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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04721-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de fondo

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04721-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la tutela presentada por la señora Rosario Lelia González Beltrán contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04721-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: ROSARIO LELIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – La accionante contaba con
el recurso de reposición y de súplica para controvertir el auto que rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No se acreditó
estar en presencia de alguna situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Rosario Lelia González
Beltrán contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 4 de septiembre de la presente anualidad1, la señora Rosario Lelia González Beltrán
interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, con
ocasión del auto del 19 de julio de 2024, por medio del cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en el proceso con radicado 11001-33-42-
048-2022-00004-01 (3271-2024). Formuló las siguientes pretensiones:

1.Se reconozcan los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial
efectiva, igualdad ante la ley, acceso a la administración de justicia y demás
irrogados por las accionadas, en virtud de lo instituido en los artículos 1, 2, 13, 29,
228, 229 y demás configurados en esta acción, reglados en la Constitución Política

1 La Sala advierte que, el 27 de septiembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Nacional.

2.Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin valor ni efecto el
interlocutorio dictado por la parte accionada CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
Consejero Ponente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ o quien haga sus veces,
el diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) dentro del proceso quien
se identifica con el número de radicado 11001-33-42-048-2022-00004-01 (3271-
2024).

3.ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A, Consejero Ponente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ o quien haga sus veces, proferir una nueva
decisión en la que se resuelva de fondo el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto por la suscrita por intermedio de apoderada judicial
contra la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”, el catorce (14) de
marzo de dos mil veinticuatro (2024), teniendo en cuenta los argumentos
esbozados a lo largo del presente escrito y de manera especial, los referidos en el
título V de la presente acción.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y sus anexos se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

La accionante manifestó que se vinculó de forma ininterrumpida a la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá D.C. bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios desde el 3 de enero de 2011 hasta el 23 de junio de 2015, ejerciendo
actividades como auxiliar administrativa, labor por la cual percibió una remuneración
mensual.

Mediante Resolución 1176 del 24 de junio de 2015, la Secretaría de Educación Distrital
de Bogotá la nombró en provisionalidad para desempeñar el cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 27, el cual ocupó hasta el 15 de abril de 2019.

A través de la Resolución 2601 del 28 de noviembre de 2018, la Secretaría de Educación
Distrital terminó el nombramiento en provisionalidad. Expuso que, para ese momento,
contaba con 55 años, menos de 1.300 semanas cotizadas al subsistema pensional y
desde el 2017 padecía de cáncer de tiroides, por lo que el 5 de diciembre de 2017 fue
intervenida quirúrgicamente y a partir del 7 de mayo de 2018 fue sometida a
yodoterapias.

El 1º de octubre de 2021, solicitó el pago de prestaciones sociales por todo el tiempo
laborado. La anterior solicitud fue negada mediante Oficio S-2021-364056 del 24 de
noviembre de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En sentencia del 16 de febrero de 2023, el Juzgado 67 Administrativo de Bogotá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo que declaró la existencia de una
relación laboral encubierta y la decretó la nulidad parcial del acto administrativo S-2021-
364056 del 24 de noviembre de 2021. Asimismo, declaró probada la excepción de
prescripción de los derechos laborales y prestaciones causados entre el 3 de enero de
2011 y el 23 de junio de 2015, excepto los aportes a seguridad social en pensiones y
declaró la caducidad respecto de la pretensión de nulidad de las Resoluciones 2601 del
28 de noviembre de 2018 y 0972 del 11 de abril de 2019.

Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante y demandada interpusieron
recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 14 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, en la cual se revocó parcialmente la sentencia, salvo el ordinal sexto relacionado con
la declaratoria de caducidad, que fue confirmado.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, al considerar que lo resuelto desconoció lo dispuesto por
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 y la sentencia con radicado 05001-23-
31-000-2005-03008-01 (1793-12).

En providencia del 27 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D concedió el recurso y, mediante auto del 19 de julio de
2024, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó de plano
el recurso presentado.

