Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04663-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04663-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04663-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04663-00
Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
Accionado: Corte Constitucional
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la salud y el mínimo
vital, ocurrida con ocasión de la negativa a seleccionar para revisión las
sentencias de tutela correspondientes a las solicitudes de insistencia
presentadas el 18 de octubre de 2023, 7 de noviembre de 2023, 12 de diciembre
de 2023 y 22 de abril de 2024.
Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la inmediatez, frente a las solicitudes de insistencia del 18 de
octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre de 2023. Se niegan las pretensiones
de la acción de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela que instauró el señor Carlos Augusto Murcia Díaz, en nombre propio,
contra la Corte Constitucional, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la salud, y el mínimo
vital, ocurrida con ocasión de la negativa a seleccionar para revisión las
sentencias de tutela que corresponden a las solicitudes de insistencia
presentadas el 18 de octubre de 2023, 7 de noviembre de 2023, 12 de diciembre
de 2023 y 24 de abril de 2024, correspondientes a los radicados 11001-22-03-
000-2023-01547-00, tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior Judicial de
Bogotá, 11001-31-03-007-2023-00441-00 que se adelantó ante el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, 11001-31-03-047-2023-00477-00 que fue
resuelta por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá y 11001-
2203-000-2024-00708- 001.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
1
Radicada ante la Corte Constitucional el 22 de abril de 2024.
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Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
Carlos Fernando Carrasco Carrascal promovió ante varios despachos judiciales,
en distintas fechas, múltiples acciones de tutela en contra de diversas empresas,
entre las cuales estuvieron: Teleperformance Colombia S.A.S, MJV Innovation,
Perfiles y Soluciones Tecnológicas y GBS Scotiabank; las cuales, una vez
agotado el trámite respectivo con las instancias correspondientes, no fueron
resueltas a su favor.
Las referidas acciones de tutela no fueron seleccionadas para revisión por parte
de la Corte Constitucional lo que motivó que interpusiera diferentes recursos de
insistencia ante dicha corporación.
El actor sostuvo que la Defensoría del Pueblo presentó adicionalmente dos
recursos de insistencia relacionados con estos asuntos, que tampoco fueron
tenidos en cuenta por la accionada.
Por otro lado, sostuvo que una2 de sus solicitudes, radicada el 22 de abril de
2024, desapareció de la plataforma de la Corte Constitucional. Sumado a lo
anterior, adujo que se presentó una presunta suplantación de su identidad para
presentar una insistencia en su nombre, circunstancia de la que informó a la
autoridad judicial.
2.2. Fundamento jurídico .
La parte accionante manifestó que padece de esclerosis múltiple3, situación que
alega, le ha hecho ser víctima de discriminación laboral.
Citó entre los sustentos de su acción a la sentencia T-094 de 2016, que hizo
referencia a esta enfermedad, indicando que los pacientes en esta condición
requieren de unos cuidados extremos y de primer nivel para mantener una vida
digna, así como garantizarles el goce efectivo de sus derechos constitucionales
eliminando cualquier tipo de barrera que lo impida, sin ningún tipo de
discriminación.
2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«Solicito por favor los casos en los que he insistido sean revisados y
corregidos acorde a la Constitución Política de Colombia.
• La Esclerosis Múltiple es una enfermedad huérfana de protección
constitucional que además me ha causado lesiones irremediables con
consecuencias en discapacidad física y degeneración corporal. Por favor
robustecer la protección laboral de las personas con enfermedades
huérfanas y discapacitadas.
2
Índice 26 del aplicativo SAMAI.
3
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad huérfana, neurodegenerativa, crónica y
altamente incapacitante que suele presentarse de manera más frecuente en personas entre los
20 y los 40 años de edad.
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Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
• La misma Corte Constitucional ha emitido sentencias de protección a las
personas con discapacidad y con Esclerosis Múltiple, siendo discriminado
mi caso y permitiendo que se vulneren mis derechos fundamentales y
humanos, alejándose de su función de ser “guardián” de la constitución.
• No menos importante, puse en conocimiento la falsificación de identidad
para insistir a mi nombre, desconociendo que información fue enviada, ya
que pudo ser nula, siendo lo más grave que tuvieron que insistir usando mi
documento de identificación. También que se borrara del sistema mi
insistencia real en el año 2024, todo contra la empresa GBS Scotiabank.
