Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04697-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04697-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04697-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de febrero de 2025
Demandante: Distrito de Santiago de Cali
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04697-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04697-01
Demandante: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia de los requisitos
de relevancia constitucional y de agotamiento de todos los
mecanismos de defensa judicial. Confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Distrito de Santiago de Cali
contra la sentencia de 4 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud
de amparo de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito radicado el 4 de septiembre de 2024, el Distrito Santiago de Cali,
por conducto de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al
debido proceso.
1 María Ximena Román García [directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Publica
del Distrito de Santiago de Cali], debidamente facultada por el alcalde del Distrito Santiago de Cali,
Álvaro Alejandro Eder Garcés, de conformidad con el Decreto 4112.010.20.0010 de 03 de enero
de 2024 [«Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de representación judicial,
administrativa y extrajudicial y se dictan otras disposiciones»]. También, el abogado Daniel Fernando
Vizcaya Cifuentes según el poder otorgado por María Ximena Román García.
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Demandante: Distrito de Santiago de Cali
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de la
providencia de 1. ° de agosto de 2024, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado revocó el fallo de 30 de junio de 2023 dictado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que había negado las pretensiones del
medio de control de nulidad simple promovida por la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia [en adelante Asobancaria] contra el Distrito
de Santiago de Cali [en adelante Distrito de Cali], para, en su lugar, acceder a
las súplicas del extremo accionante. La causa ordinaria se identificó con el
radicado 76001-23-33-000-2022-01066-00/01.
1.2. Pretensiones
Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
El Distrito de Santiago de Cali, por medio de sus apoderados, solicita
respetuosamente a esta corporación que ampare el derecho fundamental al
debido proceso del Distrito de Santiago de Cali y se sirva ordenar a la sección
cuarta del Consejo de Estado la revocatoria de la sentencia de segunda instancia
proferida el 1° de agosto de 2024 por contener un defecto sustantivo y por
vulnerar la Constitución.
En consecuencia, se ordene comedidamente a la sección cuarta del Consejo de
Estado proferir una nueva decisión que no desconozca los derechos
fundamentales del municipio de Santiago de Cali y que declare la validez del
Acuerdo No. 0529 de 2022 del Concejo Municipal de Santiago de Cali2.
1.3. Hechos
La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El 3 de junio de 2022 el Concejo Distrital de Santiago de Cali envió para
sanción del alcalde el Acuerdo Distrital 529 de 2022, «Por medio del cual se
modifican las normas del estatuto y procedimiento tributario de Santiago de
Cali», dentro del cual, en su artículo 1. ° se adoptó una medida tributaria para el
Impuesto de Industria y Comercio [en adelante ICA] «del 23 por mil frente a las
actividades financieras».
Lo anterior, de en virtud de lo estipulado en el artículo 143 de la Ley 2082 de
20214 que permite que las ciudades capitales5 adopten las normas especiales
2 Transcripción del texto original con posibles errores.
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del ICA que rigen en el Distrito Capital siempre que: «i) sea por iniciativa
privativa del Alcalde, y ii) la adopción esté acorde con las realidades tributarias
de la ciudad capital»6, condiciones que deben cumplirse so pena de que derive
en la declaratoria de la nulidad por transgredir la ley que autorización el tributo.
Inconforme, Asobancaria promovió acción de nulidad simple contra el artículo 1.
° del Acuerdo Distrital 0529 de 2022 expedido por el Concejo Distrital de Cali
con el fin de que se declara la nulidad parcial del referido acuerdo por
quebrantar los artículos 287 [num. 3] y 313 [num. 4] de la Constitución Política y
por desconocer el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. Ello, con sustento en que
la iniciativa no fue del alcalde sino del Consejo Distrital según lo que se indicó
en el informe de ponencia y porque la tarifa del 23x1000 superó a la que rige en
Bogotá D.C.7
En primera instancia el asunto le correspondió al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, autoridad que con sentencia de 30 de junio de 2023 negó las
súplicas de la demanda al considerar que: (i) en materia tributaria, las entidades
territoriales tienen la facultad de establecer impuestos, la cual se sujeta a los
límites constitucionales y legales; (ii) contrario a lo manifestado por la parte
activa, el proyecto8 del Acuerdo 529 de 2022 fue impulsado por el alcalde del
Distrito de Cali con sujeción a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 2082 de
20219; (iii) si bien en la demanda se argumentó que el referido acuerdo no se
ajustó a los parámetros del artículo 53 del Decreto Distrital 352 de 2002 que fija
una tarifa del 14x1000 para el ICA en Bogotá D.C., lo cierto es que el proceso
de creación del acuerdo demandado respetó los requisitos legales; y (iv) de la
exposición de motivos del acuerdo reprochado, indicó que el marco jurídico
para la fijación del ICA para las entidades financieras en el Distrito de Cali es el
4 «Por medio de la cual se crea la categoría municipal de ciudades capitales, se adoptan
mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y se dictan otras
disposiciones».
