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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04670-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04670-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia de 11 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-04670-01 Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04670-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

5 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04670-01
Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04670-01
Demandante: ROLANDO FARDEY TOM SUAREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad electoral. Falta de
cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 11 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a la motivación planteada.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 2024, Rolando Fardey Tom Suárez interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Casanare y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión:

«(…) REVOQUE las sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado
(Rad, No. 85001-23-33-000-2023-00129-01) y Tribunal Administrativo de Casanare (Rad.
No. 85001-23-33-000-2023-00129-01).».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

En los años 2011 y 2015, el señor Ferney Chaparro Perdomo fue candidato al
Concejo del municipio de Maní (Casanare) y resultó elegido en ambas ocasiones
por el partido Alianza Verde. Así mismo, en el año 2019, el señor Ferney Chaparro
Perdomo aspiró a la alcaldía de Maní (Casanare) por el partido Alianza Verde, sin
lograr el triunfo.

El 23 de julio de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó la candidatura
de Ferney Chaparro Perdomo a la alcaldía de Maní para las elecciones del 29 de
octubre de 2023, avalado por un grupo significativo de ciudadanos denominado

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

«Firmes por Maní», tras verificar los apoyos necesarios para su inscripción por
firmas.

El 29 de octubre de 2023, se llevaron a cabo las elecciones municipales, y Ferney
Chaparro Perdomo fue elegido alcalde de Maní (Casanare) para el período
constitucional 2024-2027.

El señor Rolando Fardey Tom Suárez interpuso demanda de nulidad electoral
contra el formulario E – 26 ALC, acto administrativo que declaró la elección del
señor Ferney Chaparro Perdomo como alcalde de Maní (Casanare) para el período
2024-2027, fundamentó la demanda en que el señor Chaparro Perdomo incurrió
en la causal de doble militancia establecida en el inciso 2 del artículo 107 de la
Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Expresó que el señor
Chaparro Perdomo no renunció previamente a su militancia en el partido Alianza
Verde, como constaba en certificaciones proferidas el 6 de septiembre y el 30 de
noviembre de 2023, suscritas por el Secretario General de dicha colectividad. En
otras palabras, incurrió en doble militancia en la medida que cuando se inscribió
como candidato por firmas pertenecía a un movimiento político.

El 6 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia
de primera instancia en la que resolvió negar las pretensiones de la demanda,
porque no se demostró que el señor Ferney Chaparro perteneciera
simultáneamente a dos organizaciones políticas al momento de la inscripción de
su candidatura. Señaló que en el expediente estaba probado que Ferney Chaparro
presentó renuncia el partido Alianza Verde el 10 de marzo de 2023, esto es, antes
de iniciar actividades proselitistas con el grupo significativo de ciudadanos «Firmes
por Maní», como constaba en constancia proferida por el mencionado partido
político.

Además que, si bien, el partido Alianza Verde profirió certificados del 6 y 30 de
noviembre de 2023, en los que expresó que el señor Chaparro Perdomo pertenecía
a ese partido, el demandante aportó otra certificación en la que se aclaró que dicha
constancia obedeció a que el partido no tramitó la renuncia presentada por el señor
Chaparro Perdomo el 10 de marzo de 2023, por lo que no había actualizado esa
información en sus bases de datos.

En este contexto, concluyó que el trámite de la actualización en la base de datos
era irrelevante para efectos de desvinculación, pues, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la renuncia surte efectos desde su
presentación, sin necesidad de aceptación o validación formal por parte de la
colectividad política.

La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que alegó que la
certificación aportada por el demandado para demostrar su renuncia al Partido
Alianza Verde contenía información falsa, porque, según esa certificación, la
afiliación de Chaparro Perdomo al partido data del 2019, pero los registros de la
Registraduría Nacional señalan que la afiliación ocurrió en 2011, esto es, cuando
se presentó como candidato al Concejo Municipal para el período 2012-2015. De
modo que, «si la fecha de afiliación es FALSA, significa que, con la fecha de
DESAFILIACIÓN sucede lo mismo».

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

Aunado a lo anterior, afirmó que el demandado no podía beneficiarse de sus
propias omisiones o irregularidades para alegar que la renuncia no se tramitó
correctamente, pues se estaría desconociendo el principio de derecho «venire
contra factum proprium non valet».

Por otro lado, advirtió que, como concejal electo por el partido Alianza Verde en los
períodos 2012-2015 y 2016-2019, el demandado adquirió la calidad de directivo
municipal, conforme con el artículo 40 de los estatutos de dicha colectividad. De
ahí que, según el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, debió renunciar
12 meses antes de inscribir su candidatura mediante el grupo significativo de
ciudadanos «Firmes por Maní».