Como fundamento de su decisión, sostuvo que los argumentos presentados por la parte
demandante fueron insuficientes debido a que no «se indican de manera clara las
razones por las que considera que la decisión de segunda instancia es contraria a lo
dispuesto en la sentencia de unificación invocada y en la que se decide la excepción de
caducidad, que sea de paso decir, que la misma no es de unificación».

Asimismo, señaló que la accionante no realizó apreciaciones sobre las similitudes de los
casos presentados o las reglas de unificación que se contrariaron, sino que se centró en
argumentar la inconformidad con la decisión de segunda instancia sobre la supuesta
indebida valoración probatoria de los medios de prueba presentados.

Finalmente, concluyó que a través del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no es posible estudiar los planteamientos presentados bajo la óptica de
una tercera instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la providencia cuestionada incurrió en los
siguientes defectos:

(i) Defecto sustantivo: porque la decisión es contraria a lo previsto en los artículos 256,
257, 262 y 265 de la ley 1437 de 2011, que regulan lo atinente a la procedencia,
requisitos y admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. En su
criterio, el recurso presentado sí reúne los requisitos, puesto que presentó una
identificación clara de las partes e intervinientes, detalló de forma clara y precisa la
providencia impugnada, y relacionó de forma concreta, breve y sucinta los hechos del
litigio y, finalmente, precisó la sentencia de unificación jurisprudencial que estimó
contrariada y las razones que le sirven de fundamento.

A su juicio, en el recurso presentado sí se precisó de manera clara y detallada la
sentencia de unificación que se estima contrariada y las razones que le sirven de
fundamento. Por lo que, si la autoridad judicial accionada consideraba que no se cumplía
el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 262 de la Ley 1437 de 2011, no debió
rechazarlo sino inadmitirlo, en los términos del artículo 265 de la misma codificación.

Sostuvo que la causal de rechazo utilizada por la autoridad judicial accionada no se
encuentra establecida en el artículo 265 de la Ley 1437 de 2011, puesto que solo lo pudo
rechazar cuando el mismo fuera improcedente, o cuando no se fundamente directamente
en una sentencia de unificación jurisprudencial o cuando sea evidente que aquella no es
aplicable al caso.

(ii) Exceso ritual manifiesto: porque rechazó el recurso extraordinario con fundamento
en una causal no establecida en la ley, por exigir formalidades frente a la procedencia no
previstas en la ley y al argumentar que los argumentos del recurso fueron insuficientes
«aun cuando dentro del recurso se precisó en su título IV la indicación precisa de la
sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le
sirven de fundamento».

(iii) Violación directa de la Constitución: considera que se trasgrede de manera directa
lo previsto en los artículos 1, 2, 4, 13, 28, 229 y 231 de la Constitución, por cuanto se
lesionó el derecho fundamental al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, al rechazar el recurso por una causal no establecida
en la ley.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 9 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara al magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte demandada. Así mismo,
se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. Todos los sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados
del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial demandada vulneró o no los
derechos fundamentales invocados por la demandante. Para el efecto, primero se deberá
analizar si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales
de la tutela, particularmente el de subsidiariedad.

Solo en el evento de superar tales requisitos, la Sala descenderá al análisis de fondo que
corresponde, a fin de establecer si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado incurrió en defecto sustantivo, en exceso ritual manifiesto y en violación directa
de la Constitución, al proferir el auto del 19 de julio de 2024, por medio del cual se rechazó
de plano el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

2. Caso concreto y solución al problema jurídico

En el caso bajo estudio, el debate central se circunscribe a reprochar el auto de ponente
del 19 de julio de 2024, mediante el cual se rechazó de plano el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia presentado por la señora Rosario Lelia González
Beltrán.

