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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04700-01

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04700-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 6 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios en los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones». 7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04700-01 Demandante: Elicenia Gálvez Alarcón SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04700-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

25 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04700-01
Demandante: Elicenia Gálvez Alarcón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04700-01
Demandante: ELICENIA GÁLVEZ ALARCÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y
coherente para discutir la razonabilidad de las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales accionadas; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del
proceso de origen.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 3 de septiembre de 2024, la señora Elicenia Gálvez Alarcón interpuso acción
de tutela contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, con ocasión de las sentencias de primera y de segunda
instancia proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
76001-23-33-000-2018- 01001-00/01.

2. Si bien la accionante no concretó su pretensión, del escrito de tutela se colige
que, lo que persigue es dejar sin efecto las providencias judiciales proferidas el 18
de febrero de 2022 y el 6 de marzo de 2024, por la Sección Segunda, Subsección
B de esta Corporación y por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

1 Se advierte que, el 5 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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respectivamente, mediante las cuales se accedió a las pretensiones de la UGPP
en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho arriba identificado y,
por consiguiente, se le dejó de pagar la pensión gracia que venía disfrutando.

3. Asimismo, del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

4. Mediante Resolución 15529 de 11 de marzo de 1993, la extinta Cajanal EICE
reconoció la pensión gracia a favor de la señora Elicenia Gálvez Alarcón, la cual,
posteriormente fue reliquidada por retiro del servicio, en virtud de la Resolución
31581 de 27 de junio de 2007 y en cumplimiento de un fallo judicial.

5. La accionante también goza de la pensión de jubilación, reconocida mediante la
Resolución 003049 de 6 de abril de 1995.

6. Una vez advertida la supuesta irregularidad en el reconocimiento de la pensión
gracia, la UGPP ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos que reconocieron dicha prestación a la demandante.

7. En el trámite de primera instancia del proceso ordinario con radicado 76001-23-
33-000-2018- 01001-00/01, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó
como medida cautelar, la suspensión provisional de la Resolución 015529 de 11
de marzo de 1993, por considerar que, la entidad de previsión tuvo en cuenta
periodos no computables para efectos de reconocer la pensión gracia a favor de la
señora Gálvez Alarcón.

8. La UGPP cumplió la anterior medida con la Resolución RDP 0147815 el 15 de
junio de 2021.

9. Con sentencia del 8 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió parcialmente a las súplicas de la demandada. Providencia que se
confirmó el 6 de marzo de 2024 por la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.

10. A juicio de la parte actora, la tutela cumple con los requisitos generales
previstos en la jurisprudencia para atacar las providencias judiciales; y como
requisitos específicos, invocó los siguientes defectos:

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11. Sustantivo. Las autoridades judiciales «(…) desconocieron y pasaron por alto
lo expresado por la Corte Constitucional en relación al estudio del articulo 15
numeral segundo, letra B de la ley 91 de 1989 y lo interpretaron de manera
errónea estableciendo requisitos adicionales para acceder a la pensión “Gracia”».

12. Indicó que se vulneró su debido proceso, como quiera que su situación «(…)
debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes ley 14 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933, Decreto 081 de 1976».

13. Adujo que para resolver su situación no resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y
que, en todo caso, se desconoció su vinculación al servicio docente desde 1962.

14. Fáctico. Sostuvo que «(…) En la sentencia de instancia se incurrió en un
defecto fáctico por indebida e irrazonable valoración probatoria, obviando la
ubicación en el tiempo (1962)».

15. Desconocimiento del precedente judicial. Las autoridades judiciales
desconocieron los derechos adquiridos, y modificaron una situación jurídica
consolidada a favor de la accionante, de conformidad con las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933; y, en virtud de la Sentencia C- 479 de 1998, que
extendió la pensión gracia a los docentes que prestaron sus servicios en
establecimientos de enseñanza secundaria.

16. También alegó el desconocimiento de su condición de persona de la tercera
edad, dado que tiene más de 84 años y, por ende, no puede soslayarse su
derecho a la seguridad social, y quitarle la pensión gracia luego de haberla
disfrutado por 378 meses. Aseguró que, con ello, igualmente se le vulneró su
mínimo vital, toda vez que sus ingresos menguaron en más del 50% en razón de
la pérdida de la pensión graciosa.

17. Igualmente, invocó el principio de favorabilidad, con el fin de resaltar que le
correspondía a las autoridades judiciales accionadas acoger y aplicar la condición
más beneficiosa para la docente, lo que, a todas luces, no efectuaron.

Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto del 11 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela y
se ordenó que se notificara a los magistrados que integran la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y a la Unidad Administrativa Especial de

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Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, como
parte demandada.

19. El magistrado ponente de la providencia censurada proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, señaló que la tutela es
improcedente, porque la parte actora pretende convertirla en una tercera instancia
del proceso ordinario y, por lo tanto, carece de relevancia constitucional.

20. Agregó que no se avizora violación a derecho fundamental alguno en cabeza
de la señora Gálvez Alarcón, habida consideración de que, en la providencia
censurada se explicó con claridad que, para reconocer la pensión gracia a favor
de la docente, Cajanal EICE tuvo en cuenta tiempos nacionales, no computables
para esos efectos.

21. La subdirectora de Defensa Jurídica Pensional de la UGPP señaló que la
tutela es improcedente porque pretende convertir la tutela en tercera instancia del
proceso ordinario, abriendo el escenario para que el juez constitucional se
inmiscuya en asuntos ya resueltos por el juez natural de la causa.

22. En todo caso, adujo que, revisado el expediente administrativo, se corroboró
que la docente estuvo vinculada desde el 15 de enero de 1979 hasta el 12 de
enero de 2005 como docente nombrada por el Ministerio de Educación Nacional,
es decir, que ese periodo no podía computarse para efectos de reconocer la
pensión gracia, por cuanto, fungió como educadora del orden nacional.

23. Pese a ser debidamente notificado, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. no intervino en esta oportunidad.

Fallo impugnado

24. En sentencia del 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

25. Expuso que los argumentos de la parte actora buscan una instancia adicional
con el fin de que se revisen las sentencias del contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

26. Señaló que, en el caso objeto de estudio, el accionante alega la configuración
de defecto sustantivo por interpretación errónea para acceder a la pensión gracia,

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defecto fáctico por indebida e irrazonable valoración probatoria, desconocimiento
de precedente al no atender derechos ya adquiridos, vulneración a la tercera
edad, vulneración del salarió mínimo vital y el principio de favorabilidad para el
demandado.

27. Sin embargo, aclaró que, del informe presentado por la autoridad judicial
accionada de segunda instancia, se evidencia que la Corporación realizó un
estudio minucioso de las pruebas obrantes en el proceso y de la normatividad
vigente, que le permitió concluir que, la docente no tenía derecho a percibir la
pensión gracia reconocida y reliquidada mediante los actos administrativos
demandados, dado que, no cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para
ello.

28. Agregó que, los argumentos de la tutela buscan reabrir una controversia que
ya fue definida por el juez ordinario, sin que de ellos se pueda verificar una
posible vulneración de las garantías fundamentales de la accionante, más allá de
la inconformidad que presenta frente a la decisión que resultó contraria a sus
intereses.

Impugnación

29. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó. Insistió
en que persigue la restitución de la pensión gracia que disfrutó por más de 378
meses, toda vez que, a su juicio, su suspensión constituye un claro
desconocimiento de los derechos adquiridos y, por ende, en su sentir, el asunto
planteado tiene relevancia constitucional.

30. En su concepto, el a quo realizó una interpretación ligera para concluir que
busca convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia del
proceso ordinario, y desplazar al juez natural de la causa, dado que, no es esa su
pretensión.

31. Sostuvo que las providencias censuradas no realizaron un análisis exhaustivo
sobre la normatividad aplicable en el caso de Elicenia Gálvez Alarcón; y que, en
todo caso, «(…) La vinculación en 1979 al Instituto Técnico Nacional de Comercio
Simón Rodríguez “prefecta de disciplina” tuvo el carácter de ascenso - promoción
y no se constituyó en pérdida de derechos adquiridos en la Normal Nacional de
Señoritas de Cali y en el departamento de Caldas (…)».

32. Asimismo, se refirió al derecho a impugnar el fallo de tutela, para efectos de
garantizar la doble instancia dentro del trámite de la acción constitucional y trajo a

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colación varias providencias de la Corte Constitucional, en las que se declaró la
exequibilidad de algunas normas que hacen parte del régimen aplicable para el
reconocimiento de la pensión gracia (C- 479 de 1998, C-915 de 1999, C-085 de
2002):

33. Insistió en que, la autoridad accionada de segunda instancia desconoció que
se vinculó al servicio docente como educadora territorial en Educación Primeria
desde el mes de marzo de 1962; y solicitó la aplicación de la excepción de
constitucionalidad, a fin de que se resuelva la controversia a su favor.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

34. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado. Para tal efecto, se deberá examinar si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por
ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Análisis de la Sala

Requisito de relevancia constitucional

35. En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación
señaló que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si
una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos.

36. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

2
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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37. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

38. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

39. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

Caso concreto y solución del problema jurídico

40. De entrada, la Sala considera que la presente tutela deviene improcedente
porque no satisface la exigencia de relevancia constitucional, no solo porque se
está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario, tal y
como lo señaló el a quo, sino también, porque la solicitud de amparo no cuenta
con la suficiente carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional
para cuestionar providencias judiciales.

41. En efecto, aunque la parte actora manifestó su desacuerdo con las
providencias proferidas el 18 de febrero de 2022 y el 6 de marzo de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por la Sección Segunda, Subsección
B de esta Corporación, respectivamente, lo cierto es que, no explicó con claridad
suficiente en qué consiste la vulneración a los derechos fundamentales invocados.

3
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

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42. Pese a que señaló los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente, como causales específicas de procedencia, en las que
supuestamente incurrieron las providencias objeto de reproche, lo cierto es que,
sus afirmaciones son generales, y no se preocupó por descender el análisis al
caso concreto.

43. Como se sabe, el defecto material o sustantivo se caracteriza, principalmente,
por la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene
origen en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas
que gobiernan el asunto puesto en conocimiento del juez. Sin embargo, para que
esa falencia dé lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional,
debe evidenciarse una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a
que se profiera una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de
prerrogativas iusfundamentales4.

44. No basta, pues, con que la parte demandante alegue que se le vulneraron los
derechos fundamentales, para considerar que se cumple con el primer elemento
del requisito de relevancia constitucional. Para ello, es necesario sustentar amplia
y razonablemente el vicio endilgado a la decisión censurada, a fin de que el juez
constitucional cuente con suficientes elementos para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales.

45. En este caso, la parte actora se limitó a afirmar que las sentencias
cuestionadas desconocieron e interpretaron de manera errónea el artículo 15
numeral segundo, letra B, de la ley 91 de 1989, pero no explicó con suficiencia en
qué consiste el yerro invocado, de manera que el juez constitucional tenga
elementos de juicio suficientes para realizar el estudio de fondo pertinente
respecto de este cargo.

46. De otra parte, se alega que las autoridades judiciales demandadas incurrieron
en defecto fáctico porque no valoraron el material probatorio, desconociendo la
«ubicación en el tiempo»; sin embargo, a juicio de la Sala, no bastaba con señalar
en abstracto que se presentó una falencia en la valoración probatoria, sino que lo
determinante era precisar cuáles fueron los medios de prueba que no se
analizaron, explicar cómo la falta de valoración arrojó un resultado distinto y por
qué la conclusión del juez de la ejecución estuvo desprovista de cualquier rigor o
fundamento, pero, en este caso, lo que se advierte es un descontento genérico
con la decisión tomada en las providencias cuestionadas.
4 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la

Corte Constitucional.

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47. Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de
tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de
las causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente,
que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso
concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que
ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales 5.

48. Así mismo, es menester mencionar que la valoración probatoria en nuestro
sistema se encuentra gobernada por el principio de la sana crítica o de la
apreciación razonada de las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de
formarse su convencimiento sobre la verificación de los enunciados fácticos, a
partir de un análisis conjunto e integral de los elementos probatorios, pero sujeto a
las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una convicción arbitraria,
caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.

49. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las
pruebas que obran en el proceso e incluso, a partir de las deficiencias que en esa
carga procesal de las partes advierta el sentenciador. Con todo, esa situación no
exige el estudio individual o detallado de cada uno de los medios suasorios, salvo
que se echen de menos aquellos que incidan directamente en el sentido de la
decisión, al punto que den lugar a una resolución distinta a la emitida,
circunstancia que, como se vio, no se presenta en este caso.

50. Aunado a lo anterior, la señora Gálvez Alarcón invocó el desconocimiento del
precedente como requisito específico, empero, lo expuesto en la demanda
tampoco cumple con la carga argumentativa exigida, pues la parte actora se limitó
a identificar unas providencias de constitucionalidad, sin identificar cuáles son las
subreglas jurisprudenciales que se derivan de ella y que supuestamente
desconocieron las autoridades judiciales accionadas.

