala el intérprete de estas normas
jurídicas debe emplear un criterio restrictivo con aplicación del principio de
favorabilidad, con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso, así
como los principios de igualdad y de acceso a cargos públicos”.
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M.P. César Palomino Cortés.
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Añadió que en dicha jurisprudencia se indicó que el alcance de las inhabilidades
debe ser interpretado restrictivamente, y que “ante la falta de claridad de lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 del año 2002, sobre la
calificación de las faltas graves que se deben tener en cuenta a efectos de
contabilizar las tres sanciones para que se configure la inhabilidad establecida, es
deber del intérprete emplear un criterio restrictivo, razón por la cual la Sala
considera que la inhabilidad prevista en esta norma solamente se puede aplicar
cuando se acreditan tres o más faltas graves dolosas o leves dolosas, o ambas”.
Finalmente, señaló que, a su juicio, se pretende utilizar la acción de tutela como
mecanismo para debatir en una tercera instancia situaciones que ya se resolvieron
dentro del trámite ordinario ante el juez natural, donde en todo momento se le
permitió ejercer los derechos al debido proceso, contradicción, igualdad y defensa
a la Policía Nacional.
6.3. Los demás vinculados al trámite constitucional, aun cuando fueron
debidamente vinculados al trámite constitucional, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 18 de marzo de 2024,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo que había
negado las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento que el señor
Jaime Gregorio Pérez Alarcón promovió en su contra y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda, incurre en i) defecto sustantivo, por la indebida
interpretación del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que la
inhabilidad sobreviniente surge por la comisión de “faltas graves o leves dolosas o
por ambas”, y opera una vez el funcionario es “sancionado disciplinariamente tres
o más veces en los últimos cinco (5) años”, por lo que en el caso había lugar al
retiro del señor Pérez Alarcón, quien había sido sancionado por tres faltas graves
en el pasado, y en ii) desconocimiento del precedente judicial, contenido en las
sentencias C-544 de 2005 y T-504 de 2009 de la Corte Constitucional, en las que
se afirmó que “sería contrario a los fines sancionatorios que quien ha sido
sancionado tres veces o más por faltas graves –no importa si son culposas o
dolosas- pueda continuar en el ejercicio de funciones públicas”, a la luz de la
mencionada disposición.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
2
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
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motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución14.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneró a la institución
accionante el derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia del 18 de
marzo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el
fallo que había negado las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Jaime Gregorio
Pérez Alarcón promovió en su contra, y accedió a la pretensión de nulidad del acto
administrativo mediante la cual fue retirado del servicio, por encontrarse incurso en
la causal de inhabilidad establecida en el artículo 38 numeral 2° de la Ley 734 de
2002.
De allí que la discusión propuesta no pretende volver sobre razones expuestas en
el proceso ordinario, sino que se orienta a determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, lo que conllevaría, de encontrarse acreditados, la vulneración
de garantías iusfundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
14
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7
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(ii) La entidad accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el
caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia del 26 de noviembre de
2018, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín, y se
observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez
que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el
24 de marzo de 2024 y la acción de tutela se presentó el 30 de agosto de 2024,
esto es, cinco (5) meses y tres (3) días después, dentro del término prudencial
precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) se identificó de
manera razonable los hechos que generó la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La providencia objetada proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia no incurrió en los defectos alegados
4.2.1. La institución accionante considera que la sentencia del 18 de marzo de
2024, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo que había
negado las pretensiones de la demanda y accedió a la pretensión de nulidad del
acto administrativo mediante la cual el demandante fue retirado del servicio, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento que el señor Jaime
Gregorio Pérez Alarcón promovió en su contra, incurre en i) defecto sustantivo,
por la indebida interpretación del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual
establece que la inhabilidad sobreviniente surge por la comisión de “faltas graves
o leves dolosas o por ambas”, y opera una vez el funcionario es “sancionado
disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años”, por lo que en el
caso había lugar al retiro del señor Pérez Alarcón, quien había sido sancionado
por tres faltas graves en el pasado, y en ii) desconocimiento del precedente
judicial, contenido en las sentencias C-544 de 2005 y T-504 de 2009 de la Corte
Constitucional, en las que se afirmó que “sería contrario a los fines sancionatorios
que quien ha sido sancionado tres veces o más por faltas graves –no importa si
son culposas o dolosas- pueda continuar en el ejercicio de funciones públicas”, a
la luz de la mencionada disposición.