Pido por favor a la H. Corte Constitucional que se revise este caso, donde
evidentemente se vencieron los términos de reclamo laboral, pero durante
pandemia, comprobando que la empresa GBS Scotiabank ejerció
discriminación laboral en mi contra, comprobable, y se escuda en la ley para
cometer la infracción y quedar impune. LOS DERECHOS LABORALES NO
PRECLUYEN, DERECHO FUNDAMENTAL dicho por sentencia.». (sic en
toda la cita).
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida el 234 de octubre de 2024 y se ordenó notificar
a la Corte Constitucional como accionado y a la Sala Civil del Tribunal Superior
Judicial de Bogotá, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, al Juzgado
Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado Veintiséis Civil Municipal
de Bogotá, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de Bogotá y a las empresas
MJV INNOVATION S.A.S y GBS Scotiabank como terceros interesados en el
resultado del proceso.
2.4.1. Scotia Global Business Services Colombia Zona Franca Empresarial
S.A.S. – GBS Scotiabank 5, en su calidad de tercero interesado en el resultado
del proceso solicitó se declarara la improcedencia de la acción con respecto a
esa empresa por no estar legitimada en la causa por pasiva.
Argumentó que el actor no demostró el carácter inminente del amparo solicitado,
ni probó la existencia del perjuicio irremediable y que con sus afirmaciones
subjetivas buscaba revivir un debate ya surtido, abusando del ejercicio del
amparo.
Además de lo anterior manifestó que la solicitud no cumplió con el requisito de
inmediatez, toda vez que las insistencias fueron radicadas el 24 de febrero, el 9
de mayo, el 16 de junio y el 12 de octubre de 2023 respectivamente.
2.4.2. La Corte Constitucional6, a través de su vicepresidente, solicitó negar el
amparo.
Indicó que las decisiones tomadas por las Salas de Selección 3, 6, 7 y 11
referentes a no seleccionar los expedientes objeto de estudio en la presente
4
Índice 19 del Aplicativo SAMAI.
5
Índice 28 del Aplicativo SAMAI.
6
Índice 27 del Aplicativo SAMAI.
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Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
acción, fueron resueltas mediante los autos del 31 7 de marzo, 308 de junio, 289
de julio y 3010 de noviembre de 2023, siendo comunicadas mediante los estados
5 del 21 de abril, 10 del 17 de julio, 11 del 14 de agosto y 18 del 15 de diciembre
de esa misma anualidad.
En virtud de lo anterior, afirmó que la accionada obró de manera plena y oportuna
en relación con los expedientes citados. Asimismo, recordó que el análisis
adelantado por las Salas de Selección no exige una motivación expresa y que
contra los autos proferidos por estas son improcedentes los recursos.
Respecto del reparo del actor relacionado con la presunta suplantación en la
presentación de un recurso de insistencia en su nombre, indicó que carece de
competencia para resolver esta clase de denuncias, y que, por otro lado, dicho
asunto no fue seleccionado, ni fue objeto de insistencia por parte de ningún
magistrado.
2.4.3. El Juzgado 42 Civil Municipal 11, indicó que conoció de una acción de
tutela12 incoada por el actor contra la E.P.S. Suramericana S.A. y que mediante
providencia del 15 de febrero de 2023 negó las pretensiones de esta. Sostuvo
que el fallo descrito fue impugnado por el accionante ante el Juzgado 50 Civil del
Circuito de Bogotá, quien revocó la decisión y tuteló los derechos fundamentales
invocados dándole trámite adicionalmente a dos incidentes de desacato
presentados por este.
2.4.4. No se realizaron más intervenciones.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
7
Disponible en el siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCIO
N%2031%20MA RZO-23%20NOTIFICADO%2021%20ABRIL-23.pdf
8
Disponible en el siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20SELECCION%203
0%20JUNIO 23%20NOTIFICADO%2017%20DE%20JULIO-23.pdf
9
Disponible en el siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20SELECCION%202
8%20JULIO 23%20NOTIFICADO%2014%20DE%20AGOSTO-23.pdf
10
Disponible en el siguiente
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20SELECCION%203
0%20DE%20NOVIEMBRE%20-23%20-%20NOTIFICADO%2015%20DE%20DICIEMBRE-
%2023.pdf
11
Índice 28 del Aplicativo SAMAI.