Asimismo, resaltó que el señor Chaparro Perdomo no aportó prueba suficiente para
acreditar su renuncia, ni aclaró el medio por el cual presentó esta.

El 22 de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la
decisión del Tribunal Administrativo de Casanare.

En primer lugar, explicó que el argumento relacionado con la extemporaneidad de
la renuncia, a causa de que el señor Ferney Chaparro adquirió la calidad de
directivo del partido Alianza Verde, no fue presentado en la primera instancia. Por
tanto, no podía ser valorado en la segunda instancia, pues se privó al demandado
de la oportunidad de controvertirlo.

En cuanto a la falsedad de la constancia expedida por el partido Alianza Verde
señaló que el apelante no presentó una tacha de falsedad durante las etapas
procesales oportunas o pruebas que sustentaran su afirmación. De ahí que, ese
argumento no podía prosperar.

Con respecto a las inconsistencias entre las certificaciones suscritas por el partido
Alianza Verde y la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque no eran
consistentes en la fecha de afiliación del señor Chaparro Perdomo, concluyó que
dicha información no era determinante para evaluar la legalidad de la renuncia,
pues lo relevante para resolver el asunto consistía en determinar si el demandado
presentó la renuncia antes de inscribirse como candidato.

Por otro lado, advirtió que los estatutos del partido no fueron aportados al
expediente, lo cual impedía un análisis sobre posibles procedimientos internos
específicos para la renuncia. Sin embargo, resaltó que la manifestación de voluntad
del demandado de separarse del partido, realizada el 10 de marzo de 2023, era
suficiente para que su renuncia surtiera efectos jurídicos, sin necesidad de
aceptación formal. Además, debía tenerse en cuenta que la dimisión fue
reconocida por el propio representante legal del partido Alianza Verde, como
constaba en certificación aportada al proceso.

Al respecto, explicó que las irregularidades administrativas del partido Alianza
Verde para actualizar sus registros no pueden ser atribuidas al demandado, pues
estas corresponden exclusivamente a las responsabilidades administrativas de la
colectividad política y que, en todo caso, esas fallas no afectan la validez de la
renuncia presentada por el señor Chaparro Perdomo, máxime si se tenía en cuenta
que aquel cumplió con la carga de la prueba que le correspondía.

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual porque «confirmó la sentencia de primera instancia,
debido básicamente “a la ausencia de los estatutos del partido». Sin embargo, no tuvo
en cuenta que los estatutos del partido Alianza Verde son normas públicas,
accesibles a todos los ciudadanos y, por ello, no deberían ser tratadas como
material probatorio sujeto a la obligación que las partes lo aporten.

Resaltó que el artículo 7 de los estatutos del partido Alianza Verde establece que
la renuncia se debe realizar por escrito y ser registrada en el sistema de
identificación, pero no se consideró esta disposición estatutaria en la decisión
cuestionada, que tiene incidencia, pues no se demostró que la renuncia se hubiese
presentado por escrito y fue aportado registró en el sistema de identificación y
registro de militantes de dicha colectividad.

Señaló que autoridad judicial demandada desconoció que no se probó que la
renuncia del señor Ferney Chaparro a la colectividad política se hubiese realizado
por escrito, como lo establece el artículo 7 de los estatutos del partido, pues
únicamente se aportó respuesta a un derecho de petición con fecha de 10 de enero
de 2024 suscrita por el partido Alianza Verde.

4. Trámite Previo

El 9 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
ordenó notificar la actuación a los demandantes y a la parte accionada y vinculó
como terceros con interés al señor Ferney Chaparro Perdomo, en calidad de
Alcalde de Maní, a ese municipio y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Casanare solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela porque el señor Tom Suárez no demostró la relevancia
constitucional de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados.

Expresó que el accionante cuestionó exclusivamente la decisión proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Anotó que la causal de exceso ritual no se configura en el presente asunto, porque
el actor no acreditó una discusión procesal que impidiera la resolución del fondo del
asunto, sino de una presunta indebida valoración probatoria. En este sentido,
señaló que el accionante busca desnaturalizar el mecanismo de la tutela y lo utiliza
como una tercera instancia.

Por otro lado, advirtió que el actor pretende que la acción de tutela sustituya el
análisis y motivación de los falladores de instancia ordinaria, desvirtuando así la
naturaleza subsidiaria y excepcional de este mecanismo constitucional.

La Sección Quinta del Consejo de Estado pidió que se declare improcedente la
acción de tutela porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional y,
de forma subsidiaria, que se nieguen las pretensiones del accionante al no
demostrarse la vulneración de derechos fundamentales.

