Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04698-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04698-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04698-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04698-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04698-01
Accionante: Luis Eduardo Cutiva Quintero
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela por presunta transgresión de derechos al debido
proceso y de autor, por presunta ejecución de contrato de mandato
no vigente y no ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y
control en contra de Sayco y OSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Luis Eduardo Cutiva
Quintero, mediante apoderado, en contra de la sentencia del 10 de octubre de
2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
El señor Luis Eduardo Cutiva Quintero instauró acción de tutela, para que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la “propiedad
intelectual” y “de autor”, los cuales considera vulnerados por la Presidencia de la
República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la
Nación, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia y la Organización Sayco Acinpro.
HECHOS
Manifestó que es autor de obras musicales y está afiliado hace 20 años a la
Sociedad de autores y Compositores de Colombia, Sayco.
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Que celebró un contrato de mandato con representación con la Sociedad de
Intérpretes Acinpro y la Organización Sayco Acinpro el 1.° de marzo de 1999; el
cual no fue prorrogado por las partes ni inscrito en la Oficina de Registro de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto último supone, a su parecer, el
incumplimiento de un requisito ad substantiam actus; además, considera que el
contrato no está surtiendo efectos porque la Ley 23 de 1982 prohíbe que los
mandatos tengan una duración superior a 3 años.
Alegó que el contrato desde el 1o de marzo de 2002 no tiene vigencia, pero Sayco
continúa actuando en nombre del afiliado y cobrando los derechos de autor a los
establecimientos de comercio.
Adujo que la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha incurrido en la omisión
de sus funciones de control sobre la sociedad de Sayco Acinpro, facultad que le
fue otorgada por los artículos 29 y 30 de la Ley 1493 de 2011.
Que la Presidencia de la República no ha cumplido su deber de inspección,
vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva de los derechos de
autor y conexos, tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 44 de 1993; al
igual que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la
Nación, quienes también han omitido dicha obligación.
PRETENSIONES
Solicita que se ordene lo siguiente: a) a la Presidencia de la República y a la
Contraloría General de la República que impartan instrucciones a la Dirección
Nacional de Derechos de Autor- DNDA para que vigile, inspeccione y controle a
las sociedades de gestión colectiva y entidad recaudadora; b) a la Procuraduría
General de la Nación que investigue a los funcionarios de la DNDA y c) a la DNDA
que implemente las acciones necesarias para evitar que se siga ejecutando el
contrato de mandato con representación que se suscribió el 1.° de marzo de 1999
entre Sayco, Acinpro y la Organización de Sayco Acinpro.
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ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 5 de septiembre de 2024 el consejero sustanciador de primera instancia
inadmitió la acción de tutela, el 17 de igual mes y año admitió la misma y ordenó
la notificación de las autoridades accionadas.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
La Contraloría General de la República indicó que a través de la Dirección de
Vigilancia Fiscal realizó auditoría de cumplimiento en el primer semestre de 2024
a las sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor SGC y la entidad
recaudadora ER, donde se determinó la existencia de 4 hallazgos (gestión de
cobro de sanciones, informe auditorías SGC y ER, formato planes de seguimiento
e informes de avance y plazos en los planes y avances de seguimiento).
La Procuraduría General de la Nación solicitó estudiar una posible acumulación
de la tutela de la referencia con la acción 11001-03-15-000-2024-04852-00
promovida también por el apoderado del actor el señor Jorge Alonso Garrido
Abad, pero en nombre propio, dado que tienen similitud de hechos y
pretensiones.
Por otro lado, pidió que se declare improcedente la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que, el actor no ha radicado
petición, queja o denuncia de manera previa ante la entidad.
La Presidencia de la República solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, bajo el entendido que no tiene competencia
funcional para analizar los reclamos que trae a colación el actor, ya que la
Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene autonomía administrativa.
La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos-
ACINPRO precisó que el contrato de mandato está vigente, conforme a la
cláusula segunda de éste y, por ende, está legitimada en los términos que
resulten de sus estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión, entre
ellos recaudar los derechos patrimoniales derivados de la ejecución pública de
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obras musicales. Adicionalmente, sostuvo que las sociedades de gestión
colectiva son consideradas como mandatarios de sus asociados por el simple
acto de afiliación.
Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad, dado que, por un lado, el actor cuenta con los mecanismos
que consagran la Ley 23 de 1982, el artículo 29 de la Ley 1915 de 2018 y los
artículos 19 numeral 1.°, 20 numeral 2.° y 368 del Código General del Proceso y,
por otro lado, se encuentran en trámite dos demandas verbales interpuestas por
el apoderado del accionante con radicado núm. 11001-31-03-010-2024-00443-
00 en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá y 11001-31-03-005-2024-
00470-00 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, los cuales guardan
relación con los hechos aquí planteados.
La Organización Sayco Acinpro – OSA pidió que se declare improcedente la
acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad, pues, el accionante no
ha agotado los recursos ordinarios ni ha demostrado la urgencia de su situación.
Agregó que el apoderado del actor radicó dos procesos verbales con radicados
11001-31-03-010-2024-00443-00 y 11001-31-03-005-2024-00470-00, los cuales
se encuentran en trámite.
La Dirección Nacional de Derechos de Autor expuso que la tutela no cumple
el requisito de subsidiariedad, porque el actor no acudió previamente a los
mecanismos judiciales y administrativos con el fin de que se verificara la validez
del contrato de mandato y tampoco llevó a cabo las actuaciones previas mediante
las cuales exigiera el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control por
parte de las accionadas.
