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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04760-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04760-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de remisión de copias al Consejo Superior de la Judicatura, elevada por el Ministerio de Defensa Nacional. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00 SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los ciudadanos Jorge Alberto Garzón Tobo y Yerly Marcela Orozco Moreno, en nombre propio y en representación de sus hijos M.J.G.O. y J.P.G.G.. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04760-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

17 de octubre de 2024

Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04760-00
Demandantes: JORGE ALBERTO GARZÓN TOBO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E Y OTRO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Los ciudadanos Jorge Alberto Garzón Tobo y Yerly Marcela Orozco Moreno, en nombre
propio y en representación de sus hijos M.J.G.O. y J.P.G.G. 1, por conducto de apoderado
judicial, presentaron acción de tutela, el 6 de septiembre de 2024, con el fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la estabilidad laboral reforzada.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de las
sentencias de 11 de marzo de 2024, del Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda y,
de 26 de julio de 2024, de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó dicha decisión, dictadas al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantaron contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía, el cual se identificó con el radicado número 11001-33-35-015-2022-
00323-00/01.

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

1 Por ser menores de edad y al estar involucrados sus derechos, como medida de protección de su
intimidad, se suprimirán sus nombres y se identificarán con sus iniciales.
1
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Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00

PRIMERA: Proteger los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL,
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, REUBICACIÓN LABORAL del señor JORGE
ALBERTO GARZON TOBO.

SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia de primera y segunda instancia emitida por
el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá de fecha 11 de marzo de 2024 y sentencia
de fecha 26 de julio de 2024, expediente 11001333501520220032301.

TERCERO: Ordenar al Juzgado Quince Administrativo de Bogotá que profiera una
sentencia que a derecho corresponda valorando las pruebas y las normas
jurisprudenciales aplicables al caso para la reubicación laboral.2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los siguientes
supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta providencia:

El señor Jorge Alberto Garzón Tobo, ingresó a la Policía Nacional el 5 de julio de 2011,
en calidad de patrullero.

En atención a la finalización de su relación sentimental de 6 años, ocurrida en el año
2015, el tutelante es atendido por el área de psicología de la institución, donde le
diagnosticaron «trastorno de adaptación».

Para los años 2016 y 2017, el actor prestó sus servicios con normalidad, sin embargo, en
el año 2018, sufrió una recaída en su estado de salud mental, de la cual se recuperó y
continuó con las labores administrativas asignadas en la institución.

El 5 de agosto de 2021, el señor Jorge Alberto Garzón Tobo fue llevado a Junta Médico
Laboral, donde se determinó que no era apto para seguir en el servicio activo y que no
podía ser reubicado laboralmente3.

Inconforme con lo anterior, el actor solicitó la convocatoria del Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, dependencia que, en acta de 25 de febrero de 2022, lo
dictaminó con incapacidad permanente parcial, no apto para la actividad policial y
recomendó que no fuera reubicado; asimismo, determino su disminución de la capacidad
laboral en 18.55%.

Mediante Resolución No. 01466 de 25 de mayo de 2022, suscrita por el director general
de la Policía Nacional, el señor Garzón Tobo es retirado del servicio activo de la institución
por disminución de la capacidad sicofísica.

Ante el referido panorama, el señor tutelante presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de atacar la legalidad de

2 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas y posibles errores.
3 En el acta JML 8193 de 5 de agosto de 2021, en el acápite de antecedentes, lesiones, afecciones y

secuelas se determinó: «1. CONTUSIÓN HOMBRO DERECHO, BURSITIS SUSCEPTIBLE DE MANEJO
MÉDICO 2. TRASTORNO MIXTO DEPRESIVO Y ANCIOSO, PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA
ACENTUACIÓN DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD»;
2
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Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00

las actas medico laborales y de la resolución de retiro, asunto que conoció, en primera
instancia, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que en
sentencia de 11 de marzo de 2024, negó las pretensiones deprecadas, al concluir que
los actos acusados fueron expedidos con base en la normatividad en que debían
fundarse.