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Al respecto, explicó que el debate planteado se limita a expresar una inconformidad
con la interpretación de la prueba que demostraba la renuncia a la militancia política
del señor Chaparro Perdomo. De modo que, solamente busca reabrir un debate de
naturaleza legal bajo el pretexto de vulneración de derechos fundamentales.

Advirtió que la parte actora no presentó, en las oportunidades procesales
correspondientes, los medios para cuestionar la validez de la certificación de
desafiliación presentada por el demandado, lo que lleva a mantener la presunción
de autenticidad de dicho documento conforme con el artículo 244 del CGP.
Asimismo, resaltó que la certificación fue emitida por el representante legal del
partido político, lo cual acredita que la renuncia se materializó con todos sus efectos
jurídicos.

Indicó que el argumento atinente a la falta de valoración de los estatutos del partido
Alianza Verde, no fue presentado en las instancias ordinarias y solo fue alegado en
la presente acción de tutela.

Por otro lado, advirtió que todas las actuaciones del proceso judicial se realizaron
con apego al ordenamiento jurídico y con respeto de las garantías procesales de
las partes.

6. Terceros con interés
La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad.

Además, pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la RNEC, porque no intervino en las actuaciones judiciales
cuestionadas, máxime si se tiene en cuenta que no tiene competencia para incidir
en las decisiones judiciales cuestionadas.

Expresó que el accionante pretende que se use la acción de tutela como un
mecanismo adicional frente a las decisiones proferidas por el Tribunal
Administrativo de Casanare y la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo cual
desvirtúa el carácter subsidiario de la tutela.

El señor Ferney Chaparro Perdomo pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela porque no cumple con el requisito de subsidiariedad.

Señaló que las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Casanare y
la Sección Quinta del Consejo de Estado se ajustaron a derecho y realizaron un
análisis integral de las pruebas. Indicó que el accionante intenta utilizar la tutela
como una tercera instancia para reabrir debates que ya fueron resueltos por las
instancias judiciales competentes.

Anotó que en el proceso ordinario no se aportaron pruebas suficientes para
desvirtuar la validez de la certificación presentada por el demandado, en la que
consta que el señor Chaparro Perdomo renunció a dicho partido el 10 de marzo de
2023.

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Indicó que los estatutos del partido Alianza Verde no son normas de orden público
que obliguen a los jueces a analizarlos de oficio y que correspondía al accionante
aportarlos como prueba, si consideraba que eran relevantes para el caso. Resaltó
que tanto en primera como en segunda instancia se analizaron de manera detallada
las pruebas aportadas y se concluyó que no existió doble militancia por parte del
demandado.

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia de 11
de octubre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple
con el requisito de relevancia constitucional. Afirmó que el accionante pretendía
reabrir debates probatorios y jurídicos resueltos en las instancias ordinarias, por lo
que se desvirtuaba el carácter subsidiario de la solicitud de amparo.

Subrayó que la inconformidad del accionante reflejaba desacuerdo con la manera
en que el juez natural resolvió la controversia, lo cual no habilita el uso de la acción
de tutela, especialmente cuando no se evidenció arbitrariedad alguna en las
providencias cuestionadas ni se sustentaron yerros constitucionales claros que
justificaran un pronunciamiento de fondo.

Respecto a los defectos alegados, consideró que, como lo expresó la autoridad
judicial demandada, las diferencias en las fechas de afiliación al partido en las
certificaciones proferidas por el partido Alianza Verde y por la RNEC, no
desvirtuaban el contenido de dicha prueba, pues lo relevante era la fecha de la
renuncia del señor Chaparro Perdomo.

Aunado a lo anterior, indicó que el señor Rolando Fardey Tom Suárez no aportó en
el proceso ordinario pruebas que controvirtieran la autenticidad de la certificación
en la que constaba la fecha de la renuncia al partido presentada por el demandado
y que ese documento tampoco fue tachado de falso.

Manifestó que, si bien la autoridad judicial demandada hizo referencia a la falta de
los estatutos del partido, aclaró que este no fue el fundamento principal de la
decisión, pues solamente dijo que la ausencia de dicha prueba le impedía verificar
si se debía surtir algún trámite adicional para perfeccionar la renuncia. Sin embargo,
dejó claro que dicha ausencia no implicaba que la renuncia no hubiera sido
presentada, pues se contaba con documentos que corroboraban su presentación.

Además, destacó que el reproche de la parte actora carecía de carga argumentativa
para demostrar la afectación constitucional alegada, porque pretendía invalidar un
hecho probado mediante documentos que no fueron tachados de falsedad.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la
presente solicitud de amparo involucra una irregularidad que afecta el resultado de
la sentencia controvertida, por lo que se demostraba el requisito de relevancia
constitucional.