La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO indicó que el
actor no ha presentado siquiera queja respecto de las irregularidades que
manifestó en la acción de tutela, en relación con las funciones de vigilancia,
inspección y control de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 10 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta declaró
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad,
en la medida en que el actor puede acudir ante la jurisdicción ordinaria, donde
podrá cuestionar la validez del contrato de mandato, que suscribió el 1.° de
marzo de 1999, y el recaudo de los derechos de autor que la Organización OSA
viene ejecutando, tal y como lo contempla el artículo 242 de la Ley 23 de 1982,
mecanismo que resulta ser idóneo y eficaz.
En relación con la presunta violación de derechos por parte de la Presidencia
de la República, la Dirección de Derechos de Autor, la Contraloría General de
la República y la Procuraduría General de la Nación, por presuntamente no
ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control en relación con el
recaudo de derechos de autor, indicó que el actor cuenta con la acción de
cumplimiento para exigir la efectividad de la ejecución de las normas que
imponen esta obligación a las entidades accionadas.
Además, señaló que en el caso no se configura un perjuicio irremediable que
amerite la intervención excepcional del juez constitucional.
En cuanto a la controversia sobre los derechos patrimoniales del autor manifestó
que la Corte Constitucional en sentencia T 367 de 2009 consideró que el juez
de tutela puede intervenir exclusivamente cuando exista una relación directa
con su dimensión ius fundamental, lo cual no ocurre en el asunto.
IMPUGNACIÓN
El señor Luis Eduardo Cutiva Quintero impugnó la sentencia de 10 de octubre
de 2024, alegando que no procede la acción de cumplimiento para que las
entidades accionadas ejerzan sus obligaciones de vigilancia, inspección y
control sobre Sayco, pues los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 1493
de 2011 consagran funciones facultativas, contra las cuales el Consejo de
Estado ha considerado que no está permitida. En lo demás, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará la siguiente temática: I) generalidades
de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de tutela y III)
el caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional,
esta acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta
característica, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias -
jurisdiccionales y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no
resultan idóneas y eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial, ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en
la medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apropiado para generar el efecto protector de los derechos
fundamentales, además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de
forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho.
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Ahora bien, corresponde al juez de tutela en cada caso, además de valorar la
idoneidad y eficacia del otro medio de defensa, visualizar y establecer la
“irremediabilidad” del perjuicio. Al respecto, en uno de sus tantos pronunciamientos
expuso la Corte:
“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la
presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”1.
III) Caso concreto
En síntesis, el actor manifestó su desacuerdo con la decisión de primera
instancia, pues en su criterio no le asiste razón al juez constitucional cuando
indica que procede la acción de cumplimiento en contra de la Presidencia de la
República, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Contraloría General
de la República y la Procuraduría General de la Nación, para que éstas cumplan
sus funciones de vigilancia, inspección y control. En lo demás, reiteró los
argumentos del escrito de tutela.
Al respecto, advierte la Sala que más allá de la discusión de sí procede o no la
acción de cumplimiento en el asunto, para exigir a las entidades antes referidas
que ejerzan sus funciones de vigilancia, inspección y control sobre las
sociedades de Sayco y OSA, lo cierto es que, no se demostró ni acreditó que el
señor Cutiva hubiera presentado petición concreta ante dichas entidades, a fin
de exponer los motivos de queja y, garantizar la prerrogativa de pronunciamiento
previo2 que le asiste a las autoridades accionadas; razón por la cual se
confirmará la improcedencia de la acción de tutela, por no satisfacer el requisito
de subsidiariedad.
1 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de febrero de 2011, radicado 25000-23-27-000-
2007-00191-01(17251) “La razón de la exigencia legal del señalado agotamiento deviene del principio
llamado de la decisión previa que le permite a la administración antes de acudir al medio judicial, que revise
su propios actos y otorga a los administrados una garantía sobre sus derechos al presentar motivos de
inconformidad para que sea enmendada la actuación si es del caso, antes de que conozca de ella quien
tiene la competencia para juzgarla”
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En cuanto a la presunta transgresión de derechos por parte de las sociedades
Sayco y OSA por ejecutar el recaudo de los derechos patrimoniales del señor
Cutiva, cuando en criterio de éste el contrato de mandato por representación
suscrito el 1o de marzo de 1999 no está vigente a la fecha, encuentra la Sala
que la acción de tutela resulta improcedente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el actor puede acudir ante la jurisdicción
ordinaria, como lo establece el artículo 242 de la Ley 23 de 19823, donde podrá
controvertir la validez del mandato con representación antes citado y la supuesta
legitimación de OSA para recaudar los derechos patrimoniales ante los
establecimientos de comercio, en virtud de dicho contrato y por el simple hecho
de estar afiliados a ACINPRO.
Tampoco advierte la Sala que se configuren los elementos del perjuicio
irremediable, toda vez que no se mencionó y acreditó cuál es el daño que no se
puede retrotraer o revertir, la certeza e inminencia de éste, la gravedad y la
urgencia, que ameritan la intervención del juez constitucional de manera
transitoria.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2024, mediante la cual la
Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela,
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
3 “ARTÍCULO 242.- Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Ley, ya sea por aplicación de sus
disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos y vinculados con los derechos de
autor, serán resueltos por la justicia ordinaria”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04698-01
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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