Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04615-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04615-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04615-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
17 de octubre de 2024
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04615-00
Accionante: Zobeida Rosa Castaño De Salazar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04615-00
Demandante: Zobeida Rosa Castaño De Salazar
Demandado: Presidente de la República, Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, Gobernación de Córdoba, Municipio de
Ciénaga de Oro, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Departamento Nacional de Planeación.
Tesis: No procede la acción de tutela cuando el mecanismo idóneo
para lo pretendido por la actora es una problemática que afecta
exclusivamente derechos colectivos.
No hay lugar a declarar la vulneración del derecho de petición cuando las
entidades ante quien se presentó la solicitud le dieron trámite y respuesta
antes de la presentación de la demanda.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la
señora Zobeida Rosa Castaño De Salazar, solicitando la protección de los
siguientes derechos fundamentales: vida digna, igualdad, la integridad
personal de menores, adultos mayores y personas en situación de
discapacidad, a la salud, educación de niños, niñas y adolescentes, libre
locomoción y acceso vial en contra del Presidente de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social, Departamento Nacional de Planeación,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobernación de Córdoba y el
Municipio de Ciénaga de Oro.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
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Accionante: Zobeida Rosa Castaño De Salazar
La señora Zobeida Rosa Castaño De Salazar, en nombre propio, y las
siguientes personas: Jaqueline Viloria, Francisco Miranda, Liver Suárez,
Guillermo Salazar, Tatiana M Guerra, Ever José de la Rosa, Angie Cogollo
Guerra, Lina Cogollo Guerra, Alejandra Correa, Climarolo Polo, Alex Nesperoza
Castillo, Juan Estrada Pacheco, Yelicles P Correa, Manuel Bolaño y Santander
Alarcón, quienes actúan como coadyuvante de la parte demandante
presentaron solicitud de amparo con el fin de que le fuera protegidos los
derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, la integridad personal de
menores, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, a la salud,
educación de niños, libre locomoción y acceso vial, con ocasión de una
problemática que se presenta en el barrio donde residen ubicado en el
Municipio de Ciénaga de Oro.
Adicionalmente, solicita se proteja el derecho de petición que estima vulnerado
debido a que presentó sendas solicitudes al Presidente de la República y otro
dirigido a la alcaldía de Ciénaga de Oro.
2. Como pretensiones planteó las siguientes:
“PRIMERA: Que se me amparen mis derechos fundamentales indicados y
aquellos que el señor juez considere vulnerados por las entidades
accionadas.
SEGUNDO: Ordenar a las entidades accionadas que articuladamente
celebración del espacio de diálogo se deberá realizar, a más tardar, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a este fallo en la que participe las
entidades, la suscrita como afectada y la comunidad.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instalación
del espacio de diálogo, la alcaldía deberá presentar, un plan de
contingencia que pretenda mitigar los riesgos que presentan los
residentes del tramo vial afectado para acceder a la prestación de los
servicios en educación y salud, desplazamiento. El referido plan de
contingencia deberá tener un cronograma claro y razonable de
implementación.
CUARTO: Teniendo en cuenta las barreras físicas que el estado de
infraestructura del tramo vial, que se ordené que, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la presentación del plan de contingencia, la
Alcaldía deberá empezar a adelantar todos los trámites administrativos
pertinentes para cumplir con los compromisos adquiridos en el espacio de
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diálogo y tendientes a habilitar el adecuado funcionamiento del tramo
vial, a través de compromisos a corto, mediano y largo plazo.
QUINTO: Ordenar a las entidades Departamento de Prosperidad Social,
Gobernación de Córdoba, Municipio de Ciénaga de Oro dar respuesta de
fondo, clara y punto a punto al derecho de petición elevado ante la misma
y remitido por competencia en caso de la Gobernación de Córdoba.
SEXTO: Ordenar al presidente de la república de Colombia señor Gustavo
Francisco Petro Urrego de respuesta de fondo a la petición elevada por mí
de manera clara, concreta y que sea él y no otro funcionario quien
rinda el informe a mi como ciudadana que conforma el poder
constituyente que lo eligió”(Negrillas del texto).
II. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante expresó que, los habitantes de los barrios Las Colinas y el Carmen
del Municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba, específicamente en los tramos
viales comprendidos entre las calles 1ª con carrera 17 y carrera 17 -1ª- Este
– 2 presentan una problemática por el mal estado de la malla vial.
