Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04684-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04684-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04684-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: ALIX JOHANNA CAICEDO VÉLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN PRIMERA - SUBSECCIÓN B
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL– Se
declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Alix Johanna Caicedo
Vélez contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Alix Johanna Caicedo Vélez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de
febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con el número de radicación 25000-23-41-000-
2023-01029-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
2.1. Relatóque presentó el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con el número de radicación 25000-23-41-000-2023-01029-00,
contra la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de
Colombia - Aerocivil “[…] por la vulneración y afectación a los derechos colectivos al
medio ambiente sano y la protección de las áreas de especial importancia ecológica,
así como al derecho colectivo al correcto ordenamiento territorial y la moralidad
administrativa, afectados por el funcionamiento sin los instrumentos ambientales
correspondientes del Aeropuerto Flaminio Suárez Camacho de Guaymaral,
consagrados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 […]”.
2.2. Refirió que el asunto le correspondió a la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial, que mediante auto de
29 de agosto de 2023 inadmitió la demanda.
2.3. Señaló que subsanó la demanda, a través de escrito de 4 de septiembre de
2023, pero que mediante providencia de 29 de febrero de 2024 el Tribunal
accionado dispuso rechazar la demanda, en razón a que: i) “[…] no existe suficiente
claridad en cuanto a las acciones u omisiones en las que estarían incurriendo las
accionadas Aerocivil y la CAR, que estarían generando una presunta amenaza,
vulneración o agravio a los derechos […] colectivos cuya protección depreca,
aspecto fundamental para que el proceso pueda desarrollarse en debida forma […]”;
ii) no se cumplió con el requisito del artículo 144 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20111; y iii) las pretensiones presentadas con la demanda no fueron adecuadas.
2.4. Manifestó que, con ocasión del rechazo de la demanda, requirió a la autoridad
ambiental “[…] para que precisara si el aeropuerto tenía instrumento ambiental
aprobado, ante lo cual mediante oficio radicado No. 01242002855 de fecha 29-04-
2024, la Corporación Autónoma de Cundinamarca manifestó que el Aeropuerto
Flaminio Suarez [sic] Camacho de Guaymaral, no tiene ni ha tenido plan de manejo
ambiental […]”.
2.5. Sostuvo que lo que se busca con el medio de control que rechazó el Tribunal de
Cundinamarca era “[…] evitar la vulneración y afectación a los derechos colectivos
al medio ambiente sano y la protección de las áreas de especial importancia
ecológica, así como al derecho colectivo al correcto ordenamiento territorial y la
moralidad administrativa, afectados por el funcionamiento del Aeropuerto Flaminio
Suárez Camacho de Guaymaral, sin los correspondientes instrumentos ambientales
que garanticen la no afectación de los recursos naturales […]”.
2.6. Finalmente, indicó que con la decisión de 29 de febrero del presente año se
vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo y
procedimental, porque la decisión se tomó con base en un análisis e interpretación
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
restrictiva y errada de la acción popular presentada, y exigiendo requisitos de
procedibilidad adicionales a los previstos en la ley.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO
y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, toda vez que el
Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en
auto del 29 de febrero de 2024, rechazó la demanda de manera irregular.
SEGUNDO: Se ordene a la accionada dejar sin efectos el auto del 29 de
febrero de 2024, proferido por Tribunal Administrativo De Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, y en consecuencia ADMITA LA DEMANDA
POPULAR PRESENTADA […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 26 de septiembre de 2024, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al
Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSubsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca manifestó, a través del magistrado ponente del auto de 29 de
febrero de 2024, que la acción de tutela no cumple con el requisito general de
subsidiariedad porque la accionante podía presentar recurso de reposición contra
la decisión que rechazó la demanda del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con el número de radicación 25000-23-41-000-
2023-01029-00, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 472 de 5 de agosto de
19982.
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
5.2. Agregó que el rechazo de la demanda no le impedía a la accionante presentar
nuevamente el medio del control de protección de los derechos e intereses
colectivos, “[…] siempre y cuando subsistiera la vulneración de los derechos
colectivos cuya protección depreca, tal como se advirtió en el auto del 29 de febrero
de 2024 […]”.
5.3. Aclaróque la señora Caicedo Vélez cuando radicó e intentó subsanar la
demanda no mencionó el Oficio núm. 01242002855 de 24 de abril de 2024,
expedido por la CAR, por lo que se puede interpretar que lo que busca es iniciar
otro trámite procesal, convirtiendo la acción de tutela en una tercera instancia.
