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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04696-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04696-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de la República. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Luz Estela Gómez Gaviria. TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé una respuesta de fondo a la petición radicada el 6 de mayo de 2024 por la señora Luz Estela Gómez Gaviria y le notifique su respectiva decisión. CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto de la Presidencia de la República. 13 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria Demandados: Presidencia de la República y otro Radicación: 11001-03-15-000-2024-04696-00 . QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04696-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de septiembre de 2024

Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04696-00

.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04696-00
Demandante: LUZ ESTELA GÓMEZ GAVIRIA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

TEMA: Tutela de fondo - derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Luz Estela
Gómez Gaviria, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Luz Estela Gómez Gaviria, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la Presidencia de la República y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación
Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, a la seguridad social y la
dignidad humana.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la falta de respuesta a la solicitud que radicó con la finalidad de que le sea
reconocida una pensión de sobreviviente.

1.2. Pretensiones

La parte actora pidió lo siguiente:

PRIMERO: Solicito que se tutele a mi favor el DERECHO DE PETICION, Art 23 Cp.
de C, SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL, en conexidad con la DIGNIDAD
HUMANA y en consecuencia

SEGUNDO: Que en términos de 48 horas siguientes se le ordene a la parte
accionada, notificar ACTO ADMINISTRATIVO, en donde se resuelve solicitud de
otorgamiento de PENSION VITALICIA, por el desafortunado deceso de mi hijo JUAN
DAVID QUINTERO GOMEZ y para evitar un daño irremediable.2

1 Con escrito presentado el 3 de septiembre de 2024 y asignado por reparto al Juzgado Segundo

Civil del Circuito Judicial de Itagüí; autoridad judicial que mediante auto de la misma fecha se declaró
incompetente para conocer del asunto y ordenó la remisión al Consejo de Estado.
2 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria
Demandados: Presidencia de la República y otro
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1.3. Hechos

La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que el 18 de marzo de 2024 radicó una petición ante el presidente de la
república y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa Nacional con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión por la
muerte de su hijo, quien falleció mientras se encontraba adscrito a un batallón
ubicado en Medellín.

Lo anterior, con fundamento en que él era la persona que velaba por su subsistencia
y a que en la actualidad se encuentra desempleada, enferma y sin la atención
médica que requiere.

Adujo que la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa Nacional le otorgó un número de radicado a su petición y le solicitó que
aportara unos documentos, los cuales fueron allegados de manera oportuna.

Explicó que el 6 de mayo de 2024 la entidad le informó que tardaría 4 meses en
resolver su solicitud. No obstante, el 2 de septiembre de este mismo año la Dirección
de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional le indicó
que tardaría otros 4 meses más en pronunciarse de fondo.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Luz Estela Gómez Gaviria consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, al señalar que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no
ha recibido una contestación por parte de las autoridades accionadas.

Alegó que en otros fondos pensionales se otorga el derecho pensional en un mes,
mientras que en su caso lleva más de 6 meses sin obtener un pronunciamiento.

Señaló que se encuentra en muy malas condiciones económicas, por lo que ha
tenido que adquirir créditos y solicitar préstamos de dinero para poderse realizar
exámenes médicos.

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 6 de septiembre de 2024, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al presidente
de la República y a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del
Ministerio de Defensa Nacional, en calidad de autoridades accionadas.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se recibieron las siguientes intervenciones:

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Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria
Demandados: Presidencia de la República y otro
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1.6.1. Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa Nacional

El coordinador del Grupo Prestaciones Sociales de la entidad solicitó que se niegue
el amparo de los derechos fundamentales invocados por la tutelante, ante la
ausencia de vulneración de estos y por haberse configurado la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Sobre el particular, explicó que el 11 de septiembre de 2024 se dio una respuesta a
la actora, en la que se le informó que el acto administrativo por medio del cual se
resuelve su solicitud se encuentra en etapa de revisión por parte del Área de
Reconocimiento de la entidad. Además, comentó que esta contestación fue
notificada al correo electrónico de la accionante, esto es,
velasquezoyolandamaria77@gmail.com.

De otro lado, puso de presente que «este Grupo dispuso una actuación especial
para brindar celeridad al trámite, es decir notificará el acto administrativo que
resuelve su solicitud de reconocimiento pensional en un término máximo de diez
(10) días, contando así con una fecha cierta de respuesta a su solicitud».

En ese sentido, reiteró que en el presente asunto se configuró un hecho superado,
dado que la entidad resolvió la petición de la señora Gómez Gaviria.

1.6.2. Presidencia de la República

La apoderada de la entidad solicitó lo siguiente:

• Que se desvincule a la Presidencia de la República por falta de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que no es la competente para reconocer la
pensión de sobrevivientes pretendida por la accionante, puesto que ello es facultad
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).

• Que se declare improcedente la acción de tutela o, en subsidio, que se
nieguen las pretensiones elevadas por la actora, puesto que al consultarse el grupo
de correspondencia de la Presidencia de la República se pudo verificar que bajo el
nombre y número de documento del accionante no se ha radicado algún escrito de
petición. Es decir que, la entidad no ha cometido alguna acción u omisión que
permita a la tutelante reclamar el amparo de sus derechos fundamentales.