Explicó que, en el proceso ordinario, tanto él como el demandado aportaron
certificaciones emitidas por el Alianza Verde, pero con información contradictoria

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respecto a la afiliación y desafiliación del demandado, pues mientras las pruebas
aportadas por el actor (certificaciones expedidas por el partido Alianza Verde de 6
de septiembre y de 30 de noviembre de 2023) indicaban que Chaparro Perdomo
seguía siendo militante del partido, la presentada por el demandado certificaba su
desafiliación desde el 10 de marzo de 2023.

Alegó que, en ese contexto «no queda otra alternativa que, acudir al estudio de las
normas internas de la colectividad, a fin de que, la verdad judicial se acerque lo más posible
a la verdad real, toda vez que, la valoración objetiva e integral de las disposición estatutaria
de la colectividad, incide directamente en la decisión final».

Asimismo, que, a pesar de esta contradicción, el juez de primera instancia y las
autoridades judiciales demandadas otorgaron un trato preferente a las pruebas
presentadas por el demandado y no se pronunciaron respecto a las certificaciones
presentadas por el demandante.

Insistió en que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, porque, omitió analizar los estatutos del partido Alianza
Verde, particularmente el artículo 7, que regula los trámites para la renuncia de un
afiliado. De modo que, con este análisis se hubiera podido determinar si el señor
Chaparro Perdomo cumplió con los requisitos para su desafiliación antes de la
inscripción de su candidatura, estos son, presentar la renuncia por escrito y el
registro de estas en la base de datos de militantes.

Anotó que la autoridad judicial demandada desconoció el artículo 167 del Código
General del Proceso, que trata sobre la carga dinámica de la prueba y permite
redistribuir la carga probatoria cuando una de las partes está en mejor posición para
aportar pruebas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

De acuerdo con la impugnación presentada por la parte actora, corresponde a la
Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los derechos
fundamentales invocados, por incurrir en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.

La Sala encuentra que los argumentos planteados en la impugnación, relacionados
con la contradicción en las certificaciones y la aplicación del artículo 167 del CGP,
no fueron planteados en el escrito inicial de la acción de tutela, es decir, constituyen
planteamientos nuevos que debieron ser alegados oportunamente en la
presentación de la acción, por lo que no es procedente su valoración en esta
instancia, pues una decisión en sentido contrario resultaría desconocedor del
derecho de defensa de la autoridad judicial demandada.

En ese orden, la Sala analizará si la acción de tutela de la referencia cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, frente al argumento de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que sustenta en la omisión de aplicar lo
señalado en el artículo 7 de los estatutos del partido Alianza Verde y, solo en el
evento que lo supere, estudiará si la autoridad judicial demandada incurrió en el
defecto alegado por la parte demandante.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia
de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que, en el presente caso, la acción de tutela no satisface el
requisito general de relevancia constitucional porque se emplea para proponer
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
5 Ibidem.

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. Como se
indicó en precedencia, la acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

En el presente caso, la parte actora sustentó su acción de tutela en que la autoridad
judicial demandada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
al no valorar los estatutos del partido Alianza Verde, particularmente el artículo 7,
que regula los trámites para la renuncia de un afiliado, en los que se encuentran la
presentación por escrito de la renuncia y el registro en la base de datos del partido.

Al respecto, la Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante en
la presente acción de tutela no fueron expuestos durante el proceso ordinario, como
se procede a exponer.

El señor Rolando Fardey Tom Suárez fundamentó la demanda electoral en que el
señor Ferney Chaparro Perdomo no presentó renuncia al partido Alianza Verde
antes de inscribirse como candidato por firmas, como constaba en las
certificaciones emitidas por el secretario del partido Alianza Verde de 6 de
septiembre y 30 de noviembre de 2023, por lo que incurrió en la causal de doble
militancia prevista en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, así:

«HECHOS
PRIMERO: El señor FERNEY CHAPARRO PERDOMO conformó el grupo significativo de
personas “FIRME POR MANI” por medio del cual recolectó los apoyos para la inscripción
de su candidatura.

SEGUNDO: La Registraduría al señor FERNEY CHAPARRO PERDOMO le aprobó y
avaló las firmas que le permitieron aspirar a la alcaldía de Maní por medio del grupo
significativo de personas, denominado “FIRME POR MANÍ”.

TERCERO: El señor FERNEY CHAPARRO PERDOMO NUNCA RENUNCIÓ al PARTIDO
VERDE, conforme se demuestra en constancia emitido por el Secretario General del
Partido Alianza Verde, con fecha del 6 de septiembre de 2023, donde certifica que “Que
el señor (a) FERNEY CHAPARRO PERDOMO, identificado con C.C. 17342864, ESTA
AFILIADO ésta colectividad”.

