República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04615-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de enero de 2025
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04615-01
Accionante: Zobeida Rosa Castaño de Salazar
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04615-01
Accionante: Zobeida Rosa Castaño de Salazar
Accionados: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE) y otros
Tema: Acción de tutela con el fin de que se mejore la infraestructura de un
tramo vial en el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) y se
resuelvan unas peticiones. Improcedencia del mecanismo de
amparo, frente a lo primero, y ausencia de vulneración del derecho
fundamental de petición, con respecto a lo segundo. Confirma
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por la Sección Primera de esta
corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, con respecto
a algunas pretensiones, y negó el amparo solicitado, en lo que tiene que ver con la
vulneración del derecho fundamente de petición.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Zobeida Rosa Castaño de Salazar promovió demanda en orden a que se
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tutelen sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la
educación de niños, niñas y adolescentes, a la libre locomoción, a la «integridad
personal de menores, adultos mayores y personas en situación de discapacidad» y al
«acceso vial». Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
«[…] SEGUNDO: Ordenar a las entidades accionadas que articuladamente celebración
(sic) del espacio de diálogo se deberá realizar, a más tardar, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a este fallo en la que participe las entidades, la suscrita como afectada
y la comunidad.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la instalación del espacio
de diálogo, la alcaldía deberá presentar un plan de contingencia que pretenda mitigar los
riesgos que presentan los residentes del tramo vial afectado para acceder a la prestación
de los servicios en educación y salud, desplazamiento (sic) El referido plan de
contingencia deberá tener un cronograma claro y razonable de implementación.
CUARTO: Teniendo en cuenta las barreras físicas que el estado de infraestructura del
tramo vial, que se ordené que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
presentación del plan de contingencia, la Alcaldía deberá empezar a adelantar todos los
trámites administrativos pertinentes para cumplir con los compromisos adquiridos en el
espacio de diálogo y tendientes a habilitar el adecuado funcionamiento del tramo vial, a
través de compromisos a corto, mediano y largo plazo.
QUINTO: Ordenar a las entidades Departamento de Prosperidad Social, Gobernación
de Córdoba, Municipio de Ciénaga de Oro dar respuesta de fondo, clara y punto a punto
al derecho de petición elevado ante la misma y remitido por competencia en caso de la
Gobernación de Córdoba.
SEXTO: Ordenar al presidente de la republica (sic) de Colombia señor Gustavo
Francisco Petro Urrego de respuesta de fondo a la petición elevada por mi (sic) de
manera clara, concreta y que sea el (sic) y no otro funcionario quien rinda el informe a
mi como ciudadana que conforma el poder constituyente que lo eligió […]».
1.1.2. Hechos de la solicitud
La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) Los habitantes de los barrios Las Colinas y el Carmen del municipio de Ciénaga de
Oro (Córdoba), específicamente, en los tramos viales comprendidos entre las calles 1 a
con carrera 17 y carrera 17 – 1a este, presentan una problemática por el mal estado de
la vía.
ii) El 24 de junio de 2024, radicó una petición ante el presidente de la República,
Gustavo Francisco Petro Urrego, y el director del Departamento Administrativo para la
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Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en la que puso de presente la anterior situación
y, adicionalmente, solicitó lo siguiente:
«[…] Desde la presidencia de la República y antes de remitir la misma a un área
dentro de la misma solicitamos que sea el señor presidente quien nos responda
como ciudadano que nació en Ciénaga de Oro. (que no pase como la carta que
fue enviada a la presidencia informando los actos presuntos de olmedo
López y que el presidente en entrevista con Daniel Coronel el lunes 3 de junio
manifestó que por un error la persona encargada no la remitió al presidente).
Solicito al Doctor Gustavo Bolívar nos ayude con la visibilización de la problemática
dado que conocemos su talante como defensor de las poblaciones más
necesitadas, pues como director de la entidad nos encontramos ante afectaciones
de derechos de un grupo poblacional minoritario […]».
iii) El 4 de julio de 2024, la Oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República le informó que su solicitud había sido remitida, por competencia, a la
gobernación de Córdoba y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
iv) Por otra parte, el 24 de junio de 2024, presentó una petición al municipio de Ciénaga
de Oro (Córdoba), la cual, en su criterio, fue resuelta de forma incompleta.
1.1.3. Fundamentos de derecho
La accionante consideró que el presidente de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Córdoba y el municipio de Ciénaga de
Oro (Córdoba) vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad,
a la salud, a la educación de niños, niñas y adolescentes, a la libre locomoción, a la
«integridad personal de menores, adultos mayores y personas en situación de
discapacidad» y al «acceso vial».
Para el efecto, afirmó que el presidente de la República transgredió su derecho de
petición, al remitir la solicitud elevada el 24 de junio de 2024, ya que en esta se indicó
claramente que aquella autoridad era la que debía resolver su pedimento, pues, de lo
contrario, habría elevado directamente las peticiones a las otras entidades. Además,
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manifestó que formuló esa petición porque «el presidente es oriundo de esa región,
por lo que debe dolerle lo que les pasa».
