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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04648-00

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04648-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. SEGUNDO: Declarar improcedente la solicitud de amparo respecto de las pretensiones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta del escrito de tutela, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Declarar la carencia de objeto con relación a la segunda pretensión del escrito de tutela, por lo expuesto en el presente proveído. CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: De no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04648-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

7 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04648-00
Accionantes: Andrés Felipe Ruíz Yucuma y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04648-00
Accionantes: Andrés Felipe Ruíz Yucuma y Catalina Polanco Ramírez
Accionados: Presidente de la República, Policía Nacional de Colombia,
Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la
Nación y Secretria de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de
Cali

Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los mecanismos
ordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus derechos.

La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en tanto que no se acreditó que previo a su interposición se
hubiese presentado reclamo ante el responsable o el encargado del
tratamiento de los datos.

Hay carencia actual de objeto en la acción de tutela, cuando antes de proferir
fallo, el objeto de la solicitud de amparo acaece.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Andrés Felipe Ruíz Yucuma
y Catalina Polanco Ramírez, en nombre propio, en contra del Presidente de la
República, Policía Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General de la Nación y Secretaria de Seguridad y Justicia de la
Alcaldía de Cali.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Andrés Felipe Ruíz Yucuma y Catalina Polanco Ramírez, en nombre propio,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al habeas data y el buen
nombre, los cuales estiman vulnerados por las entidades accionadas, con
ocasión de los comparendos que registran a su nombre en el Sistema de

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Registro Nacional de Medidas Correctivos – RNMC.

En su escrito formularon las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se ordene a la policía nacional REVOCAR del registro de medidas
correctivas la orden de comparendo contra ANDRES FELIPE RUIZ YUCUMA
número 76-001-6-2024-51671

2. Se ordene a la policía nacional SUPRIMIR del registro de medidas correctivas
la orden de comparendo contra CATALINA POLANCO número 76-001-6-2024-
51670

3. Se ordene a la policía nacional SUPRIMIR del registro de medidas correctivas
la orden de comparendo contra ANDRES FELIPE RUIZ YUCUMA número 76-001-
6-2024-51671

4. Se le ordene a los entes de control investigar cada uno lo de su competencia.

5. Se le ordene a la presidencia a revisar la constitucionalidad del decreto 001284
de 31 de julio de 2017.

6. Se le ordene al presidente como supremo comandante de la policía nacional
detener todo tipo de incentivo por elaboración de medidas correctivas en todo
el territorio nacional. […]”

Como fundamento de sus pretensiones señalaron que la Inspección de Policía
17 del Limonar de la ciudad de Cali, les impuso comparendos y/o medidas
correctivas por el cargo mencionado en el artículo 140 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana “Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público”.

Indican que presentaron recurso de apelación ante la Inspección de Policía 17,
en contra de las medidas correctivas, los cuales fueron decididos de manera
favorable respecto de Catalina Polanco Ramírez, ya que se dejó sin efectos el
comparendo; mientras que con relación a Andrés Felipe Ruiz Yucuma se dejó
en firme la medida de comparendo, además de que se ordenó actualizarla en
la plataforma de Registro Nacional de Medidas Correctivas.

Aseguran que se encuentran concursando para ocupar cargos públicos, para
los cuales, dentro de la documentación requerida, deben aportar los
antecedentes y que consultado el registro se encuentran registradas las
medidas impuestas por la Inspección de Policía 17 del Limonar.

Afirman que dentro del proceso adelantado por la autoridad de policía se

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presentaron varias irregularidades, lo que hace que las órdenes de
comparendo y, por tanto, los citados registros no correspondan a la realidad.

Indican que a los servidores públicos de la Policía Nacional se les está exigiendo
la imposición de medidas correctivas, lo que hace que se repita lo que mal
llaman en Colombia falso positivo.

Manifiestan que denunciaron estas conductas ante ventanilla única de la
alcaldía de Cali; no obstante, no se han abierto investigaciones disciplinarias,
penales o de control interno.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Mediante auto del 11 de septiembre de 2024, se admitió la tutela y se
ordenó notificar a las entidades demandadas, así como vincular a la Inspección
de Policía número 17 del Limonar de la ciudad de Cali. En esta misma
providencia se requirió a la Inspección de Policía 17 del Limonar para que
allegue copia digital o el hipervínculo de consulta de las actuaciones
administrativas con radicados No. 76-001-6-2024-51671 y No. 76-001-6
2024-51670 de fecha 2 de mayo de 2024.

