Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04656-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Constitucional: la acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04656-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04656-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: JUAN CARLOS FRESEN MADERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA
DE ACCIÓN DE TUTELA POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – la acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir
el debate jurídico frente a una providencia que le resulte desfavorable.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instauradas por la parte actora, de conformidad con el Decreto 333 de 2021 1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 3 de septiembre de 2024 el señor Juan Carlos Fresen Madero, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra de la Subsección A, de la Sección
Primera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la expedición
de los autos del 5 de junio y 25 de julio de 2024, a través de los cuales se inadmitió
y se rechazó la demanda presentada dentro del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos radicado No. 25000-23-41-000-2024-01043-00,
al considerar que con esas decisiones se vulneraron sus derechos al debido
proceso, y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de
seguridad jurídica.
Hechos relevantes
2. El 29 de mayo de 2024 el accionante radicó demanda bajo el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Salud
y Protección Social, por considerar que vulneró el derecho colectivo a la seguridad
1 Que ingresó para fallo el 16 de septiembre de 2024.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
y salubridad pública, con la pretensión de que se declarara que el Decreto 3075 de
1997 se encontraba vigente o, en su lugar, se le ordenara al accionado expedir un
decreto con el fin de reglamentar el procedimiento para la vigilancia, el control e
inspección de las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manufacturas en
materia de fabricación de alimentos de consumo humano.
3. Mediante auto del 5 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, inadmitió la demanda por dos
razones: i). No se acreditó la comunicación del libelo introductorio y de sus anexos
a los demandados, y ii). No se probó el cumplimiento del requisito de reclamación
previa previsto en el artículo 144 del CPACA.
4. El 21 de junio de 2024 el accionante radicó un recurso de reposición en contra de
la anterior decisión y subsidiariamente solicitó que se considerara subsanada la
demanda.
5. A través de auto del 8 de julio de 2024, el Tribunal se negó el recurso interpuesto.
6. El 11 de julio de 2024 el demandante solicitó el retiro de la demanda.
7. Por auto del 25 de julio de 2024 la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el retiro solicitado y rechazó la
demanda.
Pretensiones
8. La parte actora formuló en el escrito de tutela las siguientes:
“Por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos respetuosamente a su
Despacho que CONCEDA LA TUTELA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
jurídica y al debido proceso consagrados en la Constitución Política, y, en
consecuencia, ORDENE:
8.1. Primera: TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, al debido proceso y la
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal por la vulneración del Tribunal
Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘A’ en virtud del
auto del 5 de junio de 2024 y el auto del 25 de julio de 2024.
8.2. Segunda: DECLARAR que los requisitos aplicables para la presentación
de Acciones Populares son los establecidos en el artículo 18 de la ley 472 de
1998.
8.3. Tercera: REVOCAR el del auto del 5 de junio de 2024 proferido por
Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘A’.
8.4. Cuarta: REVOCAR el del auto del 25 de julio de 2024 proferido por Tribunal
Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘A’.
8.5. Quinta: ORDENAR dictar auto admisorio dentro de la acción popular con
radicado 250002341000-2024-01043-00”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
9. La parte tutelante alega que las decisiones adoptadas por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneraron sus
derechos fundamentales, ya que confunde la naturaleza de las acciones populares
establecidas en la Ley 472 de 1998, al tratarlas como si fueran equivalentes a los
medios de control regulados por la Ley 1437 de 2011, dado que, a su parecer, si
bien ambas leyes se ocupan de mecanismos para la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos, son acciones diferentes, cada una con requisitos
específicos que deben ser respetados.
10. El accionante considera que no es procedente imponer requisitos adicionales
para las acciones populares a los contemplados en el artículo 18 de la Ley 472 de
1998, dado que es la norma especial aplicable al caso concreto.
11. Además, expuso que se produjo una violación directa de la constitución, toda
vez que la acción popular es una acción constitucional prevista en el artículo 88 de
la Constitución Política, destinada a la protección de derechos e intereses colectivos
y fue regulada por la Ley 472 de 1998, como una herramienta para prevenir daños,
eliminar peligros y detener amenazas frente a esos derechos, permitiendo su uso
de manera autónoma e independiente de otros mecanismos judiciales ordinarios,
sin que en la norma superior se establecieran requisitos previos para su ejercicio.
12. Sostuvo el demandante que, de conformidad con lo regulado en el artículo 10
de la Ley 472 de 1998, las acciones populares tienen un carácter directo y principal,
que le permite a los ciudadanos defender sus derechos colectivos sin necesidad de
agotar otros recursos o trámites administrativos, por lo que la imposición de un
requisito adicional atenta contra la naturaleza misma de la acción constitucional.