CUARTO: Lo anterior es constitutivo de causal de revocatoria de la elección por incurrir
en doble militancia, contenida en el artículo 2 de la ley 1475 de 2011, toda vez que, estando
afiliado al Partido Alianza Verde, inscribió su candidatura a la Alcaldía de Maní,
Departamento de Casanare, por el grupo significativo de personas denominado “FIRME
POR MANÍ”.

ARGUMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD

(…)
En ese orden, el hecho que el Señor FERNEY CHAPARRO PERDOMO, no haya
renunciado en debida forma a su pertenencia al Partido Alanza Verde y haya recibido aval
para la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Maní, para el periodo constitucional
2024-2027, a través del grupo significativo de personas, denominado “FIRMES POR
MANÍ”, es constitutivo de causal de anulación del acto de declaratoria de elección, por
incurrir en doble militancia.
(…)

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

En las pasadas elecciones locales, realizadas el 29 de octubre de 2023, el Señor FERNEY
CHAPARRO PERDOMO, participó como candidato a la Alcaldía de Maní, avalado por el
grupo significativo de personas, denominado “FIRMES POR MANÍ”, empero sin renunciar
a su militancia al partido Alianza Verde, como consta en certificación expedida por el
secretario general del partido mencionado anteriormente, con fecha del 06 de septiembre
de 2023 y una más reciente, con fecha del 30 de noviembre de 2023, obtenida a través de
la página web del mencionado partido Alianza Verde.

Al momento del reconocimiento de las firmas que avalaron la inscripción del Señor
FERNEY CHAPARRO PERDOMO, para participar en las recientes elecciones del 29 de
octubre de 2023, coexistían las dos situaciones que constituyen doble militancia. Por un
lado, permanecía como militante del partido alianza verde, donde habida sido avalado en
dos oportunidades como candidato al concejo municipal de Maní y una vez como
candidato a la alcaldía del mismo municipio, y por otra parte, la firmeza del acto
administrativo de reconocimiento del grupo significativo de personas, denominado
“FIRMES POR MANÍ”, con el que participó en las elecciones, ya referidas y en las cuales
resultó elegido alcalde para el periodo 2024-2027.

Por otra parte, el mismo partido Alianza Verde, certificó la militancia del señor CHAPARRO
PERDOMO, en dicho partido y con ello, la constancia que jamás renunció a la mencionada
organización política».

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia de 6 de junio de 2024, negó
las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, según las pruebas,
aportadas al proceso, el señor Chaparro Perdomo renunció formalmente al
partido Alianza Verde el 10 de marzo de 2023 antes de iniciar actividades
políticas con el grupo significativo de ciudadanos «Firme por Maní», esto es, el
13 de marzo de 2023. Además, señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la aceptación de la renuncia por parte del partido no era
necesaria para considerarla efectiva. Finalmente, desestimó la presunción de
mala fe del demandante, pues las inconsistencias en las certificaciones de retiro
del partido Alianza Verde no eran atribuibles al accionante ni demostraban mala
fe en su actuación. Se transcribe lo pertinente:

«16.9. De acuerdo con la jurisprudencia y las normas señaladas y luego de analizar las
pruebas aportadas al expediente se concluye lo siguiente:

Según la respuesta al derecho de petición dada por el secretario del partido Alianza verde
al demandado FERNEY CHAPARRO PERDOMO, este ciudadano efectivamente presentó
su renuncia a ese partido político el 10 de marzo de 2023.

16. 10. En consecuencia, el señor CHAPARRO PERDOMO cumplió con su deber de
renunciar a su militancia en el partido Alianza verde en la fecha antedicha y no es
necesario que esa colectividad hubiere aceptado o no la renuncia, ya que no se le pueden
imponer cargas adicionales o asumir los efectos adverso de falta de gestión interna en el
partido o dificultades de actualización de la información en la base de datos.

16.11. En otras palabras, basta la manifestación recibida en este caso por el partido
Alianza Verde, que contiene la voluntad del Sr. Ferney Chaparro de renunciar a la
colectividad para dar por finiquitado la pertenencia del renunciante a dicho partido y dejar
de ser militante del mismo, en este caso a partir del 10 de marzo de 2023. Por tanto, luego
de esa fecha quedó en libertad de integrarse a otro partido político o iniciar actividades
para que un grupo significativo de ciudadanos previo los tramites de rigor logre mediante
un proceso de recolección de firmas validar su candidatura a la Alcaldía de Maní-
Casanare.

