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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04681-01

Fecha
26 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04681-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante la cual declaró improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de tutela presentada por Ernesto Galvis Gómez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01 Demandante: Ernesto Galvis Gómez Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04681-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Cosa juzgada
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Ernesto Galvis Gómez, en contra de la
sentencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Ernesto Galvis Gómez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 12 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en el medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 11001-33-36-033-2012-00119-00/01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo se refirió lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil2, con la finalidad de
que se le declarara responsable de los perjuicios ocasionados por la omisión,
actuación u operación administrativa en la suspensión de las actividades de vuelo
como piloto instructor de aeronaves antonov-AN26.

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_DemandaObtenerArchiv(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante UAEAC.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

2.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 2 de diciembre de 2013 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó la existencia de una falla en el servicio, por lo que no
podía deducirse la existencia de un nexo causal entre el daño alegado y la
irregularidad atribuida a la entidad demandada. En contra de esta decisión interpuso
recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en sentencia del 12 de mayo de 2016 confirmó la decisión del a quo al considerar que
el inspector del vuelo de comprobación cumplía con los requisitos de competencia
exigidos por la UAEAC para realizar dicha inspección. Así mismo, se determinó que
las causas de terminación del contrato de Ernesto Galvis Gómez no tenían relación
con el contenido del documento 51012022010027195 elaborado por el inspector. En
contra de esta decisión presentó recurso extraordinario de revisión.

2.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 27 de
agosto de 2021 declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

2.5. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico por ausencia de valoración de los reglamentos aeronáuticos y la
guía del inspector de operaciones, en relación con los requisitos de competencia que
debían ser observados para cumplir la asignación de un inspector de operaciones de
vuelo de la UAEAC.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Que en estricto cumplimiento del Art.29 de la C.P., se resuelva el litigio de forma
que lo dispone el estado de derecho, se valore el acervo probatorio presentado
oportunamente con la demanda, de reparación directa conforme se le solicitó al juez en el
memorial que obra a (fl-101 a 104-c1), para determinar la falta de competencia del inspector
asignado y el daño antijuridico.

2. Que se resuelva el tema conceto objeto del litigio “la falta de competencia del inspector
asignado capitán Luis Eduardo Caicedo”, en la forma que lo disponen las normas
superiores consagradas por los Art. 230°, 123° y 29° de la C.P. en estricto cumplimiento
de los reglamentos Aeronáuticos, “guía del inspector de operaciones” y considerando las
pruebas pertinentes y que nunca han sido objeto de valoración, las cuales permiten
demostrar a la luz de los Reglamentos Aeronáuticos, que el inspector asignado presentaba
para la fecha de los hechos, sus licencias de piloto legalmente INHABILITADAS desde el
año 2007.

3. Que se cumpla con el precedente horizontal del consejo de estado en el que ha
puntualizado lo que debe entenderse como daño antijurídico, frente a la responsabilidad
civil extracontractual del estado, donde se refiere a todo aquello derivado de la actividad o
inactividad de la administración pública “no sea soportable”.

4. Que se aplique en el presente caso, las disposiciones consagradas por el Art 6° de la
C.P., Considerando de manera muy especial, que los administrados no tenemos ningún

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

deber jurídico de soportar las cargas generadas por los errores y las omisiones de la
UAEAC, tampoco de los servidores públicos encargados de la administración de justicia
[…]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Tercera3 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó que se negara la
petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el demandante.

5. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil4 solicitó que se
declarara improcedente la petición de amparo por temeridad, ya que correspondió a
la undécima tutela interpuesta sobre los mismos hechos, asuntos, materia, presuntos
derechos vulnerados y pretensiones. La última solicitud relacionada con este asunto
se tramitó bajo el radicado 11001031500020240327000, conocida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que, con sentencia del 24 de julio de
2024, también se rechazó por temeridad.

5.1. Por los similares hechos y desacuerdos relacionados con el proceso 2012-
00119, el demandante presentó quejas ante la Procuraduría General de la Nación, las
cuales concluyeron en archivo definitivo.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C5 solicitó que se
previniera a Eduardo Galvis Gómez para que se abstuviera de presentar tutelas
similares, comoquiera que ya se había declarado la temeridad de sus actuaciones.

