Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04753-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04753-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04753-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404753-00
Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) buen nombre, iii) libertad de
escoger profesión u oficio y iv) trabajo
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Mónica Marcela Huertas Duarte contra
la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y
iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2” Archivo aportado en forma
digital
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Núm. único de radicación: 110010315000202404753-00
Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, al proferir “[…] la Resolución No. URNAR 24-
158 de 2024 “Por la cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del
acuerdo PCSJA24-12162, por medio del cual resuelve en sus artículos primero y segundo
Artículo 1. SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con
anotación provisional, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162
de 2024. Artículo 2. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de Información
del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) […]”, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamente la acción de tutela en síntesis
son los siguientes:
3. Señaló que, inició sus estudios en el segundo semestre del año 2018 en la Institución
Universitaria de Envigado, cuando ya se había promulgado la Ley 1905 de 28 de junio de
20182, que impuso el requisito del examen de Estado para obtener la tarjeta profesional de
abogado.
4. Adujo que la Corte Constitucional mediante sentencia C-594 de 20193, declaró
parcialmente exequible el inciso primero y condicionalmente exequibles los parágrafos 1.°
y 2.° del artículo 1.° de la Ley 1905, en relación con la aprobación del examen de Estado,
exigible al graduado que desee obtener la tarjeta profesional de abogado.
5. Manifestó que, el 15 de marzo de 2024 obtuvo el título de abogada y el 4 de abril de 2024
le fue expedida su tarjeta profesional de abogada con carácter provisional, frente a lo cual
precisó que ya se encuentra inscrita para presentar el examen de Estado mencionado
2 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”
3 Corte Constitucional Expedientes D-12992 y D-12994 (Acumulados) de 5 de diciembre de 2019. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404753-00
Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
supra, de acuerdo con la Resolución núm. URNAR 24-159 de 2024.
6. Indicó que empezó a representar a víctimas desde que recibió su tarjeta profesional
provisional, y fue designada por la Fiscalía para actuar ante jueces penales municipales del
circuito de Itaguí.
7. Señaló que, 9 de abril de 2024, se publicó el acuerdo PCSJA24-12162, “Por el cual se
establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición de
la tarjeta profesional de abogados y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
8. Sostuvo que, el 2 de septiembre le fue notificada la Resolución núm. URNAR 24-158 de
2024 por la cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del acuerdo
PCSJA24-12162 y mediante la cual se resolvió en i) el artículo 1.°, “[…] SUSPENDER la
vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados con anotación provisional, conforme
lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024” y ii) en el artículo 2.°,
“[…] REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de Información del Registro
Nacional de Abogados (SIRNA) […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela4:
“[…] 1- Que al no estar inmersa dentro de los términos del acuerdo PCSJA24-12162 DE
2024 publicado el 9 de abril, al habérseme emitido mi tarjeta profesional con anterioridad :
04/04/2024, y basada en el Principio de Legalidad, no se me aplique la “SUSPENSIÓN” de
la tarjeta en ningún momento y esta siga vigente hasta que obtenga por medio de la
aprobación del Examen de Estado la tarjeta Profesional Definitiva, para que no se me vulnere
el Derecho al Trabajo y por ende el Derecho al ejercicio de mi Profesión.
2- Que se actualice inmediatamente dentro del sistema SIRNA, el estado de mi tarjeta- NO
VIGENTE- y esta quede VIGENTE, toda vez que, por aplicación del Principio de legalidad,
este acuerdo no me cobija.
3. Que se actualice inmediatamente dentro del sistema SIRNA, las observaciones que
aparecen en el Certificado que aparece bajo mi CC: “No vigente por la no acreditación de la
aprobación del examen de Estado de la Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1 de la Resolución URNAR24158 de 2024, -toda vez que se está violando mi
4 Transcripción literal del texto.
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
Derecho al BUEN NOMBRE, pues con esta expresión se da a entender que el Examen de
Estado, fue presentado, pero no superado y esto no es cierto.
4- Que se modifique el acuerdo PSCJA24-12162 DE 2024 en su expresión “suspender” pues
ésta no es una razón por la cual se sanciona el ejercicio del Derecho a infringir el Código
Disciplinario, si no por el contrario corresponde a un procedimiento de forma y no de fondo.