4.2.2. Como primera medida, la Sala aclara que efectuará el estudio conjunto de
los defectos alegados bajo las reglas del defecto sustantivo, por tratarse de aquel
que mejor engloba los reparos propuestos por la Policía Nacional.
La Corte Constitucional en sentencia SU-574 de 2019, reiteró que el defecto
sustantivo “parte del reconocimiento de que la competencia asignada a las
autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el
principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”
(SU-210 de 2017). De igual modo, reiteró los supuestos en los que se configura
este defecto, en los siguientes términos:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
17
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no
ser pertinente.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación
no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando
se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la
ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente
contraria a la Constitución.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación
que afecta derechos fundamentales.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de normas
abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha
sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución, o al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con
las motivaciones expuestas en la providencia.
Adicionalmente, la Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir
en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos, dos
hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que
esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que
en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable.
4.2.3. En tanto el defecto sustantivo se alega por la indebida interpretación del
numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734, de cara al estudio de constitucionalidad
efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 2005, la Sala
considera necesario hacer referencia a dicha disposición:
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“ARTÍCULO 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
(…)
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última
sanción”.
Ahora bien, en la sentencia C-544 de 2005, alegada como desconocida, la Corte
Constitucional estudió la constitucionalidad del numeral 2 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002, a la luz del concepto de la violación formulado por los demandantes
que señalaban que quebrantaba el derecho al debido proceso, “porque sanciona
al disciplinado, no por lo que hace, sino por lo que es, pues establece como
criterio sancionatorio los antecedentes disciplinarios del sujeto y no su
comportamiento”, y en tanto “el debido proceso impone una responsabilidad de
acto y no de actor, y que la norma acusada crea de manera automática una nueva
inhabilidad por tres años con el simple argumento de que se han sumado tres
sanciones por faltas graves o leves dolosas o por ambas”.
En su decisión, la Corte declaró exequible el contenido normativo demandado,
luego de considerar que aunque los demandantes sostenían que por tener una
fuente sancionatoria la inhabilidad allí consagrada se erigía en una nueva sanción,
“de la jurisprudencia transcrita es posible descartar tal interpretación. La
inhabilidad que ocurre como consecuencia de haberse interpuesto la tercera
sanción disciplinaria en cinco años surge, no como una nueva sanción, sino como
una medida de protección de la Administración, que pretende evitar el acceso a
sus cargos de personas que han demostrado una manifiesta incompetencia en el
manejo de los negocios que se les encomiendan”.
Conforme con lo anterior, en el caso se observa que en la sentencia señalada
como desconocida la Corte Constitucional no precisó una regla particular y
concreta que fuera aplicable al caso del accionante, y simplemente efectuó un
juicio de contraste abstracto entre la Constitución Política y el numeral 2° del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, encontrando que esta última disposición se
ajustaba a los cánones constitucionales en tanto no se erigía como una nueva
sanción, por lo que el defecto sustantivo alegado por esta causal no se configura.
En relación con el aparte de la sentencia C-544 de 2005 en el que se indicó que
“el eje axiomático de la inhabilidad gira en torno a los intereses de la
Administración Pública, y que a través de ella se impide que ingresen o continúen
en el servicio público personas sin las cualidades y condiciones de idoneidad,
probidad y moralidad acordes con la función pública”, citado por la entidad
accionante, la Sala observa que, contrario a lo manifestado por la Policía Nacional,
dicho enunciado no constituye una regla jurisprudencial cuya aplicación pudiera
incidir en el sentido de la decisión que se objeta, sino que hizo parte de las
consideraciones de dicho fallo, por lo que no se puede predicar que se hubiese
desconocido en el caso, lo que aúna argumentos para negar las pretensiones
frente a dicho cargo.
