Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04659-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04659-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04659-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404659-01
Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otro1
Tema: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance
Derechos Fundamental Invocado: Petición
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Jairo Augusto Pérez Vasco, quien
manifestó actuar en calidad de apoderado del actor, contra la sentencia de tutela
de 5 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de
tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202404659-01
Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El abogado Jairo Augusto Pérez Vasco, quien manifestó actuar en calidad de
apoderado del actor, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta y la
Presidencia del Consejo de Estado, porque, al no dar respuesta de fondo a las
peticiones formuladas el 5 y 8 de abril 2024 y el 15 de julio de 2024, vulneraron su
derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Jairo Augusto Pérez Vasco, en su condición de apoderado del señor José
Arsenio Vargas Chavarro, presentó peticiones ante la Presidencia y la Sección
Quinta del Consejo de Estado el 5 y 8 de abril de 2024, y el 15 de julio de 2024,
con posterioridad a un trámite de tutela iniciado por José Arsenio Vargas Chavarro
contra la Corte Constitucional, en el cual se profirió la sentencia del 23 de
noviembre de 20232.
3.1. Sostuvo que, presentó un derecho de petición el 5 de abril de 2024, ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual solicitó: “[…] A. Que los
señores de Fiducoldes s.a. den respuestas y soluciones y que sean llamados a
cancelar los dineros adeudados […] B. Que actúen en contra de la procuraduría
[…] que adelanten acciones disciplinarias en contra de la fiscal 024 […] sean
vinculados disciplinariamente y penalmente a los magistrados […], de acuerdo a
los hechos narrados y a sus delitos cometidos. […] solicito también que los
profesionales del derecho en mención sean investigados y puesto (sic) a
disposición de las autoridades competentes […]”.
2 Identificado con el núm. de radicación: 110010315000202304191-00.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202404659-01
Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
4. Indicó que, mediante escrito de 8 de abril de 2024, reiteró ante la Presidencia
del Consejo de Estado su solicitud y adujo que fue amenazado por parte de su
poderdante, quien ha evadido cumplir con las responsabilidades pactadas en el
poder otorgado.
5. Advirtió que, el 15 de julio de 2024, presentó un nuevo escrito, en el que: i)
solicitó respuesta a los derechos de petición del 5 y 8 de abril de 2024; ii) hizo
referencia a un contrato de arrendamiento; y iii) reiteró algunas de las situaciones
irregulares que puso de presente en los escritos anteriores.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El apoderado del actor solicitó en su escrito de tutela lo siguiente:3
“[…] solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia que le exijan al Honorable
consejo de estado me den respuestas a mis peticiones del día 05 de abril anexos del
día 08 de abril como también a los anexos del dia 15 de julio de 2024, como antes lo
había solicitado y teniendo en cuenta el Art,. 40 de la ley 1437 de 2011, ya que
contienen el suficiente acerbo probatorio para dar respuestas a fondo y en derecho
dando cumplimiento a sus obligaciones legales y constitucionales […]”.
6.1. Como fundamento de su solicitud, indicó lo siguiente4:
“[…] A. En el memorial del 15 de julio de 2024, compuesto por 60 folios de material
probatorio en los folios 8,9,10, están las constancias de envió del 05 y 08 de abril de
2024, como lo dice también el segundo punto del primer folio del mismo memorial
pongo como pruebas tres folios de los certificados de envío dice los mismo en el punto
decimo, anexo de pruebas. Primer punto tres folios de las constancias del envio de 5
y 8 de abril estas son pruebas reales fehacientes y contundentes.
B. En el punto octavo del memorial del mismo 15 de julio de 2024, derecho de petición
del día 05 de abril y 08 del mismo mes y año, donde aporto 107 folios de material
probatorio el cual fue enviado a varios despachos judiciales y dependencias de
control, de acuerdo al código de comercio decretos 837 y 414 en este punto si fuera
verdad que no apareciera el memorial del 08 de abril de 2024, ante el Honorable
Consejo de Estado, su obligación Constitucional era pedirlo ante estos diferentes
despachos para que compulsaran copias de los memoriales en mención ante el
peticionario consejo se estado ustedes tienen estas facultades y es obligación legal y
constitucional en ejercicio del derecho y no pueden haber disculpas ante este evento
3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.
