Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04682-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04682-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04682-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04682-00
Demandante: José Javier López Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04682-00
Demandante JOSÉ JAVIER LÓPEZ CASTILLO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela. Solicitud judicial. Persona de la tercera edad.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor José Javier López Castillo de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de septiembre de 20241, el señor José Javier López Castillo interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
despacho del magistrado Oscar Alfonso Valero Nisimblat, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales con ocasión a la ausencia de respuesta a la solicitud
que presentó el 19 de febrero de 2024, dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Solicito a su Señoría se sirva adoptar medidas que tiendan a evitar dilaciones en el trámite
legal para la respuesta y expedición de los documentos solicitados, más aún en eventos como
el presente en que se evidencia una carente diligencia por parte de una entidad de naturaleza
pública, como lo es la RAMA JUDICIAL, así.
PRIMERO: TUTELAR mi derecho fundamental de petición que está siendo vulnerado por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA, que en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas,
proceda a responder el derecho de petición radicado desde el 19 de febrero de 2024 de
manera clara y concreta, aportando los documentos que respalden sus afirmaciones.”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor José Javier López Castillo en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho presentó demanda contra el Departamento del
1 Samai, índice 2.
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Demandante: José Javier López Castillo
Valle del Cauca, Secretaría de Educación Departamental, con la finalidad de
que se declarara la nulidad de la resolución mediante la cual se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, en calidad de
compañero permanente de la señora Olga Lucía Bueno Sánchez.
2.2. El mencionado proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Cartago bajo el radicado Nro. 76147-33-33-001-2015-
00792-00, el cual mediante sentencia del 28 de junio de 2019 accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
“1°. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 2859 del 22 de junio de 2015, por medio de
la cual el Departamento del Valle del Cauca, negó el reconocimiento y pago de pensión
post mortem de sobrevivientes al señor José Javier López Castillo, en calidad de
compañero de la causante Olga Lucía Bueno Sánchez.
2°. DECLARAR la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 26 de
noviembre de 2010, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.
3°. ORDENAR, Como consecuencia de la anteriores declaraciones, a la entidad demandada,
es decir al Departamento del Valle del Cauca, reconocer y pagar, pensión de post mortem
de sobrevivientes al señor José Javier López Castillo, […] en calidad de compañero de la
señora Olga Lucía Bueno Sánchez, […] El referido pago se deberá realizar y ajustar
anualmente, haciéndola efectiva a partir del 26 de noviembre de 2010. La condena se
extiende a los reajustes anuales de ley, teniendo en cuenta la cuantía, y a la indexación
de los valores resultantes. La entidad demandada podrá efectuar los descuentos por
aportes a que haya lugar sobre la mencionada pensión.
4°. A la presente sentencia se le deberá dar cumplimiento en los términos y plazos
establecidos en el artículo 192 del CPACA.
5°. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas. […]”
2.3. Contra el fallo de primera instancia el Departamento del Valle del Cauca,
Secretaría de Educación Departamental presentó recurso de apelación
correspondiéndole su conocimiento al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, despacho del magistrado Oscar Alfonso Valero Nisimblat. Este
proceso ingresó para fallo el 5 de octubre de 2020.
2.4. El 28 de octubre de 2020, mediante correo electrónico, la parte actora solicitó
ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca se ejerciera
vigilancia judicial administrativa de conformidad con el numeral 5° del Acuerdo
PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 sobre el referido proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, sin obtener respuesta alguna.
2.5. El 23 de abril de 2021, la parte demandante presentó memorial de impulso
procesal. Señaló que a la fecha de radicación de esta acción no se ha resuelto
esa solicitud, ni la autoridad judicial ha dictado sentencia de segunda instancia.
2.6. El 19 de febrero de 2024, el señor José Javier López Castillo radicó una
solicitud en el proceso Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-01, a través de la
plataforma Samai, pidiendo que se le informara el turno en el que se
encontraba su proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para proferir
sentencia de segunda instancia. Sin embargo, manifestó que han transcurrido
más de seis meses sin obtener respuesta.
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Demandante: José Javier López Castillo
3. Fundamentos de la acción
El señor José Javier López Castillo consideró que la autoridad judicial demandada
vulneró su derecho fundamental de petición, con ocasión a la ausencia de respuesta
a la solicitud que presentó el 19 de febrero de 2024, en donde pedía se le informara
en qué turno para fallo se encuentra el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-01.
El accionante indicó que es una persona de 73 años que ha esperado casi 10 años
por el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, tiempo durante el cual ha
presentado diversas afecciones de salud, entre ellas algunas generadas por su
servicio como bombero voluntario. Indicó que la casa en donde vive se encuentra
deteriorada, pero que no ha podido realizar los arreglos pertinentes dado que sus
ingresos apenas le permiten sostener sus gastos mensuales y no cuenta con ayuda
de sus hijos o familiares. Y añadió que tampoco tiene los requisitos para acceder a
la pensión de vejez.
