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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04620-00

Fecha
24 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04620-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Carlos Leonardo Hernández para interponer la presente acción de tutela, por las razones explicadas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04620-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

24 de octubre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: CARLOS LEONARDO HERNÁNDEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Tesis: No está legitimado en la causa por activa para interponer
la acción de tutela quien pretende controvertir una
sentencia proferida en un proceso de nulidad electoral en
el que no fue parte, sino que actuó como apoderado del
demandante.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Leonardo
Hernández, en contra de la sentencia proferida el 1 de agosto de 2024
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
electoral identificado con el radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00065
00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Leonardo Hernández, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

“[…] 1. TUTELAR, los derechos fundamentales al Debido Proceso y
a la Correcta Administración en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia.

2. DECLARAR, que la Providencia del 01 de agosto de 2024,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin
efectos jurídicos.

3. REVOCAR, la Providencia del 01 de agosto de 2024, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin efectos
jurídicos.

4. ORDENAR, a la Sección Quinta del Consejo de Estado que adopte
una nueva decisión que acoja los criterios constitucionales y
jurisprudenciales expuestos […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, en cumplimiento del calendario electoral del
año 2023, el Partido Demócrata Colombiano inscribió su lista de
candidatos al concejo municipal de Cimitarra, Santander, la cual quedó
conformada por nueve hombres (Raúl Alfonso Ruiz Ayala, Camilo
González Obregón, Albeiro Hernández Ardila, Darwin Arnulfo Espitia
Mateus, Juan Carlos Mosquera Rentería, Wilson Alberto Murcia Pardo,
Jhonattan Alexander Bedoya Morales, Luis Enrique Parra Tobón e Isaí
Navarro Mejía) y cuatro mujeres (María Margarita Zapata Valero, Nubia
Cecilia Durán Santos, Edna Rocío del Pilar Quintero Torres y Anabeiba
Orozco Ruíz).

Expuso que, mediante la Resolución nro. 14202 del 23 de octubre de
2023, el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de la señora Edna
Roció del Pilar Quintero Torres como candidata al concejo municipal de
Cimitarra, Santander, por lo que la precitada lista se redujo a nueve
hombres y tres mujeres.

2

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Señaló que conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de
20112, el número mínimo de mujeres para conformar la lista de
candidatos elegibles avalada por el Partido Demócrata Colombiano era de
cuatro.

Precisó que, “(…) en el caso que aquí nos ocupa (respecto a la elección
de los concejales de Cimitarra Santander) el Partido Demócrata
Colombiano estaba en la obligación de verificar si sus inscritos estaban
inmersos en alguna inhabilidad, pues no puede excusarse en el principio
de la buena fe para transferir su responsabilidad a los candidatos que
avala y, con fundamento en ello, pretender que cumplió con el porcentaje
que en materia de género le exige la ley en materia electoral (…)”3.

Anotó que, “(…) bajo ningún aspecto el actor desconoce que las
inscripciones para las elecciones territoriales cerraron el 29 de julio de
2023, pues así se estableció en el calendario electoral que adoptó la
Registraduría Nacional del Estado Civil (…), sin embargo, tal circunstancia
implica que formalmente se cumplió con la cuota de género para esa
fecha, pero no materialmente, pues (…) las listas pueden ser objeto de
modificaciones por diferentes circunstancias, entre ellas, la revocatoria de
una inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral (…)”4.

Indicó que “(…) el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, de manera especial,
en materia electoral, consagra un porcentaje de participación de
cualquiera de los géneros (mujer – hombre), para efectos de que los
partidos, movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos,
conformen las listas que presentarán en aquellas contiendas electorales
en las cuales se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección
popular (…)”5.

2
“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
3
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
3

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Aseveró que el legislador fue claro al establecer que las listas donde se
elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular deben estar
compuestas por un mínimo del 30% de cualquiera de los géneros.

Explicó que, en virtud del artículo 33 de la Ley 1475 de 2011 una vez
conformada la lista definitiva de elegibles, la Registraduría Nacional del
Estado Civil debe remitirla a los diferentes organismos de control,
especialmente a la Procuraduría General de la Nación, para que certifique
si los candidatos inscritos por un partido, movimiento político o grupo
significativo de ciudadanos se encuentran inmerso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

Añadió que, verificada la existencia de alguna causal de inhabilidad,
corresponde al Consejo Nacional Electoral, en virtud de las facultades
otorgadas a dicha entidad, decidir sobre la revocatoria de la inscripción
del candidato inhabilitado.