16.12. La sala destaca que la parte demandante afirma, en el pronunciamiento sobre
excepciones, que la actividad del demandado para obtener el apoyo del grupo significativo
de ciudadanos correspondía al 13 de marzo de 2023 y no al 21 de julio de 2023. Lo anterior
por cuanto en esta última fecha la Registraduría Nacional del Estado, con base en el

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Demandante: Rolando Fardey Tom Suárez

informe técnico de verificación de firmas de apoyo, concluyó que 2.945 firmas eran validas
y suficientes para proseguir como candidato a la Alcaldía de Maní-Casanare, según
certificación del Director del Censo Electoral.

16.13. En ese sentido le asiste razón al demandante que el término para revisar la doble
militancia no es el del 21 de julio de 2023, fecha de la validación de apoyos, pues, es claro
que ello fue precedido de toda actividad de un comité inscriptor o de apoyo de firmas para
lograr validar la candidatura a la alcaldía.

16.14. Como la parte demandante, afirmó en el curso del proceso (escrito que descorre
traslado de excepciones), que, la actividad de militancia de la parte demandada con el
grupo significativo de ciudadanos que se denominó FIRME POR MANÍ inició el 13 de
marzo de 2023; y sin otra prueba adicional salvo el escrito originado por el Sr Chaparro
(derecho de petición al partido verde) sobre el inicio de las actividades del comité inscriptor
de firmas en dicha fecha, finalmente se logró establecer a través de la prueba documental
que ambas partes aportaron que la calenda de inició de la actividad proselitista por el
movimiento significativo de ciudadanos aludido, se insiste fue el 13 de marzo de 2023.

16.15. Así las cosas, si bien los lineamientos del Consejo de Estado indican la existencia
de 3 elementos para configurar la doble militancia, entre ellos: i-un sujeto activo, en este
caso un ciudadano el Sr Ferney Chaparro, situación acreditada; ii- una conducta prohibitiva
consistente en pertenecer a más de una organización política, situación anunciada por la
parte demandante que no fue demostrada, porque el Sr. Ferney Chaparro renunció al
partido que perteneció antes iniciar las actividades con el nuevo grupo significativo de
ciudadanos, por consiguiente; iii- el elemento temporal tampoco fue acreditado porque no
hubo llanamente doble militancia.

16.16. Finalmente con relación a las excepciones de mérito presentadas por la parte
demandada, a saber: i) inexistencia de la doble militancia; ii) inexistencia de causa legal
de revocatoria de inscripción y/o nulidad de elección y; iii) presunción de mala fe por parte
del accionante, se debe indicar lo siguiente: las dos primeras tuvieron por objeto demostrar
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, con lo cual, no aportan
hechos nuevos que permitan considerarlas como excepciones propiamente dichas,
además con base en las pruebas recaudadas y el análisis realizado se mantuvo la
legalidad del acto acusado. Lo anterior, además porque las actuaciones del demandado
con el grupo significativo de ciudadanos comenzó el día 13 de marzo de 2023, y esta
renunció al partido político alianza verde desde el día 10 del mismo mes y año, por lo tanto
no incurrió en irregularidad o ilegalidad alguna.

16.17. Suerte similar corre la excepción de mala fe porque defiende la legalidad de los
actos acusados, al manifestar que las certificaciones traídas por la parte demandante
carecen de las características y formalidades para acreditar la fecha en que el demando
renunció al partido Alianza Verde. Al respecto la demandado no tachó de falsos los
documentos aportados por la accionante, tampoco se vislumbró mala fe en la actuación
de la parte demandante, porque el secretario del partido Alianza Verde en su respuesta al
derecho de petición del demandado sobre la fecha de renuncia, manifestó que las
diferentes certificaciones de retiro obedecieron a una inconsistencia en el trámite de la
misma no atribuible a la parte accionante, con lo cual, no está a la orden del día la
existencia de mala fe.»

En el recurso de apelación, el demandante expresó que el señor Chaparro Perdomo
aportó una «prueba falsa», con la que pretendió justificar la renuncia a la
colectividad, pues en ella se señaló como fecha de afiliación al partido Alianza
Verde el año 2019, información que contrasta con lo reportado por la RNEC en la
que se dejó constancia que el demandando pertenece a dicha colectividad desde
el 2011. De modo que, «si la fecha de afiliación es FALSA, significa que, con la fecha de
DESAFILIACIÓN sucede lo mismo». Aunado a lo anterior, cuestionó que en el proceso
no se hubiese aportado una prueba que acreditara como se presentó la renuncia,
lo que significaba que «la supuesta renuncia NO EXISTIÓ». De ahí que, la renuncia
no produjo efectos jurídicos. Asimismo, planteó argumentos relacionados con la

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extemporaneidad de la renuncia del demandado, aduciendo que este tenía la
calidad de directivo del partido Alianza Verde y que, conforme al numeral 3 del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, debía haber renunciado con 12 meses de
antelación a la inscripción de su candidatura.