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, en providencia de
26 de julio de 2024, confirmó la decisión del a quo, para lo cual señaló que «(i) el concepto
médico de psiquiatría no está sujeto al término de dos meses contenido en el primer
inciso del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000 y (ii) el estudio de no reubicación estuvo
sustentado en valorar las circunstancias de salud, destrezas, aptitudes y capacidades
que le impedía uniformado seguir prestando sus servicios en la Policía Nacional».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
prerrogativas superiores al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de acceso
a la administración de justicia y a la estabilidad laboral reforzada, al incurrir en los
defectos por desconocimiento de precedente, fáctico y de decisión sin motivación.

En relación con el primer cargo manifestó que, hubo una violación al precedente judicial
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la estabilidad laboral reforzada
de los miembros de la fuerza pública por perdida de la capacidad laboral, según el cual,
el retiro del servicio debe hacerse conforme a la sentencia C-381 de 2005, que dispuso
que esta determinación solo procede cuando medie el conceto no favorable para
reubicación de parte de la Junta Médico Laboral.

Advirtió que en su caso la decisión de su desvinculación fue desproporcionada
comoquiera que no hubo un análisis sobre las capacidades residuales que podían ser
aprovechadas por la Policía Nacional, en la parte administrativa o de docencia o
instrucción, además que se omitió que recibió excelentes calificaciones en sus últimos
días de trabajo.

Sobre el particular, trajo a colación las siguientes providencias: fallo de tutela de 26 de
abril de 2019, de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
expediente 11001-03-15-000-2019-03748-00; sentencias T-499 de 2020, T-189 de 2023,
T-286 de 2019; sentencia de 1.° de septiembre de 2016, de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente 68001-23-31-000-2010-00220-01. Sobre
estas decisiones, el actor se limitó a realizar una pequeña transcripción de las mismas.
De otra parte, el tutelante citó fallos de tutela4, referidos a la procedencia de la acción de
tutela frente a los actos administrativos de retiro del servicio por disminución de la
capacidad psicofísica, de donde concluyó que era una obligación del juez de amparo de
analizar el asunto, que para este caso debía observarse que no se trataba de un juicio
de legalidad frente a estos actos, sino que era en procura de la protección de los derechos
fundamentales.

4 Estos son: T-373 de 2018, T-440 de 2017, T-597 de 2017, T-076 de 2016, T-503 de 2010, T-843 de 2013,

T-382 de 2014, T-147 de 2016, T-028 de 2015 y T-795 de 2011
3
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Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
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Frente al segundo yerro, señaló que el tribunal accionado omitió valorar el concepto
emitido el 19 de julio de 2021, por medicina laboral de la Policía Nacional, el cual concluía
que era reubicable laboralmente, luego, en su sentir, era la prueba más importante y
determinante para estudiar la legalidad del acto de retiro del servicio, aspecto que se
determinó, pero por el simple hecho de que fue calificado por las juntas médicas de la
institución.

Finalmente, indicó que el tribunal incurrió en el defecto de decisión sin motivación, al
realizar un análisis y una fundamentación jurídica inexistente, comoquiera que, en su
parecer, al señalar la referida autoridad judicial que el término previsto en el inciso primero
del artículo 7 del decreto 1796 de 2000, sobre la validez de los exámenes médicos, para
efectos de la expedición del concepto de capacidad psicofísica, se ampliaba por 3 meses,
conforme al inciso segundo de la mentada norma, se apartó de lo que claramente señala
dicho precepto, pues, lo que buscó el legislador es que dichos exámenes no pasaran de
2 meses con el propósito de que el pronóstico médico fuera el mismo para el momento
del examen y de la calificación de aptitud.

Aseveró entonces, que el término de los 3 meses es para la vigencia del concepto de
capacidad psicofísica y no de los exámenes médicos, luego, alegó que la corporación
encartada interpretó erróneamente dicha disposición.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 10 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionante, así como al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y al Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de accionados, y le otorgó el
término de dos días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía [parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho], para que, si lo consideraba del caso, interviniera
en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la parte censurada.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara una
publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela, con el fin
de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en el expediente
electrónico cargado en el aplicativo Samai del Consejo de Estado, se presentaron las
siguientes intervenciones:

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1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

La magistrada ponente de la decisión censurada indicó que la tutela no cumplía con el
requisito de la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido por el actor era
reabrir una discusión que ya fue zanjada por los jueces naturales del asunto.

