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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04675-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04675-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la providencia del 26 de septiembre de 2024, que declaró improcedente la acción de tutela por los motivos expuestos en el presente proveído. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04675-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04675-01
Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: Acción de tutela contra el auto que decretó la suspensión
provisional del artículo 1. ° de la Resolución R 1424 del 19 de
diciembre de 2017, del Acta de Grado núm. 68 del 20 de
diciembre de 2017 y del Diploma núm. 2446 – 17 del 20 de
diciembre de 2017, mediante los cuales la Universidad del Cauca
confirió el título de abogada a la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro, dentro del medio de control de nulidad con radicado
11001-03-24-000-2022-00121-00.

Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia, por los motivos
expuestos en la presente providencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala decide la impugnación formulada por la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro contra la providencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple con el
requisito de la subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La Universidad del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad, instauró
demanda, con la finalidad de obtener las siguientes declaratorias y condenas:

«[…]
3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución Nº.
R1424 de 19 de diciembre de 2017 (parcial), en concreto el aparte que
confiere a la señora ALEJANDRA MILENA FUERTES CHAMORRO,
identificada con la cédula de ciudadanía Nº […] expedida en Popayán –
Cauca, el título de abogada.

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Acción de Tutela
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Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro

3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado Nº 68 de 20 de diciembre de
2017 - 023983 y Diploma Nº. 2446-17 de 20 de diciembre de 2017, actos
administrativos con los cuales la Universidad del Cauca materializa
parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su Resolución Nº. R-
1424 de 2017 y otorga el título de Abogada a la señora ALEJANDRA
MILENA FUERTES CHAMORRO, identificada con la cédula de ciudadanía
Nº […] expedida en Popayán – Cauca.

3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la
cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogada Nº 307778, otorgada por
el Consejo Superior de la Judicatura a la señora ALEJANDRA MILENA
FUERTES CHAMORRO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº […]
expedida en Popayán – Cauca […]».

El proceso correspondió por reparto a la Sección Primera del Consejo de Estado,
la cual, mediante auto del 16 de agosto de 2022, suspendió provisionalmente la
Resolución R- 1424 del 19 de diciembre de 2017, el Acta de grado 68 del 20 de
diciembre de 2017 y el Diploma 2446 – 17 del 20 de diciembre de 2017, por
medio de las cuales se le otorgó el título de abogada a la señora Alejandra Milena
Fuertes Chamorro.

Por lo anterior, el apoderado de la parte accionante interpuso recurso de súplica
contra el auto del 16 de agosto de 2022.

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante auto del 6 de junio de 2024,
confirmó la decisión judicial cuestionada.

2.2. Fundamentos jurídicos

La señora Alejandra Milena Fuertes Chamorro señaló que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, ignorando
el enfoque de género, pese a ser presuntamente una víctima de acoso sexual por
parte de un docente de la Universidad del Cauca que, según afirma, extravió sus
actas originales de aprobación de los examenes preparatorios.

Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada desconoció los
Acuerdos 01 del 29 de abril de 2010 y 01 del 04 de diciembre de 2014, mediante
los cuales se reformó y adoptó la reglamentación de los exámenes preparatorios,
toda vez que estos no establecen el deber de conservar el material probatorio
que demuestre la presentación del requisito de grado.

Asimismo, adujo que se ignoró el Acuerdo Superior 105 de 1993, Resolución
Rectoral 030 de 2012, en cuanto omitió que al recibir el paz y salvo de las
obligaciones derivadas del pregrado, se presupone que la Universidad del Cauca
evaluó la hoja de vida académica, los soportes físicos y la información que se
encuentra en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, el cual no
contiene la información actualizada.
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Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«PRIMERA.- Que se protejan los (sic) DEBIDO PROCESO, DERECHO AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA, DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO
DISCRIMINACION, de la señora ALEJANDRA MILENA FUERTES
CHAMORRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. (sic)
1.061.726.374 expedida en Popayán- Cauca, vulnerados con las
providencias judiciales emitidas el día dieciséis (16) de agosto de dos mil
veintidós (2022) el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con
ponencia del magistrado Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
y providencia del seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejo de Estado- Sección Primera, con ponencia del Consejero
ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, dentro del proceso de nulidad
bajo el radicado No. 11001-03-24-000-2022-00121-00.

SEGUNDA.- Que a como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del
magistrado Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, que profiera
un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
expuestas mediante un análisis mediante el enfoque de género, y los
diversos instrumentos nacionales e internacionales ratificados por el Estado
de Colombia, al igual que los diversos Tribunales Nacionales e
Internacionales, como la Corte Constitucional y la Corte Interamericana».
(Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante auto del 6 de septiembre de 2024, a través del cual
se ordenó notificar a la Sección Primera del Consejo de Estado como accionado
y a la Universidad del Cauca como tercero interesado en el resultado del proceso.

2.4.1. El Consejo de Estado, Sección Primera solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiaridad,
pues al momento de su presentación se encontraba en trámite el medio de control
de simple nulidad con radicado 11001-03-24-000-2022-00121-00.

Adicionalmente, consideró que no se cumplió con el requisito de la relevancia
constitucional dado que los argumentos planteados por la accionante no versan
sobre el alcance, la aplicación o desarrollo de un derecho fundamental, sino sobre
una inconformidad con la decisión judicial cuestionada.

Por último, señaló que la parte accionante no aportó el material probatorio
suficiente que demostrara la tesis planteada por su apoderado.