Señaló que, el 24 de junio de 2024, radicó derecho de petición ante el
Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y Gustavo Bolívar, este último en
su calidad de director del Departamento de Prosperidad Social, poniendo en
conocimiento la problemática de los habitantes y solicitando ayuda para
mejorar la malla vial.
Manifestó que la Oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República el 4 de julio le contestó la solicitud y le informó que la había
remitido por competencia a la Gobernación de Córdoba y el Departamento de
la Prosperidad social.
Por otro lado, la accionada manifestó que presentó el 24 de junio de 2024 un
derecho de petición ante el Municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba, quien
contestó, pero en el entender de la actora de manera incompleta.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
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1. El 06 de septiembre de 2024 se admitió la demanda y ordenó notificar a las
entidades accionadas, para que rindieran un informe sobre los hechos y
pretensiones expuestos en el escrito de tutela.
2. El Departamento Nacional de Planeación, a través de la oficina de
Asesoría Jurídica, presentó informe en el que solicitó declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que el
derecho de petición que se alega no contestado fue presentado ante una
entidad distinta a Planeación Nacional.
3. El Ministerio de Hacienda a través de Coordinación del Grupo de Tutelas
de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
presentó informe en el que solicitó se declare probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se declare
improcedente la acción respecto de ellos, en tanto los hechos que dieron lugar
a la presente acción no le son atribuibles.
4. El Municipio de Ciénaga de Oro presentó informe en el que señaló lo
siguiente:
Manifestó que, la accionante presentó una petición vía correo electrónico el 22
de junio de 2024, la que fue contestada, después de solicitar un plazo para
ello. Se le informó a la accionante que el municipio conoce la situación y en el
período fiscal 2025 destinará los recursos necesarios para abordar la
problemática planteada por la accionante.
El municipio anunció que sus habitantes tienen acceso a vías alternas
pavimentadas que permiten una adecuada locomoción. Estas vías conectan
con las principales calles del municipio y el barrio del Carmen.
Adicionalmente, el municipio señaló que implementó un proyecto financiado
por la UNGRD para brindar protección a los habitantes ante riesgos de colapso
en sectores adyacentes. El proyecto incluye canales de acceso para el
movimiento peatonal en el barrio San Luis.
Concluyó que, la accionante no demostró la vulneración de los derechos
fundamentales y estableció que la tutela no es el mecanismo idóneo para
pretender la realización de obras civiles, pues cuenta con la acción popular,
que tiene como objeto la protección de derechos colectivos, como el que
pretende proteger la accionante.
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5. La Gobernación de Córdoba, solicitó la desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la
petición no fue radicada a la entidad y según lo dispuesto en la Ley 715 le
corresponde al Municipio de Ciénaga de Oro resolver la problemática planteada
en este caso.
6. La Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social precisó que mediante oficios S-2024-2002-0446197 y S-
2024-4304-0450417 contestó los derechos de petición presentados por la
accionante.
Con el oficio S-2024-2002-0446197, se dio traslado a la Alcaldía de Ciénaga
de Oro - Córdoba, al considerarse que los temas relacionados con
infraestructura vial son de su competencia1.
Mediante oficio S-2024-4304-0450417, se dio respuesta y se precisó que está
implementando un modelo de focalización que considera la pobreza monetaria
y multidimensional de los municipios, utilizando indicadores del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) para atender las necesidades demográficas y
socioculturales de estas entidades territoriales.
Luego de revisar la priorización, la entidad contactará directamente a las
entidades territoriales seleccionadas para determinar el cronograma de
financiación de los proyectos. Asimismo, mencionó que por intermedio de la
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat está implementando una
ambiciosa iniciativa denominada “OBRAS PARA LA VIDA” para convertir a
Colombia en una potencia mundial de vida, impactando las condiciones de las
comunidades más pobres y vulnerables y cerrando brechas territoriales. El
proyecto implicará la ejecución de 268 “Obras para la Vida” con una inversión
de 780.000 millones de pesos.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de
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Índice 23 de SAMAI
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las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.
IV.2. Delimitación del alcance de la presente acción.
A partir del escrito de tutela, y los informes rendidos por las entidades
accionadas, la Sala abordará los siguientes problemas.