5 Ley 2082 de 2021: «ARTÍCULO 2. Categoría de municipios ciudades capitales. De
conformidad con lo estipulado en el artículo 320 de la Constitución Política, establézcase una
categoría de municipios que se denominará "ciudades capitales".
El Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la condición de
capitales departamentales pertenecerán a la categoría de "ciudades capitales" y tendrán un
régimen especial para su organización, gobierno y administración y un tratamiento diferenciado
por parte de las autoridades administrativas, con el fin de promover su desarrollo integral y
regional, a partir de su población e importancia económica. […]».
6 Cita del texto original con posibles errores. Fl. 3 del escrito de tutela.
7 Impuesto del 14x1000, de conformidad con el artículo 53 del Decreto Distrital 352 de 2002,
modificado por el artículo 4. ° del Acuerdo 816 de 2021.
8 Proyecto que se identificó con el número 139 de 2022.
9 En el sentido de que adoptó normas que rigen en el Distrito Capital de Bogotá en materia del
impuesto predial unificado y del ICA, por lo tanto, no se advertía contario a las disposiciones
constitucionales y legales invocadas en la demanda.
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numeral 6. ° del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 199310 según el cual,
«sobre la base gravable definida en la ley, el Concejo aplicará una tarifa única
del dos por mil (2%) al treinta por mil (30%)11».
El recurso de apelación ejercido por Asobancaria giró en torno a; (i) insistir en
que la tarifa prevista en el acuerdo demandado fue iniciativa del Consejo
Distrital, no del acalde; (ii) que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 impone
que los concejos de las ciudades capitales pueden adoptar las normas que
rigen en Bogotá D.C., «no las de carácter tributario» según los límites de la
jurisdicción; y (iii) que el Concejo Distrital de Cali no podía establecer la tarifa
del ICA en 23x1000 debido a que para el momento en que se expidió el
acuerdo en Bogotá D.C. regía el 14x1000, sin embargo, aclaró que la
corporación de la capital puede fijar hasta el 30x1000, no obstante, resaltó que
«una cosa es lo establecido y otra lo que puede ser establecido».
La lazada fue desatada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante
sentencia de 1. ° de agosto de 2024 en el sentido de revocar lo adoptado en la
primera instancia, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
En ese orden, declaró la nulidad parcial del artículo 1. ° del Acuerdo 529 de 3
de junio de 2022, en los apartes en los que se implementó la tarifa del 23x1000
del ICA para las entidades financieras, así:
DECLARAR la nulidad parcial del artículo 1° del Acuerdo 0529 del 3 de junio de
2022, expedido por el Consejo de Santiago de Cali, en los siguientes apartes:
Esta decisión obedeció a que se aplicó un antecedente de la misma Sala de
decisión12 en el cual se abordó un asunto similar, oportunidad en la cual se
determinó que de la exposición de motivos de la Ley 2082 de 2021, se entiende
que la finalidad de su artículo 14 consiste en que las ciudades capitales puedan
10 «Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá».
11 Fl. 4 de la sentencia de 1. ° de agosto de 2024.
12 « Exp. 28171, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello».
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adoptar las normas que hicieron más eficiente a la administración de Bogotá
D.C., «con lo cual hace referencia a las disposiciones que se aplican en el
Distrito Capital para fijar de manera concreta los distintos aspectos de estos
tributos […]. Entre estas se encuentra la norma que fija la tarifa en la ciudad de
Bogotá […]».
A partir de lo anterior, en el antecedente se concluyó que, si en virtud de esa
adopción normativa el municipio pretendía aumentar la tarifa del ICA de las
entidades financieras, «era necesario que atendiera la tarifa fijada en el Distrito
Capital, por lo que correspondía adoptar la dispuesta en el artículo 4 del
Acuerdo 816 de 2021, en concordancia con lo previsto en el Decreto 352 de
2002, en tanto esta normativa es la que rige […] en la ciudad de Bogotá D.C.