2.2. Por auto de 2 de octubre de 2024 se requirió nuevamente a la Inspección
de Policía 17 del Limonar de Cali, para que allegara copia de las actuaciones
administrativas con radicados núm. 76-001-6 2024-51671 y 76-001-6-2024-
51670 de fecha 2 de mayo de 2024.

2.3. La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Santiago de Cali
presentó informe en el que solicita se declare la improcedencia de la solicitud
de amparo por subsidiariedad. Manifiesta que consultada la página web del
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas– RNMC, expediente No. 76-
001-6-2024-51670, medida correctiva impuesta el 2 de mayo de 2024 a la
señora CATALINA POLANCO RAMIREZ, al constatar, se evidencia que la actora
no le figura medidas correctivas pendientes por cumplir, siendo un hecho
superado lo que motivo la presente acción constitucional.

Respecto del actor, Andrés Felipe Ruíz, indica que presenta 2 órdenes de
comparendo vigentes o en proceso, el primero con número de expediente 76-
001-6-2020-7435 realizado el 3 de febrero del 2020, es decir, hace más de 4
años, procedimiento adelantado en jurisdicción de la comuna 2 de esta
municipalidad, el infractor fue sorprendido consumiendo sustancias prohibidas
en espacio público por personal uniformado de la Estación de Policía la Flora,

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aplicando la imposición de la medida correctiva por violación al cuidado e
integridad del espacio público. En segundo lugar, presenta la imposición de
otra medida correctiva con número de expediente 76-001-6 2024-51671
impuesta el 2 de mayo de 2024, por infracción al cuidado e integridad del
espacio público al ser sorprendido nuevamente consumiendo sustancias
prohibidas, esta vez en zonas y perímetros restringidos para el consumo de
sustancias psicoactivas.

Señala que los procedimientos únicos de policía en materia de convivencia y
seguridad ciudadana son autónomas e independientes, los cuales están
previstos en la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, y pueden ser controvertidos ante el inspector de Policía de la
jurisdicción donde presentó la medida correctiva, escenario adecuado para
esgrimir sus argumentos de defensa y contradicción frente al procedimiento
policivo, tramite que se surtió en el presente asunto.

2.4. La Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de
Cali presentó informe en el que solicita se le desvincule de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que
a la parte accionante no se le ha vulnerado ningún derecho, además de que
dicha autoridad no tiene competencia para acceder a sus pretensiones.
Asegura que, si bien las Inspecciones de Policía y Corregidurías están adscritas
a la sub secretaria de Acceso a Servicios de Justicia y esta última está adscrita
a la Secretaria de Seguridad y Justicia del Distrito Especial de Santiago de Cali,
las Inspecciones de Policía y Corregidurías, cuentan con plena autonomía en
el ejercicio de sus funciones.

2.5. La Procuraduría General de la Nación presentó informe en el que
solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva en tanto que
las pretensiones van dirigidas a la Policía Nacional. Así mismo, solicita se
declare improcedente la solicitud de amparo, al estimar que la parte actora no
aportó pruebas que acrediten que se agotaron los mecanismos ordinarios o
que se elevó previamente alguna solicitud ante dicha autoridad. Por último,
afirma que la tutela no es la vía para solicitar el inicio de investigaciones
disciplinarias ni penales.

2.6. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
presentó escrito en el que solicita se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva al considerar que la presunta afectación de los derechos
fundamentales invocados no es consecuencia del actuar de dicha autoridad.
De igual forma, solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela, al
estimar que los reclamos de los accionantes al estar dirigidos a controvertir un

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acto administrativo deben ser ventilados ante el juez contencioso
administrativo por medio de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y no mediante la presente acción constitucional.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el cual
modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión previa

La legitimación en la causa por pasiva en acciones de tutela ha sido definida
por la Corte Constitucional como la aptitud legal de la entidad contra quien se
dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado
resulte demostrada1.

Frente a la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaria de
Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali, se estima que no está
llamada a prosperar, toda vez que de los hechos expuestos en el escrito de
tutela, se advierte que el actor alega que sus derechos se han vulnerado en la
medida en que ante dicha autoridad denunció las conductas descritas en la
tutela, sin que adelantara actuación alguna.