6.1. El 14 de febrero de 2023 interpuso petición de amparo en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia del 12 de mayo de 2016,
en el que se negaron sus pretensiones en el proceso de reparación directa 11001-33-
36-033-2012-00119-00/01. También cuestionó el fallo del 27 de agosto de 2021,
mediante el cual la Sección Tercera, Subsección A de la corporación rechazó el
recurso extraordinario de revisión, así como el auto del 29 de abril de 2022, que aprobó
la liquidación de costas. Asunto finalizado con la declaratoria de temeridad.

6.2. Aunque alegó un supuesto fraude por omisiones del Consejo de Estado por no
corregir errores del juez de primera instancia, ni sus afirmaciones ni las pruebas
presentadas demostraron tal circunstancia, para justificar la procedencia del amparo.
Además, ha utilizado de forma reiterada la tutela para impugnar la referida sentencia

3 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «26_MemorialWeb_Respuesta-
ContestaTutela202404(.pdf) NroActua 16».
4 Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado «35_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

PTOATERNESTOGALVI(.pdf) NroActua 19».
5 Ver índice 20 de Samai. Archivo denominado «45RECIBEMEMORIAL_20240468100Intervenc(.pdf)

NroActua 20».

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

ordinaria y la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión, a pesar de
existir pronunciamientos que declararon la cosa juzgada constitucional y su actuar
como temerario.

6.3. Si en gracia de discusión se pretendiera abrir algún debate adicional más allá
de la procedencia de la tutela contra tutela, era necesario tener en cuenta que tampoco
se puede entender que la presente solicitud de amparo hubiera cumplido con el
requisito de procedibilidad de inmediatez, pues, la sentencia de segunda instancia fue
notificada el 27 de noviembre de 2023, y la demanda actual se radicó el 12 de agosto
de 2024.

7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B6 precisó que profirió
la sentencia de primera instancia del 24 de julio de 2024, en el radicado 11001-03-15-
000-2024-03270-00. Decisión que junto al expediente digital contienen los elementos
suficientes para que el juez de tutela adoptara la decisión correspondiente.

8. El demandante7 presentó oposición frente a los informes presentados por las
entidades vinculadas, pues no es cierto que se configurara la temeridad en su actuar,
comoquiera que pese a que previamente ya había denunciado los hechos y las
pruebas que relacionó, lo cierto es que estos no fueron fundamento para decidir las
tutelas anteriores. Además, continuó la configuración de los defectos sustantivo y
fáctico en las decisiones del proceso de reparación directa y del recurso extraordinario
de revisión.

8.1. Posteriormente8, manifestó que «la doctora Luz Marina Montoya consiguió que el
juez se apartara del principio de congruencia con el tema concreto del litigio […] como
consecuencia del engaño, el juez no valoro el acervo probatorio pertinente, anclo el estudio
del litigio en la supuesta falta de competencia del actor y dejando de lado el tema de discusión
preponderante cronológicamente en su orden de estudio “la falta de competencia del inspector
asignado” capitán Luis Eduardo Caicedo» (sic).

9. Claudia Elmira Fajardo Gracia9 precisó que fungió como tercera interesada
en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-033-2012-00119 00/01, por
cuanto se vio afectada directamente por la suspensión arbitraria de los salarios del
capitán Ernesto Galvis, quien era su esposo y padre de sus hijos.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y los demás terceros con
interés guardaron silencio.

6
Ver índice 21 de Samai. Archivo denominado «48CONTESTACIONDE_Informedetutela20240(.pdf)
NroActua 21».
7
Ver índice 23 de Samai. Archivo denominado «50RECIBEMEMORIAL_20240925093741pdf(.pdf)
NroActua 23».
8
Ver índice 39 de Samai. Archivo denominado «68_MemorialWeb_Respuesta-20241116110144(.pdf)
NroActua 39».
9
Ver índice 31 de Samai. Archivo denominado
«62RECIBEMEMORIAL_INFORMECLAUDIAELMIRA(.pdf) NroActua 31».

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

1.3 . Sentencia de primera instancia10

11. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 25 de
abril de 2025 declaró improcedente el amparo solicitado, por encontrarse acreditada
la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los cargos formulados contra
las providencias proferidas el 2 de diciembre de 2013 y el 12 de mayo de 2016 por el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

11.1. Rechazó por temeridad la solicitud y exhortó al demandante para que, en lo
sucesivo, se abstuviera de presentar nuevas solicitudes de amparo sin justificación
por los mismos hechos y argumentos, so pena de la imposición de medidas
sancionatorias.

11.2. Lo anterior, por cuanto el demandante ha presentado diversas tutelas por
idénticos hechos, tales como las tramitadas bajo los radicados 11001-03-15-000-
2016-01711-00/01, 11001-03-15-000-2016-03303-00/01, 11001-03-15-000-2024-
00895-00/01 y 11001-03-15-000-2024-00791-01.