[…]».
En ese orden, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver el caso
objeto de atención, aseveró que no era procedente que en el acuerdo
demandado el Concejo Distrital estableciera una tarifa mayor a la prevista en el
Distrito Capital, puesto que la norma que debía atender el Distrito de Cali para
efectos de fijar las tarifas del ICA respecto de las entidades financieras, «era la
dispuesta en el artículo 4. ° del Acuerdo 816 de 2021- modificatoria del artículo 53
(literal d.) del Decreto 352 de 2002 -, por ser la que rige y está vigente en el Distrito
Capital de Bogotá».
1.4. Fundamentos de la solicitud
1.4.1. El Distrito de Cali aseguró que la solicitud de amparo de la referencia
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial. Puntualmente, señaló que esta demanda es
relevante constitucionalmente por cuanto se reclama la protección del derecho
fundamentales al debido proceso comoquiera que la sentencia accionada
decidió sobre la implementación del incremento de un impuesto, el cual
constituye una fuente de recolección de recursos para la administración
municipal y un ingreso para cumplir con el gasto público, así como las políticas
sociales necesarias para el desarrollo del territorio y de sus habitantes.
1.4.2. Adujo que se presentó un defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución debido a la interpretación errónea del artículo 14 de la Ley 2082
de 2021. Ello, por cuanto si bien en la sentencia de 1. ° de agosto de 2024 se
reconoció que las ciudades capitales pueden aplicar la mencionada norma en
materia de determinación del ICA, y en el numeral 6. ° del artículo 154 del
Decreto Ley 1421 de 1993 se estipuló sobre la base gravable una tarifa única
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del 2x1000 y un tope máximo del 30x1000, en todo caso deben sujetarse a la
tarifa vigente adoptada mediante acuerdo distrital en la ciudad de Bogotá.
En ese sentido, advirtió que el régimen vigente es el artículo 154 del Decreto
Ley 1421 de 1993 y que la autorización del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021
establece que las ciudades capitales adopten una tarifa del rango que oscila
entre el 2x1000 y el 30x1000, como debe hacerlo el Distrito Capital, sin
embargo, resalta que en dichas disposiciones no se señala que, para acogerse
al marco normativo de Bogotá D.C., deban implementar la misma tasa.
Aseveró que la forma correcta de interpretar la norma es «indicar que el artículo
14 de la ley 2082 de 2021 refiere que la ciudad capital debe aplicar las normas
que rigen en el Distrito Capital, y no la tarifa que rige en el Distrito capital».
Adicionalmente, expuso argumentos a partir de los cuales contradice los
planteamientos a partir de los cuales Asobancaria presentó la demanda13.
De otro lado, puntualizó que con la decisión cuestionada transgredió el artículo
287 de la Constitución Política que establece el principio de la autonomía
territorial14 al señalar que las ciudades capitales están supeditadas en materia
tributaria a lo que se determine en la Distrito Capital, máxime, porque el artículo
338 superior estableció que la facultad de determinar los presupuestos objetivos
de los gravámenes no es exclusiva del Congreso y, en ese orden, los entes
territoriales pueden fijar los elementos de la obligación tributaria cuando la ley
creadora no los ha fijado directamente. Así, puntualizó lo siguiente:
La interpretación que hace el Consejo de Estado del artículo 14 de la Ley 2082
de 2021 plantea una unificación de las tarifas en materia de Impuesto de
Industria y Comercio, puesto que las ciudades capitales que se apeguen al
artículo 14 ibidem tendrán la misma tarifa del Distrito Capital. Además, aceptar
que todas las ciudades capitales deben adoptar la misma tarifa de Bogotá usurpa
las funciones de cada entidad territorial, en tanto que quién decidirá, en últimas,
cuál es la tarifa para Impuesto de Industria de Comercio en los territorios de
ciudades capitales será el Concejo del Distrito Capital de Bogotá15.
Advirtió que también se desconoció el artículo 13 de la Constitución Política
comoquiera que la interpretación normativa realizada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado omite que el Distrito de Santiago de Cali «tiene derecho a
13 Fls. 21 a 23 del escrito de tutela.
14 Al respecto, citó apartes de las sentencias C-232 de 1998 de la Corte Constitucional, y de las
dictadas en los expedientes «18141 de 2011», «18559 de 2012», «22628 de 2019», y «24207
de 2019».