Respecto de la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la
Nación, es preciso indicar que tampoco está llamada a prosperar, en tanto que
una de las pretensiones del escrito de tutela tiene relación directa con dicha
autoridad.

Por último, frente a la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la
República se debe señalar que no es posible acceder a la misma, toda vez que
la citada autoridad no está vinculada al presente trámite constitucional, en
razón a que quien fue vinculado fue el Presidente de la República, respecto de
quien la parte actora dirige directamente sus pretensiones.

1
Corte Constitucional, sentencias T-430 de 1993, T-662 de 1999 y SU-077 de 2018.

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3.3. Hechos

3.3.1. El 2 de mayo de 2024 se impusieron por parte de un patrullero de la
Policía Nacional los comparendos nro. 76-001-6-2024-51670 a la señora
Catalina Polanco Ramírez y 76-001-6-2024-51671 al señor Andrés Felipe Ruíz
Yucuma por la infracción prevista en numeral 13 del artículo 140 del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana “Comportamientos contrarios
al cuidado e integridad del espacio público”.2

3.3.2. Contra las anteriores ordenes de comparendo los actores interpusieron
recurso de apelación.

3.3.3. El 14 de agosto de 2024 la Inspectora de Policía Urbana Categoría
Especial Limonar expidió la Resolución Nro. 4161.050.9.59.145.2024, por
medio de la cual dejó en firme la medida de comparendo nro. 76-001-6-2024-
51671 en contra del señor Andrés Felipe Ruíz Yucuma. De igual forma, ordenó
actualizar el Registro Nacional de Medidas Correctivas con el comparendo
descrito.

3.3.4. El 20 de agosto de 2024, la Inspectora 17 Urbano Especial de Policía
Municipal del Barrio Limonar, expidió la Resolución Nro. 4161.050.9.6.131 por
medio de la cual dejó sin efectos el comparendo nro. 76-001-6-2024-51670
de 2 de mayo de 2024 y la medida correctiva impuesta a la señora Catalina
Polanco Ramírez. Así mismo, ordenó actualizar el Registro Nacional de Medidas
Correctivas.

3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. Sea lo primero decir que la acción de tutela, a la luz de lo dispuesto por
el constituyente en el artículo 86 superior, es un medio para la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o

2
Ley 1801 de 2016. Art. 140 “Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio
público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio
público y por lo tanto no deben efectuarse: […] 13. Consumir, portar, distribuir, ofrecer o
comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros
educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques. También, corresponderá
a la Asamblea o Consejo de Administración regular la prohibición del consumo de sustancias
psicoactivas en determinadas áreas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las
unidades de propiedad horizontal de propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675
de 2001. […]”

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, o de un particular,
esto último, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de
1991. Además, esta acción se ha definido como un instrumento subsidiario,
que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

En este caso, las pretensiones de la demanda consisten en: i) que se ordene
a la Policía Nacional revocar del registro de medidas correctivas la orden de
comparendo contra el accionante número 76-001-6-2024-51671; ii) que se
ordene a la Policía Nacional suprimir del registro de medidas correctivas la
orden de comparendo contra la actora número 76-001-6-2024-51670; iii) que
se ordene a la Policía Nacional suprimir del registro de medidas correctivas la
orden de comparendo contra el actor número 76-001-6-2024-51671; iv) que
se le ordene a los entes de control investigar cada uno lo de su competencia;
v) que se le ordene a la presidencia a revisar la constitucionalidad del Decreto
001284 de 31 de julio de 2017; y vi) que se le ordene al Presidente como
supremo comandante de la policía nacional detener todo tipo de incentivo por
elaboración de medidas correctivas en todo el territorio nacional.

3.3.2. Respecto de la primera pretensión, esto es, que se ordene a la Policía
Nacional revocar del Registro de Medidas Correctivas la orden de comparendo
número 76-001-6-2024-51671 impuesta al accionante, la Sala advierte que
no se cumple el requisito de subsidiariedad.

En efecto, de la lectura y contenido del escrito introductorio, se observa que
el actor pretende la protección de sus derechos fundamentales de habeas data
y buen nombre, para lo cual cuestiona la medida correctiva que se le impuso
y que dio origen al registro en el Sistema del Registro Nacional de Medidas
Correctivas – RNMC, en tanto que no comparte el trámite y la valoración
probatoria que se realizó desde el momento del comparendo hasta la decisión
que resolvió el recurso de apelación por él interpuesto y que confirmó la
medida de comparendo.