En sentencia de 22 de agosto de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:

• En cuanto a la presunta falsedad de la prueba aportada por el accionante en la que
constaba la renuncia al partido Alianza Verde, expresó que ese argumento no fue
alegado en el momento procesal oportuno, pues no se presentó tacha contra dicho
documento, por lo que fue valorado por el juez de primera instancia.

Además, que, si bien existía incongruencia entre la documental aportada por el
demandado y la información del RNEC respecto de la fecha de vinculación con el partido,
lo relevante para el asunto era la fecha de renuncia. De igual forma, que fue aportada
prueba en la que se dejó constancia que el señor Chaparro Perdomo presentó renuncia
al partido el 10 de marzo de 2023, hecho certificado por el propio representante legal del
partido y que, si bien no se precisó como se presentó la renuncia, la valoración en
conjunto de dicho documento resultaba suficiente para tener a esa fecha como el
momento en que se presentó la renuncia.

Se transcribe lo pertinente:

«(…) la Sala debe precisar que en el decurso del proceso judicial, no se presentó una
réplica dirigida a enrostrar una presunta falsedad respecto de dicha certificación y, de
acuerdo con ello, el juzgador valoró los documentos a partir de la presunción que sobre
estos recaen, según las voces del artículo 244 del CGP, lo que equivale a decir que su
contenido nunca se desconoció en la primera instancia; luego, su presunto engaño en
sede de apelación deviene en improcedente.

A esta conclusión llega la corporación, entre otras cosas porque no existe una decisión
judicial que haya declarado la simulación de dicha certificación, y tampoco, como ya se
acotó, se propuso en las etapas probatorias y procesales respectivas, la tacha del
citado documento.

En ese sentido, para que el contenido de la referida certificación se tuviera como falso,
tendría que haberse acreditado que el demandado, no renunció en la oportunidad
debida y que, en un mismo escenario temporal, mantuvo dos vinculaciones con
agrupaciones políticas diferentes, y ello, como se indicó, no fue probado por quien
adujo su falsedad.
(…)

Como puede verse, si bien la fecha de afiliación (2019-03-07) podría entrar en
contradicción con la data más longeva de la elección (2011-10-30) del accionado, no
puede perderse de vista que en lo relativo a la fiabilidad de la información reportada
sobre la desvinculación del demandado con el partido Alianza Verde, no se dan las
mismas incongruencias que aquí resultan ser el debate neurálgico para desatar
la apelación.

Al respecto, como bien se ilustró, no se observa que esta certificación en punto a la
renuncia, entre en contradicción con otra de las pruebas adosadas al plenario y, a partir
de la valoración en conjunto, se tiene que la dimisión, de cara a lo que la misma
agrupación certificó, data del 10 de marzo de 2023, así:
(…)

Es por lo anterior, que dicha renuncia fue presentada sin cuestionamiento por
parte de la colectividad, y aunque no se precisó cómo, a través de qué medio o
quién la estudió, se impone afirmar que su propio representante legal la dio por

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materializada, y de ahí se derivaron todos los efectos jurídicos que le son
propios; entre esos, por supuesto la libertad para aspirar a un cargo público por
cualquier otro colectivo político. En este punto, debe enrostrarse a la parte actora
su falta de aportación de medios de convicción respecto a tener por falsa la
presentación, pues el hecho de que haya sido datada su presunta filiación en el
2019 y no del 2011, eso no reporta para la Sala un aspecto relevante de cara a lo
que se certifica.
(…)

Finalmente, propuso como segundo reparo que la renuncia no surtió ningún efecto
jurídico, i) por cuanto el partido Alianza Verde al dar respuesta al derecho de petición,
confirmó que dicha salida del colectivo no fue tramitada en debida forma; luego, carece
de los atributos para tenerla como tal y, ii) el demandado nunca demostró a través de
cuál medio se separó legalmente de dicha colectividad, pues solo se tiene la
contestación que hizo el colectivo político.