Por otro lado, señaló que, según el registro fotográfico y en video que adjuntó, se
demuestra el sufrimiento prolongado debido a la problemática de la vía, la cual, hasta
el día de hoy, permanece seriamente reducida por las condiciones ambientales. Alegó
que resulta injusto tener que dar una vuelta de más de 20 minutos a pie para visitar a
su madre, cuando por el tramo vial habitual solo le tomaría entre tres y cuatro minutos.
Además, indicó que su hijo con discapacidad transita a diario por esa área, al igual que
sus vecinos, especialmente, niños y adultos mayores.
1.2. Actuación procesal
El 6 de septiembre de 2024, el despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López de la
Sección Primera de esta corporación (i) admitió la acción de tutela en contra del
presidente de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, del
Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
de la Gobernación de Córdoba y del municipio de Ciénaga de Oro; (ii) aceptó la
coadyuvancia de los señores Jaquelin Viloria, Francisco Miranda, Liver Suárez,
Guillermo Salazar, Tatiana M Guerra, Ever José de la Rosa, Angui Cogollo Guerra,
Lina Cogollo Guerra, Alejandra Correa, Climarolo Polo, Alex Nesperoza Castillo, Juana
Estrada Pacheco, Yelicles P. Correa, Manuel Bolaño y Santander Alarcón; (iii) ordenó
remitir copia del expediente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y
(iv) tuvo como pruebas los documentos aportados por la parte accionante.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Departamento Nacional de Planeación
La profesional del derecho Cielo Marcela Padró afirmó que su representada carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no vulneró ni amenazó los
derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, puesto que esa entidad no
es la competente para resolver las pretensiones formuladas por la accionante.
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Asimismo, expuso que ese Departamento se encarga de impulsar una visión
estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño,
la orientación y evaluación de las políticas públicas, el manejo y asignación de la
inversión pública y la concreción de estas en planes, programas y proyectos del
Gobierno. Por tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, en caso de
no prosperar lo anterior, desvincular a dicha entidad del trámite de la referencia.
1.3.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La coordinadora del Grupo de Tutelas de la Subdirección Jurídica, Esperanza Alcira
Cardona Hernández, manifestó que esa cartera ministerial no goza de legitimación en
la causa por pasiva, comoquiera que no vulneró, ni por acción u omisión, los derechos
fundamentales deprecados por la parte accionante. Además, señaló que los objetivos,
funciones y responsabilidades son únicamente los establecidos en la ley, entre los
cuales no se encuentra alguno que le imponga contraer o asumir obligaciones que se
encuentran fuera de su competencia. En consecuencia, solicitó declarar improcedente
la presente acción constitucional.
1.3.3. Municipio de Ciénaga de Oro
El alcalde, Alejandro Javier Mejía Castaño, se opuso a cada una de las pretensiones,
para lo cual indicó que, en respuesta a la petición presentada por correo electrónico el
22 de junio de 2024, le informó a la accionante que el municipio conoce la problemática
planteada, por lo que en el período fiscal 2025 destinará los recursos necesarios para
abordarla. Aclaró que sus habitantes tienen acceso a vías alternas pavimentadas que
permiten una adecuada locomoción, las cuales conectan con las principales calles del
municipio y el barrio del Carmen.
Adicionalmente, indicó que ese ente territorial implementó un proyecto financiado por
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para brindar
protección a los habitantes por los inminentes riesgos de colapso en sectores
aledaños, en el cual se incluyeron canales de acceso para la movilidad peatonal de los
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habitantes del sector, mejorando el acceso al barrio San Luis que contiene un amplio
porcentaje de la población urbana del municipio.
Finalmente, aseguró que la accionante no demostró la vulneración de los derechos
fundamentales. Además, precisó que la tutela no es el mecanismo idóneo para
pretender la realización de obras civiles, pues cuenta con la acción popular, que tiene
como objeto la protección de derechos colectivos, como el que pretende proteger la
peticionaria del amparo.
1.3.4. Gobernación de Córdoba
La secretaria de Infraestructura Departamental, Cilia Tobías Carrascal, afirmó que no
es la entidad responsable de las presuntas amenazas o vulneraciones a los derechos
fundamentales de la actora. Por lo anterior, solicitó su desvinculación, ante la ausencia
de legitimación en la causa por pasiva.
1.3.5. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Claudia Liliana Quijano, indicó que contestó las
peticiones elevadas por la parte accionante. Para el efecto, explicó que, mediante el
Oficio núm. S-2024-2002-0446197, corrió traslado de la solicitud a la Alcaldía de
Ciénaga de Oro (Córdoba), al considerar que los temas relacionados con estructura
vial son de su competencia; y que, a través del Oficio núm. S-2024-4304-0450417, le
informó a la actora que se está implementando un modelo de focalización que
considera la pobreza monetaria y multidimensional de los municipios, utilizando
indicadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) para atender las necesidades
demográficas y socioculturales de estas entidades territoriales.