Sobre el particular, se debe señalar que, si el actor considera que dentro del
citado trámite se desconoció alguna norma superior, se le vulneró el derecho
de defensa o si la decisión se expidió con falsa motivación, tiene los
mecanismos ordinarios previstos por el legislador para controvertir la legalidad
de la decisión adoptada por autoridad de policía acudiendo a la jurisdicción
contencioso administrativa para pretender la nulidad del acto3, actuación en la

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo
Gómez. “[…] Las autoridades policivas por regla general ejercen funciones propiamente

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cual también podrá agotar otros mecanismos judiciales para solicitar su
suspensión previo a la decisión de fondo. Cabe mencionar que, eventualmente
la acción de tutela procedería como mecanismo transitorio, si se acredita la
configuración de un perjuicio irremediable, circunstancia que el presente caso
no se encuentra demostrada pues, si bien indica que se inscribió en una
convocatoria para un cargo público, no se advierte que se haya excluido de
dicha convocatoria o se le haya negado el nombramiento como consecuencia
de su registro en el Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC.

3.3.3. Con relación a la tercera pretensión, esto es, suprimir el registro de
comparendo a nombre del accionante en el registro de medidas correctivas es
preciso señalar que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, ya
que si el accionante lo que pretende es la actualización, corrección o supresión
de un registro en el Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas –
RNMC por considerar que la información allí contenida no refleja la realidad,
debe acudir previamente ante el responsable y/o encargado del tratamiento
de los datos, para que de ser procedente se actualice, corrija o suprima el dato
contenido en el registro, ya que una vez expedida la Ley 1581 de 2012, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el reclamo es un requisito de
procedibilidad previo a la interposición de la acción de tutela para la protección
del derecho fundamental al habeas data4. En ese orden de ideas, teniendo en
cuenta que el accionante no acreditó haber agotado el reclamo previo ante la
Policía Nacional para que su información personal fuera eliminada del RNMC,
no se advierte cumplido el requisito de subsidiariedad.

3.3.4. Frente a la cuarta pretensión, consistente en que se ordene a los entes

administrativas, inherentes al poder de policía del cual se encuentran investidas, dentro de los
precisos límites legales, actos que están sujetos al control jurisdiccional como cualquier acto
administrativo. […]”
4
Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2021. “[…] La Sala considera importante reiterar el
precedente constitucional sobre el requisito de subsidiariedad en acciones de tutela en las que
se pretende la actualización, eliminación, corrección o supresión de datos contenidos en bases
de datos. La jurisprudencia constitucional ha señalado de forma pacífica que, en estos casos,
para que proceda la acción de tutela, el accionante debe haber presentado el reclamo ante el
responsable o el encargado del tratamiento de los datos. Esta postura jurisprudencial se
originó en la inexistencia de un mecanismo ordinario de protección directa del habeas data,
antes de la expedición de la regulación sectorial y general sobre protección de datos. Expedida
la Ley 1581 de 2012, el precedente constitucional ha señalado que el reclamo es un requisito
de procedibilidad previo a la interposición de la acción de tutela para la protección del derecho
fundamental al habeas data, de modo que la acción de tutela como mecanismo principal es
improcedente sin la presentación previa del reclamo. En efecto, la Corte ha señalado que “la
acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para solicitar, entre otras, la supresión
de un dato de una determinada base de datos, siempre que previamente se hubiere
presentado tal solicitud ante el sujeto responsable de su tratamiento, según lo prevé el artículo
15 de la Ley 1581 de 2012. […]”

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de control investigar los hechos expuestos en el escrito de tutela según sus
competencias, es preciso mencionar que la misma tampoco resulta
procedente, en razón a que la acción de tutela esta prevista para la protección
inmediata de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad, mas no para
ordenar a los órganos de control o a cualquier otra autoridad que adelanten
investigaciones según sus funciones, pues para tal finalidad la ley ha
establecido unos procedimientos específicos que deben agotarse en cada caso.