51. En ese orden de ideas, para la Subsección, no se cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida en estos casos y, de todas formas, se advierte que,
la parte actora pretende revivir la controversia zanjada por el juez natural de la
causa, y con ello, convertir este valioso mecanismo constitucional en una tercera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-

00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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52. Nótese que la accionante busca reabrir la discusión del proceso de origen, en
torno a si debe continuar disfrutando de la pensión gracia reconocida por la
extinta Cajanal EICE, mediante las Resoluciones 15529 de 11 de marzo de 1993
(reconoció la prestación) y 31581 de 27 de junio de 2007 (reliquidó la mesada por
retiro del servicio), pese a que la UGPP demandó la nulidad de dichos actos
administrativos, por estimar que la docente no cumple con los requisitos exigidos
para acceder al derecho.

53. Vistas las razones esgrimidas en la solicitud de amparo y en la impugnación,
se evidencia que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para
continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por las autoridades judiciales,
consistente en que, desde la óptica particular de la parte accionante, no se puede
suspender el pago de la pensión gracia a su favor, porque, en su sentir, es un
derecho adquirido, ya que, se vinculó al servicio docente desde el año 1962 y
además, viene devengando la prestación hace más de 378 meses y, por
consiguiente, a su juicio, es un derecho consolidado.

54. Como se dijo, este asunto se analizó de fondo por los jueces naturales de la
causa, tanto en primera como en segunda instancia, quienes llegaron a la
conclusión de que la señora Gálvez Alarcón no cumple con los requisitos legales
exigidos para acceder a la pensión gracia, en concreto, no acredita los 20 años de
servicio docente con vinculación territorial o nacionalizada, por cuanto el tiempo
que estuvo nombrada en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón
Rodríguez, fungió como docente nacional.

55. Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
sentencia del 18 de febrero de 2022, discurrió:

Finalmente, en lo que corresponde al período de tiempo comprendido entre
el 15/01/1979 al 28/02/1990, encuentra la Sala que en la certificación de
tiempos laborados se especificó que el nombramiento del cargo fue
efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, a saber: (…)

Además, una vez verificada la naturaleza jurídica del Establecimiento
Educativo, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"33, se
advierte que este constituye una institución de educación superior, tal como
lo señala la información consignada la página web del centro educativo y del
Ministerio de Educación, reseña que extrae la Sala de manera in extenso:
(…)

Por lo anterior, la Sala concluye que deben ser desestimados para efecto de
acumulación de tiempos para el reconocimiento de la pensión gracia el
período laborado por la demandada en el Instituto Técnico Nacional de
Comercio "Simón Rodríguez", toda vez que su vinculación como docente se
efectuó por parte del Ministerio de Educación lo cual la clasifica como

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docente del Orden Nacional y aunado a ello, a partir del 16 de noviembre de
1979, dicha institución educativa se transformó en un centro educativo de
educación superior.

Pues bien, la Sala encuentra total fundamento a los reparos formulados por
la entidad demandante -UGPP- en su concepto de violación, en cuanto a
que el tiempo de servicios comprendido entre el 15/01/1979 al 28/02/1990
como coordinador de bachillerato, no pueden ser computables para cumplir
el requisito de la pensión gracia.

Así las cosas, al totalizar el tiempo laborado al servicio de la Secretaría de
Educación del Caldas y en la Escuela Normal Nacional de Señoritas de Cali,
obtenemos un acumulado de 14 años, 3 meses y 2 días, tiempo que no
cumple con el requisito mínimo de servicio establecido en el artículo 4 de la
Ley 1 14 de 1913. En consecuencia, habrá lugar a lugar a la revocatoria del
acto administrativo acusado, toda vez que fue expedido en contravía a las
normas en que debió fundarse.

56. Esta tesis la respaldó la Sección Segunda, Subsección B, de esta
Corporación, en el fallo del 6 de marzo de 2024, mediante el cual confirmó la
decisión con el siguiente análisis:

De las pruebas antes enunciadas se desprende que la demandante nació el
21 de noviembre de 1939 y prestó sus servicios para la educación oficial,
así:

(…)

De acuerdo con lo expuesto, en lo atinente al primer lapso laborado por la
actora como docente, esto es, desde el 1 de marzo de 1962 hasta el 13 de
febrero de 1966 (3 años, 11 meses, 12 días), obra en el expediente el
certificado de la secretaría de educación del departamento de Caldas que
dan cuenta de que ingresó al servicio educativo por nombramiento del
gobernador de ese departamento y que los pagos se efectuaban por la
división de presupuesto del departamento; por tanto, ese tiempo, que, valga
decir, inició con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, es susceptible de
ser contabilizado para conceder la pensión gracia deprecada.

