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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04671-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04671-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04671-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

7 de febrero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04671-00
Demandante: ROGELIO QUIZA ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA. DEBIÓ DEMANDARSE EN TÉRMINO EL
ACTO FICTO O PRESUNTO PRODUCTO DEL
SILENCIO NEGATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual se revocó la
decisión de primer grado que había accedido a las pretensiones de demanda y, en su lugar, se
declaró la prescripción porque el actor acudió a la administración de justicia más de tres (3) años
después de haber hecho la reclamación en sede administrativa. A juicio de la parte actora esa
providencia incurrió en un defecto sustantivo, sin embargo, la Sala negará las pretensiones de la
acción de tutela porque no se configuró el defecto invocado.

La Sala procede nuevamente1 decide la acción de tutela presentada por el señor Rogelio
Quiza Ortiz en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la protección
de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia y seguridad social previstos en los artículos 29, 48 y 229 de la Constitución
Política con ocasión de la providencia del 20 de junio de 2024 proferida por dicha
autoridad judicial y mediante la cual se declaró la prescripción.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

1
En atención al auto del 15 de enero de 2025 (MP Elizabeth Becerra Cornejo de la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado), mediante el cual se declaró la nulidad de lo actuado
con posterioridad a las notificaciones del auto admisorio del 3 de octubre de 2024 porque no se
vinculó a una autoridad demandada (Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva), el despacho ponente en cumplimiento de dicha orden rehízo el trámite y la Sala expedirá una
nueva sentencia que se ajuste al debido proceso.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción2 de tutela el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) La parte demandante ingresó a trabajar a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de
1974 hasta el 31 de julio de 2016 ocupando diferentes cargos, siendo el último de ellos
el de asistente social grado 07 en el Juzgado 4 de Familia del Circuito Judicial de Neiva.

2) El 14 de septiembre de 2017, el actor presentó reclamación administrativa ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva en la cual solicitó la
inclusión de la bonificación judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013 como factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

3) El 16 de septiembre de 2017, mediante oficio no. DESAJENEO17-4551 le fue
notificada la respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento y pago de la bonificación
judicial, por lo cual el 4 de octubre de 2017 presentó recurso de reposición y en subsidio
de apelación en contra de ese acto administrativo.

4) El 19 de octubre de 2017, por medio de la Resolución no. DESAJNER 17-2969 se le
resolvió de manera negativa el recurso de reposición que presentó y se concedió el
recurso de apelación.

5) Sin embargo, la apelación solo se resolvió más de cuatro (4) años después a través
de la Resolución no. RH-4191 de 23 de mayo de 2022, en la cual se confirmó la
determinación de negarle el carácter salarial a la bonificación judicial.

6) El 11 de noviembre de 2022, por intermedio de apoderada judicial, interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
solicitó que se inaplicara el articulo 1 del Decreto 0383 del 2013 y las demás normas
expedidas con posterioridad, así como que se declarara la nulidad de los actos
demandados que negaron la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial y se
reliquidaran sus prestaciones sociales.

7) El 30 de enero de 2024, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva falló en favor de la parte demandante y anuló los actos demandados, al tiempo

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La demanda se presento el 2 de octubre de 2024

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

que ordenó la reliquidación de sus prestaciones con la inclusión de la bonificación
judicial.

8) La entidad demandada presentó recurso de apelación y, mediante sentencia de 26
de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión por
considerar probada de oficio la excepción de prescripción respecto de los salarios del 30
de octubre de 2014 y el 31 de julio de 2016, porque dicho fenómeno extintivo se
suspendió desde la fecha en que se presentó la reclamación en sede administrativa -14
de septiembre de 2017- por tres (3) años, sin embargo, durante ese tiempo el actor no
acudió a la administración de justicia a reclamar su derecho, en tanto la solicitud de
conciliación prejudicial la presentó el 29 de agosto de 2022, cuando ya había fenecido
dicho término, y demandó los actos censurados el 11 de noviembre de 2022, cuando ya
había operado “la prescripción total del derecho reclamado, puesto que esta figura
jurídica debe recaer sobre las sumas causadas con anterioridad al 11 de noviembre de
2019, momento para el cual, el demandante ya estaba desvinculado de la Rama judicial,
pues su relación laboral finalizó el 31 de julio de 2016”.

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora alegó que la providencia cuestionada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia y seguridad social por cuanto incurrió en un defecto sustantivo.

En suma, indicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que la Rama Judicial se tomó
más de cuatro (4) años para resolver la apelación, de modo que, en su criterio, no podía
acceder a la administración de justicia sin que antes se resolviera dicho recurso y con
ello quedara debidamente agotada la sede administrativa.