Como fundamento de su acción mencionó que la inmediatez no puede ser tenida
como un requisito de procedibilidad estricto cuando la vulneración del derecho
fundamental subsiste en el tiempo y citó los artículos 23 y 86 de la Constitución
Política para señalar que el derecho de petición está integrado por: (i) la prerrogativa
de formular solicitudes, (ii) el derecho a obtener una respuesta material, clara,
congruente, (iii) que la decisión de fondo sea proferida y notificada dentro del
término legalmente previsto.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 6 de septiembre de 20242, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor José Javier López Castillo contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca; se ordenó vincular en calidad de terceros
al Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación y al Juzgado
Primero Administrativo de Cartago; se solicitó informe sobre el trámite que se
le dio a las peticiones radicadas por la parte demandante en el proceso Nro.
76147-33-33-001-2015-00792-01; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.
4.2. El Departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Educación
Departamental3 explicó que no se encuentra legitimado por pasiva para
actuar en la presente litis, toda vez que desconoce los hechos y reclamaciones
invocadas por la parte actora, y señaló que los cuestionamientos recaen en el
juez natural que conoce actualmente del medio de control. Finalmente pidió
que se declarara la improcedencia de esta acción.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 rindió informe en el que
manifestó que el proceso Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-01 fue repartido
en segunda instancia el 4 de noviembre de 2019; que el 20 de enero de 2020
se dictó el auto que admitió el recurso de apelación y corrió traslado para
alegar de conclusión, providencia que fue notificada ese mismo día; y el 5 de
octubre de 2020 el expediente pasó al despacho para fallo.
2 Samai, índice 5.
3 Samai, índice 9.
4 Samai, índice 10.
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Precisó que si bien transcurrieron varios meses entre la finalización del término
para alegar de conclusión y la fecha en que pasó al despacho, esa situación
obedeció a la suspensión de términos judiciales por pandemia y a la
congestión que afectó a los despachos que tenían que atender otros asuntos
durante esa contingencia como los controles inmediatos de legalidad.
Señaló que, si bien el accionante mencionó su edad y situación económica,
esas circunstancias no han sido ventiladas dentro del proceso ordinario, por lo
que ese despacho no ha tenido la oportunidad de analizar la procedencia de
prelación de fallo, conforme a lo establecido en el artículo 63ª de la Ley 270 de
1996.
Finalmente, aclaró que la solicitud radicada por el demandante el 19 de febrero
de 2024 a través del aplicativo Samai, no fue enviada por la Secretaría de este
Tribunal al correo electrónico del despacho, por lo que desconocía que se
había radicado el memorial en cuestión a pesar de que el expediente se
encontraba para fallo, pues señaló que el despacho no tiene manejo de los
escritos radicados a través de Samai. Sin embargo, con ocasión a la
interposición de esta tutela se dispuso a brindar una respuesta indicando el
estado actual del proceso ordinario, para ello adjuntó copia de ese documento
y del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.4. El Juzgado Primero Administrativo de Cartago Valle del Cauca5 indicó que
ese juzgado dictó la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-00 el 28 de
junio de 2019, en donde se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, la cual fue impugnada por la parte demandante, sin que a la fecha
el expediente haya regresado a ese juzgado.
Y dijo que las acciones solicitadas en esta acción de tutela hacen referencia a
gestiones que le corresponden al Tribunal, por lo que ese juzgado no vulneró
los derechos del accionante.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas, salvo cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
5 Samai, índice 11 y 12.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos y las pretensiones de la acción de
tutela, corresponde a la Sala establecer si operó la figura de la carencia actual de
objeto por hecho superado, debido a que, en el trámite de la acción de tutela, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho del magistrado Oscar Alfonso
Valero Nisimblat adelantó gestiones tendientes a garantizar los derechos
fundamentales del señor José Javier López Castillo, quien había manifestado la
ausencia de respuesta a la solicitud que presentó el 19 de febrero de 2024, dentro
del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 76147-33-33-
001-2015-00792-01.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado7; (ii) daño consumado8 y (iii)
situación sobreviniente9. Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte
Constitucional en Sentencia T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez
de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el
fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el
fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que
pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la
accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración iusfundamental
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos
en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y
es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que
no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, sea
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-
624 de 2016 T-021 de 2017.
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-
158 de 2017.
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porque el actor mismo asumió una carga que no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación,
perdió interés en el resultado de la litis.” (Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la entidad demandada adelantó las acciones tendientes
a cesar la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de
materia hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr
el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración
de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento,
así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”.
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones”.
4. Caso concreto
4.1. Se tiene que, en el escrito de tutela el señor José Javier López Castillo afirmó
haber presentado el 19 de febrero de 2024 una solicitud al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, pidiendo que se le informara en qué turno
para fallo se encontraba el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Nro. 76147-33-33-001-2015-00792-01, en el que actúa como demandante.