Para la Sala este argumento no modifica la decisión de instancia e impone confirmar la
sentencia por las siguientes razones:

Como ya se analizó en precedencia, el hecho de no haber precisado cómo, a
través de qué medio se tramitó la renuncia, no debilita el medio de persuasión
que aquí fue valorado en conjunto, contrario sensu, de estos soportes de
convicción se tiene por acreditado que esta fue presentada ante la colectividad.
En este punto, la obligación del militante se agota con la manifestación de su deseo de
apartarse de un partido o movimiento político, sin que sea necesario que la colectividad
acepte su decisión, por tal motivo acierta la vista fiscal cuando manifestó que «no se
puede someter al ciudadano a los trámites internos de la organización política, como la
actualización de sus bases de datos, para que se tenga como desafiliado.» (Se
destaca)

• En lo atinente a la presunta falta de efectos jurídicos de la renuncia, advirtió que estaba
demostrado que el actor presentó renuncia al partido el 10 de marzo de 2023 y que
está no fue registrada por errores atribuibles a la organización partidista, que no podían
ser endilgados al señor Chaparro Perdomo, máxime si se tenia en cuenta que fue el
propio demandado el que pidió se corrigiera la información y el partido político accedo
a corregir esos datos y aceptar su yerro. Aunado a lo anterior, reiteró que en materia
de doble militancia la renuncia a la colectividad política se entiende que surte efectos
desde la presentación a la cual pertenece el interesado. De igual forma, expresó que
al expediente no se aportaron los estatutos del partido Alianza Verde, por lo que no era
posible determinar si debía surtirse un trámite para entender perfeccionada la renuncia.
Se trae en cita lo dicho por la autoridad judicial demandada al respecto:

«(…) la Sala quiere insistir en que en el plenario, conforme a las pruebas que se allegaron
oportuna y regularmente, a la valoración crítica que se hace sobre estas y a la ausencia
de los estatutos del partido, no puede desestimar los efectos jurídicos que trajo la
constancia en la que se acreditó la citada renuncia, entre otras consideraciones porque:

No cabe duda para la Sala que las siguientes tres certificaciones, demuestran errores
atribuibles a la organización partidista, mas no al accionado, pues no se acreditó que
este hubiese tenido injerencia en dicho descuido.
(…)

En materia de doble militancia, la renuncia a la colectividad política, en el caso de los
militantes, se entiende que surte efectos con el hecho de la presentación ante la
respectiva agrupación a la cual pertenece el interesado. Por tal razón, la constancia del
colectivo acreditó que esos requisitos sí se cumplieron por parte del demandado.

En el expediente no se allegó copia de los estatutos del partido Alianza Verde, a fin de
determinar si la renuncia del accionado, debía surtir una serie de etapas, autorizaciones
o procedimientos para tenerla por perfeccionada; luego, no existe hasta este momento
motivo por el que la Sala deba desestimar tal certificación del propio representante legal.

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Desconocer el valor probatorio de la constancia de desafiliación al partido Alianza Verde,
invirtiendo la carga de la prueba al demandado bajo el argumento de que «es
absolutamente inaceptable que, el demandado no haya aportado alguna prueba de la
forma o medio que usó para manifestar de manera CLARA, EXPRESA E INEQUÍVOCA,
su deseo de renunciar», no puede ser interpretado en perjuicio de los derechos políticos
del accionado ni del electorado, pues pensarlo así, configuraría una defraudación del
principio pro electoratem, tal como lo ha expresado la Sala».

En este contexto, resulta evidente que los argumentos presentados en la acción de
tutela relacionados con la falta de valoración de los estatutos del partido,
constituyen alegaciones nuevas que no fueron planteadas ante el juez natural del
caso en el marco del proceso ordinario.

De la revisión de la demanda y la apelación presentadas por el demandante en el
proceso de nulidad electoral se advierte que esta se fundamentó únicamente en
que el demandado no había renunciado al partido Alianza Verde antes de
inscribirse como candidato por firmas, como lo evidenciaban las certificaciones
expedidas por el partido los días 6 de septiembre y 30 de noviembre de 2023. En
ningún momento se mencionó la obligatoriedad de observar los estatutos del
partido o la falta de cumplimiento de los requisitos específicos que estos
establecen.

En gracia de discusión, se resalta que, si bien la Sección Quinta del Consejo de
Estado se refirió a los estatutos del partido Alianza Verde, lo hizo únicamente para
precisar que su ausencia en el expediente impedía analizar si debía surtirse algún
trámite adicional para perfeccionar la renuncia del señor Chaparro Perdomo. No
obstante, aclaró que esto no desvirtuaba la validez de la renuncia, dado que estaba
acreditada mediante documentos que contaban con presunción de autenticidad.

Adicionalmente, se encuentra que la Sección Quinta analizó las pruebas aportadas
y concluyó que la renuncia del señor Chaparro Perdomo surtió efectos jurídicos
desde su presentación, conforme a la jurisprudencia proferida por esa sección y
que las inconsistencias administrativas del partido no eran atribuibles al señor
Chaparro Perdomo.

Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, dado que los argumentos planteados en este
escenario constitucional no fueron propuestos en el marco del proceso ordinario de
nulidad electoral.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Rolando Fardey Tom
Suárez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia de 11 de octubre de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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