Resaltó que, una vez revocada la inscripción de un candidato de la lista
definitiva, se abre la posibilidad de reemplazarlo siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

Manifestó que, para las elecciones al concejo municipal de Cimitarra,
Santander, el Partido Demócrata Colombiano inscribió en su lista a una
candidata que estaba inhabilitada y no realizó el cambio dentro de los
cinco días siguientes al cierre del proceso de inscripción.

Sostuvo que, “(…) habiendo tenido todas las garantías para el reemplazo
de la candidata dentro de los cinco días siguientes al cierre de la fecha de
inscripción, habiendo tenido la oportunidad de verificar las calidades de
cada miembro de la lista - no es posible cohonestar o permitir que se
conformen listas con candidatos inhabilitados que posteriormente afecten
inclusive la cuota de género exigido en la Ley (…)”6.

6
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Relató que se promovió demanda de nulidad electoral en contra de la
elección del señor Jhonattan Alexander Bedoya Morales como concejal del
municipio de Cimitarra, Santander, argumentando que el Partido
Demócrata Colombiano incumplió con la cuota de género debido a la
revocatoria de la inscripción de la señora Edna Rocío del Pilar Quintero
Torres por parte del Consejo Nacional Electoral.

Señaló que la demanda fue asignada al Tribunal Administrativo de
Santander que, en sentencia del 22 de mayo de 2024, negó las
pretensiones, y que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
del 1 de agosto de 2024, al resolver el recurso de apelación promovido
en contra de la anterior decisión, la confirmó al considerar que “(…) el
Partido Demócrata Colombiano no tuvo la oportunidad de modificar su
lista de candidatos dentro del plazo legal, y dado que la decisión del CNE
no era firme al momento de las elecciones, no se configuró la causal de
nulidad solicitada (…)”7.

Afirmó que la providencia de segunda instancia cuestionada desatendió la
obligatoriedad de la cuota de género en la inscripción de listas de
candidatos de partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
para cargos de elección popular.

Explicó que el principio de equidad de género y el cumplimiento de la
cuota de género en las listas de candidatos a cargos de elección popular,
son elementos fundamentales dentro de las normativas que regulan a las
organizaciones políticas.

A su turno, en el acápite denominado “Procedencia de la acción de tutela”,
el accionante alegó que la sentencia objeto de debate incurrió en defecto
fáctico, defecto material, desconocimiento del precedente jurisprudencial
y violación directa de la Constitución.

7
Ibidem.
5

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Frente al defecto fáctico argumentó que “(…) la Sección Quinta del
Consejo de Estado dicta sentencia a causa de una valoración probatoria
errada y la evasión del debate frente la inscripción de los candidatos de
la lista de elegibles (…)”8.

En cuanto al defecto material adujo que “(…) la Sección Quinta del
Consejo de Estado desconoce la cuota de género del 30% [que] es una
medida afirmativa rígida y específica, que busca corregir el desequilibrio
en el acceso de las mujeres a posiciones de dirección en el Estado, siendo
un imperativo legal que debe ser estrictamente acatado (…)”9.

Sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial anotó que “(…)
la Sección Quinta del Consejo de Estado no toma en cuenta las
disposiciones normativas y judiciales que se han desarrollado entorno al
cumplimiento de la cuota de género de la lista de candidatos para cargos
de elección popular, para la cual los partidos políticos deben cumplir con
la verificación exhaustiva de la lista de candidatos, con el objetivo de
verificar que ninguno de ellos se encuentre inhabilitado (…)”10.

Al efecto, resaltó que “(…) en la jurisprudencia reiterada de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y la Corte Constitucional se garantiza el
cumplimiento de los mandatos 13, 40, 43 y 107 constitucionales y normas
internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la
igualdad entre hombres y mujeres, al establecerse una cuota del 30% de
participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan
cinco o más curules. Sin embargo, esta decisión apunta a justificar
solamente la propia incuria del partido político que no verificó las
inhabilidades de los candidatos, ni el cumplimiento de las calidades y
requisitos conforme lo ordena el artículo 28 de la Ley 1475, para caer en
la teoría del imposible, por no alcanzar el tiempo de recomponer la lista
mal conformada o mal reorganizada por la colectividad que incluyó sin el

8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
6

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

cumplimiento de requisitos a otorgar avales a personas inhabilitadas de
modo que finalmente no pudo acatar el bloque de constitucionalidad, ni
los derechos supra legales deferidos al género femenino (…)”11.
(Resaltado original del escrito de tutela).