De otra parte, adujo que, al revisar la priorización, la entidad contactaría directamente
a las entidades territoriales seleccionadas para determinar el cronograma de
financiación de los proyectos. Asimismo, mencionó que por intermedio de la Dirección
de Infraestructura Social y Hábitat está implementando una ambiciosa iniciativa
denominada «OBRAS PARA LA VIDA» para convertir a Colombia en una potencia
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mundial de vida, impactando las condiciones de las comunidades más pobres y
vulnerables y cerrando brechas territoriales. El proyecto implicará la ejecución de 268
“Obras para la Vida” con una inversión de 780.000 millones de pesos.
1.4. Sentencia impugnada
El 17 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, en primer lugar, no
declaró la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, la Gobernación de Córdoba y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, comoquiera que algunas fueron identificadas como demandadas
por la accionante y, además, la última entidad mencionada contestó una de las
peticiones objeto de discusión en la presente acción.
En segundo lugar, declaró improcedente la solicitud de amparo en relación con las
pretensiones de la demandante, de la primera a la cuarta, al considerar que lo
solicitado por la demandante corresponde a la protección de derechos colectivos. Esto,
debido a que plantea una problemática que afecta a todos los habitantes de un sector
de un barrio, derivada del mal estado de las vías. En este caso, la actora dispone de
otro medio de defensa judicial, como lo es la acción popular, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 88 de la Constitución Política y el artículo 2.° de la Ley 472
de 1998. Además, precisó que la parte accionante no fundamentó ninguna conexión
entre la vulneración del derecho colectivo y un derecho fundamental.
En tercer lugar, consideró que, de acuerdo con los artículos 13 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, no se transgredió el derecho fundamental de petición de la accionante.
Al respecto, explicó que el presidente de la República envió copia de las
comunicaciones en las que remitieron la solicitud de la actora a las entidades
competentes, como lo es la Alcaldía de Ciénaga de Oro y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. Además, precisó que se envió una
respuesta a la actora explicando las razones de dicha remisión, el 4 de julio de 2024.
Asimismo, señaló que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social envió
una comunicación el 5 de julio de 2024, informando a la actora sobre los programas
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disponibles para solucionar problemas similares y explicando que su petición fue
remitida a la Alcaldía de Ciénaga de Oro por cuestiones de competencia.
Finalmente, en cuanto a la Alcaldía de Ciénaga de Oro, expuso que se presentó una
respuesta del 17 de julio de 2024, en la que se le informó a la actora sobre el
conocimiento de la problemática en el sector y que, aunque no haya un proyecto
específico para ese sector, se está trabajando con el Departamento Nacional de
Planeación y la UNGRD para gestionar recursos destinados a solucionar situaciones
similares a la planteada.
1.5. Impugnación
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual afirmó que el
juez se limitó a realizar un cuadro comparativo entre la acción de tutela y la acción
popular, pero no examinó las subreglas de interpretación de la Corte Constitucional
respecto a la procedencia de la tutela para resolver problemas relacionados con el
arreglo de las vías. Al respecto, indicó que debió tenerse en cuenta la Sentencia T-462
de 1992, en la que se indicó que la relevancia de un derecho fundamental no depende
de su ubicación en la Constitución Política. En ese sentido, adujo que se omitió un
análisis detallado de las condiciones particulares en las que se encuentra para estudiar
la flexibilización del requisito de subsidiariedad, ya que es un sujeto de especial
protección constitucional por tener 68 años y por las condiciones «infrahumanas» en
las que vive.
De otra parte, manifestó que el municipio de Ciénaga de Oro no resolvió de fondo
todos los temas planteados. Adicionalmente, señaló que en la petición que elevó al
presidente de la República y al señor Gustavo Bolívar, en calidad de director del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue clara en señalar que lo
que buscaba era una respuesta por parte de esos funcionarios, sin que esta deba ser
favorable; más aún cuando el gobierno «enarbola las banderas de comunicación con
los “nadies”» y, además, estima que el presidente debe conocer la problemática por
haber nacido en el municipio mencionado.
2. Consideraciones
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2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer de la presente impugnación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25
del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia de este mecanismo y, en segundo
lugar, si el presidente de la República, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) vulneraron el derecho
de petición de la accionante.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala de decisión
establece lo siguiente:
2.3.1. El 22 de junio de 2024, la señora Zobeida Rosa Castaño de Salazar solicitó, a
través de correo electrónico, al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro
Urrego, y al director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Gustavo Bolívar, lo siguiente:
«[…] PRIMERA: Desde la presidencia de la República y antes de remitir la misma a un
área dentro de la misma solicitamos que sea el señor presidente quien nos responda
como ciudadano que nació en Ciénaga de Oro. (que no pase como la carta que fue
enviada a la presidencia informando los actos presuntos de olmedo López y que
el presidente en entrevista con Daniel Coronel el lunes 3 de junio manifestó que
por un error la persona encargada no la remitió al presidente).
SEGUNDO: Solicito al Doctor Gustavo Bolívar nos ayude con la visibilización de la
problemática dado que conocemos su talante como defensor de las poblaciones más
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necesitadas, pues como director de la entidad nos encontramos ante afectaciones de
derechos de un grupo poblacional minoritario.