4
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
donde ya esta confirmada las mentiras y falacias y abuso de autoridad y denegación
de justicia.
C. Luego el día 06 de mayo del 2024, me envian un documento de anexos del
expediente del día 05 de abril de 2024, Orfeo FGN20240010040665, y dice
textualmente atentamente me permito enviar respuesta a su comunicación recibida
por correo electrónico del dia 08 de abril de 2024 con asunto anexo al expediente del
día 05 de abril de 2024, donde el Doctor […], emite respuestas de los expedientes del
05 y 08 de abril de 2024, el mismo que tiene la obligación de darle su tramites
correspondientes a los despachos judiciales en mención teniendo en cuenta la ley
1755 en su Art. 21 lo cual este funcionario lo hizo, ya que los correos plasmados en
cada prueba dan fe de eso, en este orden de ideas el Honorable consejo de estado
esta mintiendo y no tubo voluntad ni compromiso legal y constitucional de cumplir con
sus obligaciones en derecho legales y constitucionales en este caso se violo
desconoció y vulnero lo establecido por la constitución.
D. Pongo también como prueba del consejo de estado N° INT 1728 del día 26 de abril
de 2024 otra prueba más también conocida por la procuraduría más confirmación en
contra del Honorable Consejo de Estado, donde ya con sus actos arbitrarios este
incurriendo en unos hechos de silencio administrativo de negación de justicia lo cual
estos conllevan a varios hechos no solo son de disciplina judicial si no también a unos
hechos penales. […]”.
[…]
“[…] 6. De este modo honorable Consejo de estado que de acuerdo a lo anterior les
exijo respuestas en derecho que contengan la verdad procesal ante estos hechos
dado a que es su obligación que me den respuestas a fondo y en derecho a los
expedientes del 05 y 08 de abril de 2024 y muy especialmente al expediente del 15
de julio el cual tiene un material probatorio muy real y decisivo para impartir las
diferentes acciones y sanciones a las entidades accionadas ya que todos los
funcionarios públicos denegados de la rama judicial tiene obligación constitucional de
ejercer en derecho y dar respuestas y soluciones a fondo siendo imparciales en todas
sus actuaciones y decisiones dado a una estricta y eventual revisión procesal como
lo exige la ley y la constitución ya que todo proceso que le sea asignado a cada
funcionario judicial es obligación del mismo dar a conocer el resultado de cada
investigación teniendo en cuenta el material probatorio aportado al mismo por el
accionante y/o interesado.
7. Por considerar que todos los despachos judiciales aqui mencionados los cuales
son sabedores de las amenazas de muerte que cursan en mi contra por mi
poderdante el señor José Arcenio Vargas Chavarro, donde para las mismas esta
suplantando una entidad oficial como lo es la policia Sigin meval donde también nos
incrimina con los grupos armados de los combos de Bello Antioquia, y ni los señores
de la Sigin ni la Fiscalia han adelantado una investigación y una judicialización a los
sindicados, de igual manera me siento desprotegido por la justicia, no me han dado
el acompañamiento requerido por la justicia, considerando lo anterior me siento
desprotegido considerando que mi vida esta en un inminente riesgo y peligro dia tras
día, por esto también le solicito tengas prioridad con esta investigación ya que el
derecho a la vida es un derecho esencial y especial amparado por la ley y la
constitución. […]”.
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
6.2. Posteriormente, el apoderado del actor allegó escrito de “[…] ACLARACIÓN A
LA ACCIÓN DE TUTELA […]”, en el que manifestó que5:
“[…] es obligación como funcionario publico legal y constitucional delegado de la rama
judicial hacer y dar cumplimiento a sus investigaciones judiciales para poner a
disposición el acervo arrojado de cada investigación, dice textualmente, la tutela del
02 de septiembre de 2024, poder que ha sido presentado ante los diferentes
despachos judiciales, donde todos ya están dentro del consejo de estado así que
actúe en derecho y a fondo y haga sus respectivas investigaciones de rigor ya que no
me puedo proclamar como apoderado sin serlo, donde dentro del poder se me
otorgan todas las facultades para actuar en contra de todas la entidades accionadas
como son: Davivienda S.A.S. […] umbral S.A.S. […] Unifiansas S.A. […] y Fiducoldes
S.A. […]”.