[…]”
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de septiembre de 2024: i) admitió la
acción de tutela; y ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura
y al Director de la Unidad de registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
11. La Unidad Registro Nacional de Abogado -URNA-, consideró que no existe vulneración
a los derechos fundamentales de la actora, por lo que solicita negar el amparo, y manifestó
que:
“[…] la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de
tutela de segunda instancia, declaró que:
“(…) atendiendo a la sistematicidad del ordenamiento jurídico, no era posible para la entidad
accionada crear o disponer modalidades de tarjeta profesional de abogados que no se
encuentran expresamente reguladas en la ley, máxime cuando tal aspecto no fue previsto
ni desarrollado por el legislador en la Ley 1905 de 2018, por lo que resulta que conceder
este tipo de documentos se convierte en una restricción para el particular que carece de
fundamente (sic) legal (…)5 […]”.
12. Igualmente, agregó a su intervención lo que consideró la Corte Constitucional en la
sentencia SU- 128 de 20246:
“(…) la creación y expedición de una tarjeta profesional que habilitó para algunos abogados
el ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva por no haber presentado un
examen que no había sido implementado, es contraria a la Constitución en tanto implica: (i)
una extralimitación de las competencias del C. S. de la J. en un asunto que tiene reserva
de ley y (ii) una restricción injustificada a la libertad de ejercer la profesión, por lo demás con
graves implicaciones para la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el acceso
de la ciudadanía a la administración de justicia (…)”
En esta providencia, la Corte Constitucional, como máxima entidad judicial encargada de
velar por los derechos fundamentales y salvaguardar la carta magna, en sede de revisión,
inaplicó por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de
5 Consejo de Estado M.P.: César Palomino Cortés, radicado No. 11001-03-15-000-2022-03874-01.
6 Corte Constitucional Expedientes Expedientes acumulados T-9.201.808, T-9.286.215 y T-9.374.174. Sentencia de 18
de abril de 202024. M.P.: Natalia Ángel Cabo
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
abril de 20247, el cual estableció la tarjeta profesional con vigencia provisional para los
destinatarios de la Ley 1905 de 2018.
En ese orden de ideas, es claro que, ambas Corporaciones consideraron que, el Consejo
Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular y expedir la tarjeta profesional
con vigencia provisional.
De conformidad con lo anterior, esta Unidad aclara que tiene el deber legal de cumplir lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, por
tanto, no es posible acceder a la pretensión de ampliar la vigencia provisional de la tarjeta
profesional a la señora Huertas Duarte […]”.
[…]
“[…] En este aspecto, se advierte que, a la fecha, esta dependencia no ha recibido petición
en la cual manifieste su inconformidad con el acto administrativo que suspendió la vigencia
de la tarjeta profesional de abogado No. 425.931, ni tiene conocimiento de la interposición
del respectivo medio de control. […]”.
[…]
[…] En relación con la presunta vulneración del derecho al trabajo y al ejercicio de la
profesión, se tiene que, a partir de la Ley 1905 de 2018, la expedición de este documento
guarda estrecha relación con el ejercicio de la profesión, única y exclusivamente, en lo
referente a la representación de terceros, por tanto, no puede predicarse la vulneración
generalizada de este derecho, puesto que, existe un campo amplio que la accionante puede
desarrollar como inscrita en el Registro Nacional de Abogados, calidad que ostenta desde
el 3 de abril de 2024, como consta en el certificado adjunto. […]”.
[…]
[…] esta Corporación profirió el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022, donde se estableció la
expedición de la tarjeta profesional de abogado con anotación de provisionalidad y se
indicó, de manera clara, que tendrían vigencia hasta la publicación de los resultados de la
primera prueba, por tal razón, no es procedente la afirmación consistente en que no le
aplica dicha figura, reitera en el Acuerdo No. PCSJ24-12162 de 2024. […]”.
[…]
[…] se aclara que, la anotación dispuesta en el certificado de vigencia de la tarjeta
profesional de abogado no denota la práctica del examen de Estado o su reprobación,
únicamente, señala que, a la fecha, no ha acreditado dicha exigencia, por tanto, la tarjeta
profesional quedó sin vigencia. […]”.
[…]
[…] se precisa que, el Acuerdo No. PCSJ24-12162 de 2024 no contiene la expresión
“suspender” en la integridad de su contenido; el concepto se empleó dentro de la
Resolución URNAR24-158 de 2024, con el fin de interrumpir la vigencia de las tarjetas
profesionales con anotación provisional, tal como el señalado acuerdo lo había dispuesto y
no se utiliza bajo la figura sancionatoria establecida en la Ley 1123 de 2007. […]”.