Adicionalmente, en el presente asunto, más allá de las afirmaciones en el
escrito de tutela, no se acredita que se hubiese interpuesto las denuncias ante
la Procuraduría General de la Nación ni ante la Fiscalía General de la Nación
para que se adelanten las investigaciones disciplinarias y penales que pretende
que se lleven a cabo, así como tampoco se demuestra la presentación de las
denuncias interpuestas ante la alcaldía por las supuestas irregularidades
dentro del trámite adelantado ante la inspección de policía, por lo que no es
posible tampoco considerar una presuntamente vulneración de sus derechos
por falta de actuar de dichas autoridades.

3.3.5. De otro lado, respecto de las pretensiones quinta y sexta, dirigidas a
que el Presidente de la República revise la constitucionalidad del Decreto 1284
de 20175 y que se detenga todo tipo de incentivo por elaboración de medidas
correctivas, se debe señalar que al igual que las anteriores pretensiones éstas
tampoco son procedentes, ya que, se reitera la presente acción constitucional
está prevista para la protección de los derechos fundamentales cuando
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad. En ese orden de ideas, no le asiste competencia al juez de tutela
para ordenar al Presidente de la República para que analice la legalidad o no
de un acto administrativo, ya que si se considera que un acto de carácter
general vulnera el ordenamiento jurídico superior, lo que corresponde es
promover el medio de control previsto en la ley para que la autoridad
competente, juez contencioso administrativo, estudie su legalidad. En la
misma línea, si se estima que dentro de la actuación de imposición de medidas
correctivas se están adelantando actuaciones que, en su criterio, son
irregulares y, por tanto, se deben eliminar, lo procedente es poner en
conocimiento de las autoridades que intervienen en dicho procedimiento tales
irregularidades, para que en el ámbito de sus competencias analicen las
inconformidades planteadas y, si es del caso, adopten las medidas a que haya
lugar.

5
“Por medio del cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015
“Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, para reglamentar
parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

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3.3.6. Por último, con relación a segunda pretensión, relacionada con que se
ordene a la Policía Nacional suprimir del registro de medidas correctivas la
orden de comparendo número 76-001-6-2024-51670 impuesta a la actora,
Catalina Polanco Ramírez, la Sala advierte que carece actualmente de objeto,
debido a que lo pretendido por la accionante se ha logrado y, por tanto, ha
dejado de ser exigible, razón por la cual no existe motivo que justifique la
intervención del juez de tutela, como se pasa a explicar.

La accionante pretende que se ordene a la Policía Nacional suprimir del
Registro de Medidas Correctivas la orden de comparendo número 76-001-6-
2024-51670.

Revisadas las pruebas documentales allegadas, la Sala encuentra que para el
30 de agosto de 20246, la señora Catalina Polanco Ramírez presentaba en el
Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC el número de
expediente o comparendo 76-001-6-2024-51670. Específicamente, se lee el
siguiente registro:

Así mismo, al ver el detalle del registro se leía lo siguiente:

Ahora bien, con el informe presentado por la Policía Nacional7 se allegó la
consulta en el Registro Nacional de Medidas Correctivos, en el que con el
número del comparendo 76-001-6-2024-51670 impuesto a la señora Catalina
6
La presente acción de tutela se radicó el 3 de septiembre de 2024. Índice nro. 1 de Samai.
7
Contestación allegada el 18 de septiembre de 2024 vista en el Índice nro. 8 de Samai.

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Polanco Ramírez se registra la siguiente información “NO TIENE MEDIDAS
CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR”.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Carta Política
prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual se busca la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, amenazados
o conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de
determinados particulares, resulta claro que, al desaparecer las causas o
motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial 8, configurándose
el fenómeno de carencia actual del objeto.

Al respecto, la Corte Constitucional, lo ha entendido como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden
que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados»9.

En consecuencia, respecto de la solicitud de amparo presentada por la señora
Catalina Polanco Ramírez, la Sala declarará en el presente asunto la carencia
actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

8 Corte Constitucional, sentencia T-472 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04648-00
Accionantes: Andrés Felipe Ruíz Yucuma y otra

FALLA:

PRIMERO: Negar las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Santiago de Cali, la
Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Declarar improcedente la solicitud de amparo respecto de las
pretensiones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta del escrito de tutela, de
conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar la carencia de objeto con relación a la segunda
pretensión del escrito de tutela, por lo expuesto en el presente proveído.

CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: De no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ
GARZON SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá, D.C. - Colombia
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