[…]
“[…] como usted también debe tener conocimiento que después de ser el apoderado
general del señor José Arsenio Vargas Chavarro, también pase a ser víctima del
mismo. El cual me amenazo de muerte con el fin de quitarme los poderes los mismos
que ante la ley, se desasen como se hacen presentando paz y salvos y antecedentes
ante el mismo notario público […]”.
Actuación
7. El Despacho de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto de 9 de septiembre de 2024: i) admitió la acción de tutela; y
ii) ordenó notificar a la Presidencia del Consejo de Estado y a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.
Intervención de la demandada
8. La Presidencia del Consejo de Estado solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] Consultado el Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos
Oficiales del Consejo de Estado – SIGOBius, se encontró que la Presidencia del
Consejo de Estado recibió, por parte del señor Jairo Augusto Pérez Vasco, apoderado
del actor, la siguiente correspondencia, así como el trámite impartido:
1. Escrito del 10 de abril de 2024 recibido con ocasión de la remisión efectuada por la
Procuraduría General de la Nación, registrado con el código CE-EXT2024-1007 y
dirigido al expediente identificado con el radicado núm. 11001031500020230419100,
en el que realizó manifestaciones y solicitudes relacionadas con el proceso. Esta
dependencia, mediante oficio INT-2024-1728 del 26 de abril de 2024, comunicó que,
5 Transcripción literal del texto.
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
debido a que la información solicitada versaba sobre el trámite de una acción de
tutela, el escrito había sido enviado a la Secretaría General de la Corporación, por ser
la dependencia encargada de la radicación, el reparto y la gestión secretarial de las
acciones constitucionales de conocimiento del Consejo de Estado, para los fines de
su competencia, como se muestra a continuación: […]”.
[…]
“[…] 2. Escrito del 15 de julio de 2024, registrado con el código CE-EXT-2024-1959,
en el que contestó el oficio referido supra; solicitó que se valoraran las nuevas
manifestaciones relacionadas con la mencionada acción de tutela, para que se
emitiera nueva respuesta teniendo en cuenta, además, los escritos enviados por él,
supuestamente, el 5 y 8 de abril de 2024; pidió compulsar copias; y relató una
controversia particular relacionada con un contrato de arrendamiento firmado por su
poderdante y una inmobiliaria. Esta dependencia, mediante oficio INT-2024-3652 del
1° de agosto de 2024: (i) informó el trámite impartido al escrito referido en el numeral
anterior. (ii) aclaró que, en el correo electrónico asignado a la Presidencia del Consejo
de Estado (presidencia@consejodeestado.gov.co), no recibió el escrito de fecha 8 de
abril de 2024, por lo que desconocía el contenido de dicho documento. (iii) trasladó,
como aparece a continuación, el escrito a la Corte Constitucional, al advertir que el
expediente había sido enviado a esa Corporación para la eventual revisión. (iv)
precisó que el Consejo de Estado, con fundamento en sus atribuciones
constitucionales y legales, no se encuentra instituido para atender controversias
propias del derecho privado, por lo que sugirió acudir los mecanismos y/o medios
judiciales idóneos para la satisfacción de las pretensiones del poderdante. (v) advirtió
que, si la intención era presentar una denuncia penal o queja disciplinaria contra algún
servidor público en particular, acudiera a las autoridades competentes, debido a que
no se observaba con claridad la identificación plena de los sujetos ni las conductas
punibles y/o disciplinables. […]”.
[…]
“[…] Sin perjuicio de lo señalado, esta dependencia también remitió el escrito a la
Secretaría General de la Corporación, para los fines de su competencia, como se
muestra a continuación: […]”.
[…]
“[…] Se precisa que ambos oficios (INT-2024-1728 - INT-2024-3652) fueron
notificados al abogado Pérez Vasco al correo electrónico [...]@outlook.com indicado
por él para recibir respuesta.