En primera medida, resolver si procede declarar probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento
Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento de Prosperidad Social y la Gobernación de Córdoba.
Resuelto lo anterior, y en consideración a que en la acción se plantean dos
situaciones, a saber, de un lado, la solicitud de protección de vida digna,
igualdad, la integridad personal de menores, adultos mayores y personas en
situación de discapacidad, a la salud, educación de niños, niñas y
adolescentes, libre locomoción y acceso vial, con ocasión de una problemática
que se presenta en la malla vial del barrio donde residen la actora y
coadyuvantes en el Municipio de Ciénaga de Oro y, por otro lado, la presunta
vulneración al derecho de petición respecto del Presidente de la República y
de la Alcaldía de Ciénaga de Oro.
IV.3. De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
La legitimación en la causa por pasiva se entiende como la facultad procesal
que tiene el demandado para desconocer o controvertir la reclamación o las
pretensiones planteadas por la parte demandante. Por lo tanto, la Sala ha
entendido que cuando el actor identifica como accionadas a ciertas entidades,
que en su entender vulneran sus derechos fundamentales, y así fueron
vinculadas, es decir, como demandadas, no hay lugar a declarar la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por lo anterior, la Sala negará la solicitud planteada en este sentido por el
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. En relación con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social,
como más adelante se podrá verificar, además de ser señalada como
accionada, contestó el derecho de petición planteada por la accionante, por lo
que también se negara su pedido.
IV.4. De la procedencia de la acción de tutela en relación con la
problemática planteada por la actora.
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Al respecto, cabe anotar que la acción popular fue prevista por el legislador
para defender los derechos e intereses colectivos2. Por otro lado, acorde con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política3, toda persona podrá
interponer una acción de tutela como un mecanismo para la protección
inmediata de los derechos fundamentales.
Con relación a lo anterior, la Corte Constitucional4 expresó: «[…] En definitiva,
tratándose de derechos individuales y colectivos, puede colegirse entonces,
que lo que en realidad determina la procedencia de una u otra acción, en cada
caso específico, será el contenido del derecho a proteger […]». En otro
pronunciamiento la Corte Constitucional, al estudiar una acción de tutela,
realizó un paralelo entre la acción popular y la acción de tutela, que resulta
pertinente para el caso concreto; sobre el particular se dispuso:
“—Acción popular y de tutela mecanismos judiciales
independientes, con propósitos distintos y específicos. " El
constituyente de 1991 fundó el ordenamiento jurídico colombiano con
precisos instrumentos procesales que permiten amparar derechos de rango
fundamental o colectivos, según se trate. Así, a través del Decreto Ley 2591
2
ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio
cultural de la Nación; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l) El derecho a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son
derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de
Derecho Internacional celebrados por Colombia. PARAGRAFO. Los derechos e intereses enunciados en el presente
artículo estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con posterioridad a
la vigencia de la presente ley.
3
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir
más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.
4
Sentencia. T-878, nov. 30/2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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de 1991 y de la Ley 472 de 1998, en desarrollo de los artículos 86 y 88 de
la Carta, respectivamente, fueron reglamentadas la acción de tutela y la
acción popular. Procesos que como se verá convergen de manera separada
y con fines muy específicos.
Acción de tutela (D. L.
Acción popular (L. 472/98)
2591/91)
Definición (13)
ART. 88.—Ib. "La ley regulará
ART. 86.—Constitución las acciones populares para la
Política. "Toda persona protección de los derechos e
tendrá acción de tutela para intereses colectivos,
reclamar ante los jueces, en relacionados con el patrimonio,
todo momento y lugar, el espacio, la seguridad y la
mediante un procedimiento salubridad públicas, la moral
preferente y sumario, por sí administrativa, el ambiente, la
misma o por quien actúe a su libre competencia económica y
nombre, la protección otros de similar naturaleza que
inmediata de sus derechos se definen en ella.
constitucionales También regulará las acciones
fundamentales, cuando originadas en los daños
quiera que estos resulten ocasionados a un número
vulnerados o amenazados plural de personas, sin
por la acción o la omisión de perjuicio de las
cualquier autoridad correspondientes acciones
pública".(…).
particulares".
(…).