Su situación jurídica solo se definió cuando se le notificó la decisión adoptada por la
administración en relación con el recurso de apelación interpuesto en sede
administrativa, motivo por el cual no podía declararse la prescripción porque la demora
fue responsabilidad de la entidad.

En todo caso, aún si se admitiera que las mesadas prescribieron, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación los aportes pensionales son imprescriptibles, por lo
cual al menos estos debieron ser reconocidos sin importar cuánto tiempo hubiese
transcurrido.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, debido proceso, vida digna, derecho al mínimo vital y móvil, y
a la seguridad social, violados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA al expedir una sentencia desconociendo tales
derechos en la providencia del 26 de junio de 2024 con radicación
410013333007202200564-01 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho seguido contra la Nación- Rama Judicial-
DEAJ.

2. Que se DECLARE que la providencia objeto de esta tutela no va en
concordancia con los preceptos y normas constitucionales.

3. Que como consecuencia de ello, se REVOQUE la sentencia proferida
el 26 de junio de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA y en su lugar se mantenga la decisión adoptada por el
despacho de primera instancia y se acceda a las pretensiones que
sustentaron la litis dentro del proceso radicado
410013333007202200564-(01) y que tienen que ver con la inclusión de la
bonificación judicial como un factor salarial para la liquidación de
prestaciones sociales como quiera que se encuentra probada la titularidad
de dichos derechos por parte del señor ROGELIO QUIZA ORTIZ. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas y
mayúsculas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 3 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación del presidente y magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
al director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al titular del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Como se explicó en precedencia, a través del auto del 15 de enero de 2025 la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró la nulidad de todo lo actuado para que se vinculara a una autoridad
pública como parte demandada.

En consecuencia, mediante proveído del 27 de enero de 2025 se obedeció y cumplió con
la orden y se vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Neiva.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

5. Intervención de las autoridades judiciales demandadas

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expuso sus argumentos de contestación e
indico, en síntesis, que la acción de tutela impetrada por la parte demandante no cumple
con el requisito de la relevancia constitucional, puesto que el interés de la parte actora
es emplearlo como una instancia adicional al proceso ordinario por estar en desacuerdo
con la decisión judicial adoptada en segunda instancia, referente a la aplicación de la
prescripción.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, aunque fue debidamente
notificado, no se pronunció al respecto.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación de la acción
constitucional, además, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela al no existir
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva afirmó que no es la
llamada a responder por la presunta vulneración alegada por ocasión de la providencia
judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda porque la autoridad judicial demandada no
incurrió en la vulneración alegada por el demandante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia y seguridad social presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del
26 de junio de 2024, puesto que se incurrió en un defecto sustantivo.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial solicitó que se le desvinculara
de la acción de tutela, sin embargo, la Sala no accederá a dicha solicitud porque tal
autoridad fue vinculada en condición de tercera con interés dada la mención que de ella
hizo el propio accionante y de su condición de demandada en el proceso ordinario, de
modo que su comparecencia al proceso es necesaria porque la decisión que aquí se
adopte podría afectar sus intereses.

2.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) no
se atacó una sentencia de tutela; iii) la demanda se presentó dentro del término de
inmediatez y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala iv) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante,
en tanto lo que se reprocha es la sentencia de segunda instancia mediante la cual se
revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones de

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
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demanda y, en su lugar, se declaró la prescripción porque la parte demandante acudió a
la administración de justicia más de tres (3) años después de haber hecho la reclamación
en sede administrativa.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado por las siguientes razones:

2.1.1 Caracterización del defecto sustantivo

i) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a
todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”3.

ii) La Corte Constitucional estableció4 que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental
del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por
la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de
la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii)
aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo
porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad
material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente
judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso5.”.

2.1.2 Análisis del defecto sustantivo en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que se incurrió en un defecto sustantivo
porque se desconocieron las normas y la jurisprudencia en la materia relacionada con la

3
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP Jorge Ignacio Pretelt.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

prescripción, según las cuales debía agotar la sede administrativa para poder presentar
la demanda en contra de los actos administrativos que negaron el carácter salarial de la
bonificación judicial.

2) A juicio de lo parte actora, si bien presentó la reclamación administrativa el 14 de
septiembre de 2017 y esta solicitud se le negó el 16 de septiembre de 2017 se incurrió
en un defecto sustantivo por desconocer que el recurso de apelación presentado en
contra de esa decisión solo fue resuelto el 23 de mayo de 2022 y notificado el 10 de
agosto siguiente, habiendo transcurrido aproximadamente 4 años y 8 meses desde la
presentación del mismo.