Lo anterior permite evidenciar que la Presidencia del Consejo de Estado contestó las
solicitudes del accionante: (i) de forma oportuna, es decir, dentro de los términos de
ley; (ii) en la forma correspondiente, de acuerdo con las atribuciones constitucionales,
legales y reglamentarias a su cargo, motivo por el cual trasladó los escritos a la
dependencia correspondiente (Secretaría General del Consejo de Estado) y a la
autoridad competente (Corte Constitucional), para el trámite pertinente; y (iii) se puso
en conocimiento del abogado Pérez Vasco a la dirección electrónica suministrada
para ese propósito, a saber, [...]@outlook.com.
En ese orden, se concluye que esta dependencia no vulneró el derecho fundamental
invocado por el actor y, por consiguiente, se solicita negar las pretensiones de la
acción de tutela respecto de esta dependencia. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404659-01
Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
9. La Sección Quinta del Consejo de Estado guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
La sentencia impugnada
10. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de José Arsenio Vargas
Chavarro contra la Presidencia del Consejo de Estado y la Sección Quinta del Consejo
de Estado. […]”.
10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] 5. Cuestión Previa
El señor Jairo Augusto Pérez Vasco, quien presenta la solicitud en nombre y
representación de José Arsenio Vargas Chavarro, manifestó que el Consejo de
Estado no es la autoridad competente para conocer del presente trámite
constitucional, pues este le corresponde la Corte Suprema de Justicia. La Sala
advierte que, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia-LEAJ, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo n°. 80 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación y el artículo 1.7 del Decreto 333
de 2021, las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo de Estado serán repartidas,
para su conocimiento en primera instancia, a la misma corporación, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento interno de la Corporación, con el fin de llevar a cabo el trámite
constitucional correspondiente. En consecuencia, la sala procederá con el análisis de
la solicitud. […]”.
[…]
“[…] Caso concreto
Jairo Augusto Pérez Vasco adujo actuar como «apoderado general del señor José
Arsenio Vargas Chavarro» para interponer la acción de tutela contra el Consejo de
Estado -Presidencia y Sección Quinta- porque a su juicio no le han dado respuesta
de fondo a unas peticiones que radicó el 5 y 8 de abril y el 18 de julio de 2024 ante la
Corporación. En auto admisorio de la solicitud de tutela se le requirió al señor Pérez
Vasco para que aportara el poder especial que lo faculte para presentar esta solicitud,
sin embargo no dio cumplimiento al requerimiento.
Si bien manifiesta que es víctima de amenazas por parte de su presunto poderdante,
la solicitud la presenta en nombre y representación del señor Vargas Chavarro.
Además, tampoco demostró la imposibilidad del titular para promover la solicitud,
pues en caso de querer actuar en calidad de agente oficio del solicitante, la Corte
Constitucional ha señalado que no basta solo con tener buenas intenciones de querer
agenciar los derechos fundamentales de otro, si no que se tiene que demostrar la
imposibilidad del titular de defender sus derechos.
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
Como no se cumple el supuesto de legitimación en la causa por activa, ni de
representación o de agencia para la defensa de los derechos ajenos, establecidos en
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, se declarará improcedente la tutela. […]”.
La impugnación
11. El abogado Jairo Augusto Pérez Vasco impugnó la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas
expresó lo siguiente6:
“[…] 3. Falla declarar improcedente, reprocho rotundamente esta decisión ya que
decisión judicial que no se sustente con Art. Decretos o leyes, no tiene validez judicial,
asi que diganme en que se amparan para dar dicho fallo ya que ustedes como consejo
de estado no pueden actuar en base a disculpas, yo tenia el consejo se estado en un
concepto muy positivo por ser una de las altas cortes de nuestra republica de
Colombia, pero es muy lamentable esta actuación de sus partes ya que no pueden
actuar en base a contradicciones ante la realidad, ya que los poderes están como
material probatorio dentro de los diferentes radicados en mención, también están ante
las diferentes entidades accionadas y con mucho respeto les digo y les hago énfasis,
ante los poderes es negligencia de sus despachos, esta situación aquí la
irresponsabilidad no es de mi parte, ya que el memorial de aclaración del 07 de
octubre de 2024, puesto ante sus despachos doy explicaciones probatorias del
paradero del poder y es obligación de sus despacho hacer la respectiva investigación
asi señores consejo de estado que ustedes han venido evadiendo responsabilidades
legales en una evidente denegación de justicia dejando prácticamente una
investigación inactiva y la misma justicia ocultando el material probatorio con el fin de
desviar la investigación y entorpecer el proceso hechos de ustedes arbitrarios e
injustos siendo miembros de la misma justicia estas actuaciones conllevan a unos
hechos delictivos penales como lo es el prevaricato por acción Art. 413, prevaricato
por omisión Art. 414, y abuso de autoridad Art. 416 y 417 del C. de P.P.