Asimismo, indicó que no se presentó ninguno de los defectos alegados, pues, la decisión
se sustentó en la jurisprudencia aplicable al caso, tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, además de haberse valorado el concepto del área de salud
ocupacional de la entidad demandada, así como precisarse, contrario alegado por el
tutelante, que el concepto de psiquiatría no estaba sujeto al término de vigencia que
preveía el artículo 7 del Decreto 1794 de 2000, sino que servía para contabilizar el plazo
con que cuenta la Junta Médica para realizar el estudio de la capacidad psicofísica del
uniformado.

1.6.2. Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La titular del referido despacho judicial, señaló que se remitía a los fundamentos de hecho
y de derecho contenidos en la sentencia de primera instancia que resolvió la demanda
del tutelante. Asimismo, advirtió que en el trámite del proceso se garantizó el debido
proceso de las partes.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

La mentada cartera, se refirió al Decreto 1796 de 2000, que regula la evaluación de la
capacidad psicofísica para los miembros de la Fuerza Pública e indicó que las
autoridades judiciales accionadas realizaron un análisis de la normatividad aplicable al
caso, así como de las pruebas aportadas al proceso. De otra parte, solicitó que se
remitieran copias al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se estudiara la
posibilidad de una conducta temeraria por parte del apoderado del actor, por interponer
tutelas contra providencias, a sabiendas de que no le asiste derecho alguno a lo
deprecado.

1.6.4. Policía Nacional

La entidad solicitó que se niegue la tutela, puesto que en las decisiones atacadas no se
vulneró ningún derecho fundamental de la parte actora, en razón a que las autoridades
judiciales encartadas valoraron de forma razonable las pruebas aportadas al proceso y
además aplicaron las normas y la jurisprudencia que correspondía para la solución del
caso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por los ciudadanos Jorge Alberto Garzón Tobo y Yerly Marcela Orozco
Moreno, en nombre propio y en representación de sus hijos M.J.G.O. y J.P.G.G. contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el
5
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Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

En su intervención el Ministerio de Defensa Nacional pidió que se remitieran copias al
Consejo Superior de la Judicatura para que investigara una posible conducta temeraria
del apoderado de los tutelantes, por presentar tutelas contra providencias judiciales, con
pleno conocimiento de ausencia del derecho deprecado.

El anterior requerimiento será negado, en atención a que la propia entidad puede hacer
uso de los canales dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para la
interposición de las quejas, si así lo considera, sin que sea el presente mecanismo de
amparo la vía adecuada para ello.

Por otro lado, si bien en este escenario se cuestionan las sentencias de primer y segundo
grado, el análisis se realizará respecto de esta última, por ser la que puso fin al proceso
ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde determinar si procede el amparo de los derechos fundamentales de la parte
demandante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 26 de julio
de 2024, dictada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión del Juzgado Quince
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, de
encontrase superado, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5, unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma
instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia para lo cual resulta pertinente, en primer lugar, recordar el criterio adoptado
por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como
del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
reabrir debates meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)

En segundo lugar, se tiene que esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 20229
modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de
una garantía constitucional.

7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar
acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta
corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta
que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en un escenario adicional al proceso ordinario en
el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el
actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión
entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho
fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por
ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los
derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan
advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo
constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre10.

2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por la
parte tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que, en primer lugar, las inconformidades planteadas no
contienen la carga argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el
asunto requiere la intervención del fallador de esta sede, es decir, no tienen la identidad
o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, si bien se planteó la configuración de los defectos por desconocimiento del
precedente, fáctico y, por falta de motivación, el cual se aclara, corresponde con más
precisión a un sustantivo, en tanto se alega la indebida interpretación por parte del tribunal
enjuiciado del artículo 7.º del Decreto 1791 de 2000, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación SU-215 de 2022, pues, el debate planteado en esta instancia tiene como
objeto refutar las consideraciones de la autoridad judicial accionada, más allá de exponer
cómo se materializó la presunta trasgresión de sus garantías fundamentales.

Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas prerrogativas
superiores, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista

10 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

8
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necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito
inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita vislumbrar que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto,
ya que la competencia de este operador judicial se restringe a la protección efectiva de
las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para cumplir
el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio argumentativo
mucho más profundo. En el escrito contentivo de la tutela, se advierte el reparo a la
decisión de segunda instancia a partir de la configuración de determinados defectos, pero
huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto.

En segundo lugar, la parte accionante busca en esta instancia judicial que el juez
constitucional desplace al juez natural del asunto, para obtener la interpretación de las
normas y la valoración de las pruebas arrimadas al proceso, en la forma que a él le parece
«correcta». Es decir, en otros términos, pretende a través del mecanismo constitucional
crear una instancia adicional, en la que se estudie nuevamente los cargos que ya fueron
zanjados por los operadores judiciales ordinarios y, además obtener una decisión
favorable.

Ello es así, por cuanto los argumentos plateados por el actor en el escrito tutelar, fueron
también planteados en la demanda y en el recurso de apelación presentado contra la
sentencia de 11 de marzo de 2024, frente a los cuales el ad quem demandado realizó el
respectivo pronunciamiento, cuando, de una parte, y después de traer a colación la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el retiro del servicio por disminución de la
capacidad sicofísica, concluyó:

En virtud de lo anterior, entiende la sala que el retiro por disminución de la capacidad
sicofísica no goza de la facultad discrecional de la administración, habida cuenta que su
remoción solamente procede cuando: i) no exista concepto favorable de la Junta Médico
laboral sobre su reubicación y ii) sus capacidades no pueden ser aprovechadas en
actividades administrativas, docentes o de instrucción, dado que por regla general la Policía
Nacional está obligada a mantener en el servicio, al personal discapacitado.

Asimismo, sobre este tema, el tribunal enjuiciado precisó que, era claro que las personas
con discapacidad gozaban de una estabilidad laboral reforzada y, por lo tanto podían
mantener el empleo «dado que en razón al derecho a la igualdad no puede privarse a
esa población de la posibilidad de acceder a él».

De igual forma, frente a la presunta falta de valoración del concepto del área de salud
ocupacional de 19 de julio de 2021, la Sala observa que corporación judicial atacada
señaló que si bien en éste documento se consignó que el uniformado se capacitó en
labores administrativas, lo cierto era que, los organismos médicos laborales determinaron
que dada las afecciones del demandante, no podía continuar en servicio activo en la
Policía Nacional, incluso en dichas actividades.

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Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00

Por último, esta Colegiatura advierte que en relación con la inconformidad del actor
respecto de la interpretación de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del artículo 7º del Decreto 1796 de 2000, ésta
corresponde a una discusión puramente legal, circunstancia que ratifica la improcedencia
de la presente solicitud de amparo.

En ese orden, se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite
de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho extremo procesal
frente a la interpretación o aplicación de las normas o a la apreciación de las pruebas del
proceso contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el adecuado contraste de
un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial; atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.

Se itera que, lo que se vislumbra es una inconformidad o discrepancia del demandante
con la decisión adoptada por el ad quem del proceso ordinario, para lo cual busca, por
medio de esta solicitud de amparo, que la controversia sea nuevamente estudiada, sin
realizar además el respectivo ejercicio hermenéutico de carácter constitucional y la
demostración, prima facie, de una actuación injusta o caprichosa de la parte accionada

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada, que
amerite la intervención en sede constitucional.

No sobra recalcar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias judiciales
debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de procedibilidad.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de remisión de copias al Consejo Superior de la
Judicatura, elevada por el Ministerio de Defensa Nacional.

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Demandantes: Jorge Alberto Garzón Tobo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04760-00

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por los
ciudadanos Jorge Alberto Garzón Tobo y Yerly Marcela Orozco Moreno, en nombre
propio y en representación de sus hijos M.J.G.O. y J.P.G.G..

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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