7 “Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta
profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los
artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual se reglamenta
la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia
con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 9 y con el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201910, que asigna a esta sección el conocimiento de
las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado
a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales,
cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los
particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de
defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un
perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger los
derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la libertad de escoger profesión
u oficio y al trabajo invocados por la actora, los cuales considera vulnerados por la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, con la expedición de la Resolución No. URNAR 24-
158 de 2024, y el acuerdo PCSJA24-1216211 y, la consecuente, suspensión de su tarjeta
profesional de abogada con carácter provisional.
16. Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i)
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 “Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición de la tarjeta
profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”
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procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen nombre; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad de escoger profesión u
oficio; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo;
vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
17. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la
acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos
ya sean de carácter particular y concreto (numeral 1.°) o de carácter general, impersonal y
abstracto (numeral 5.°), toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa
judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el medio de control de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción
de inconstitucionalidad12 si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó
la Constitución Política.
18. En ese sentido, la jurisprudencia13 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se debe acudir
a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que el juez
determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los
derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la posibilidad que se configure un
perjuicio irremediable, pero en todo caso las acciones judiciales contencioso administrativas
no pueden haber caducado al momento de interponerse la acción de tutela. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado que ésta
procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente
y como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y
cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea
posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta
clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o
determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez
competente […]”.
12 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
19. La jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la
acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de
la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 200314, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991)
mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
[…]”. (Resaltado por la Sala).
20. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego la vulneración
de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está
frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría
conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
21. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
22. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho a la igualdad:
“[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los
que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter
14 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la
República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación,
que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre
una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas
afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas
desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre
23. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
que establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.
24. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho al buen nombre
es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones
que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho está
atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la
sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos
los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad
de escoger profesión u oficio
25. Visto el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de
las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de
libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura
interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles […]”.
26. La Corte Constitucional17 ha señalado que “[…] el régimen constitucional le permite a
16 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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toda persona escoger la actividad lícita, profesional o no, a la que habrá de dedicarse
teniendo en cuenta su vocación, capacidades, tendencias y perspectivas, con el fin de que
pueda cumplir el rol que desea en sociedad, al tiempo que obtiene lo necesario para su
sostenimiento y para realizarse como individuo […]”. Igualmente, ha indicado que:
“[…] El derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional
que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad - es decir, que
delimita las fronteras del derecho -, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado,
la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer
actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el título
correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser
sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden
interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia,
de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese
ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna. Mientras la segunda de las
garantías -la interna- es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los
oficios, la primera sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios
que requieran formación académica e impliquen un riesgo social […]”.18
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
27. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas […]”.
28. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha dicho lo
siguiente19:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho
fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo
primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser
reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al
ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la
que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de
servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto productivo
con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la
especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección subjetiva
con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo (artículo 53) y con
el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de
pleno empleo (artículo 334) […]”.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 14 de julio de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
19 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202404753-00
Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
Análisis del caso concreto
29. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, al proferir “[…] la Resolución No. URNAR
24- 158 de 2024 “Por la cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11
del acuerdo PCSJA24-12162, por medio del cual resuelve en sus artículos primero y
segundo Artículo 1. SUSPENDER la vigencia de las tarjetas profesionales de los abogados
con anotación provisional, conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024. Artículo 2. REALIZAR las anotaciones pertinentes en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA) […]”, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
30. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa
de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
31. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código
General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda,
en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
32. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
32.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
32.2. Informe rendido por la autoridad accionada, junto con los anexos.
Solución del caso concreto
33. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde a la
Sala determinar, si la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
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Actora: Mónica Marcela Huertas Duarte
del Consejo Superior de la Judicatura al expedir la Resolución URNAR 24- 158 de 2024 y
el Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024, vulneró los derechos fundamentales invocados por
la actora y, si en esa medida, la acción de tutela es el mecanismo que procede para que
su tarjeta profesional de abogada con carácter provisional continúe vigente.
34. En el escrito de tutela la actora señaló, por un lado, que le fue expedida la tarjeta
profesional provisional el 4 de abril de 2024 y, por otra parte, que el Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024 fue publicado el 9 de abril de 2024, por lo cual considera que no le resulta
aplicable la suspensión de la tarjeta profesional de abogada con carácter provisional, so
pena de desconocer el principio de legalidad.