2.4.2. No se rindieron más informes.
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2.4. Sentencia impugnada

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia del 26 de septiembre de 2024, señaló que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de subsidiariedad debido a que el medio de control de
nulidad con radicado 11001-03-24-000-2022-00121-00 se encontraba en trámite.

Por lo tanto, el pronunciarse respecto del fondo del proceso generaría un
paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y
el juez de tutela, lo cual no es permitido por el sistema jurídico.

2.5. Impugnación

La parte accionante, luego de insistir en los argumentos del escrito de tutela,
señaló que el asunto reviste relevancia constitucional, ya que versa sobre el
derecho fundamental al debido proceso y «los derechos de género en relación al
derecho a vivir una vida libre de violencia sexual1», los cuales deben ser
analizados bajo un enfoque de género.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
establecer si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la
igualdad, al proferir el auto del 6 de junio de 2024 dentro del medio de control de
nulidad con radicado 11001-03-24-000-2022-00121-00.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de

1
Folio 25 del aplicativo SAMAI.
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otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4. El requisito de subsidiariedad

El inciso 3. ° del artículo 86 de la Constitución Política estableció como causal de
procedibilidad de la acción de tutela que «el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1. ° del artículo 6. °
del Decreto 2591 de 1991.
5

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En esa misma línea, la Corte Constitucional2 ha señalado que, cuando la acción
de tutela controvierte decisiones judiciales proferidas dentro de un proceso que
se encuentra en curso, la intervención del juez constitucional está vedada, pues
dicha acción, no se constituye como un mecanismo alternativo para resolver
problemas jurídicos que deben ser analizados al interior del trámite procesal
respectivo.

Asimismo, en la sentencia SU-695 de 12 de noviembre de 2015, se destacó que:

(…)
«[L]a acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto
está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los
medios de defensa previstos en el ordenamiento. No obstante, la
protección de derechos fundamentales a través de la acción de tutela
permite la intervención del juez constitucional siempre que se demuestre
que no existe otro medio de defensa judicial o que se pretende evitar un
perjuicio irremediable».

En ese orden de ideas, se advierte que la acción de tutela debe cumplir con el
requisito de subsidiariedad, el cual consiste en agotar previamente todos los
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se logre
demostrar un perjuicio irremediable. De lo contrario, el juez natural ostenta plena
autonomía e independencia en el trámite del proceso, lo cual presupone que en
el evento en que el juez de tutela decida inmiscuirse en el asunto, desbordaría
su competencia, contrariando la ley y la jurisprudencia adoptada por esta
Corporación.

Ahora bien, cuando se trata de la acción de tutela contra las decisiones judiciales
por medio de las cuales se adopta la medida de suspensión provisional de los
actos administrativos, la Corte Constitucional ha afirmado la improcedencia de
este mecanismo, salvo que exista la necesidad de evitar un perjuicio irremediable
en los siguientes términos:

«[E]s una decisión provisional que surte efectos mientras el proceso
ordinario llega a su final. Solo la necesidad urgente de evitar la
materialización de un perjuicio irremediable habilitaría la procedencia de
la acción de tutela en casos como el que ahora revisa la Sala, pues en
principio, es el juez ordinario a quien corresponde resolver el fondo del
asunto»3.

3.5. Análisis del caso concreto

En el caso concreto, se observa que la señora Alejandra Milena Fuertes
Chamorro dirige la inconformidad que motiva la presentación de la acción de

2
Corte Constitucional, sentencia T – 113 del 8 de marzo de 2013, magistrado ponente: Luis
Ernesto Vargas Silva.
3
Corte Constitucional, sentencia T – 264 de 27 de julio de 2020, magistrada ponente: Diana
Fajardo Rivera.
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tutela contra el auto que decretó la medida cautelar de suspensión provisional de
los actos administrativos mediante los cuales se le otorgó el título profesional de
derecho.

De acuerdo con la jurisprudencia citada en precedencia, esta Sala concluye que la
acción de tutela no procede contra la decisión judicial del 6 de junio de 2024 que
decretó la suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados, pues
no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable o la grave amenaza de sus
derechos fundamentales ya que la parte accionante no allegó elemento de
convicción alguno encaminado a demostrar tal situación.

Ahora bien, incluso si de forma hipotética se considerara que hay una grave
amenaza a un derecho fundamental, habría lugar a declarar la carencia actual de
objeto por hecho sobreviniente, ya que la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la sentencia del 31 de octubre de 2024, declaró la nulidad de
los actos administrativos a través de los cuales le fue otorgado el título a la señora
Fuertes Chamorro. En ese orden de ideas, una orden de amparo carecería de
efecto puesto que el juez natural de la causa ya solucionó de fondo la
controversia, y habría lugar a declarar que se presentó un hecho sobreviniente.

Debe recordarse entonces, que la subsidiariedad que caracteriza a la acción de
tutela le impide al juez constitucional inmiscuirse en el trámite de un proceso
adoptando decisiones o modificando las ya existentes en el curso de este, cuando
no se adviertan conductas que atenten contra los derechos de los extremos de
la litis, pues lo contrario vulneraría los principios de autonomía e independencia
de las funciones consagradas en los artículos 228 y 230 superiores.

En ese sentido, la acción de referencia no cumple con la exigencia de
subsidiariedad en la presentación del mecanismo constitucional contra
providencia judicial, pues a la fecha de presentación de la misma, el juez natural
se encontraba analizando las circunstancias particulares del medio de control de
nulidad con la finalidad de proferir la respectiva decisión judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la providencia del 26 de septiembre de 2024, que declaró
improcedente la acción de tutela por los motivos expuestos en el presente
proveído.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04675-01
Accionante: Alejandra Milena Fuertes Chamorro

Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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