4. Como antes lo expuse el dia 07 de octubre envié un memorial ante el consejo de
estado con copia ante la honorable Corte Suprema de justicia compuesta por 4 folios
de material probatorio, mas la constancia de envió la cual pongo de nuevo a su
disposición dado también que el día 11 de octubre de 2024, recibí una notificación del
honorable presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Gerson Chaverra
Castro, la cual pongo a su disposición como prueba donde de nuevo le daré a conocer
estas actuaciones tomadas de parte del consejo de estado, esto con el fin de conocer,
la opinión al respeto dada por el presidente de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, ya que en este memorial del 07 de octubre de 2024, doy claridad a los
poderes requeridos de parte del consejo de estado donde su obligación como
miembros activos de la rama judicial y profesionales del derecho ya que sus
obligaciones legales y constitucionales, están sujetas actuar de acuerdo a la ley y la
constitución y hacer las respectivas investigaciones de rigor a todo acervo probatorio
presentado ante sus despachos y siendo imparciales en sus investigaciones y
decisiones a fondo de acuerdo a la misma ley.
5. También dicen que hago una serie de acusaciones lo cual afirmo es verdad, las
mismas que sustento con pruebas, donde el acerbo probatorio puesto a sus
disposiciones es real, claro y contundente no contiene alteraciones para burlar la
6 Transcripción literal del texto.
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
justicia dado a que soy un hombre humilde, honesto y responsable y actuó con ética
profesional y respeto ante la constitución y la ley, y en este orden de ideas las
autoridades tienen la obligación legal y constitucional de dar respuestas en derecho
y a fondo como profesionales del derecho y encargados de hacer justicia, no pueden
permitir que la mala actuación judicial y la denegación de justicia se les vuelva una
costumbre sucesiva de mentira y vulneración a los derechos ya que al momento no
he visto un solo gesto de voluntad de hacer justicia, de acuerdo a sus obligaciones
legales y constitucionales, ya que es evidente que han ocultados pruebas procesales
para desviar la investigación y entorpecer el proceso y esto no es hacer justicia
teniendo un material probatorio responsable sin alteraciones, fraudes procesales y
mentiras, asi que sus obligaciones sujetas es de actuar en derecho. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
14. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: determinar si, se cumplen o no los presupuestos procesales para que
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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proceda la acción de tutela, en especial la legitimación en la causa por activa para
interponer la presente acción, y en caso de que la respuesta al anterior interrogante
sea afirmativa, establecer si las autoridades accionadas, al no dar respuesta de
fondo a las peticiones formuladas el 5 y 8 de abril 2024 y el 15 de julio de 2024,
vulneraron el derecho fundamental invocado supra.
15. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) análisis del caso concreto y finalmente las iv)
conclusiones de la Sala.
La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela
16. Al respecto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”. (Destaca
la Sala).
17. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:
“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
18. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
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Actor: José Arsenio Vargas Chavarro
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado10:
“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.
19. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:
“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.
Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.
Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los
niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo
individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”11
Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
10 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa12 […]”. (Destaca
la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición
20. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
21. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional13 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Análisis del caso concreto
22. El abogado Jairo Augusto Pérez Vasco, quien manifestó actuar en calidad de
apoderado del actor, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta y la
Presidencia del Consejo de Estado, porque, al no dar respuesta de fondo a las
peticiones formuladas el 5 y 8 de abril 2024 y el 15 de julio de 2024, vulneraron su
derecho fundamental invocado supra.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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23. Visto el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
24. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
25. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
25.1. Anexos que se allegaron con el escrito de tutela.
25.2. Anexos que allegó la autoridad accionada que rindió informe.
Solución del caso concreto
26. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 5 de noviembre de 2024, resolvió declarar improcedente la solicitud de
tutela por no cumplir el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por
activa, al considerar que:
“[…] Jairo Augusto Pérez Vasco adujo actuar como «apoderado general del señor
José Arsenio Vargas Chavarro» para interponer la acción de tutela contra el Consejo
de Estado -Presidencia y Sección Quinta- porque a su juicio no le han dado respuesta
de fondo a unas peticiones que radicó el 5 y 8 de abril y el 18 de julio de 2024 ante la
Corporación. En auto admisorio de la solicitud de tutela se le requirió al señor Pérez
Vasco para que aportara el poder especial que lo faculte para presentar esta solicitud,
sin embargo no dio cumplimiento al requerimiento.
Si bien manifiesta que es víctima de amenazas por parte de su presunto poderdante,
la solicitud la presenta en nombre y representación del señor Vargas Chavarro.
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Además, tampoco demostró la imposibilidad del titular para promover la solicitud,
pues en caso de querer actuar en calidad de agente oficio del solicitante, la Corte
Constitucional ha señalado que no basta solo con tener buenas intenciones de querer
agenciar los derechos fundamentales de otro, si no que se tiene que demostrar la
imposibilidad del titular de defender sus derechos.
Como no se cumple el supuesto de legitimación en la causa por activa, ni de
representación o de agencia para la defensa de los derechos ajenos, establecidos en
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, se declarará improcedente la tutela. […]”.
27. El abogado Jairo Augusto Pérez Vasco impugnó la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al advertir que14:
“[…] 3. Falla declarar improcedente, reprocho rotundamente esta decisión ya que
decisión judicial que no se sustente con Art. Decretos o leyes, no tiene validez judicial,
asi que diganme en que se amparan para dar dicho fallo ya que ustedes como consejo
de estado no pueden actuar en base a disculpas, yo tenia el consejo se estado en un
concepto muy positivo por ser una de las altas cortes de nuestra republica de
Colombia, pero es muy lamentable esta actuación de sus partes ya que no pueden
actuar en base a contradicciones ante la realidad, ya que los poderes están como
material probatorio dentro de los diferentes radicados en mención, también están ante
las diferentes entidades accionadas y con mucho respeto les digo y les hago énfasis,
ante los poderes es negligencia de sus despachos, esta situación aquí la
irresponsabilidad no es de mi parte, ya que el memorial de aclaración del 07 de
octubre de 2024, puesto ante sus despachos doy explicaciones probatorias del
paradero del poder y es obligación de sus despacho hacer la respectiva investigación
asi señores consejo de estado que ustedes han venido evadiendo responsabilidades
legales en una evidente denegación de justicia dejando prácticamente una
investigación inactiva y la misma justicia ocultando el material probatorio con el fin de
desviar la investigación y entorpecer el proceso hechos de ustedes arbitrarios e
injustos siendo miembros de la misma justicia estas actuaciones conllevan a unos
hechos delictivos penales como lo es el prevaricato por acción Art. 413, prevaricato
por omisión Art. 414, y abuso de autoridad Art. 416 y 417 del C. de P.P.
4. Como antes lo expuse el dia 07 de octubre envié un memorial ante el consejo de
estado con copia ante la honorable Corte Suprema de justicia compuesta por 4 folios
de material probatorio, mas la constancia de envió la cual pongo de nuevo a su
disposición dado también que el día 11 de octubre de 2024, recibí una notificación del
honorable presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Gerson Chaverra
Castro, la cual pongo a su disposición como prueba donde de nuevo le daré a conocer
estas actuaciones tomadas de parte del consejo de estado, esto con el fin de conocer,
la opinión al respeto dada por el presidente de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, ya que en este memorial del 07 de octubre de 2024, doy claridad a los
poderes requeridos de parte del consejo de estado donde su obligación como
miembros activos de la rama judicial y profesionales del derecho ya que sus
obligaciones legales y constitucionales, están sujetas actuar de acuerdo a la ley y la
constitución y hacer las respectivas investigaciones de rigor a todo acervo probatorio
presentado ante sus despachos y siendo imparciales en sus investigaciones y
decisiones a fondo de acuerdo a la misma ley.