Añadió que es una persona de 73 años que ha esperado casi 10 años por el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, tiempo durante el cual ha
presentado diversas afecciones de salud, entre ellas algunas generadas por
su servicio como bombero voluntario.
Finalmente indicó que han transcurrido más de seis meses desde la
presentación de su solicitud sin que la autoridad judicial haya dado respuesta
alguna.
4.2. De la revisión del expediente, de los anexos allegados junto con el escrito de
tutela y de las contestaciones, se tiene que el señor José Javier López Castillo
remitió el 19 de febrero de 2024 a las 11:30:1310, a través de la ventanilla virtual
de Samai “[…] la solicitud No. 364409 […] donde solicitó: DERECHO DE PETICION
CONSTANCIA DE ENVIO DE MEMORIAL A DEMAS SUJETOS PROCESALES” (sic
a toda la cita), en el referenciado índice se advierten dos documentos, el
primero, contiene una captura de pantalla que da cuenta de una comunicación
que se envió desde el correo electrónico: suderechocartagov@gmail.com para un
usuario llamado “njudiciales” en donde se le adjunta copia del oficio que se
envió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y el segundo, es un
documento que contiene la solicitud del señor José Javier López Castillo en
donde pedía: “[…] respetuosamente solicito me sea informado en qué turno se
encuentra el proceso a despacho para Sentencia.”, como se observa a
continuación (captura de pantalla del memorial presentado):
10 Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 15. Expediente Nro. 76147-33-33-001-2015-
00792-01.
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Demandante: José Javier López Castillo
La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 19 de
febrero de 2024 a las 14:54:1111, pasó al despacho el memorial que envió el
demandante (índice 15 de Samai), dejando como anotación en la actuación:
“MEMORIALES AL DESPACHO”.
4.3. Ahora bien, la Sala pasa a establecer si las acciones u omisiones del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconocieron los derechos fundamentales
del señor José Javier López Castillo.
Si bien el accionante consideró vulnerado sus derechos con ocasión a la
ausencia de respuesta a la solicitud que presentó el 19 de febrero de 2024,
dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Nro.
76147-33-33-001-2015-00792-00, lo cierto es que en la contestación dada por el
magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se puso de
presente que el 9 de septiembre de 2024, se dio respuesta a la misma desde
el correo electrónico: ovaleron@cendoj.ramajudicial.gov.co indicándole que el
turno en el que se encuentra para fallo el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho es el Nro. 147, esa comunicación fue enviada a las siguientes dos
direcciones electrónicas: grupojuridicomejiacastro@hotmail.com, y
suderechocartagov@gmail.com, así:
11 Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, índice 16. Expediente Nro. 76147-33-33-001-2015-
00792-01.
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En este sentido, dado que la solicitud presentada por el señor López Castillo
ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue atendida durante el
trámite de esta acción, en la que se le dio respuesta a lo pedido, y que de esta
comunicación actualmente ya tiene conocimiento el actor; carece de objeto
emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que la solicitud de amparo
perdió cualquier motivo que la justifique.
4.4. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que “a
pesar de que el actor hace mención en el escrito de tutela sobre su edad y situación
económica actual; tal situación no ha sido ventilada dentro del mismo, y por ende, el
Despacho no ha tenido la oportunidad de analizar la procedencia de aplicar una
prelación para fallo”, circunstancias que esta Sala no pasa por alto, pues se
acreditó con la copia de la cédula de ciudadanía que aportó con el escrito de
tutela, que el señor José Javier López Castillo es un adulto mayor12 de 73 años
y unos meses, sumado a que lo discutido en el proceso ordinario Nro. 76147-
33-33-001-2015-00792-00/01 gira en torno a cuestionar la resolución mediante
la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
Por lo que, se le recuerda al accionante que de estimarlo procedente y porque
su situación se enmarque en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 16 de la Ley 1285 de 2009, puede solicitar
ante el juez natural que se estudie la posible prelación de su proceso en el
turno para fallo.
5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, ya que a la fecha no existe vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de la parte accionante, respecto del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, pues esta autoridad realizó las gestiones necesarias frente a la solicitud
del 19 de febrero de 2024.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con
las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor José Javier
López Castillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-067 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “[…] La vida probable
resulta ser, entonces, un factor determinante cuando se trata de tomar una pronta decisión, en relación con
una prestación como la pensión de sobrevivientes, que como su nombre lo indica, está necesariamente
conectada con la vida que le resta a las personas de la tercera edad que deben recibirla prontamente antes
de que su existencia se agote, sin necesidad de esperar que los jueces ordinarios o los tribunales
contencioso-administrativos decidan el caso concreto, muchos años más tarde, cuando, se presume, el
interesado puede haber fallecido.”
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Demandante: José Javier López Castillo
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
9
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