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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04695-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04695-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04695-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de octubre de 2024

1

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04695-00
Demandante: Gustavo Marín González en calidad
de presidente de la Veeduría de Movilidad del Meta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04695-00
Demandante: Gustavo Marín González en calidad de presidente y representante
legal de la Veeduría de Movilidad del Meta
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

Temas: Tutela para controvertir mora judicial injustificada. Declara cesación
de la actuación por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Gustavo Marín González en
contra del Tribunal Administrativo del Meta.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Gustavo Marín González, en calidad de presidente y representante legal de
la Veeduría de Movilidad del Meta, promovió demanda en orden a que se tutelen sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
y como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Tribunal Administrativo del Meta
que, dentro de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a emitir
fallo de primera instancia en el proceso de acción de cumplimiento con radicado 50001-
33-33-000-2024-00177-00.

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Demandante: Gustavo Marín González en calidad
de presidente de la Veeduría de Movilidad del Meta

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 27 de mayo de 2024, en calidad de representante legal de la Veeduría de
Movilidad del Meta, presentó acción de cumplimiento en contra de la Superintendencia
de Puertos y Transporte, para que se ordenara el cumplimiento inmediato del Decreto
2762 del 2001, que reglamenta los terminales satélites de los vehículos de transportes
terrestres.

ii) Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio declaró la falta de competencia funcional y remitió el
expediente por competencia al Tribunal Administrativo del Meta.

iii) A través de auto del 27 de mayo de 2024, la magistrada Teresa Herrera Andrade
del Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda de acción de cumplimiento
bajo el radicado 50001-23-33-000-2024-00177-00.

iv) Para la fecha de presentación de la acción de tutela, 3 de septiembre de 2024, han
trascurrido 68 días hábiles sin que el Tribunal Administrativo del Meta haya dictado
sentencia de primera instancia.

1.2. Actuación procesal

El 12 de septiembre de 2024, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Meta, como demandados, y a la Superintendencia de
Transporte, en calidad de tercera con interés, remitiéndoles copia de la solicitud de tutela
para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia,
procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, rindiendo el respectivo
informe; y requirió al Tribunal Administrativo de Meta para que enviara copia digital del
expediente de cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-2024-00177-00.

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Meta. El 25 de septiembre de 2024, la
magistrada Teresa Herrera Andrade solicitó declarar improcedente la acción o, en su
defecto, denegar el amparo invocado, ante la carencia actual de objeto por hecho
superado, según pasó a explicar:

i) La acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues para alegar
mora judicial injustificada existe el mecanismo de vigilancia judicial administrativa, ante
el Consejo Seccional de la Judicatura. De manera que, en el presente caso, se
configura la causal de improcedencia de la acción de tutela contenida en el numeral 1º
del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que corresponde a la «existencia de otros
recursos o medios de defensa judiciales al alcance»

ii) Con todo, es de señalar que en el asunto no se configuró mora judicial, toda vez que
en la corporación se realizó un proceso de redistribución de procesos, paralelamente
a una homologación de cargas laborales entre despachos, debido a que el Consejo
Superior de la Judicatura identificó una excesiva carga laboral y una desproporción
entre las cargas asignadas, lo que llevó a la creación de un nuevo despacho de
magistrado, y a desarrollar medidas de redistribución y homologación de cargas
laborales entre los despachos judiciales a nivel seccional.

iii) Además, dentro del proceso de acción de cumplimiento con radicado 50001-23-33-
000-2024-00177-00, ya se profirió decisión de fondo, pues mediante auto del 24 de
septiembre de 2024 se resolvió declarar improcedente la acción.

1.3.2. La Superintendencia de Transporte. El 20 de septiembre de 2024, el
apoderado Leonardo Galeano Bautista solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, dado que en el asunto no se demostró una mora injustificada del Tribunal que
permitiera alterar los turnos de los procesos a fallar

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según
el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional
de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del
accionante, por mora judicial injustificada en el trámite del proceso de acción de
cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-2024-00177-00.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la mora judicial injustificada

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,1 señala que el derecho al debido proceso

1Al respecto, ver entre otras la sentencia de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas». (Se resalta)

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debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y el artículo
288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 estableció como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los operadores
judiciales la obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en
sanciones disciplinarias, y prevé el deber de dictar sentencias en el mismo orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa misma lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una
demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra
actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene
derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello».2

Así las cosas, se tiene que tanto la Constitución como las normas legales y la
jurisprudencia constitucional son claras en imponer, para quienes administran justicia,
la exigencia de observar las garantías procesales y los términos previstos para la
resolución de las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes
del alto tráfico procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos,
advierten que tal obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada
de los expedientes al despacho.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las

2 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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justifiquen o razón que las fundamenten».3