TERCERO: Se aclara que se elevó solicitud ante la administración municipal pero
también demandamos de la intervención de usted seño presidente y señor Gustavo
Bolívar por cuanto su entidad adopta acciones afirmativas en procura de la población
minoritaria […]».
2.3.2. El 4 de julio de 2024, la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la
Presidencia de la República, a través de los Oficios con radicado OFI24-00132486 /
GFPU 13150000 y OFI24-00132487 / GFPU 13150000, remitió por competencia la
petición de la accionante a la Gobernación de Córdoba y al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
2.3.3. En la misma fecha, la entidad precitada, mediante el radicado núm. OFI24-
00132475 / GFPU 13150000, le informó a la accionante lo siguiente:
«[…] En cuanto a su petición para que sea el Señor Presidente de la República quien dé
respuesta a su escrito, se hace necesario indicar que, de acuerdo con la estructura y
administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público, se han creado entidades que
apoyan esta gestión, en ese orden, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República es la entidad encargada de brindar el soporte administrativo al Primer
Mandatario en cumplimiento con el Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022.
De lo anterior se concluye que el Grupo de Atención a la Ciudadanía se encarga de
atender las peticiones dirigidas al Presidente de la República y en mi calidad de Asesora
del Grupo en mención, cuento con la responsabilidad de dar respuesta a los peticionarios
y realizar los traslados de manera oportuna a las entidades competentes.
En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su comunicación
en los siguientes términos:
I De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden los
ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las
sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los
temas como los que usted menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por la Ley
1755 de 2015, se ha dado traslado a su comunicación a la Gobernación de Córdoba
y Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS, entidad(es)
legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar
las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes […]».
(negrita fuera de texto)
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2.3.4. El 26 de junio de 2024, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, por medio del Oficio S-2024-2002-0446197, trasladó la solicitud formulada por
la accionante a la Alcaldía de Ciénaga de Oro, al considerar que los temas
relacionados con la infraestructura vial son de su competencia.
2.3.5. El 5 de julio de 2024, el Departamento Administrativo precitado, por medio del
Oficio con radicado S-2024-4304-0450417, le comunicó a la accionante lo siguiente:
«[…] Actualmente Prosperidad Social está implementando un modelo de focalización;
el cual de manera objetiva, pondera diferentes criterios en consideración a la pobreza
monetaria y multidimensional de los Municipios, con base en los diferentes indicadores
que consolidan el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el
Departamento Nacional de Planeación - DNP como autoridades competentes, con el fin
de atender las necesidades demográficas y socioculturales de estas Entidades
Territoriales.
Una vez revisada la priorización que arroje el modelo de focalización, la Entidad se
contactará directamente con el equipo de los Entes Territoriales que queden
seleccionados, de manera que se determine la hoja de ruta a seguir para la definición de
los proyectos susceptibles a ser financiados, en cumplimiento de nuestros objetivos y
metas institucionales.
En ese orden de ideas, por intermedio de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat
de puso en marcha una iniciativa ambiciosa llamada OBRAS PARA LA VIDA para que
los recursos de infraestructura social ayuden a convertir a Colombia en potencia mundial
de la vida: que impacten en las condiciones de las comunidades más pobres y
vulnerables, y aporten a cerrar las brechas territoriales. En este proyecto se contará con
la ejecución de 268 obras para la vida, en las que la entidad invertirá 780.000 millones
de pesos. Los proyectos seleccionados a la fecha pueden consultarse en el siguiente
link: https://prosperidadsocial.gov.co/obras-para-la-vida/
Por lo anterior, lo invitamos a estar atentos a nuestros canales oficiales institucionales,
en los cuales se estará informando sobre los avances y directrices de nuestros
programas, así como las condiciones para participar.
Finalmente, le reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que
beneficien a la población más vulnerable del País, cualquier inquietud o información
adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.
En los anteriores términos damos respuesta a su petición, de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley 1755 de 2015, la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, y demás normas concordantes […]».
2.3.6. Por otro lado, el 22 de junio de 2024, la accionante formuló ante el municipio de
Ciénaga de Oro, a través de correo electrónico, la siguiente petición:
«[…] PRIMERA: Se solicita una visita con la administración municipal para que
comprueben las condiciones en las que se encuentra la vía a fin de llegar a compromisos
a corto, mediano y largo plazo.
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SEGUNDO: Solicito se me informe por parte de la actual administración que acciones
adelantó durante el primer periodo como alcalde sobre el tramo vial objeto de la solicitud
entre las calles 1ª con carrera 17 y carrera 17 -1ª- Este – 2.
TERCERO: Solicito se me indique en el plan de desarrollo municipal propuesto durante
su primer mandato como alcalde en que capitulo, titulo o artículo del mismo se indicó
acciones en procura de mejorar la malla vial específicamente del sector objeto de solicitud,
allegando para el efecto copia del referido derrotero de su plan de gobierno.