14 Transcripción literal del texto.
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5. También dicen que hago una serie de acusaciones lo cual afirmo es verdad, las
mismas que sustento con pruebas, donde el acerbo probatorio puesto a sus
disposiciones es real, claro y contundente no contiene alteraciones para burlar la
justicia dado a que soy un hombre humilde, honesto y responsable y actuó con ética
profesional y respeto ante la constitución y la ley, y en este orden de ideas las
autoridades tienen la obligación legal y constitucional de dar respuestas en derecho
y a fondo como profesionales del derecho y encargados de hacer justicia, no pueden
permitir que la mala actuación judicial y la denegación de justicia se les vuelva una
costumbre sucesiva de mentira y vulneración a los derechos ya que al momento no
he visto un solo gesto de voluntad de hacer justicia, de acuerdo a sus obligaciones
legales y constitucionales, ya que es evidente que han ocultados pruebas procesales
para desviar la investigación y entorpecer el proceso y esto no es hacer justicia
teniendo un material probatorio responsable sin alteraciones, fraudes procesales y
mentiras, asi que sus obligaciones sujetas es de actuar en derecho. […]”.
28. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala determinar si se
configura o no el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa en la
solicitud de tutela objeto de estudio, razón por la cual, se analizará si el apoderado del
actor estaba legitimado para promover la presente acción constitucional, con el fin
de lograr la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente
vulnerado por la Presidencia del Consejo de Estado y la Sección Quinta del Consejo
de Estado al no dar respuesta de fondo a las peticiones formuladas por el
accionante el 5 y 8 de abril de 2024 y el 15 de julio de 2024.
29. La Sala advierte que, frente a la legitimación en la causa por activa para la
presentación de la solicitud de tutela, de conformidad con el inciso primero del artículo
86 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela puede ser interpuesta directamente por: i) el titular de los derechos
fundamentales; ii) mediante apoderado donde se acredite el respectivo poder; y iii)
por medio de la figura de la agencia oficiosa.
30. Frente a la presentación de la acción de tutela a través de apoderado, la Corte
Constitucional15 ha considerado:
“[…] 4.1.2. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho, también es preciso establecer
¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria debe acreditar poder especial para
adelantar en nombre de su representado la acción de amparo constitucional?
En relación con este tema, la Corte ha estimado - de manera reiterada - que la
legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo
representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder
15 Corte Constitucional, sentencia T-658 de 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil:
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especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo) que por las características de la acción “todo
poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el
fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en
punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o
persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión”16.
De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario
contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la
citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple
con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.
Precisamente, la doctrina expuesta por esta Corporación ha determinado que:
“2.4. Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el
proceso penal lo habilitaba para dicho menester [es decir, para ejercitar la acción de
tutela], debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto
procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa
conforme al poder específico que se la ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercer la acción de tutela...
...Dicho de otra forma, la personería adjetiva de que goza para representar a la parte
civil en el proceso penal, en manera alguna lo habilita para la actuación que ha dado
lugar a este proceso...”17.
Por lo cual, en los términos de la jurisprudencia constitucional,18 la falta de poder
especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial,
aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y,
por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera del texto original)
31. Por otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado19 ha considerado:
“[…]” la legitimación en la acción de tutela se predica del titular de los derechos
fundamentales, se observa que el referido abogado carece de tal presupuesto, en la
medida que lo que aquí se pretende es que el TRIBUNAL y su SECRETARÍA,
efectúen la liquidación de las costas y remitan el expediente al Juzgado que conoció
en primera instancia del proceso ejecutivo que él instauró en nombre y
representación de la señora ELVIA DEL CARMEN MUÑOZ y el hecho de que el
actor sea el apoderado judicial de la mencionada señora, no lo habilita para
que la titularidad de los derechos en cabeza de aquella, le sean transferidos y
pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a su
representada. Máxime, si como ya se dijo, la citada ciudadana coadyuvó las
pretensiones de la presente acción constitucional con el objeto de agenciar en
nombre propio sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados, lo que
descarta que estuviera imposibilitada para promover la defensa de sus derechos.