En lo concerniente a la violación directa de la Constitución, aseveró que
la autoridad judicial accionada “(…) vulneró los derechos al debido
proceso, a la legalidad, al principio de equidad de género, a la democracia
interna (…) y la correcta administración de justicia (…)”12.

Finalmente arguyó que “(…) la Sección Quinta desconoció al momento de
su decisión el acervo probatorio, omitiendo los argumentos fácticos y
jurídicos por los cuales se demostraron dentro del proceso por parte del
suscrito, creando un argumento sin asidero jurídico (…)”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 30 de agosto de 202413 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del
4 de septiembre de 202414 la admitió y dispuso notificar15 a los
magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, como
parte accionada, así como vincular al Tribunal Administrativo de
Santander16 y a los señores John Jader Cardeño Bastidas y Jhonattan

11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
14
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
15
Esta orden se cumplió el 10 de septiembre de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04620 00.
16
Ibidem.
7

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Alexander Bedoya Morales17, como terceros interesados en el resultado
del proceso.

De igual forma, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander y/o al
Consejo de Estado, Sección Quinta, que allegaran copia digital del proceso
identificado con el radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00065 00/01, el
cual fue remitido18.

3.2. El consejero ponente de la providencia cuestionada rindió informe19
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por activa o, de considerarse lo
contrario, se nieguen las pretensiones del accionante comoquiera que no
se encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Manifestó que “(…) el actor no está legitimado por activa en el presente
trámite de tutela, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
toda vez que los derechos fundamentales que busca proteger son los de
las partes en el proceso de nulidad electoral, en el que se profirió la
decisión que se pide dejar sin efectos y, en este caso, el mismo no actúa
como apoderado o agente oficioso de los titulares dichas garantías
constitucionales (…)”.

Adicionalmente, indicó que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional comoquiera que del escrito de tutela se advierte la
reiteración de los argumentos expuestos en la apelación de la decisión de
primera instancia en el trámite electoral, por lo que, bajo su
consideración, resulta evidente que lo que pretende el accionante es que
se reabra un debate que ya fue zanjado en el proceso ordinario.

17
Esta orden se cumplió el 20 de septiembre de 2024. Visto en el índice 16 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
04620 00.
18
Visto en los índices 8, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
19
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
8

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

3.3. La magistrada ponente de la sentencia de primera instancia allegó
escrito20, en el que solicitó que la acción de tutela se rechace por
improcedente.

Al efecto, expuso que lo pretendido por la parte actora es utilizar este
mecanismo constitucional como una tercera instancia procesal con el fin
de seguir debatiendo lo que a su juicio constituye una causal de nulidad
electoral.

Aseguró que “(…) tanto en la primera instancia como en la segunda
instancia se determinó con suficiente mérito probatorio, argumentativo y
jurisprudencial que no había lugar a declarar la nulidad de la elección,
porque la colectividad política inscriptora del demandado no tuvo la
oportunidad de recomponer la lista conforme la prerrogativa señalada en
el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, por lo que, ante dicha situación y
la falta de firmeza de la decisión que revocó la candidatura, para la fecha
de las elecciones, se impone mantener incólume el acto electoral, en tanto
al momento de la inscripción, la colectividad política cumplió con la cuota
de género (…)”.

3.4. Los señores John Jader Cardeño Bastidas y Jhonattan Alexander
Bedoya Morales, guardaron silencio.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 30 de septiembre de
202421.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de

20
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
21
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
9

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

noviembre de 199122 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,23 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202124, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201925 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:

4.2.1. El señor Carlos Leonardo Hernández, actuando en calidad de
apoderado judicial del John Jader Cardeño Bastidas, presentó demanda
de nulidad electoral en contra del acto mediante el cual fue elegido el
señor Jhonattan Alexander Bedoya Morales como concejal del municipio
de Cimitarra, Santander, para el periodo 2024-2027, contenido en el
formulario E26 CO del 12 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión
Escrutadora Departamental de Santander.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Santander que, en sentencia del 22 de mayo de 2024, negó las
pretensiones al considerar lo siguiente:

“[…] no le asiste razón a la parte accionante, puesto que el acto
administrativo que revocó la inscripción de la candidata del Partido
Demócrata Colombiano para el concejo de Cimitarra señora Edna
Rocío Del Pilar Quintero Torres no implica el desconocimiento del
porcentaje por concepto de cuota de género, que tuvo en cuenta la
colectividad al momento de conformar la respectiva lista.