CUARTO: Solicito se me informe que gestiones se adelantaron durante el gobierno de la
ex alcaldesa Ana Luz Bedoya relativas a la intervención del tramo vial objeto de la
presente solicitud, allegando todos los documentos tales como proyectos o plan de
gobierno que dé cuenta de la necesidad de intervención del sector objeto de la presente
petición.
QUINTO: Solicito se me informe que acciones esta adelantada como actual burgomaestre
en su segundo periodo como alcalde de Ciénaga de Oro en procura de conjurar la
situación de movilidad en la malla vial objeto de la presente solicitud.
SEXTO: Solicito se me indique en que capitulo, titulo o artículo del actual plan de gobierno
se identificó específicamente la intervención del tramo vial objeto de la presente solicitud,
aportando para el efecto los documentos que respalden su respuesta.
SÉPTIMO: Solicito se me indique y se me allegue en caso de existir proyecto, solicitud,
acuerdo municipal o cualquier otra análoga que dé cuenta de la intervención del tramo vial
objeto de la presente solicitud, allegando para el efecto las pruebas sustenten su
respuesta.
OCTAVO: Solicito se me indique en el plan de gobierno actual que barrios urbanos y éstos
cuales vías (entendidas estas como calles, carreras etc) se encuentran priorizados para
su intervención de su malla vial indicando cuales fueron los criterios para su priorización.
NOVENO: Solicito se me indique si se ha gestionado recursos ante la Unidad de Gestión
de Riesgo para intervenir vías urbanas que se encuentren en mal estado producto de la
ola invernal, de ser afirmativa indicar en que vías y barrios se ha utilizado dichos recursos
allegando las evidencias de su dicho.
DÉCIMO: Solicito se me informe si se ha solicitado recursos al sistema general de regalías
para la intervención de la malla vial urbana del Municipio de Ciénaga de Oro y de ser así
indicarme para que proyectos se ha solicitado y allegar los documentos de cada uno de
los proyectos, así como la explicación de la fase en el que se encuentra cada uno de ellos.
DECIMO PRIMERO: Solicito las evidencias de las acciones que adelantó y ha adelantado
tanto la anterior como la actual administración municipal frente al
proyecto código B Pin 2023231890011 y cuyo objeto es la construcción de pavimento
rígido en los barrios las colinas y 11 de noviembre, para tal efecto se me deberá sustentar
y probar;
a) Que calles y carreras comprende el proyecto para lo cual se deberá adjuntar copia del
mismo y demás documentos tales como documentación técnica.
b) Si se cuenta con certificado de disponibilidad financiera de los recursos por parte del
Sistema General de Regalías o en su defecto indicar el estado que se encuentre el mismo,
adjuntado la documentación que sustente la respuesta.
c) Si ya ha iniciado el proceso de pavimentación en los barrios objeto del proyecto y en
caso afirmativo indicar cual fue el criterio para su priorización, adjuntando los documentos
que sustenten lo anterior.
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d) En caso de que no se haya iniciado el proceso de pavimentación de los barrios objeto
del proyecto indicar las razones y la fecha estimada en la cual se iniciarán las labores, en
caso tal de no poder indicar las fechas indicar cual es trámite que se encuentra pendiente
y en que fecha estimada se realizará.
DECIMO SEGUNDO: Solicito como medida a corto plazo acciones en procura de nivelar
en la medida de lo posible la vía para que el acceso sea en la medida de lo posible digno
frente a la población que colindante.
DECIMO TERCERO: Por favor responder uno a uno los puntos de las peticiones de
manera clara, concreta y de fondo a lo pedido […]».
2.3.7. El 11 de julio de 2024, el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), a través del
Oficio SOPMA-117-2024, solicitó a la accionante una prórroga de ocho días para
responder a su solicitud, comoquiera que la demora se debe a la multiplicidad de
requerimientos y a la gran cantidad de información que debe ser recopilada en
colaboración con la Secretaría de Planeación.
2.3.8. El 17 de igual mes y anualidad, el ente territorial precitado dio respuesta al
pedimento de la accionante, por medio del Oficio SOPMA núm. 120 – 2024, en los
siguientes términos:
«[…] Primero: En atención al numeral 1 de su petición, el día 5 de julio de la presente
anualidad, profesional adscrito a esta dependencia realizó visita de campo con la
finalidad de determinar los aspectos por usted expuestos […]
Dentro del recorrido la comunidad solicito (sic) la intervención inmediata con la
construcción de un pavimento que mejore las condiciones de transitabilidad del acceso
deteriorado antes mencionado. Este tendría una longitud de alrededor de los 220 metros
lineales. Como lo ilustra la imagen, así como las obras complementarias que garanticen
la estabilidad del pavimento y la integridad estructural de las viviendas existentes.
La Administración Municipal se encuentra comprometida con las comunidades,
especialmente aquellas en estado de vulnerabilidad, sin embargo, los procesos
administrativos que incluyen recursos económicos para la financiación de proyectos
requieres de un tiempo preestablecido luego de viabilizar el proyecto, para caso concreto
aún no se cuenta con un proyecto dirigido a su sector sin embargo luego de su petición
se establece un precedente lo que posibilita el inicio de la formulación del proyecto.