Objetivos
— Fue concebida como un — Fue previsto con el fin de
mecanismo de protección constituir un medio de defensa
inmediato de derechos de derechos e intereses
fundamentales. colectivos.
— El numeral 3º del artículo — El artículo 4º de la Ley 472
6º del Decreto Ley 2591 de de 1998, al fijar el ámbito de
1991, establece que la acción protección para el cual están
de tutela resulta previstas las acciones
improcedente "cuando se populares, se refirió a la
pretenda proteger derechos necesidad de que el derecho
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colectivos, tales como la paz cuya protección se solicita
y los demás mencionados en tenga una naturaleza colectiva,
el artículo 88 de la tal y como sucede con las
Constitución Política. Lo prerrogativas que de forma
anterior no obsta para que el enunciativa se enlistan en
titular solicite la tutela de sus dicha norma.
derechos amenazados o
violados en situaciones que
comprometan intereses o
derechos colectivos siempre
que se trate de impedir un
perjuicio irremediable".
Alcances
En cuanto a los alcances de
un derecho de rango La Corte Constitucional, ha
fundamental la dicho, refiriéndose a la acción
jurisprudencia constitucional popular que esta se determina
ha establecido que "será por el "interés que se
fundamental todo derecho encuentra en cabeza de un
constitucional que grupo de individuos, lo que
funcionalmente esté dirigido excluye motivaciones
a lograr la dignidad humana y meramente subjetivas o
sea traducible en un derecho particulares".
subjetivo".
Innegablemente el concepto de derechos fundamentales resulta
estrechamente ligado al de los derechos humanos, concebidos estos como
garantías que entrañan en la individualidad y la dignidad humana, en tanto
que el de los derechos colectivos se ve ceñido al de la protección de un
interés general. De ahí que claramente exista un marco constitucional y
legal de protección procesal distinto para unos y otros derechos.
Así, la Constitución Política reconoce en el artículo 5º "la primacía de los
derechos inalienables de la persona", con lo cual se reconoce la existencia
de ciertas prerrogativas intangibles al ser humano, que per se merecen un
instrumento procesal célere que los convalide en caso de verse
conculcados.
A partir de las distinciones hechas entre estos mecanismos de protección,
puede determinarse que ambos instrumentos buscan proteger derechos
constitucionales, para así materializar la finalidad del Estado social de
derecho, cuyo fin único, no es más que la obtención de la efectividad de los
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derechos y deberes (arts. 1º y 2º ib.). Finalidad que se traduce en la
consecución del bienestar de todos sus asociados.
Como se observa la procedencia de la acción de tutela será legítima cuando
esté de por medio de modo concreto y cierto un derecho fundamental.
En este orden de ideas, un derecho es fundamental y, por consiguiente,
puede ser protegido por vía de tutela cuando se demuestre la afectación
subjetiva o individual del demandante y, será colectivo, protegido mediante
la acción popular, cuando afecte a una comunidad general que impida
dividirlo o materializarlo en una situación particular.
Por ende, cuando una situación de vulneración de derechos individuales
requiera el rápido actuar de un mecanismo judicial dinámico, el operador
jurídico deberá tener en cuenta si tal circunstancia se configura en un
perjuicio irremediable (D.L. 2591/91, art. 6º), para así determinar la
procedencia o no de la tutela.
En definitiva, tratándose de derechos individuales y colectivos, puede
colegirse entonces, que lo que en realidad determina la procedencia de una
u otra acción, en cada caso específico, será el contenido del derecho a
proteger.”5
Bajo estos parámetros, advierte la Sala que en el caso concreto la acción de
tutela resulta improcedente, comoquiera que la actora lo que pretende es la
protección de derechos colectivos, pues plantea una problemática que afecta
a todos los habitantes de un sector de un barrio, con ocasión del mal estado
de las vías de este, lo que ha sido abordado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo bajo el trámite de la acción popular.
Según lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Política en concordancia
con el artículo 2° de la ley 472 de 1998, el objeto de las acciones populares
es la protección de los derechos e intereses colectivos y según el artículo 4°
de esta misma ley, problemáticas como la planteada por la actora, se han
abordado bajo la presunta vulneración de los numerales d) y m).
Ahora bien, no desconoce la Sala que la Corte Constitucional en algunos casos
ha señalado que la acción de tutela procede para eventualmente proteger
derechos colectivos, pero siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos6:
5
Sent.T-878 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
6
Sentencia T-041 de 2011 de la Corte Constitucional.