16 Subrayado por fuera del texto original.
17 Sentencia T-530 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell. (Subrayado por fuera del texto original).
18 Además de las sentencias previamente citadas, pueden consultarse las providencias: T-207 de 1997,
T-693 de 1998, T-526 de 1998, T-695 de 1998 y T-088 de 1999.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de noviembre de 2021, número
único de radicación 11001-03-15-000-2021-06847-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia
T-697 de 22 de agosto de 200620, en la que indicó sobre la imposibilidad que tiene
el apoderado judicial para alegar en vía de tutela como propios los derechos de su
representado. En dicha oportunidad señaló:
“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa de los apoderados
judiciales, esta Corporación ha considerado que el abogado que representa
judicialmente a otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando en nombre
propio pretende defender mediante tutela los derechos fundamentales de su
poderdante, o cuando acude al proceso de tutela sin poder especial para ejercer
dicha acción. En la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que implica que el interés que
defiende es el de su cliente y no el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la
profesión de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso, no es suficiente que el
apoderado alegue la defensa de la persona en un proceso diferente, o que
afirme comparecer a la tutela como representante, o que cuente con poder
general en otros asuntos; sólo el poder especial correspondiente, lo habilita
para interponer tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad […]”. (Resaltado fuera del texto original)
32. En el caso sub examine, la Sala advierte que, como lo señaló el A quo, al
momento de la presentación de la acción de tutela, el abogado Jairo Augusto Pérez
Vasco no allegó poder especial para tal efecto.
33. La Sala advierte que, si bien el abogado en el escrito de “[…] ACLARACIÓN
A LA ACCIÓN DE TUTELA […]” y en su impugnación hizo referencia a que el “[…]
poder que ha sido presentado ante los diferentes despachos judiciales, donde todos
ya están dentro del consejo de estado así que actúe en derecho y a fondo y haga
sus respectivas investigaciones de rigor ya que no me puedo proclamar como
apoderado sin serlo, donde dentro del poder se me otorgan todas las facultades
para actuar en contra de todas la entidades accionadas como son: Davivienda
S.A.S. […] umbral S.A.S. […] Unifiansas S.A. […] y Fiducoldes S.A. […]”; lo cierto
es que para este trámite constitucional no obra poder especial conforme lo ha
considerado la Corte Constitucional.
34. Al respecto, incluso, no se advierte que se configure la agencia oficiosa, en
la medida en que no se reúnen los requisitos exigidos para tal efecto, más aún si se
tiene en cuenta que el abogado Jairo Augusto Pérez Vasco señaló que “[…] como
20 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la Corte
Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de 15 de agosto
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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usted también debe tener conocimiento que después de ser el apoderado general
del señor José Arsenio Vargas Chavarro, también pase a ser víctima del mismo. El
cual me amenazo (sic) de muerte con el fin de quitarme los poderes los mismos que
ante la ley, se desasen como se hacen presentando paz y salvos y antecedentes
ante el mismo notario público […]”.
35. En ese orden de ideas, la Sala observa que no se allegó el poder otorgado
por el actor para la presentación de la solicitud de tutela y, atendiendo a que el poder
conferido para interponer una acción de tutela debe ser especial, la Sala considera
que no se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por
activa.
36. La Sala considera que “[…] es importante tener presente que, aunque una de
las características procesales de la acción de tutela es la disminución de excesiva
formalidad, ello no indica que puedan soslayarse presupuestos esenciales de la
acción. La jurisprudencia citada ha señalado que la legitimación por activa para
interponer y actuar dentro del trámite procesal de las solicitudes de amparo
constitucional, debe encontrarse plenamente acreditada, desde el momento de su
presentación. En suma, si la acción de tutela es presentada por medio de apoderado
judicial, éste debe ser abogado con tarjeta profesional y al momento de presentar el
escrito de tutela debe adjuntar el poder especial, momento en el cual se entiende
configurada la legitimación en la causa por activa y de no hacerlo la tutela tendría
que ser declarada improcedente […]”.21
Conclusiones de la Sala
37. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 5 de
noviembre de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el supuesto de legitimación en la causa por activa.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado,
sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04715-01, C.P.
Oswaldo Giraldo López.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 5 de noviembre de 2024
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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