SEGUNDO: respecto (sic) de lo manifestado en este numeral, (sic) preciso indicar a
usted que la administración Municipal en cabeza del señor alcalde ALEJANDRO JAVIER
MEJIA CASTAÑO, el periodo constitucional 2024-2027, se encontraba en proceso de
elaboración del plan Municipal de desarrollo, documento en el que se establecen las
estrategias y proyectos a ejecutar durante el periodo arriba en comento.
TERCERO: Para el primer mandato del alcalde Alejandro Mejía (vigencia 2016-2019) se
construyó El plan de desarrollo denominado Con Dios y Pueblo, este documento de
planeación territorial estableció en su artículo 21 el diagnóstico y las metas de resultado
e indicadores de producto para el sector transporte, sin embargo, nos permitimos aclarar
que, por directrices del Departamento Nacional de Planeación, no se hace indicadores
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con referencia específica a un proyecto. Los indicadores son generales al sector a los
cuales se les establece una meta. El programa de gobierno solicitado, lo puede encontrar
en la página web de la registraduría
https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/elecciones-territoriales-2015/planes-
gobierno.pho
CUARTO: En el gobierno de la exalcaldesa Ana Luz Bedoya Usta no se evidencia ningún
tió de proyecto o gestión referente a intervenir dicho tramo vial.
QUINTO: La presente administración municipal está comprometida con el cumplimiento
del plan de desarrollo municipal y con el progreso del municipio. En este sentido, se ha
iniciado un proceso para identificar los tramos viales dentro del casco urbano que
requieran intervención prioritaria.
El objetivo principal es seleccionar aquellos que beneficien a la mayor cantidad de
población y que tengan un impacto significativo en el desarrollo local […]
En conclusión, la colaboración entre la administración municipal y la comunidad es
crucial para el éxito de las iniciativas de desarrollo vial en Cienaga de Oro. A través de
este trabajo conjunto, se garantiza que las acciones emprendidas no solo sean efectivas
en términos técnicos, sino también en términos de beneficio directo para la población
local, mejorando así la calidad de vida y fomentado un entorno urbano más seguro y
accesible para todos sus habitantes.
SEXTO: El departamento nacional de planeación (sic) en los ejercicios orientadores de
la implementación de la Ley 152 de 1994 ha establecido una batería de indicadores para
la construcción de los planes de desarrollo territorial a nivel nacional, esta batería de
indicadores son genéricos por sector y no permite la personalización de proyectos, más
específicamente de proyectos viales, sin embargo, en el plan de desarrollo Con Dios y
el Pueblo para la vigencia
2024-2027, se ha creado el programa “Caminos Orenses Dignos”, este programa incluye
todos los indicadores de resultado para el sector de vías y las metas que se establece
para cada uno
[…]
SÉPTIMO: Actualmente, no se encuentra en formación ningún proyecto que incluya el
tramo vial específico. La alcaldía (sic) municipal enfrenta limitaciones de recursos para
la formulación y evaluación de proyectos. No obstante, en cumplimiento del plan de
gobierno, se están realizando esfuerzos para gestionar recursos y así iniciar dichos
procesos.
En este sentido, […] aunque la alcaldía (sic) municipal enfrenta desafíos financieros, está
trabajando activamente en la búsqueda de recursos a través de diferentes entes
financiadores como las regalías, el DNP y posiblemente el DPS [Departamento para la
Prosperidad Social]. Estos esfuerzos son parte del compromiso de cumplir con el plan
de gobierno y mejorar la infraestructura vial local.
OCTAVO: El plan de gobierno radicado en el momento de la inscripción del señor
Alejandro Mejía Castaño como candidato a la alcaldía del municipio de Ciénaga de Oro,
plantea como propuesta de campaña el mejoramiento de la malla vial del municipio.
NOVENO: Desde la Administración Municipal, hasta la fecha no se han gestionado
recursos ni se han radicado proyectos ante la Unidad de Gestión de Riesgo para
intervenir vías urbanas que se encuentren en mal estado debido a la ola invernal. Es
importante destacar que la Unidad de Gestión de Riesgo no suele disponer de recursos
para el mejoramiento de mallas viales urbanas, a menos que existan riesgos inminentes
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a la integridad de los habitantes debido a eventos como la estabilidad de taludes o
riesgos de inundaciones.
DECIMO (sic): Respecto a lo solicitado en este numeral, es preciso manifestar a usted
que el Municipio de Cienaga de Oro, en el ejercicio de sus funciones misionales de
garantizar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el territorio, utiliza todos los
mecanismos presupuestales que establece la ley, para la ejecución de proyectos de obra
pública, incluidos el mejoramiento y construcción de pavimentos en concreto rígido en la
zona urbana. Ahora bien, como quiera (sic) que el proyecto en ejecución con recursos
del sistema general de regalías se contrató con una asociación, procederemos a solicitar
la documentación que de (sic) cuenta de los expuesto por usted en el pliego de peticiones
[…]
DÉCIMO PRIMERO: Adjunto se envía anexo técnico donde se establecen los tramos a
intervenir, este documento, así como todo el proceso lo encontrar (sic) en la plataforma
de Colombia compra eficiente SECOP como proceso LP-005-2023.