13. También expuso que con la expedición del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo, dada su exposición de motivos,
el legislador no pretendió modificar los requisitos de la demanda establecidos de
forma taxativa en la Ley 472 de 1998, por lo que la imposición del requisito de la
reclamación previa es contraria a esa premisa.
14. Por lo anterior, el accionante indicó que se configuró un defecto procedimental
absoluto por parte de la autoridad judicial accionada, al rechazar la demanda con
sustento en el incumplimiento de requisitos que no están establecidos en la Ley 472
de 1998, por lo que, a su juicio, se apartó del procedimiento legalmente previsto
para el trámite de las acciones populares.
Trámite procesal
15. Mediante auto del 5 de septiembre de 2024, este despacho admitió la tutela de
la referencia, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la Agencia
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; también vinculó al Ministerio de Salud y
Protección social como tercero interesado en las resultas del proceso.
Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó que se desestimara la
acción de tutela y, como consecuencia, que se declarara improcedente, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, dado que la controversia que
planteó el actor tuvo sustento en el alcance interpretativo de una norma procesal en
relación con las acciones populares, lo cual se enmarca dentro de la órbita de
conocimiento del juez ordinario y no del juez constitucional.
17. Adicionalmente, sostuvo que no se vulneró el derecho de acceso a la
administración de justicia porque la voluntad del actor era no continuar con el trámite
de la demanda que presentó, al no presentar escrito de subsanación, lo cual se
ratificó con la solicitud de retiro del libelo y, de igual forma, debido a que las normas
procesales no pueden ser entendidas como limitantes del derecho sustancial, lo
cual, a su juicio, no contraviene lo establecido en el artículo 229 de la Constitución
Política.
18. También manifestó que el accionante no se acreditó la existencia de alguna
irregularidad en materia procesal y sobre ese asunto el despacho sustentó en
debida forma que la Ley 472 de 1998 y la Ley 1437 de 2011 no eran excluyentes
sino integradoras.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
20. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces2.
21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
2Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00; Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-00, M.P. César Palomino Cortés; entre otros. 8 sentencia
T–422 de 2018.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
es necesario examinar dos elementos, a saber3: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
22. Revisada la demanda de tutela, se evidencia que el accionante cuestiona las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, de inadmitir y, posteriormente, rechazar la demanda, por
considerar que la autoridad judicial accionada confundió la acción popular prevista
en la Ley 472 de 1998 y el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos, sin que resulte procedente incorporar requisitos adicionales
para la presentación de las demandas.
23. En el auto del 5 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A inadmitió la demanda presentada por el actor al
considerar que no había cumplido con el requisito de la reclamación contemplado
en el artículo 144 del CPACA y por no haber remitido la demanda y sus anexos al
demandado y como no se subsanaron estos asuntos, a través de auto del 25 de
julio de 2024, la autoridad judicial accionada rechazó la demanda
24. De conformidad con lo anterior, la Subsección considera que en este caso el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó sus decisiones en las normas
procedimentales dispuestas tanto en la Ley 472 de 1998 como en la Ley 1437 de
2011, las cuales resultan complementarias en cuanto al trámite de las acciones
populares.
25. Como el accionante considera que la acción y el medio de control regulados en
las normas antes referenciadas son totalmente distintas, conviene precisar el
alcance que le ha dado esta Corporación al medio de control en relación con el
trámite de las controversias:
“Para determinar el nombre del medio de control que rotule una determinada
controversia, se debe estudiar el contexto en el cual ésta surge, es decir, la
causa que motiva al interesado a acudir a la administración de justicia, lo cual,
a su vez, concretará las características del ejercicio del derecho de acción, a fin
de determinar si se reúnen, entre otros, los presupuestos para acreditar la
legitimación procesal de dicho sujeto, la oportunidad en la presentación de la
demanda o la necesidad de agotar requisitos de procedibilidad, como el trámite
de la conciliación prejudicial en derecho. Esclarecido ello, el juzgador deberá
analizar, con base en lo demostrado a lo largo del proceso, si el accionante
3 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. consejero
ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
reunió los requisitos de orden material para obtener una sentencia favorable a
sus pretensiones”4.