En todo caso, de la sentencia objeto de tutela, se observa que el tribunal
accionado adoptó su decisión con base en la consideración de que, dado que en
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el caso el demandante había sido sancionado en tres ocasiones por conductas
tipificadas como graves, sin precisar el grado de culpabilidad, conforme con la
jurisprudencia emanada de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” del 30 de enero de 202018, este no había incurrido en la causal de
inhabilidad sobreviniente consagrada en el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en
tanto, bajo una interpretación restrictiva de la norma, “la inhabilidad prevista en
esta norma solamente se puede aplicar cuando se acreditan tres o más faltas
graves dolosas o leves dolosas, o ambas”, lo que no había ocurrido en el caso.
Sobre el particular indicó:
“Con base en lo anterior, se advierte que el actor fue sancionado
disciplinariamente en tres oportunidades por conductas tipificadas como
graves, sin importar el grado de culpabilidad, por lo que a juicio de la
entidad demandada le sobrevino la inhabilidad consagrada en el numeral 2° del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, toda vez que se configuró el supuesto fáctico
y jurídico de la disposición en cita.
(…) como lo indicó el Consejo de Estado en la sentencia que se transcribió que
“ante la falta de claridad de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002, sobre la calificación de las faltas graves que se deben tener
en cuenta a efectos de contabilizar las tres sanciones para que se configure la
inhabilidad establecida, es deber del intérprete emplear un criterio restrictivo,
razón por la cual la Sala considera que la inhabilidad prevista en esta
norma solamente se puede aplicar cuando se acreditan tres o más faltas
graves dolosas o leves dolosas, o ambas”.
Adicionalmente, en la sentencia antes citada también se hizo referencia al
concepto emitido el 30 de abril de 2005 por el Consejo de Estado – Sala de
Consulta y Servicio Civil en el cual señaló: (…)
Así las cosas, haciendo una lectura restrictiva y no extensiva y/o
interpretativa del numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en
atención a que el demandante fue sancionado disciplinariamente tres
veces por faltas tipificadas como graves, dos (2) a título de culpa grave y
uno (1) por culpa gravísima; para la Sala, acogiendo la jurisprudencia del
Consejo de Estado; el señor Jaime Gregorio Pérez Alarcón no incurrió en
la causal inhabilidad sobreviniente de tres (3) años, consagrada en la
norma mencionada.
Por lo tanto, la institución policial no debió disponer su retiro del servicio activo
pues no se acreditaron cabalmente los supuestos de hecho que dieran lugar a
la configuración de la inhabilidad sobreviniente y a la causal de retiro prevista
en el artículo 6° de la Ley 190 de 1995.
Por lo expuesto, sobre el particular, la Sala arriba a la conclusión de que se
debe revocar la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda y, en
su lugar, declarará la nulidad del acto administrativo demandado, conforme a la
motivación, ordenando el correspondiente restablecimiento del derecho como
pasa a analizarse”.
Conforme con lo anterior, el defecto sustantivo alegado, conforme con el cual en el
caso no se tuvo en cuenta lo establecido en la sentencia C-544 de 2005 de la
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C.P. César Palomino Cortés, radicado 11001-03-25-000-2013-00998-00(2214-13).
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Corte Constitucional no se configura, en tanto en la sentencia objetada la
autoridad judicial accionada aplicó una de las posturas jurisprudenciales vigentes
sobre la materia, misma que establece un criterio de interpretación restrictivo de la
inhabilidad sobreviniente establecida en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002, esto es, que “la inhabilidad prevista en esta norma solamente se puede
aplicar cuando se acreditan tres o más faltas graves dolosas o leves dolosas, o
ambas”, por lo que concluyó que la inhabilidad sobreviniente contemplada en la
citada norma no operó, en tanto en el caso no se allegó prueba de la calificación
de las faltas graves por las que fue sancionado el demandante, lo que no se
aprecia vulnerador de los derechos invocados por la accionante.
Por lo demás, la Sala precisa que la Corte Constitucional, en la sentencia C-064
de 200319, en la que estudió la constitucionalidad del parágrafo segundo del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, explicó que no existe incumplimiento del
principio de proporcionalidad cuando la ley disciplinaria diferencia las
consecuencias punitivas de las conductas culposas frente a las dolosas, en tanto
“(…) mientras en los delitos dolosos el agente dirige su conducta de manera
inequívoca a producir un daño a bienes tutelados por el orden jurídico, en los
delitos culposos el daño ocasionado es producto de una negligencia, imprudencia
o impericia, sin que en ningún momento el autor haya querido ocasionar un
menoscabo del bien tutelado por la ley. Esa circunstancia permite diferenciar
claramente estas conductas delictivas, haciendo posible, también, atribuirle
consecuencias jurídicas diferentes, atendiendo al principio de proporcionalidad. En
síntesis, la diferencia entre las conductas punibles dolosas y culposas se explica
en virtud de sus distintos contenidos de injusticia, pues mientras en las primeras
existe un claro momento subjetivo orientado a la vulneración del bien jurídico
protegido, en las culposas ese momento no existe. De allí que en cumplimiento del
principio de proporcionalidad las consecuencias punitivas no pueden ser -ni son en
efecto- las mismas”.