DÉCIMO SEGUNDO: Como se explicó en los numerales previos la administración
municipal requiere un tiempo para la viabilización, financiación y aprobación de los
proyectos, sin embargo, dada la situación se harán todas las gestiones necesarias para
priorizar la intervención de dicho tramo vial con el fin de garantizar una digna calidad de
vida a los habitantes del sector.
DÉCIMO TERCERO: de (sic) esta manera damos por contestadas cada una de sus
peticiones de forma clara, concreta y de fondo, recordándole que La (sic) información
aquí plasmada es veras la cual podrá constatar en los expedientes que reposan en esta
secretaria (sic) […]».
2.4. Caso concreto
2.4.1. Análisis de las pretensiones relativas a la problemática del tramo vial que
discute la accionante.
2.4.1.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
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irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.4.1.2. Análisis de la Sala
La señora Zobeida Rosa Castaño de Salazar consideró que el presidente de la
República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación de Córdoba y
el municipio de Ciénaga de Oro vulneraron sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la igualdad, a la salud, a la educación de niños, niñas y adolescentes, a la
libre locomoción, a la «integridad personal de menores, adultos mayores y personas
en situación de discapacidad» y al «acceso vial».
Por lo anterior, solicitó (i) ordenar a las entidades accionadas organizar un espacio de
diálogo, en el cual participen dichas entidades, la accionante y la comunidad afectada;
(ii) exigir a la Alcaldía de Ciénaga de Oro que presente un plan de contingencia para
mitigar los riesgos que enfrentan los residentes del tramo vial afectado; y (iii) ordenar
1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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al ente territorial precitado que inicie los trámites administrativos necesarios para
garantizar la mejora de la estructura vial.
Pues bien, analizado lo expuesto en precedencia, la Sala concluye, en el mismo
sentido que lo determinó el juez de primera instancia, que la acción de tutela es
improcedente, comoquiera que lo que busca la accionante es que se solucione una
problemática que afecta a todos los habitantes de un sector específico de un barrio del
municipio de Ciénaga de Oro, debido al mal estado de las vías en esa zona, situación
que debe ventilarse a través del mecanismo de la acción popular, el cual, según el
artículo 88 de la Constitución Política y el artículo 2.° de la Ley 472 de 1998, tiene
como objetivo la protección de derechos e intereses colectivos y fue establecido para
resolver este tipo de conflictos que involucran el bienestar de la comunidad.
Aunado a lo expuesto, el juez constitucional no considera que exista una vulneración
de derechos fundamentales por conexidad. Ahora, si bien es cierto que citó la
Sentencia T-462 de 1992, también lo es que esta no guarda similitud con los hechos
que se discuten en el presente asunto, pues allí la Corte Constitucional analizó el
derecho fundamental al trabajo.
Adicionalmente, se observa que la actora cuestionó, en su escrito de impugnación, la
idoneidad y eficacia de la acción popular, argumentando que este proceso podría
tardar varios años en resolverse y que requiere la contratación de un abogado. No
obstante, se aclara que este mecanismo constitucional tiene un trámite preferente,
conforme lo establece el artículo 6.° de la Ley 472 de 1998. Esto significa que la acción
popular se tramitará con prioridad sobre otros procesos que conozca el juez natural de
la causa y, además, cabe resaltar que no es necesario contar con apoderado judicial
para iniciar este procedimiento.
Finalmente, si bien la accionante manifestó que debe conocerse de fondo el
mecanismo de amparo porque tiene 68 años de edad, lo que, en su criterio, la convierte
en un sujeto de especial protección constitucional, lo cierto es que la improcedencia
de la acción de tutela en este caso se configura porque se pretende la protección de
derechos colectivos, lo cual está reservado para la acción popular, según lo
establecido en la Constitución Política. En todo caso, se aclara que la actora no goza
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de esa condición, ya que, en múltiple jurisprudencia2, la Corte Constitucional ha
sostenido que esa calidad es aplicable a quienes superan la expectativa de vida
certificada por el DANE, que actualmente se encuentra estimada en los 76 años, en
los términos definidos en el documento «Proyecciones de Población 2005-2020».
En esos términos, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en lo que
respecta a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, frente a las
pretensiones de la primera a la cuarta. A continuación, procederá a estudiar si
corresponde conceder el amparo invocado, en relación con el derecho fundamental de
petición.
2.4.2.1. Derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.
La Corte Constitucional, en reciente pronunciamiento3, reiteró la caracterización del
derecho de petición y afirmó que su condición de derecho fundamental implica una
garantía que promueve un canal de diálogo entre los administrados y la
administración. Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Social Democrático de
Derecho.