35. El 2 de septiembre de 2024 le fue notificada la Resolución núm. URNAR 24-158 de
2024, que resolvió suspender las tarjetas profesionales provisionales, entre ellas la de la
actora.
36. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de defensa
judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de establecer, como ya se
advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como mecanismo transitorio para
controvertir la legalidad de los actos administrativos referidos por la actora, con los cuales,
en su sentir, vulneraron sus derechos fundamentales.
37. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos
administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e inmediata los
derechos fundamentales que la actora considera le han sido vulnerados.
38. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, esto es, la Resolución
núm. URNAR24-158 de 2024 expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y el Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024 expedido por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
–el legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad
y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
39. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las causales
de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede cuando estos
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hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió […]”.
40. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones de la actora
deben analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos
expedidos, en este caso, por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
41. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores20 que con
la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los
medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los
derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
42. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad a los
procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de
urgencia21, como la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos o
del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la
adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de
hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva.
43. La Sala advierte que, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia señaló que la actora fue incluida en la lista definitiva de admitidos para presentar
el examen, de acuerdo con la Resolución núm. URNAR24-123 de 2024, al cumplir los
requisitos señalados en la Ley 1905 de 2018 y el acuerdo PCSJA24-12162 de 2024.
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, acción
de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado:
Procuraduría General de la Nación.
21 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
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44. La Unidad precisó que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, se
han pronunciado en relación con la expedición de tarjetas profesionales de abogado con
vigencia provisional, considerando que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene la
competencia para regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional:
“[…] la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado22 en fallo de tutela de
segunda instancia declaró que “[…] (…) atendiendo a la sistematicidad del ordenamiento
jurídico, no era posible para la entidad accionada crear o disponer modalidades de tarjeta
profesional de abogados, que no se encuentra expresamente reguladas en la Ley 1905 de
2018, por lo que resulta que conceder este tipo de documentos se convierte en una restricción
para el particular que carece de fundamento legal (…). […]”
45. Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia SU- 128 de 2024 dispuso que:
“(…) la creación y expedición de una tarjeta profesional que habilitó para algunos abogados el
ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva, por no haber presentado un
examen que aún no había sido implementado, es contraria a la Constitución en tanto implica:
(i) una extralimitación de las competencias del C. S. de la J. en un asunto que tiene reserva
de ley y (ii) una restricción injustificada a la libertad de ejercer la profesión, por lo demás con
graves implicaciones para la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el acceso
de la ciudadanía a la administración de justicia (…)”
46. La Sala advierte que como lo señaló la autoridad accionada, la acción de tutela no es
la vía para controvertir la validez, ni la legalidad de los actos administrativos
cuestionados, “[…] pues la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo
constitucional impone al ciudadano la carga de agotar previamente los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de solucionar los
conflictos con la administración y reclamar la protección de sus derechos […]”.
47. Por otra parte, la Sala advierte que la autoridad accionada sostuvo en su informe que,
a la fecha, no había recibido por parte de la actora, petición alguna mediante la cual
manifestara la inconformidad con el acto administrativo que le suspendió la vigencia de la
tarjeta profesional provisional, como tampoco de la interposición del respectivo medio de
control; lo cual resulta relevante, en la medida en que permite concluir que la actora no
acudió de manera previa ante la autoridad competente para resolver su inconformidad ni
al juez natural de la causa, supuesto que desconoce el carácter residual y subsidiario que
caracteriza la solicitud de tutela.
48. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección23 ha señalado que aun
22 Consejo de Estado C.P.: César Palomino Cortés, radicado No. 11001-03-15-000-2022-03874-01.
23 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de 2015).
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cuando la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las medidas
cautelares ante el juez de lo contencioso administrativo se puede también obtener una
protección judicial oportuna.
49. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de
tutela ha dicho la Corte Constitucional24:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir
las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material),
pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables,
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación
de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
50. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En
efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
51. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, por un lado, la
actora puede acudir ante la autoridad accionada para poner en su conocimiento los
argumentos por los cuales considera la suspensión de su tarjeta profesional de abogada
provisional no se enmarca dentro de los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la
norma; y, por otra parte, existe otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento
de los requisitos legales, para controvertir la legalidad de los actos administrativos
expedidos, antes de acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de
esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III.RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora
contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo
31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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