4.2.4. De otra parte, el accionante alegó el desconocimiento de la sentencia T-504
de 2009 de la Corte Constitucional. Del análisis de dicha sentencia, la Sala
observa que esta versó sobre la inhabilidad sobreviniente declarada por la
Procuraduría General de la Nación a un aspirante al Senado de la República, por
incurrir en los supuestos del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. En
dicho caso, se evidenció que la sanción le fue impuesta al demandante el 31 de
mayo de 2007, y este incoó la tutela el 1° de octubre de 2008, por lo que la Corte
declaró improcedente el amparo solicitado por falta del requisito de procedibilidad
de la inmediatez.
En dicho fallo, la Corte Constitucional, luego de manifestar las razones que
fundamentaron la decisión de declarar la improcedencia por falta de inmediatez,
indicó que consideraba “pertinente hacer una última precisión”, relacionada con “la
forma como opera la inhabilidad del artículo 38, numeral 2º del Código Único
Disciplinario”, en donde refirió que, a su juicio, “sería contrario a los fines
sancionatorios que quien ha sido sancionado tres veces o más por faltas graves –
no importa si son culposas o dolosas- pueda continuar en el ejercicio de funciones
públicas” y que “parecería por lo menos irrazonable que la inhabilidad en comento
operara frente a quien incurra en tres o más faltas leves dolosas, pero no frente a
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M.P. Jaime Araújo Rentería.
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quien incurra en tres o más faltas graves culposas”, apreciación que no hizo parte
de las razones que soportaron la decisión allí adoptada.
Conforme con lo anterior, para la Sala el desconocimiento de la sentencia T-504
de 2009 de la Corte Constitucional no se configura, pues la apreciación del juez
respecto a la forma como opera la mentada sanción no hizo parte de las razones
que fundamentaron la decisión allí adoptada, por lo que la misma no constituye
precedente aplicable sobre la materia.
En gracia de discusión, la Sala aclara que lo allí expresado no constituiría una
regla aplicable al caso bajo análisis, en el que la decisión se adoptó con base en la
consideración de que en las faltas por las que fue castigado el actor no se precisó
el grado de culpabilidad, por lo que no había lugar a establecer si se trataba de
faltas cometidas a título de dolo, frente a las que opera la inhabilidad sobreviniente
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, mientras que en la sentencia alegada como
desconocida se reprochó que la inhabilidad no sobreviniera a quien hubiese sido
sancionado por tres o más faltas graves, aun a título de culpa.
La Sala reitera que para que se pueda considerar que una regla jurisprudencial
constituye precedente obligatorio para un caso, esta debe, entre otros, hacer parte
de la ratio decidendi de la sentencia supuestamente desconocida. En el presente
caso, la mención a la forma como en criterio de la Corte Constitucional opera la
inhabilidad del numeral segundo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 fue una
cuestión accesoria en el fallo alegado como desconocido, mismo que se resolvió
por falta del requisito de procedibilidad de la inmediatez, y la misma no guarda
relación con los supuestos fácticos del caso que originó la controversia bajo
análisis.
En conclusión, en el caso se observa que las sentencias alegadas como
desconocidas no establecieron reglas que fueran de obligatoria aplicación para el
caso, y que la autoridad judicial accionada aplicó una de las posturas vigentes
sobre la materia, misma que establece un criterio restrictivo de interpretación de
las normas disciplinarias, la cual argumentó suficientemente, por lo que el defecto
sustantivo alegado no se configura.
Por las razones expuestas, la Sala denegará las pretensiones de la acción de la
acción de tutela interpuesta por la Policía Nacional, por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- DENEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la
Policía Nacional, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
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Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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