En ese sentido, la garantía ius fundamental precitada tiene dos componentes
esenciales: i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y,
como correlativo a ello, ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz,
oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo
esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la
existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.
a) Respecto de la formulación de la petición
2 Ver entre otras las sentencias T-598 de 2017, T-339 de 2017 y T-015 de 2019.
3 Sentencia T-230 de 2020
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En virtud del derecho de petición, cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea de forma verbal, por escrito o por cualquier otro
medio idóneo –artículo 23 de la Constitución Política y 13 del CPACA–. En otras
palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas,
siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos. Además, estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y
responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de
acuerdo con los estándares establecidos por la ley.
b) Pronta resolución
Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste en que
las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser resueltas
en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal
efecto.
c) Respuesta de fondo
En la Sentencia T-230 de 2020, se reiteró que el componente del núcleo esencial
supone que la contestación a las peticiones debe observar ciertas condiciones para
que sea constitucionalmente válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:
i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; ii) precisa,
de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente
y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta se produce con motivo de
una petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la
cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.
d) Notificación de la decisión
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La Corte Constitucional, en la citada providencia, enfatizó que para materializar la
decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación
otorgada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión,
de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA.
2.4.2.2. Examen del derecho fundamental de petición
La accionante, en el escrito de impugnación, afirmó que el presidente de la República
y el señor Gustavo Bolívar, en calidad de director del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, vulneraron su derecho fundamental de petición, ya que en
la solicitud elevada el 24 de junio de 2024 indicó claramente que aquellas autoridades
eran las que debían resolver su pedimento, a pesar de que su respuesta no fuera
favorable.
Pues bien, del repaso efectuado en el acápite de hechos probados, se advierte que el
4 de julio de 2024, la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia
de la República, a través de los Oficios con radicado OFI24-00132486 / GFPU
13150000 y OFI24-00132487 / GFPU 13150000, remitió por competencia la petición
de la accionante a la Gobernación de Córdoba y al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social.
Bajo ese contexto, para la Sala es claro que no se vulneró la garantía fundamental de
la actora, al remitir su petición a las entidades que la autoridad precitada consideró
competente para dar respuesta, en lugar de que aquella la hubiese resuelto. Esto se
encuentra plenamente justificado en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, el cual
establece que cuando una autoridad recibe una petición y no es competente para dar
respuesta, tiene la obligación de remitirla a la entidad que cuenta con la potestad para
pronunciarse sobre la materia.
Así, la anterior disposición tiene como objetivo garantizar que los requerimientos sean
atendidos por las autoridades adecuadas, las cuales cuentan con las facultades para
solucionar el asunto planteado, de manera que si, en el caso, el presidente de la
República hubiese contestado de fondo la solicitud, a pesar de no ser competente,
estaría inobservando el mandato impuesto en la norma precitada y, además, la
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respuesta brindada no podría ser adecuada o suficiente, lo cual desconocería el núcleo
esencial del derecho de petición, que no solo implica que se reciba una respuesta, sino
que esta debe ser emitida por la autoridad competente y se aborde el fondo del asunto
de manera clara, precisa y congruente.
Ahora, en relación con la petición elevada al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, se observa que el 5 de julio de 2024 el coordinador GIT Desarrollo
e Implementación, por medio del Oficio con radicado S-2024-4304-0450417, resolvió
el requerimiento de la accionante, de acuerdo con las facultades atribuidas a esa
entidad.
De otra parte, con respecto a la solicitud formulada el 22 de junio de 2024 por la
accionante ante el municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), la Subsección considera
que el ente territorial precitado sí resolvió de forma completa todos los requerimientos
planteados con respecto a la intervención de un tramo vial deteriorado, pues, a través
del Oficio SOPMA núm. 120 – 2024, como se observa en la transcripción realizada en
el acápite de hechos probados, se explicó que, a pesar de que no existe un proyecto
específico para ese sector, la administración inició los trámites para elaborarlo,
estableciendo que el tiempo necesario para viabilizar y financiar los proyectos es un
factor clave. Asimismo, le comunicó que, a través de la visita de campo realizada, se
reconoció la necesidad de construir un pavimento y realizar las obras
complementarias. Igualmente, la entidad territorial reconoció la importancia de mejorar
la infraestructura vial y priorizar aquellos tramos que beneficiarán a la mayor cantidad
de personas y, finalmente, precisó que, a pesar de que existen limitaciones financieras,
el ente territorial está realizando los esfuerzos para cumplir con los compromisos del
Plan de Desarrollo.
En esos términos, se concluye que el municipio de Ciénaga de Oro no transgredió el
derecho fundamental de petición reclamado por la señora Zobeida Rosa Castaño de
Salazar, puesto que contestó la solicitud presentada por el accionante en los términos
previstos en la Ley 1755 de 20154, es decir, forma clara, de fondo, precisa y
congruente. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 17 de octubre de
2024.
4 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición .
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3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
confirmará la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Primera, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela en
relación con las pretensiones de la demandante, de la primera a la cuarta, y negó el
amparo solicitado, con respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
Segundo: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA. A.R.F.
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