1.4. Escrito de impugnación11

12. Ernesto Galvis Gómez impugnó la sentencia de primera instancia, donde refirió
que, el evidente fraude contenido en las sentencias del proceso ordinario no le permitió
al Consejo de Estado identificar los múltiples defectos que las anulan, denunciado en
las recurrentes tutelas instauradas.

12.1. No se configuró la cosa juzgada constitucional ni una temeridad, pues lo que
existió fue una vulneración de derechos fundamentales por parte la Aerocivil, y por las
autoridades judiciales que fallaron el proceso ordinario de reparación directa.

12.2. El fraude en la sentencia de primera instancia del proceso ordinario se
evidenció al compararlo con el litigio planteado, las pruebas y el marco jurídico.
Respecto de la inmediatez, su actuación ha sido oportuna, pues, desde 2015 presentó
varias tutelas similares ante la falta de valoración probatoria, sin que se haya resuelto
el fondo del asunto.

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en

10 Ver índice 57 de Samai. Archivo denominado «86Sentencia_FALLO20240468100pdf(.pdf) NroActua

57».
11 Ver índice 64 de Samai. Archivo denominado «93RECIBEMEMORIAL_impugnacionpdf(.pdf)

NroActua 64».

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra actos
administrativos; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200012 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 13, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema15. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo16 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala

12 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
13 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede
presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

18. Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos18,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales 19.

20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

21. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Ernesto Galvis Gómez configura cosa juzgada o comporta una
actuación temeraria al haber acudido ante el juez constitucional en oportunidades
anteriores, presuntamente, bajo idénticos supuestos de hecho y causa petendi?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. La cosa juzgada en la solicitud de tutela y la actuación temeraria

22. En cuanto a la cosa juzgada, recuérdese que «es una institución jurídico procesal
mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se

17 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica»20.

23. La solicitud de tutela como mecanismo preferencial, idóneo y efectivo para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales, se caracteriza por ser un
procedimiento sumario, garante del debido proceso, cuya instancia final corresponde
a la Corte Constitucional ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en
todo caso, les imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada
constitucional.

24. La Corte Constitucional en sentencia T-089 de 201921, respecto de la cosa
juzgada consideró:

«[…] Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad
mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la
configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar a las
autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito a cosa juzgada, en el evento
en que esta Corporación se pronuncia sobre una determinada acción de tutela ya sea
mediante fallo o a través del auto de selección que notifica la no selección de la misma. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia22. La
figura de cosa juzgada constitucional prohíbe “(…) que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocería la seguridad jurídica que
brinda este principio de cierre del sistema jurídico”23.

Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional deberá
hacer un análisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar
si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de amparo y que
habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento.

Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que “los efectos jurídicos de las sentencias, en
virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y
coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no
resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”24. […]».

25. En concordancia con lo anterior, se tiene que el uso de la solicitud de tutela
debe ser racionalizado y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez
constitucional, éste no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos supuestos
y con idénticas pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello implicaría el
quebrantamiento del principio de la cosa juzgada constitucional e, inclusive, se podría
incurrir en un actuación temeraria, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de
1992 que regula:

20 C-100 de 2019
21 MP. Alberto Rojas Ríos.
22 Artículo 243 de la Constitución Política de Colombia: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del

control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
23 Sentencia T-001 de 2016.
24 Sentencia C-622 de 2007.

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al
menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]».

26. Como se observa, al presentarse dos o más solicitudes de amparo bajo
supuestos similares deberán ser rechazadas o decididas desfavorablemente; sin
embargo, hay que tener en cuenta que para que se configure una actuación temeraria,
además, deben concurrir los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional, tales como:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con
infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela
se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en
su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado
judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes
legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio
simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan
de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción
de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental. (iv) Por
último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres
(3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]»25

27. Es decir, los jueces de tutela deben verificar de manera rigurosa los citados
requisitos a partir de la presunción de buena fe del demandante, pues no es suficiente
con el cumplimiento formal de estos, sino que se hace necesario examinar las razones
por las cuales se interponen las demandas y evaluar si los motivos están plenamente
justificados, para determinar la existencia o no de una actuación temeraria.