12
Radicada bajo el número 11001-40-03-042-2023-00098-00
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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a responder si con ocasión de la negativa a seleccionar
para revisión las sentencias de tutela correspondientes a las solicitudes de
insistencia presentadas el 1813 de octubre de 2023, 714 de noviembre de 2023,
1215 de diciembre de 2023 y el 22 de abril de 202416, la Corte Constitucional
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la
salud y el mínimo vital del accionante.
Previo a ello, se debe establecer si cumple con los requisitos generales de
procedencia contra providencia judicial, en particular, el de inmediatez.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
13
Correspondiente al radicado 11001-22-03-000-2023-01547-00, tramitado por la Sala Civil del
Tribunal Superior Judicial de Bogotá.
14
Radicado 11001-31-03-007-2023-00441-00 adelantado ante el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bogotá
15
Radicado 11001-31-03-047-2023-00477-00 seguido ante el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del
Circuito de Bogotá.
16
Expediente 11001-2203-000-2024-00708- 00.
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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4. Del requisito de inmediatez
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos». Negrilla
fuera de texto.
Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable 3»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»4; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos5».
Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.
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3.5. La cosa juzgada constitucional
Resulta necesario recordar que la normativa y la jurisprudencia constitucional han
definido con claridad la figura de la cosa juzgada en los siguientes términos:
«[…] la cosa juzgada ha sido definida en el Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso, y por la jurisprudencia como una
institución que garantiza la seguridad jurídica y el respeto al derecho
fundamental al debido proceso.
(…)
la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249 de 2016,
definió a la cosa juzgada como una << (…) institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas […]» Negrilla y subrayado de la Sala.
Por otro lado, también indicó con respecto a esta que:
«[…]la presentación sucesiva o múltiple de acciones de tutela puede
configurar una actuación temeraria y, además, comprometer el principio
de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia
de este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción,
que compromete la capacidad judicial del Estado como también los
principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa
juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso
y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa. […]».
Negrillas de la Sala.
Ahora bien, la Corte Constitucional17 precisó que la figura se presenta en el
siguiente caso:
«[…] por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura
de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la
providencia que expida este Tribunal. […] ».. Negrilla y subrayado de la
Sala.
En igual se sentido, esa corporación estableció que:
«[…] La decisión de la Corte Constitucional consistente en no
seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto
principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que
opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional18. Salvo la
eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma
17
Corte Constitucional Sentencia SU-027 de 2021, magistrada ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001, magistrado ponente: José Manuel Cepeda
Espinosa.
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Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de
una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el
principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte
Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico. […]». Negrilla y
subrayado de la Sala.
4. Análisis del caso concreto
La parte accionante consideró que se presentó una vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la salud y el mínimo
vital, con ocasión de la negativa de la Corte Constitucional para seleccionar en
revisión las sentencias de tutela correspondientes a sus solicitudes de insistencia
presentadas el 18 de octubre de 2023, 7 de noviembre de 2023, 12 de diciembre
de 2023 y 22 de abril de 2024.
Ahora bien, del material probatorio allegado al plenario y de la revisión del estado
del proceso en la actualidad, se evidenció que la Corte Constitucional dio trámite
a las solicitudes de insistencia de la siguiente forma:
Número de Sala de Fecha del Decisión Comunicada mediante
expediente Selección Auto
11001-22-03-000- Sala de 30 de No Estado núm. 018 del 15 de
2023-01547-00 Selección noviembre de seleccionar diciembre de 2023
Radicado Sala 30 de Tutelas 2023
Decisión Número
Comunicada Once de
mediante interno 2023
Corte
Constitucional T-
9.742.820
11001-31-00-007- Sala de 18 de No Estado núm. 019 del 23 de
2023-00441-00 Selección diciembre de seleccionar enero de 2024
Radicado interno de Tutelas 2023
Corte Número
Constitucional T- Doce de
9.796.132 2023
11001-31-03-047- Sala de 30 de enero No Estado núm. 022 del 13 de
2023-00477-00 Selección de 2024 seleccionar febrero de 2024
Radicado interno de Tutelas
Corte Número
Constitucional T- Uno de
9.885.289 2023
11001-2203-000- Sala de 30 de julio de No Estado núm. 055 del 14 de
2024-00708- 00 19Selección 2024 seleccionar agosto de 2024
Radicado interno Número
Corte Siete
Constitucional T- 2024
T-10.311.840
Visto lo anterior se infiere en primer lugar que, con relación a los autos que
resolvieron no seleccionar las acciones objeto de insistencia del 30 de
19
La Sala de Selección decidió que el asunto debía ser anonimizado conforme con lo dispuesto
en las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011 y la Circular Interna No. 10 de 2022.