3) En consecuencia, en su criterio, no podía demandar previamente o mucho menos
hacerlo dentro de los tres (3) años siguientes como lo pretendió la accionada porque
debía esperar a que se resolviera la apelación.

4) Sin embargo, de entrada la Sala advierte que le asiste razón a la autoridad judicial
accionada en cuanto a que el actor parte de un entendimiento equivocado sobre la figura,
pues, si la administración no se pronunció dentro del término dispuesto para ello sobre el
recurso de apelación que presentó este se encontraba habilitado para acceder a la justicia
y en tal hipótesis demandar el acto ficto que surgió producto del silencio negativo de la
entidad, como lo indicó el tribunal en los siguientes términos:

¡En otras palabras, la prescripción trienal se configura dentro del presente
asunto, porque con la reclamación administrativa del 14 de septiembre de 2017
se interrumpió el fenómeno por tres años más, lapso dentro del cual la parte
demandante no radicó solicitud de conciliación extrajudicial con el objeto de
interrumpir el término de prescripción, ni mucho menos demandó el
reconocimiento del derecho respectivo!

No sobra destacar que la parte demandante nada más vino a radicar la solicitud
de conciliación extrajudicial el 29 de agosto de 2022, esto es, cuando ya había
fenecido el término de prescripción de los tres años contados desde la fecha de
la reclamación administrativa -11 de enero de 2021-, siendo este el motivo por el
que sin duda no alcanzó a suspender el término referido.

Luego entonces, debido a que la parte demandante radicó la demanda el 11 de
noviembre de 2022, el termino de interrupción de la prescripción debe
contabilizarse a partir de esta fecha tres años hacia atrás, pues debe ser
entendida como una nueva petición ante los efectos del fenómeno prescriptivo
respecto de la reclamación realizada el 14 de septiembre de 2017.

Al realizar el anterior ejercicio, se desprende que operó la prescripción total del
derecho reclamado, puesto que esta figura jurídica debe recaer sobre las sumas
causadas con anterioridad al 11 de noviembre de 2019, momento para el cual,
el demandante ya estaba desvinculado de la Rama judicial, pues su relación
laboral finalizó el 31 de julio de 2016.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

Cabe mencionar que el argumento fundado en el pronunciamiento tardío
de la administración frente al recurso de apelación formulado contra el
Oficio DESAJNEO17-4551 del 16 de septiembre de 2017, no tiene la
virtualidad suficiente como para arribar a una conclusión contraria.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1437 de 2012, y por haber
transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición
del recurso de apelación contra el Oficio DESAJNEO17-4551 del 16 de
septiembre de 2017, sin que se hubiere notificado una decisión expresa,
era factible entender que la decisión era negativa, y, por tanto,
perfectamente posible demandar el acto ficto que se configura antes de
que venza el término de prescripción. De hecho, con el fin de evitar que
surta efectos esta figura, fue que se consagró en el precepto citado el
silencio administrativo negativo.

En concordancia con el anterior análisis, resta colegir que respecto del periodo
objeto comprendido entre el 30 de octubre 2014 y el 31 de julio de 2016 operó la
prescripción total del derecho reclamado, debido a que la misma surte efecto
frente a las sumas que se causaron antes del 11 de noviembre de 2019.
(negrillas adicionales).

5) En esos términos, le asiste razón al tribunal accionado en cuanto a que el actor no se
encontraba obligado a esperar un pronunciamiento de la administración para demandar
o mucho menos que se encontrara imposibilitado para ejercer el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho hasta tanto esta se pronunciara.

6) En efecto, al respecto el articulo 86 del CPACA dispone expresamente lo siguiente:

“ARTÍCULO 86. SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS. Salvo lo
dispuesto en el artículo 52 de este Código, transcurrido un plazo de dos (2)
meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición
o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se
entenderá que la decisión es negativa.

El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la
autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere
notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)” (negrillas fuera del texto
original).

7) Así las cosas, de conformidad con la norma transcrita para la Sala es claro que, lejos
de incurrir en un defecto sustantivo o ignorar que la entidad no resolvió la apelación, la
autoridad judicial accionada aplicó la norma pertinente y tuvo en cuenta que ante el
silencio de la administración transcurridos dos meses después de la interposición de la
apelación la parte actora estaba habilitada para acudir a la administración de justicia y
demandar el acto ficto producto del silencio negativo de la entidad.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-04671-00
Actor: Rogelio Quiza Ortiz
Acción de tutela

8) Por consiguiente, la Sala negará el amparo pretendido porque operó el fenómeno
jurídico de la prescripción ante la omisión para acudir oportunamente a reclamar
judicialmente el derecho

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.

2º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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