2.4.2. Sobre el caso concreto

28. De acuerdo con lo analizado por la Sala, existe la solicitud de tutela identificada
con el radicado 11001-03-15-000-2016-01711-00, la cual presuntamente se
fundamentó bajo supuestos fácticos, jurídicos y probatorios similares a los traídos en
esta oportunidad.

29. Para mayor claridad del asunto, al revisar ambos asuntos constitucionales se
tiene que:

25 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 2011 M.P. Dr. Jorge Ivan Palacio Palacio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Radicado 11001-03-15-000-2016-01711-0026 11001031500020240468101

Partes Demandante: Ernesto Galvis Gómez Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Demandados: Tribunal Administrativo Demandados: Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y Juzgado Treinta y Subsección A y Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá Judicial de Bogotá
Causa Se alegó la vulneración de los Se alegó la vulneración de los
petendi derechos fundamentales al debido derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración proceso y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las de justicia, con ocasión de las
sentencias proferidas el 2 de sentencias proferidas el 2 de
diciembre de 2013 y 12 de mayo de diciembre de 2013 y 12 de mayo de
2016 por el Juzgado Treinta y Tres 2016 por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en el medio de control Subsección A, en el medio de control
de reparación directa identificado con de reparación directa identificado con
el radicado 11001-33-36-033-2012- el radicado 11001-33-36-033-2012-
00119-00/01. 00119-00/01.
Objeto Lograr el amparo de los derechos Lograr el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, como fundamentales invocados y, como
consecuencia, se dejará sin efectos consecuencia, se dejará sin efectos
las sentencias proferidas el 2 de las sentencias proferidas el 2 de
diciembre de 2013 y 12 de mayo de diciembre de 2013 y 12 de mayo de
2016 por el Juzgado Treinta y Tres 2016 por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, en el medio de control Subsección A, en el medio de control
de reparación directa identificado con de reparación directa identificado con
el radicado 11001-33-36-033-2012- el radicado 11001-33-36-033-2012-
00119-00/01, y, en su lugar, se 00119-00/01, y, en su lugar, se
profiriera una decisión en atención al profiriera una decisión en atención al
materia probatorio allegado al materia probatorio allegado al
plenario. plenario.

30. A juicio de la Sala, es evidente la existencia de identidad de partes, causa
petendi y objeto, configurándose cosa juzgada en la solicitud de tutela bajo estudio;
no obstante, no por esto puede hablarse de la existencia de una actuación temeraria,
pues, para ello, se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la
administración de justicia, por parte del demandante.

26 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado
«28RECIBEMEMORIAL_11001333603320120011(.zip) NroActua 16», 04CuadernoRevisión, 02 Parte
2, páginas 237 y siguientes

10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

31. Al respecto, si bien Ernesto Galvis Gómez presentó, nuevamente una solicitud
de amparo idéntica a la identificada con el radicado 11001031500020160171100, la
cual fue desatada de manera desfavorable mediante sentencia proferida el 30 de
agosto de 2016 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, lo cierto es que su
actuación no da lugar a imponer una sanción, pues, de acuerdo con sus condiciones
personales y el contenido del amparo pretendido, es clara su ausencia de
conocimientos en técnica jurídica.

32. Sin embargo, no sobra advertir que de conformidad con el material probatorio
allegado es claro que ha presentado de manera reiterativa solicitudes de amparo con
la misma finalidad, frente a lo cual se le reitera que, al existir un pronunciamiento
previo, no es posible reabrir la discusión jurídica. Máxime, cuando las sentencias
enjuiciadas datan de los años 2013 y 2016, por lo cual es claro que tampoco
superarían el requisito general de la inmediatez.

33. Ahora, frente al confuso escrito de impugnación, se le aclara que, pese a que
manifestó su descontento con lo decidido por las diferentes secciones de la
corporación en los trámite constitucionales previos, lo cierto es que, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la procedibilidad de la tutela
contra decisiones judiciales emitidas en trámites similares, la solicitud de amparo
invocada en esta oportunidad es improcedente, pues, de acuerdo con las pruebas
allegadas al expediente y los propios argumentos de la parte demandante, es claro
que los pronunciamientos constitucionales cuestionados no fueron producto de un
fraude. Diferentes es, el claro inconformismo con las decisiones de negar y rechazar
la protección de sus derechos fundamentales.

3. Conclusión

34. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente, por existir cosa juzgada, la solicitud de tutela presentada por Ernesto
Galvis Gómez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante la cual declaró improcedente, por
existir cosa juzgada, la solicitud de tutela presentada por Ernesto Galvis Gómez contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-01
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

12

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