1.6.3. Luz Estela Gómez Gaviria

A través del aplicativo Samai, la accionante allegó una imagen con un correo sin
fecha de recibo, en el que se le indicó lo siguiente: «De acuerdo a lo conversado
telefónicamente el día de hoy, le confirmo que debido a los cambios de directores
que hemos tenido no ha sido posible la notificación del acto administrativo, sin
embargo, la resolución se encuentra nuevamente en modificación de firmar para
que pueda pasar a revisión y firma del coordinador del Grupo de Prestaciones
Sociales y posteriormente pase a revisión y firma de la dirección, agradezco su
compresión».

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Luz Estela Gómez Gaviria contra la Presidencia de la
República y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de
Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Presidencia de la República solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, al destacar que no es la competente para realizar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que reclama la tutelante.

No obstante, se negará esta pretensión, toda vez que en el presente trámite se
invocó la vulneración de los derechos constitucionales de la actora ante la presunta
omisión de la Presidencia de la República, en resolver una petición que ella dice
haber radicado ante dicha entidad, razón por la cual es necesario estudiar de fondo
los hechos que dieron lugar a la interposición de esta acción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante, ante la ausencia
de respuesta a la solicitud que radicó con el fin de que le sea reconocida una
pensión de sobrevivientes.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza
de la acción de tutela, (ii) el derecho fundamental de petición y (iii) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.5. Derecho fundamental de petición

Sobre esta garantía constitucional, se tiene que la Constitución Política de 1991
consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual,
toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20154, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada5.

4 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
5 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»6

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión7; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo8.9

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine la accionante alegó que la Presidencia de la República y
la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa
Nacional vulneraron sus derechos fundamentales, comoquiera que no han resuelto
la solicitud que radicó ante dichas autoridades.

Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, se advierte un escrito
dirigido a las autoridades accionadas, a través del cual se solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Cocedor PENSION VITALICIA COMO SOBREVIVIENTE, acorde a los
artículos 35, 46, 47, 48 de la ley 100 de 1.993 y ley 447 de 1.998 y motivado por el
deceso de mi hijo JUAN DAVID QUINTERO GOMEZ el día 5 de Enero de 2.021,
cuando prestaba labores como centinela y en consecuencia

6 Ibídem.
7 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia

T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
8 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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SEGUNDO: Reconocer en los términos de la Ley 447 de 1998 el MONTO
RETROACTIVO, desde el 5 de Enero de 2.021 hasta la mesada en que se emita el
ACTO ADMINISTRATIVO, de reconocimiento de PENSION VITALICIA COMO
SOBREVIVIENTE

TERCERO: inscribir en el SERVICIO DE SALUD, de las FUERZAS ARMADAS, con
el fin de recibir atención integral en salud.10

Así mismo, de los documentos aportados tanto por la actora como por la Dirección
de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, se
evidencia que dicha solicitud fue presentada ante esta última entidad el 6 de mayo
de 2024, bajo el radicado SP20240506PS001744:

De igual manera, en su escrito de contestación a la acción de tutela, la Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional informó que
el 11 de septiembre de 2024 dio una respuesta a la actora, en los siguientes
términos:

Cordialmente, en relación al derecho de petición del cual predicó vulneración
mediante acción de tutela, que cursa en el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta con radicado No. 11001-03-15-000-2024-04696-00, le
comunico lo siguiente:

Que en respuesta al derecho de petición allegado bajo registro
SP20240506PS001744 del 06 de mayo de 2024, en donde solicita donde solicita el
reconocimiento pensional, me permito informar que una vez consultado el sistema de
información se evidenció que el acto administrativo por el cual se resuelve su
solicitud, ya se encuentra elaborado y actualmente se encuentra en etapa de revisión
por el área de Reconocimiento.

No obstante lo anterior, este Grupo dispuso una actuación especial para brindar
celeridad al trámite, es decir notificará el acto administrativo que resuelve su
solicitud de reconocimiento pensional en un término máximo de diez (10) días,
contando así con una fecha cierta de respuesta a su solicitud.

De esta manera se resuelve de fondo la solicitud interpuesta, para cualquier solicitud
adicional que sea de nuestra competencia, con gusto será atendida en la Calle 21
No. 44-40 Puente Aranda DIVRi, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico:
contactenos@diyri gov.co.

10 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Igualmente, indicó que la anterior información fue suministrada al correo electrónico
de la actora, esto es, velasquezoyolandamaria77@gmail.com, para lo cual aportó
la siguiente imagen:

En este punto, es importante traer a colación la jurisprudencia de la Corte
Constitucional relacionada con los términos otorgados para resolver peticiones
sobre el reconocimiento de derechos pensionales. Así, por ejemplo, en la sentencia
T-182 de 2023, el alto tribunal constitucional reiteró lo que se trascribe a
continuación:

63. En materia pensional, las administradoras de fondos pensionales, además,
tienen obligaciones específicas en cuanto al deber de dar respuesta a las solicitudes
de los afiliados. Al respecto, el artículo 24 del Decreto-Ley 656 de 1994 señala que
“[l]as entidades que administren fondos de pensiones deberán contestar, dentro de
los plazos y condiciones que establezca la Superintendencia Bancaria, todas las
consultas, solicitudes y quejas que les sean presentadas”11. Frente a los términos
con que cuentan las administradoras de pensiones, entre otras, en la Sentencia T-
045 de 2022 la Corte señaló que las autoridades deben tener en cuenta los
siguientes tres términos para responder las peticiones en materia pensional:

a) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional en cualquiera
de los siguientes casos: (i) que el interesado haya solicitado información sobre
el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; (ii) que la autoridad
pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento,
reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual
deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué
momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar
antes; (iii) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del
trámite administrativo.

b) 4 meses calendario para responder de fondo a las solicitudes en materia
pensional. Termino contado a partir de la presentación de la petición, con
fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994
a los casos de peticiones elevadas a Cajanal.

c) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias para el reconocimiento
y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la
Ley 700 de 200112.

11 Decreto Ley 656 de 1994, artículo 24.
12 Sentencias T-045 de 2022, T-238 de 2017 y T-155 de 2018.

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64. En síntesis, las sociedades administradoras de pensiones están obligadas a
responder de forma oportuna y de fondo a las peticiones que realicen sus afiliados.
Esas respuestas deben ser comunicadas de forma oportuna a los usuarios, es decir,
en estricto cumplimiento de los términos establecidos para tal fin. Además, en sus
respuestas, estas sociedades deben garantizar el respeto por el derecho al debido
proceso administrativo, para lo cual están obligadas a evitar exigir requisitos no
previstos en las normas vigentes, a no imponer cargas desproporcionadas a los
ciudadanos y a actuar de forma diligente frente a las solicitudes de los usuarios para
evitar dilaciones injustificadas y respuestas incongruentes con lo pedido. (Se
resalta)

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso se ha trasgredido
el derecho fundamental de petición de la parte actora, comoquiera que transcurridos
4 meses desde la radicación de la petición (6 de mayo de 2024), la autoridad ante
la cual se presentó, esto es, la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del
Ministerio de Defensa Nacional, no la ha resuelto de fondo, pese a que tenía hasta
el 6 de septiembre de este año para hacerlo.

Si bien en la contestación que le fue enviada a la tutelante el 11 de septiembre de
2024 se le explicó que el acto administrativo por medio del cual se resuelve su
solicitud se encuentra en etapa de revisión por parte del Área de Reconocimiento
de la entidad, lo cierto es que a la fecha no existe un pronunciamiento de fondo ni
prueba siquiera sumaria que permita colegir que la entidad le informó a la actora la
imposibilidad de resolver su pretensión en el término establecido para contestar este
tipo de solicitudes.

En virtud de lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
señora Luz Estela Gómez Gaviria y, en consecuencia, le ordenará a la Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional que, en el
término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé una
respuesta de fondo a la petición radicada por la actora el 6 de mayo de 2024 y le
notifique su respectiva decisión.

2.6.2. Finalmente, en relación con la Presidencia de la República, la Sala descarta
la vulneración de la mencionada garantía constitucional, toda vez que dentro del
material probatorio allegado al proceso no se evidencia la constancia de radicación
ante esa entidad de la petición que la actora invocó como desatendida.

Recuérdese que, sobre este aspecto, en sentencia T-329 de 2011, la Corte
Constitucional explicó lo siguiente:

Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene derecho a elevar
solicitudes respetuosas ante la administración o contra particulares, es requisito
indispensable para obtener el fin perseguido con la acción de tutela, demostrar
así sea de forma sumaria, que se presentó la petición.

En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes
enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición
y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió
oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad
demandada la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo
afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y

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Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04696-00

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oportunamente. Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud,
mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente
no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la
obligación constitucional de responder.

En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de petición
se vulneró por no obtener respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con
elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber
presentado una solicitud y no haber obtenido respuesta deberá presentar copia
de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la
petición, a fin de que el juez pueda ordenar la verificación.13 (Se resalta).

Además, esta información fue corroborada por la entidad accionada que, en su
escrito de contestación y documentos anexos, señaló lo siguiente:

El grupo de correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una vez
consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo
ESCRIBE. NO se encontró registrada comunicación alguna a nombre de la señora
LUZ ESTELA GOMEZ GAVIRIA, identificada con número de cédula de ciudadanía
43.501.270 sobre el tema en mención. Es de recordar que el canal de atención y
radicación de PQRS que tiene la entidad por correo electrónico es la cuenta
contacto@presidencia.gov.co.

En consecuencia, se negará el amparo del derecho fundamental de petición
respecto de la Presidencia de la República, conforme con las razones expuestas en
esta providencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Presidencia de
la República.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Luz Estela
Gómez Gaviria.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del
Ministerio de Defensa Nacional que, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia, dé una respuesta de fondo a la petición radicada el
6 de mayo de 2024 por la señora Luz Estela Gómez Gaviria y le notifique su
respectiva decisión.

CUARTO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto de la
Presidencia de la República.

13 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Demandante: Luz Estela Gómez Gaviria
Demandados: Presidencia de la República y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04696-00

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QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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