Por esa razón, estableció como supuestos para determinar la existencia de la mora
judicial injustificada,4 los siguientes: «i) el incumplimiento de los términos señalados en
la ley para adelantar alguna actuación judicial; ii) la inexistencia de un motivo razonable
que justifique la demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y
iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte
de una autoridad judicial».5

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que la doctrina ha denominado «mora judicial», fenómeno que necesariamente
implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de la complejidad
del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo, como el exceso de
carga laboral de los despachos, sino de la falta de diligencia y omisión sistemática de
los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.6

2.3.2. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de objeto
se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente
a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado, ii) un
daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando entre
la interposición de la acción de tutela y el fallo, se satisface la pretensión, es decir,
«que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa
que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
peticionario»,7 resultando inocuo cualquier intervención del juzgador para proteger los
derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

3 Sentencia T-297 de 2006.
4 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
5 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
6 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7 Sentencia T- 715 de 2017.

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Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se
ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal
manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la
vulneración o impedir que se materialice el peligro.8 Así, al existir la imposibilidad de
evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño
causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la acción
constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la
vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que,
según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se «continúe la acción u
omisión violatoria del derecho».

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que hace que la
protección solicitada y no sea necesaria, la jurisprudencia ha dicho que, a diferencia
del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación
de la accionada, sino porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o
porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.9

No obstante, la Corte Constitucional también ha explicado que, si bien, en casos en
que se configura la carencia actual de objeto no resulta viable emitir la orden de
protección solicitada por el actor, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el
asunto, precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación
de la acción de tutela, i) en los casos en que la consumación del daño ocurre durante
el trámite de la acción, ii) cuando se impone la necesidad del pronunciamiento por la
proyección que pueda tener el asunto,10 o iii) por la necesidad de disponer correctivos
frente a personas que puedan estar en igual situación o que requieran de especial
protección constitucional; y no es perentorio un pronunciamiento de fondo, en los
casos de i) hecho superado, o ii) acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo
cuando es evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de
una forma diferente, pese a no tomar una decisión en concreto ni impartir orden alguna,
esto, «para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela o para condenar su ocurrencia y advertir la

8 Sentencia SU-225 de 2013
9 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras.
10 Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de

perjuicios en el trámite de la acción de la tutela.

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inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera», según lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.11

2.4. Hechos probados

Del expediente de acción de cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-2024-
00177-00, la Sala establece lo siguiente:

i) El 21 de mayo de 2024, el señor Gustavo Marín González, en calidad de
representante legal de la Veeduría de Movilidad del Departamento del Meta, radicó
demanda de cumplimiento en contra de la Superintendencia de Puertos y Transporte,
a fin de que se le ordenara la inmediata aplicación del Decreto 2762 de 2001.

ii) El 27 de mayo de 2024, la magistrada Teresa Herrera Andrade del Tribunal
Administrativo del Meta admitió la acción de cumplimiento.

iii) El 24 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión,
declaró improcedente la acción de cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos
administrativos, promovida por el señor Gustavo Marín González, en contra de la
Superintendencia de Transporte.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor Gustavo Marín González quien actúa en calidad de representante legal de la
Veeduría Movilidad del Meta considera que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por parte del Tribunal
Administrativo del Meta, por mora judicial injustificada en el trámite de la acción de
cumplimiento con radicado 50001-23-33-000-2024-00177-00.

Es de señalar ab initio que si bien este despacho ponente es del criterio que en casos
como el presente, en los que se cuestiona mora judicial injustificada, la parte actora
debe acudir al mecanismo de vigilancia judicial administrativa previsto en el numeral 6
del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 —reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113

11 Sentencia T-205A de 2018.

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del 4 de mayo de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa— y
no a la acción de tutela, en el caso es procedente declarar la cesación de la actuación
por carencia actual de objeto por hecho superado.

Lo anterior, por cuanto como se dejó sentado en el acápite de hechos probados, el 24
de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de decisión, resolvió
declarar improcedente la acción de cumplimiento, por lo que, para este momento, ya
emitió decisión definitiva en el asunto.

En tal sentido, se colige que la circunstancia que originó la interposición de la acción
de tutela se encuentra actualmente superada y que, por tanto, corresponde al juez de
tutela declarar la cesación de la actuación.

La Corte Constitucional12 ha señalado sobre el particular que cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica, en
el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría generar
la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, «la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela».13

Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser como
mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que puede
adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en contra del
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.14

De esta forma, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la cuestión
fundamental planteada y que, en este sentido, se encuentra satisfecha la pretensión
que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo que deja sin objeto
cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.

12 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
13 Ibidem.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.

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3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, como se pudo establecer, el Tribunal Administrativo del Meta
ya emitió decisión definitiva en el asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

ANGH

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