15 Cita del texto original con énfasis.
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tener el mismo tratamiento frente a la ley que posee el Distrito Capital de
Bogotá».
También alegó que se quebrantó el principio de jerarquía normativa toda vez
que la autoridad reprochada decidió aplicar el Acuerdo 816 de 2021 que
corresponde a un acto administrativo, sobre el Acuerdo 529 de 2022 pese a que
tienen el mismo rango «y no es dable afirmar que uno prevalece sobre el otro».
1.5. Trámite de la acción en primera instancia
Mediante auto de 9 de septiembre de 2024, el magistrado ponente de primer
grado admitió la acción de tutela de la referencia; ordenó notificar en calidad de
demandada al Consejo de Estado, Sección Cuarta; dispuso notificar al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la Asociación Bancaria de Entidades
Financieras de Colombia.
Finalmente requirió el expediente ordinario y ordenó la publicación de este
proveído en la página web del Consejo de Estado.
1.6. Contestaciones
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta se limitó a remitir el expediente
del medio de control de nulidad simple identificado con el radicado 76001-23-
33-000-2022-01066-00/01, y guardó silencio respecto a los hechos y
fundamentos de la acción de la referencia.
1.6.2. La Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia indicó
que esta solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional en atención a que se planteó una discusión sobre la legalidad de
un acuerdo municipal que no es objeto de conocimiento por parte del juez de
tutela y, además, ya se zanjó a través del mecanismo judicial ordinario.
Agregó que el cargo consistente en la violación directa de la Constitución no fue
expuesto ante el juez de lo contencioso administrativo. En esa medida solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
1.6.3. La Asociación Lamprea Montealegre presentó un memorial con el
propósito de coadyuvar en la acción de tutela presentada por el Distrito de Cali.
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1.7. Fallo impugnado16
Mediante providencia de 4 de diciembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente este mecanismo
constitucional luego de aseverar que no satisfizo el requisito de relevancia
constitucional con sustento en las siguientes consideraciones:
22. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante (1)
planteó una controversia de carácter simplemente legal y (2) pretendió revivir un
debate propio del juez natural sobre una situación definida y consolidada. Así,
buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue
resuelto, es decir, utilizarla como una instancia adicional17.
[…]
24. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución, la Sala considera que su
intención era poner de presente una aparente indebida interpretación del artículo
14 de la Ley 2082 de 2021, y un desconocimiento de la autonomía territorial de la
que gozan las ciudades capitales, con el fin de insistir en que no se debía limitar
la tarifa del tributo al porcentaje consolidado por el distrito capital, y con base en
ello reabrir el debate sobre la procedencia, o no, de declarar la nulidad del acto
administrativo demandado.
[…]
28. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la necesidad de
intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez
natural, quien puso de presente las razones por las cuales consideró que existían
argumentos para declarar la nulidad del acuerdo demandado, tras evidenciar que
se excedieron los límites para fijar la tarifa del ICA por parte la autoridad territorial
(Distrito de Santiago de Cali).
29. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto objeto de
la acción de tutela plantea una controversia de carácter legal ya que el
demandante puso de presente su inconformidad con la interpretación realizada
por la autoridad judicial, respecto de las disposiciones legales aplicables a la
materia, con el fin de que se adoptara una apreciación normativa más ajustada a
sus intereses.
De otro lado, respecto a los argumentos a partir de los cuales planteó el cargo
por violación directa de la Constitución por vulneración al derecho a la igualdad,
indicó que no superaba el requisito de subsidiariedad debido a que no fueron
planteados en el debate surtido en el medio de control ordinario.
16 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 16 de diciembre de 2024.
17 «Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019».
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1.8. Impugnación
Con escrito radicado oportunamente el 19 de diciembre de 2024, el Distrito de
Cali impugnó la decisión del a quo en los siguientes términos:
En cuanto a la oportunidad, indicó que la impugnación se presentó dentro del
plazo legal de tres días hábiles, contados desde la notificación del fallo de
primera instancia [16 de diciembre de 2024], cumpliendo así con el requisito de
oportunidad establecido en la normativa procesal, esto es, el artículo 86
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Respecto a los requisitos generales de procedibilidad, puntualizó que la acción
de tutela objeto de atención cumple con: (i) la legitimación en la causa por
activa y pasiva; (ii) el asunto tiene relevancia constitucional; (iii) se acredita el
agotamiento de todos los mecanismos judiciales; (iv) se presentó dentro del
plazo que el Consejo de Estado considera razonable; (vi) se identificaron los
hechos y derechos vulnerados; (vii) no se controvierten sentencias de la misma
naturaleza; y (viii) no se trata de un recurso para reabrir debates legales
resueltos.