También se observa que la actora se vinculó nuevamente a este
departamento el 10 de febrero de 1970, por Decreto 56, con ingreso
territorial, pues emana de la administración departamental y los salarios
también fueron sufragados por ese ente territorial, por tanto, se trata de una
docente nacionalizada. En consecuencia, esta última vinculación también se
contabiliza para el reconocimiento de la prestación demandada.

Ciertamente, el tiempo servido para el departamento de Caldas no tiene
discusión en relación con la naturaleza de la vinculación (territorial,
nacionalizado), ni con el tiempo a contabilizar (12 años, 10 meses, 5 días).

Ahora bien, en cuanto al segundo periodo de tiempo laborado por la

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demandante, de acuerdo con lo expuesto, y con el material probatorio
recaudado se advierte que prestó sus servicios como docente de la escuela
Normal de Señoritas de Cali desde el 16 de septiembre de 1974 hasta el 30
de octubre de 1978 (4 años, 3 meses, 14 días), se encuentra la certificación
expedida por la rectora de la institución, que además tenía el carácter de
nacionalizado.

Como quedó dicho en líneas anteriores, lo fundamental para determinar el
reconocimiento o no de la pensión gracia es el carácter de la plaza a ocupar,
bien sea territorial o nacionalizada; es por esta razón que el tiempo laborado
como docente en esta institución también ha de ser contabilizado para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

Finalmente, en relación con el último periodo laborado por la accionada, esto
es, el comprendido desde el 15 de enero de 1979 hasta el 21 de noviembre
de 1989, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez (10
años, 10 meses y 6 días), no puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia debido a que el acto de vinculación
provino del Ministerio de Educación Nacional y, por ello, se trata de una
docente nacional.

Ahora, podría pensarse que el tiempo que discurrió desde el 22 de
noviembre de 1989 hasta su retiro, es relevante para el estudio de si es o no
acreedora de la pensión gracia, sin embargo, tampoco se puede tener en
cuenta luego que se prestó en el mismo plantel, Instituto Nacional de
Comercio Simón Rodríguez.

Para ello basta remitirse al certificado de tiempo de servicio expedido por la
secretaria de Educación de Cali, el 20 de octubre de 2008, que fue aportado
por la entidad accionante con la demanda, folio 164, donde se observa que
la ciudadana demandada estuvo vinculada al Instituto Nacional de Comercio
Simón Rodríguez, de manera ininterrumpida, desde el 13 de enero de 1979
hasta el 12 de enero de 2005. (…)

En consecuencia y como quedó evidenciado que la vinculación de la actora
desde 1979 es de carácter nacional y no es computable para adquirir una
pensión gracia, la sala concluye que la demandada no cumplió con el
requisito de demostrar vinculación como docente territorial o nacionalizada
por 20 años, y por ello no había lugar el reconocimiento de la prestación
solicita y se impone la declaratoria de nulidad de los actos demandados,
como lo dispuso el a quo.

57. En criterio de la Sala, las consideraciones que sirvieron de fundamento a las
decisiones censuradas resultan razonables y no merecen reproche alguno desde
el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte demandante no las
comparta, no significa que por ese motivo las autoridades judiciales accionadas
hubieran incurrido en los vicios alegados, ni habilita al juez constitucional para
reabrir el debate, convirtiendo la acción de tutela en una instancia adicional,
mucho menos si se trata de un asunto que culminó ante un órgano de cierre, caso
en el cual, los requisitos de procedencia de la acción de tutela se tornan más
rigurosos, en el sentido de que se debe acreditar que la decisión contraríe
abiertamente un postulado constitucional o que se desconozca la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, en la que se hubiera dado alcance a algún derecho
fundamental, circunstancias que en este caso no se presentan.

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58. Es más, en la sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario
para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, con el objetivo de
impedir que este mecanismo constitucional se convierta en instancia adicional a
los procesos o el escenario en el que se resuelvan aspectos legales, económicos
o sin trascendencia constitucional, que no son propios del juez de tutela. En dicha
providencia, se resaltó que el estudio de este requisito se torna más estricto
cuando se discuten decisiones de una alta corte:

[…] Según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto
del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales6.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales7.

59. En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque no satisface
la exigencia de relevancia constitucional. La señora Elicenia Gálvez Alarcón no
cumplió con la carga argumentativa mínima y, además, busca revivir una discusión
que ya fue razonablemente decidida en las providencias censuradas, con el claro
propósito de crear una instancia adicional. Por tanto, la Sala confirmará la decisión
impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.

6
Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios
en los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta
constitucional; (ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está
orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de
cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de
aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimonio público
cuando se cumplen determinadas condiciones».
7
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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