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noviembre de 2023, 18 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024,
notificados mediante estado los días: 15 de diciembre de 2023, 19 de enero de
2024 y 13 de febrero de 2024, la acción de tutela no cumple con el requisito
de inmediatez pues esta se interpuso el 15 de octubre de 2024, pasados más
de seis meses después de proferidas las decisiones objeto de censura.
En ese orden de ideas es necesario precisar que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la carga de la argumentación en cabeza del
demandante aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe
entre la presentación de la acción de tutela y el momento en que se consideró
vulnerado un derecho, pues, en ausencia de justificación, el paso del tiempo
reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales y consolida los efectos de la
sentencia20.
No obstante, en este asunto el accionante no expuso ningún argumento que
justifique la tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante
reiterar que el juez constitucional parte de la presunción de que, si se está ante
una vulneración de derechos fundamentales que requieren medidas urgentes,
inaplazables e inmediatas, el titular del derecho afectado debe procurar su
protección lo antes posible.
Por lo expuesto, la Corte Constitucional estableció que la demora excesiva e
injustificada para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente
necesidad de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de
tutela y, antes bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en
caso de existir un derecho reconocido a una contraparte procesal.
Ahora bien, en segundo lugar, con respecto al auto del 30 de julio de 2024
notificado por estado el día 14 de agosto de la presente anualidad, que también
resolvió no seleccionar el expediente del accionante, es incuestionable para la
Sala, que la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor pues en atención a sus deberes cumplió con el trámite de
eventual selección de los expedientes en los términos del artículo 33 del decreto
2591 de 1991 que dispone:
«[…]Artículo 33.- Revisión por la Corte Constitucional. La Corte
Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen,
sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela
que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el
Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela
excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que
no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su
recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.» Negrilla y
subrayado fuera de texto.
20
Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491
de 2009 y T-189 de 2009.
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Así las cosas, la simple inconformidad del actor con el hecho de que no fue
seleccionado su recurso de insistencia, igual que con respecto a sus
solicitudes anteriores, no puede considerarse per se, como una transgresión
de sus derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional, pues esta
selección no tiene un carácter obligatorio para esta.
Por otro lado, cabe aclarar, que de acuerdo con el inciso 8º del artículo 55 del
reglamento interno de esa corporación, las decisiones adoptadas por las Salas
de Selección: «no admiten ningún recurso».
Aunado a lo anterior, debe recordarse que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional21 el efecto de no seleccionar para revisión una sentencia de
tutela es la ejecutoria formal y material de esa sentencia, con lo que opera
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Así las cosas, la Corte Constitucional estableció que la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva, con el fin de resguardar el principio de la seguridad
jurídica, consolidando a esa corporación, como un organismo de cierre del
sistema jurídico.
No podría la autoridad judicial entonces, como parece pretender el actor, omitir
el cumplimiento de su propio reglamento interno y jurisprudencia, por el simple
requerimiento o urgencia del accionante.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la inmediatez, en lo que se refiere a las solicitudes de insistencia del
18 de octubre, 7 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, que fueron resueltas
a través de los autos del 30 de noviembre de 2023, 18 de diciembre de 2023 y
30 de enero de 2024.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Fernando Carrascal Bernal, respecto de la solicitud de insistencia del 22
de abril de 2024, que fue decidida a través del auto del 30 de julio de 2024, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001, magistrado ponente: José Manuel
Cepeda Espinosa.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04663-00
Accionante: Carlos Fernando Carrasco Bernal
Cuarto: De no ser impugnada la sentencia de tutela remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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