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“Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el daño
o amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa
de la perturbación del derecho colectivo.
El demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su
derecho fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.
La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar
plenamente acreditada.
La orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al
restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no del derecho
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza.
Adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de idoneidad de
la acción popular en el caso concreto”.
Sobre este punto, al revisar el escrito de tutela, la accionante no sustenta
ningún tipo de conexidad, por lo tanto, se reitera, la Sala declarará
improcedente por carecer del requisito de subsidiariedad la presente acción en
relación con la problemática que se presenta en las vías del barrio El Carmen
ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro.
IV.5. De la vulneración al derecho de petición de la accionante.
En un mismo escrito dirigido al Presidente de la República y al Director del
Departamento de la Prosperidad Social la actora narró unos hechos similares
a los que dieron lugar en parte a la presente acción de tutela, presentada el
30 de agosto de 2024 relacionados con la problemática que sufre el Barrio
El Carmen y planteó como solicitudes las siguientes:
“PRIMERA: Desde la presidencia de la República y antes de remitir la
misma a un área dentro de la misma solicitamos que sea el señor
presidente quien nos responda como ciudadano que nació en Ciénaga de
Oro. (que no pase como la carta que fue enviada a la presidencia
informando los actos presuntos de olmedo López y que el presidente en
entrevista con Daniel Coronel el lunes 3 de junio manifestó que por un
error la persona encargada no la remitió al presidente).
SEGUNDO: Solicito al Doctor Gustavo Bolívar nos ayude con la
visibilización de la problemática dado que conocemos su talante como
defensor de las poblaciones más necesitadas, pues como director de la
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entidad nos encontramos ante afectaciones de derechos de un grupo
poblacional minoritario.
TERCERO: Se aclara que se elevó solicitud ante la administración
municipal pero también demandamos de la intervención de usted señor
presidente y señor Gustavo Bolívar por cuanto su entidad adopta acciones
afirmativas en procura de la población minoritaria”.
Del despacho del Presidente de la República allegaron copia de las
comunicaciones mediante las cuales, por un lado remitieron la petición
radicada por la actora a las entidades competentes, esto es, alcaldía de
Ciénaga de Oro y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Adicionalmente, enviaron respuesta a la actora explicando las razones por las
cuales realizaban la remisión. Estas comunicaciones fueron enviadas el 4 de
julio de 2024, a la dirección de correo de la accionante.
En consecuencia, y en los términos de los artículos 13 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 concluye la Sala que no hay lugar a declarar la vulneración del
derecho fundamental de petición de la accionante, comoquiera que el
Despacho del Presidente de la República dio respuesta a la solicitud.
En igual sentido se resolverá respecto al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, pues mediante comunicación del 5 de julio de 2024,
enviada a la dirección de correo electrónico aportado por la accionante, se le
informó sobre los distintos programas que adelanta la entidad para solucionar
problemáticas como la planteada. Adicionalmente, le informaron que la
petición fue remitida a la alcaldía de Ciénaga de Oro por razón de competencia.
Por su parte, respecto de la alcaldía de Ciénaga de Oro, se aportó con el
informe a la presente tutela copia de la respuesta enviada el 17 de julio de
2024, mediante la cual se le informó a la accionante que el municipio está al
tanto de la problemática que se presenta en el sector y que si bien en el
momento no está incluido un proyecto para el sector, vienen trabajando con
el Departamento Nacional de Planeación Nacional y la UNGRD para lograr la
asignación de recursos con el fin de atender situaciones como la planteada por
la ahora accionante.
Esta comunicación, fue enviada al correo indicado por la accionante.
Conforme a lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela respecto
de la problemática planteada por la accionante recogida en las pretensiones
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Accionante: Zobeida Rosa Castaño De Salazar
primera a la cuarta y negar las pretensiones quinta y sexta por no encontrar
vulnerado el derecho de petición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, Departamento Administrativo de Prosperidad Social y la
Gobernación de Córdoba.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de las
pretensiones primera a cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la acción de tutela promovida respecto de la vulneración
al derecho fundamental de petición.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
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Accionante: Zobeida Rosa Castaño De Salazar
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ
GARZON SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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