La Sala advierte que se incumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
accionante contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para proteger eficazmente
sus derechos fundamentales: interponer el recurso de súplica directamente o en subsidio
al de reposición contra la providencia que rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, la cual, valga decir, no aparece enlistada en el artículo
243A del CPACA, que establece cuáles son las providencias no susceptibles de
recursos ordinarios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Y como no se interpuso el recurso de súplica, no puede ahora utilizarse este mecanismo
de amparo constitucional para corregir dicha falencia o suplir los medios ordinarios.

En efecto, el recurso de súplica busca cuestionar las decisiones que en sedes colegiadas
emite el magistrado ponente en algunos asuntos que serían apelables, que deciden
sobre la admisibilidad del recurso o en los casos previstos por el legislador, para que los
restantes integrantes de la Sala o Sección examinen la providencia recurrida y decidan
sobre su acierto o no. En esa línea de pensamiento, el artículo 246 del CPACA,
modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 y vigente para el momento en que
la autoridad judicial accionado rechazó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, dispone:

ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley 2080
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra los
siguientes autos dictados por el magistrado ponente:

(…)

3.Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios; los rechace o declare desiertos.

(…)

La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos.
Su interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:
a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la
reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por
una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto,
si fuere susceptible de este último recurso;

(…)
c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y
sustentarse por escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la
reposición. En el medio de control electoral este término será de dos (2) días.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2)
días a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así
lo ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que
rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente
para decidir, según el efecto en que deba surtirse;

d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o
subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para
resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel; (…).

Como se deduce del artículo 246 del CPACA, citado en lo pertinente, si el accionante
estaba en desacuerdo con la decisión del ponente de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado consistente en rechazar de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, la censura debió plantearla como recurso
de reposición y en subsidio de súplica contra aquella providencia o directamente el de
súplica, para que, en la primera hipótesis el ponente reconsiderara su decisión y, de no
acceder, los demás integrantes de la Sala examinaran el acierto o no del rechazo del
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

recurso extraordinario. Sin embargo, en este caso, ninguna protesta se levantó en sede
ordinaria en contra de la decisión de la autoridad judicial demandada, de suerte que, al
proponerse ese escrutinio en sede constitucional, es claro que lo pretendido es revivir
una oportunidad que se dejó precluir o que se supla la finalidad de otros recursos idóneos
que no se interpusieron.

Así las cosas, la Subsección considera que el recurso de súplica era el medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para garantizar la protección de los derechos fundamentales de
la señora Rosario Lelia González Beltrán que consideró vulnerados por el Despacho del
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, integrante de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Era obligación de la accionante agotar los instrumentos
judiciales que tenía a su alcance o, en otros términos, desplegar de manera diligente las
acciones judiciales que estuvieran a su disposición, siempre que las mismas sean
idóneas y efectivas para la protección de las garantías fundamentales.

De ahí que, a juicio de la Sala, la acción de tutela se torne improcedente, pues, de lo
contrario, se estaría aceptando reemplazar los mecanismos previstos por el legislador
para la defensa de los derechos. La tutela, se repite, no procede cuando el interesado
deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger
eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios2.

De otra parte, cabe anotar que, si bien puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite la
intervención urgente del juez de tutela, en el caso particular la parte actora ni siquiera
argumentó una circunstancia de esta naturaleza y la Sala tampoco encuentra que se
cumplan los presupuestos para hacerlo.

En efecto, no se advierte que la accionante se encuentre en una condición de
vulnerabilidad, en situación de debilidad manifiesta o que sea sujeto de especial
protección constitucional y que esas circunstancias le impidieran ejercitar los
mecanismos ordinarios de defensa que tenía a su disposición; por el contrario, se
observa que la aquí accionante estuvo representada por una profesional del derecho.

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Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona que
«no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa
a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela,
cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados
por el propio descuido procesal».

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04721-00
Demandante: Rosario Lelia González Beltrán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En definitiva, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela, por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la tutela presentada por la señora Rosario Lelia
González Beltrán contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI
del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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