5.4. El Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente solicitó, a
través de apoderado judicial, que se declarara improcedente la presente acción
de tutela porque no cumplió con el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad, que la accionante contaba con el recurso de apelación del artículo
90 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20123.
5.5. Adicionalmente, pidió que se le desvinculara del trámite constitucional, en
razón a la falta de relación entre las pretensiones presentadas por la accionante y
sus funciones legamente asignadas, en otras palabras, que “[…] [l]os derechos
fundamentales que se alegan como vulnerados, tales como el derecho al debido
proceso y el acceso a la justicia, no se intersectan [sic] con las facultades que esta
Secretaría tiene […]”.
5.6. LaCorporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR pidió, a
través de apoderado judicial, que se le desvinculara del presente trámite por no
ser la competente para responder por los hechos mencionados por la señora
Caicedo Vélez.
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil
5.7. La
manifestó, a través de apoderado judicial, que carece de legitimación en la causa
por pasiva porque no vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte
accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
3
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes
de desvinculación procesal presentadas por el Distrito Capital de Bogotá -
Secretaría Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –
Aerocivil.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría
Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil son las
entidades que se indican como demandadas en el expediente núm. 25000-23-41-
000-2023-01029-00, en el que se profirió el auto que es objeto del presente
mecanismo de amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el
interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional, razón por la cual
se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. La señora Alix Johanna Caicedo Vélez solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 29 de
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
febrero de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos con el número de radicación 25000-23-41-000-
2023-01029-00.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de subsidiariedad.
VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
21. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
22. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza13), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
24. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
13
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”14.
25. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”15.
26. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
27. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
28. Descendiendo al caso objeto de estudio, la parte accionante sostuvo que la
autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia por haber incurrido, presuntamente, en un
defecto sustantivo y en un defecto procedimental.
14
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
29. Sostuvo que lo que se busca con el medio de control que rechazó el Tribunal
accionado era “[…] evitar la vulneración y afectación a los derechos colectivos al
medio ambiente sano y la protección de las áreas de especial importancia ecológica,
así como al derecho colectivo al correcto ordenamiento territorial y la moralidad
administrativa, afectados por el funcionamiento del Aeropuerto Flaminio Suárez
Camacho de Guaymaral, sin los correspondientes instrumentos ambientales que
garanticen la no afectación de los recursos naturales […]”.
30. Finalmente, indicó que con la providencia cuestionada se vulneraron sus
derechos fundamentales al incurrir en un defecto sustantivo y procedimental, porque
la decisión se tomó con base en un análisis e interpretación restrictiva y errada de la
acción popular presentada, y exigiendo requisitos de procedibilidad adicionales a los
requeridos por ley.
31. La Sala considera que el objeto de la presente acción de tutela versa sobre el
presunto defecto en que incurrió la autoridad judicial accionada al rechazar, a
través de la providencia de 29 de febrero de 2024, el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con el número de radicación
25000-23-41-000-2023-01029-00, presentado contra la Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la
Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de Colombia – Aerocivil.
32. Por lo anterior, la Sala pone de presente que contra la providencia que rechaza
la acción popular procede, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, el
recurso de reposición:
“[…] ARTICULO 36. RECURSO DE REPOSICION. Contra los autos dictados
durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el
cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil […]”.
33. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-377 de 200216 y la
Sala Plena del Consejo de Estado, mediante auto de 26 de junio de 201917, en el
que señaló:
“[…] Conforme con las normas en cita, las decisiones proferidas en el curso
de una acción popular son susceptibles únicamente del recurso de reposición,
salvo la que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia,
decisiones contra las cuales procede el de apelación.
No obstante, jurisprudencialmente se ha ampliado la procedencia del recurso
de apelación a los autos a través de los cuales se rechaza la demanda, los
que admiten o niegan el llamamiento en garantía e incluso en vigencia de la
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. D-3774, M.P. Clara Inés Longas Londoño; 14 de mayo de 2002.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Exp. 25000-23-27-000-2010-02540-01(AP)B, C.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; 26 de junio de 2019.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
Ley 1437 de 2011 contra las decisiones enlistadas en el artículo 243 de dicha
norma
[…]
No obstante, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional al estudiar la
constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998 en sentencia C-377
de 2002 avaló dicha norma y concluyó que las únicas providencias pasibles
del recurso de apelación, tal y como lo determinó el legislador de 1998 son el
que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia.
[…]
Conforme con lo expuesto, en atención a la celeridad que debe caracterizar
las acciones populares es claro que el recurso procedente contra las
decisiones dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de
reposición, salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley
472 de 1998 respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una
medida cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas
que son apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el
debido proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis
efectuado frente al punto por la Corte Constitucional.
Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación
reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones
apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar
y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones
que se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del
recurso de reposición […]”. [Subrayado fuera del texto].
34. Esta Sección, en virtud de la providencia mencionada, en auto de 27 de enero
de 202218, indicó lo siguiente:
“[…] Frente a la procedencia del recurso de apelación en las acciones
populares, los artículos 26 y 37 de la Ley 472, ordenan:
[…]
Por su parte, el artículo 36, ibidem, prevé:
[…]
Con fundamento en las normas transcritas, se colige que el recurso de
apelación solo procede contra el auto que decreta medidas cautelares y la
sentencia que se dicte en primera instancia.
No obstante lo anterior, por vía jurisprudencial se había aceptado la
procedencia del recurso de apelación contra el auto que rechazara la
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Auto de 27 de enero de 2022,
Exp. núm. 41001-23-33-000-2020-00797-01, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
demanda19 y cualquier otro que finalizara el proceso de la acción popular. En
efecto, esta Sección en proveído de 22 de abril de 201020, señaló:
[…]
Respecto de los demás autos solamente procedía el de reposición.
Lo anterior significa que, con fundamento en la jurisprudencia citada, contra el
auto de rechazo de la demanda procedía el recurso de apelación.
Sin embargo, cabe señalar que dicho criterio fue revisado por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en pronunciamiento de 26 de junio de
201921, en el que consideró que las únicas decisiones apelables en los
procesos de acciones populares son el auto que decreta una medida
cautelar y la sentencia de primera instancia.
De la providencia en mención, se destaca lo siguiente:
[…]
Ahora, conforme lo señaló esta Sección en proveído de 28 de agosto de
202022, tal criterio debe ser aplicado a los recursos de apelación que se
interpongan con posterioridad a la fecha de ejecutoria de dicha providencia.
Comoquiera que en el caso bajo examen el recurso de apelación se interpuso
el 11 de noviembre de 2020, esto es, con posterioridad a la ejecutoria de la
providencia de 26 de junio de 201923, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, no resulta procedente el
citado recurso sino el de reposición.
Con fundamento en lo anterior, en aras de garantizar el acceso a la
administración de justicia, se ordenará devolver el expediente al Tribunal para
que interprete dicho recurso como de reposición y lo resuelva, no sin antes
haber dejado sin efecto el auto que lo concedió, conforme se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia […]”. [Negrilla y subrayado original del
texto].
35. Con base en lo señalado, se tiene que el auto de 29 de febrero de 2024
cuestionado, era susceptible de reposición, el cual no fue presentado por la
accionante.
19
Ver, entre otras, sentencia de 27 de julio de 2005 (Expediente núm. 2005-00342-01. Consejera ponente, doctora María
Elena Giraldo Gómez)
20
Expediente núm. 2006-00400-01. Consejera ponente, doctora María Claudia Rojas Lasso.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, auto de 26 de junio de 2019, Magistrado ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente núm. AP 25000-23-27-000-2010-02540-01.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de agosto de 2020, Magistrado
ponente Hernando Sánchez Sánchez, expediente núm. 25000-23-41-000-2019-00627-01. En dicha providencia, al
respecto se señaló: “[…]En tal escenario, vistos los artículos 26, 36 y 37 de la Ley 472, que prevén los eventos en que
proceden los recursos de apelación y reposición en los procesos del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos; y en consideración el criterio jurisprudencial fijado por la Sala Plena de esta Corporación en auto de
26 de junio de 2019, que cobró firmeza vencido el término para la interposición del recurso de reposición: esta Sala precisa
que esa decisión produce efectos a partir de la fecha de su ejecutoria y, en esa medida, los recursos que se interpongan
con posterioridad a la misma, dentro de los procesos del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos, deben someterse a las reglas previstas en la normativa referida supra de la Ley 472 […]”.
23
De conformidad con el aplicativo SAMAI, la providencia de unificación de 26 de junio de 2019 fue notificada por estado el
8 de julio de ese año y, en consecuencia, la misma quedó ejecutoriada el 11 de julio de 2019.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04684-00
Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
36. Por loanterior, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
satisface el requisito general de procedencia de subsidiariedad, en razón a que la
accionante no agotó los recursos a su disposición para controvertir el auto que
rechazó la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, contra el
cual procedía recurso de reposición en virtud del artículo 36 de la Ley 472 de
1998 y la jurisprudencia de esta Corporación.
37. Igualmente, no se encuentra acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable en el sub judice.
38. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Distrito
Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil - Aerocivil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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Accionante: Alix Johanna Caicedo Vélez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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