22
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
23
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
24
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
25
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
26
Lo que se desprende del proceso de nulidad electoral radicado con el nro. 68001 23
33 000 2024 00065 00/01. Visto en los índices 8, 9 y 10 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 04620 00.
10

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Debe tenerse en cuenta que el cumplimiento del porcentaje
correspondiente a la cuota de género se exige al momento de
conformarse la lista, lo cual fue acatado por el partido, porque de los
13 candidatos inscritos inicialmente, 4 eran mujeres, lo que refleja un
porcentaje del 30%.

En ese orden de ideas, se estima que la revocatoria de la inscripción
de dicha candidata mediante la Resolución 14202 del 23 de octubre
de 2023 fue una situación que sobrevino a la conformación de la lista
y 6 días antes del desarrollo de la jornada electoral, razón por la cual,
le resultaba imposible al partido político Demócrata Colombiano
modificar la lista para incluir a otra mujer, debido a que el último
plazo contemplado en el calendario electoral establecido por el
Consejo Nacional Electoral era hasta el 29 de septiembre de 2023
[…]”.

4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso
recurso de apelación y la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
sentencia proferida el 1 de agosto de 2024, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Carlos Leonardo Hernández, actuando
en nombre propio, interpuso acción de tutela pretendiendo que se deje
sin efectos la sentencia del 1 de agosto de 2024 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado nro. 68001 23 33 000 2024 00065 00/01,
promovido promovido por el señor John Jader Cardeño Bastidas en contra
del señor Jhonattan Alexander Bedoya Morales, en calidad de concejal
municipal de Cimitarra, Santander. Para ello, alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales “(…) al debido proceso, a la legalidad, al principio
de equidad de género, a la democracia interna (…) y la correcta
administración de justicia (…)”27.

La Sala advierte que, en este caso, el accionante no se encuentra
legitimado para interponer la solicitud de amparo, por las razones que
pasan a explicarse:

27
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

El artículo 86 de la Constitución Política establece que: “(…) toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (…)”. (Se destaca).

A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que, “(…) la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales (…)”. (Se destaca).

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-511 de 2017, al hacer
referencia de la sentencia T-176 de 2011, anotó que: “(…) la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que
fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante (…)”. (Se destaca).

En igual sentido ha señalado que “(…) la legitimación por activa es
requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para
cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la legitimación en
la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo
de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la
acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente (…)”28.

A su turno, esta sección ha indicado que quien promueve una acción de
tutela con el propósito de buscar la protección de un derecho

28
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
12

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 04620 00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández

fundamental, presuntamente amenazado o vulnerado con ocasión de las
providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o hizo parte del mismo29.

Al efecto, en fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2020 30, esta
Sección explicó que “(…) la legitimación en la causa por activa de quien
promueve acción tutela contra providencia judicial y alega la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, está
determinada por la participación en el proceso judicial cuya revisión
depreca en ejercicio del amparo constitucional (…)”. (Negrillas originales
de la providencia).

En el caso concreto, está acreditado que (i) el proceso de nulidad electoral
resuelto en la providencia cuestionada en este trámite tutelar fue
promovido por el señor John Jader Cardeño Bastidas, a través de su
apoderado judicial, el señor Carlos Leonardo Hernández, hoy accionante,
en contra del acto de elección del señor Jhonattan Alexander Bedoya
Morales como conejal municipal de Cimitarra, Santander, y que (ii) en el
precitado proceso no se vinculó a ninguna persona, natural o jurídica, en
calidad de tercero interviniente.

Conforme con lo expuesto, la Sala evidencia que el accionante alega la
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, pero no está acreditado que haya hecho
parte del proceso de nulidad electoral donde se profirió la providencia
judicial que cuestiona, sino que actuó como apoderado judicial del
demandante.

En ese sentido, no se encuentra legitimado para interponer la presente
solicitud de amparo, debido a que la eventual vulneración de las garantías

29
Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 02901 01 y
(ii) Sentencia del 26 de marzo de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2022 04272 01.
30
Sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente
radicación nro. 11001 03 15 000 2020 04130 00.
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constitucionales invocadas no le afectaría a él, sino al señor John Jader
Cardeño Bastidas, parte demandante en el proceso de nulidad electoral.

En consecuencia, sin ser necesario descender en otras consideraciones,
la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Carlos Leonardo Hernández, para interponer la presente tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA del señor Carlos Leonardo Hernández para interponer la
presente acción de tutela, por las razones explicadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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