Insistió ampliamente en que la sentencia de 1. ° de agosto de 2024 incurrió en
un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Ello, por cuanto
limitó la autonomía territorial [artículo 287 C.P.] del Distrito de Cali, al
condicionar el alcance del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 — que permite
adoptar normas de Bogotá — al Acuerdo Distrital 816 de 2021 que es de inferior
jerarquía, ignorando además el Decreto Ley 1421 de 1993 que es de rango
superior.
En ese sentido, resaltó que dicha interpretación, además de contraevidente,
omitió la cláusula constitucional que protege la autonomía fiscal de las
entidades territoriales, generando una incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión adoptada, al imponer un límite normativo inferior en lugar
de la ley. En consecuencia, reprochó que se vulneró el principio de reserva
legal tributaria y se afectó la gestión de intereses locales, trascendiendo lo
meramente legal para convertirse en una trasgresión directa de garantías
superiores.
Precisó que la improcedencia de tutelas contra sentencias de nulidad por
inconstitucionalidad (control abstracto) no aplica aquí, pues el fallo impugnado
es de nulidad simple (control concreto). Además, alegó que la afectación a
derechos fundamentales individuales justifica la intervención del juez de tutela.
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En ese sentido, solicitó revocar el fallo del Consejo de Estado, tutelar los
derechos del Distrito de Cali, y ordenar a la Sección Cuarta emitir nueva
decisión que respete la autonomía territorial y valide el Acuerdo 0529 de 2022.
1.9. Auto que concede impugnación
Mediante auto de 22 de enero de 2025, el a quo concedió la impugnación del
fallo de 4 de diciembre de 2024 dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y reconoció como coadyuvantes de la parte
accionante a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá y a la Asociación de
Ciudades Capitales de Colombia con ocasión de la solicitud que presentaron en
este sentido, luego de proferida la sentencia de primer grado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
Distrito de Cali contra la sentencia de 4 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 202118, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si debe confirmar,
modificar o revocar la decisión de 4 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual
declaró la improcedencia de la acción de tutela promovida contra la Sección
Cuarta de esta corporación.
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio
de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse
superados; (iii) el análisis del caso concreto.
18 Vigente desde el 6 de abril de 2021. Antes de esa fecha, regía el Decreto 1983 de 2017.
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2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201219 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema20.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales21.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 22, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En el mismo sentido, la Sala precisa que, de conformidad con la decisión
del juez de tutela de primera instancia, el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco
en el cual los argumentos expuestos por el Distrito de Cali no cumplen con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
215 de 16 de junio de 2022.23
19
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
21 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23 Postura iterada en el fallo de tutela T-075 de 22 de marzo de 2023.
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En el referido fallo la alta corte señaló que, tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional
ha hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que
comprenden la esfera funcional de otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las
garantías superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no
es viable el estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la
vulneración a los derechos fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
Luego entonces, en la sentencia SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia
que se analiza debe cumplir con las siguientes finalidades:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
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(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.24
Igualmente, en el citado fallo unificatorio se fijaron las siguientes reglas que el
juez de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su
atención satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se
puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es decir, el
reclamo debe ser «trascendente para la interpretación del estatuto
superior, su aplicación y desarrollo eficaz y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales».26
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general27. En este orden, el examen de la
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la
simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»28.
24 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Ibídem.
28 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
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d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones proferidas por una alta corte, el examen de este requisito debe
ser más riguroso29, es decir, se debe constatar la existencia de una
actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive
en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas
Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.
2.4.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por el Distrito de Cali, advierte que el asunto se
circunscribe a un debate meramente legal y de connotación económica por
haberse cimentado en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en
los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución en la providencia
de 1.° de agosto de 2024, al declarar la nulidad parcial del Acuerdo 529 de 2022
expedido por el Concejo Distrital de Santiago de Cali.