26. Así las cosas, como en este caso la causa que motivó la demanda interpuesta
por el accionante fue la protección de los derechos colectivos que consideró
vulnerados, el medio de control previsto en el artículo 144 del CPACA concreta las
características para ejercer el derecho de acción y, con ello, se determina, entre
otras cosas, la necesidad de agotar requisitos de procedibilidad como lo es la
reclamación previa ante la entidad demandada.
27. En este orden de ideas, la Sala establece que la Ley 472 de 1998 y la Ley 1437
de 2011 son complementarias en relación con el trámite de las acciones populares
previstas en el artículo 88 de la Constitución Política5, en razón a la remisión
normativa dispuesta en el artículo 44 de la primera norma:
“ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones
populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del
Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le
corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se
opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”.
28. Si bien el mandato constitucional en relación con las acciones populares se
concretó en la Ley 472 de 1998 en cuanto a la regulación de las acciones populares,
incluyendo el trámite de las demandas, en el artículo 1437 de 2011 se incorporaron
algunas reglas adicionales, entre estas un requisito de procedibilidad:
“ARTÍCULO 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier
persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos
para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive
cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que
en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de
que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e
intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 70.247, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
5 “ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos,
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza
que se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas,
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e
intereses colectivos”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las
medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo
amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de
los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello,
podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este
requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en
contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse
en la demanda”. (se destaca).
29. La Sala considera que este requisito que incorporó el CPACA en relación con el
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no desconoce
la naturaleza de la acción constitucional y resulta razonable, dado que prevé la
posibilidad de que la administración conozca la situación que se considera como
vulneradora de los derechos colectivos para que esta pueda tomar las medidas
necesarias para cesar con esa actuación, sin necesidad de llevar el caso a una
instancia judicial.
30. De igual forma, la Subsección considera que en este caso no se vulneró el
derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que si bien en el trámite
de las acciones constitucionales se privilegia el derecho sustancial sobre las formas,
la Corte Constitucional ha precisado el alcance de este postulado no es
contradictorio con el respecto que se le debe dar al procedimiento establecido
previamente en las normas para materializar la protección de esos derechos.
“El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho
de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela
judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las
personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad
ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos
e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes. Por su intermedio, se le otorga a los
individuos una garantía real y efectiva, previa al proceso, que busca asegurar
la realización material de éste, previniendo en todo caso que pueda existir algún
grado de indefensión frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias
o controversias que surjan entre los particulares -como consecuencia de sus
relaciones interpersonales-, o entre éstos y la propia organización estatal.
(…).
“Integrar los conceptos de antiformalismo e interpretación conforme a la
garantía consagrada en el artículo 229 de la Carta, en manera alguna busca
desconocer o debilitar el papel protagónico que cumplen las reglas de
procedimiento en la ordenación y preservación del derecho de acceso a la
justicia, ni contrariar el amplio margen de interpretación que el propio orden
jurídico le reconoce a las autoridades judiciales para el logro de sus funciones
públicas. Por su intermedio, lo que se pretende es armonizar y racionalizar el
ejercicio de tales prerrogativas, evitando que los criterios de aplicación de la ley,
excesivamente formalistas, en cierta medida injustificados o contrarios al
espíritu o finalidad de las normas aplicables, puedan convertirse en un
obstáculo insuperable que terminen por hacer nugatorio el precitado derecho a
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
la protección judicial y, por su intermedio, el desconocimiento de valores
superiores como la igualdad de trato, la libertad y el debido proceso”6.
31. De conformidad con lo expuesto, se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca interpretó y aplicó las normas procedentes para el trámite de las
acciones populares y, en virtud de ello, inadmitió la demanda, la cual no se subsanó
y, como consecuencia, posteriormente, la rechazó, porque el accionante no cumplió
con los requisitos de procedibilidad previstos en la Ley 1437 de 2011 que
complementan lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 y con ello no se vulneró ninguno
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
32. Para la Subsección es claro que el propósito de la accionante es reabrir el
debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa,
desconociendo que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la acción de
tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no
como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado7 , lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia, más aun cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto
ordinarios como extraordinarios para combatir las decisiones que estiman arbitrarias
o que son incompatibles con la Carta Política”8 .
33. Así las cosas, al no ser este el escenario idóneo para estudiar cuestiones que
son de resorte de los jueces naturales, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela en este caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Juan Carlos Fresen Madero, por las razones expuestas en la parte motiva de
la esta providencia.
6 Corte Constitucional, sentencia C 426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
7 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
‘(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en la
supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor
de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela
se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial
resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos fundamentales’.
Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).”
8 Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04656-00
Accionante: Juan Carlos Fresen Madero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
9
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