Lo anterior, con sustento en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
resolvió el medio de control de nulidad simple a partir de una interpretación
errónea del marco normativo vigente y aplicable en materia tributaria,
puntualmente, del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. Ello, por cuanto si bien
en la sentencia de 1. ° de agosto de 2024 se reconoció que las ciudades
capitales pueden aplicar la mencionada norma en materia de determinación del
ICA, y en el numeral 6. ° del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993 se
estipuló sobre la base gravable una tarifa única del 2x1000 y un tope máximo
del 30x1000, en todo caso deben sujetarse a la tarifa vigente adoptada
mediante acuerdo distrital en la ciudad de Bogotá.
En síntesis, en criterio del Distrito de Cali, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado quebrantó las garantías constitucionales de la parte accionante al
imponerle en segunda instancia un sentido de la norma que no corresponde con
la intención del legislador y que, por contera, desconoce la autonomía territorial
de la que gozan las ciudades capitales al limitar la tarifa del tributo al porcentaje
consolidado por el distrito capital.
En ese orden, la Sala resalta que, la inconformidad de la entidad impugnante
tiene su génesis en un aspecto legal por cuanto pretende que el juez de tutela
analice el debate zanjado en el medio de control ordinario en una especie de
tercera instancia en la que se revise la decisión objeto de reproche y se
determine que la forma de entender y aplicar las normas que regulan la materia
sobre la cual versó a litis, es la que el Distrito de Cali considera correcta pese a
29 Sentencia SU-573 de 2019.
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que el fallo de 1. ° de agosto del 2024 se sustentó en un antecedente de la
misma Sección demandada, es decir, se iteró el criterio del órgano de cierre en
el asunto tributario que hoy se expone en el asunto de la referencia.
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a
partir de los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de
la decisión del órgano de cierre en materia tributaria, la cual fue adoptada en el
marco de los principios de autonomía e independencia judicial y con
fundamento en el marco normativo y judicial aplicable al asunto.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el
contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de
argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial
en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique por
parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el
máximo órgano en esta materia.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra
providencia judicial, dictada por una corporación de cierre, requiere con mayor
énfasis que el accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda
demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y
la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece
de relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que
le permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada
por la autoridad censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permita superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de
interpretación meramente legal; (ii) es de índole pecuniario; (iii) la sentencia
reprochada fue dictada por una alta corte; y (iv ) no se evidencia una
vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela.30
30 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-
03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii)
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2.4.3. Frente al agotamiento de los mecanismos de defensa judicial, en
consonancia con la postura de la Sala, se advierte que, tal como lo señaló el a
quo constitucional, esta exigencia no se cumple en el asunto de la referencia
por cuanto los argumentos en los que se sustentó el cargo por violación directa
de la Constitución no fueron planteados en el marco del proceso ordinario,
instancia que constituyó la oportunidad para que el juez natural resolviera todas
sus inconformidades. En consecuencia, tal falencia que no puede ser
enmendada a través de un medio de naturaleza subsidiaria como lo es la acción
de tutela.
Al respecto, es preciso resaltar que la acción de tutela procede únicamente
cuando no existen otros medios de defensa judiciales aptos para procurar la
materialización de los derechos de las partes, comoquiera que no es un
escenario para intentar subsanar negligencias o errores cometidos en un
proceso ordinario en el que se cuenta con todas las herramientas legales para
tal efecto.
Por esta razón, este trámite constitucional no puede ser utilizado como una
alternativa para desplazar, suplantar o sustituir los medios judiciales comunes
con los que cuentan los ciudadanos por disposición de la ley, máxime cuando
estos son idóneos y eficaces.
En conclusión, la solicitud de amparo no constituye un mecanismo alternativo a
los recursos de defensa consagrados en las normas, ni puede convertirse en
una tercera instancia a la que se pueda recurrir con el fin de controvertir unos
argumentos que debieron ser materia de estudio por el juez natural, pues
permitir tal posibilidad desconocería que la acción de tutela es un instrumento
de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, que solo procedería excepcionalmente ante la acreditación de
un perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en el sub examine.
Todo lo anterior, da lugar a que esta Sala de decisión confirme la
improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
2.5. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 4 de
diciembre de 2024 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela promovida por
sentencia de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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el Distrito de Cali contra la Sección Cuarta de esta corporación, por no
satisfacer los requisitos de relevancia constitucional y de agotamiento de todos
los mecanismos judiciales.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de 4 de diciembre de 2024 dictada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.
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