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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04763-01

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04763-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar parcialmente los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 24 de octubre de 2024, que dictó el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en cuanto amparó el derecho fundamental de petición del señor Jaime Quijano Calderón y, en consecuencia, ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 11 La Corte Constitucional declaró exequible esta norma mediante la sentencia C-951 de 2014. 15 Radicado: 11001 03 15 000 2024 04763 01 Demandante: Jaime Quijano Calderón República (DAPRE) comunicar los oficios mediante los cuales se pronunció sobre las solicitudes elevadas por el accionante ante esa entidad, si no lo hubiere hecho. En su lugar, negar el amparo deprecado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva del presente proveído. Segundo. Confirmar la sentencia en todo lo demás. Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04763-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001 03 15 000 2024 04763 01
Accionante: Jaime Quijano Calderón
Accionado: Presidencia de la República y otros

Temas: Acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la impugnación
formulada por la Presidencia de la República, en su calidad de parte demanda, contra
la providencia del 24 de octubre de 2024, mediante la cual la Sección Cuarta de esta
corporación, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor Jaime Quijano Calderón interpuso acción de tutela contra el presidente de la
República, la fiscal general de la Nación, el director general de la Policía Nacional y la
directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
para que se proteja su derecho fundamental de petición.

2.1. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2024 04763 01
Demandante: Jaime Quijano Calderón

Debido al confuso escrito de demanda y subsanación se tendrán como tales las
establecidas por la primera instancia:

De lo expuesto por el demandante, la Sala infiere que sus pretensiones consisten
en (i) ordenarles a las autoridades accionadas que contesten las peticiones que
les ha formulado, (ii) se adopten medidas para garantizar su integridad,
comoquiera que, a su juicio, ha sido agredido y amenazado de manera recurrente
y (iii) se le resarzan los daños del inmueble que posee causados durante la
remodelación del Centro de Atención Inmediata (CAI) de Kennedy de Cúcuta.

2.2. Hechos

Al igual que en el anterior acápite, se tiene como situación fáctica la fijada por el a quo,
así:

El señor Jaime Quijano Calderón señaló que tiene más de sesenta y cinco años, es
víctima de desplazamiento por la violencia, se encuentra en estado de discapacidad y
tiene la posesión de un inmueble en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) desde
hace más de treinta años, el que se ha visto afectado por las remodelaciones que se
han adelantado en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de Kennedy, que está ubicado
al lado de su vivienda.

Asevera que ha presentado varias quejas contra miembros activos y retirados de la
Policía Nacional, que en su sentir, son integrantes de grupos armados ilegales, razón
por la cual ha sido perseguido tanto por aquellos como por sus vecinos, quienes lo
amenazan constantemente, hechos que ha denunciado ante la Fiscalía General de la
Nación, la Unidad para las Víctimas y el presidente de la república, sin que esas
autoridades hayan adoptado correctivos.

Así mismo, dijo que uno de sus vecinos injurió a su esposa, por lo que para defenderla
lanzó algunos improperios en relación con la mamá de su agresor, por lo que «desde
entonces está tramando la manera de como matar[lo]».

2.3. Fundamentos jurídicos

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

De lo expuesto por el accionante, la primera instancia, dedujo que «su inconformidad
se relaciona con la omisión de las autoridades accionadas (i) de contestar las
peticiones que ha formulado (que no identificó ni acreditó presentar) y (ii) de adoptar
medidas frente a las amenazas y agresiones que ha sufrido con ocasión de las
denuncias que ha presentado. Además, de la presunta afectación del predio que posee
derivada de una remodelación del CAI Kennedy de Cúcuta».

2.4. Actuación procesal

Mediante auto del 16 de julio de 2024, el magistrado Wilson Ramos Girón de la Sección
Cuarta inadmitió la demanda; en consecuencia, ordenó al accionante «identificar de
manera clara los hechos y pretensiones que motivan la presentación de la acción de
tutela / señalar en qué acción u omisión han incurrido cada una de las autoridades
demandadas accionadas / especificar cuáles de sus derechos fundamentales son
presuntamente vulnerados o amenazados por los demandados / allegar las pruebas
relacionadas con los hechos que se enuncien». El 16 de septiembre se recibió
memorial de subsanación.

La acción de tutela se admitió el 20 de septiembre de 2024, y se ordenó notificar al
presidente de la República, a la fiscal general de la Nación, a la directora de la Unidad
para las Víctimas y al director general de la Policía Nacional, como demandados, para
que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.

2.5. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 4 de septiembre de 2024,
dispuso lo siguiente:

1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Unidad para las Víctimas, por las
razones expuestas en esta providencia.

2. Amparar el derecho fundamental de petición del demandante, conforme a la
motivación y, en consecuencia:

3. Ordenar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
a la Policía Nacional que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

esta decisión, le comuniquen al accionante los oficios con los cuales se
pronunciaron sobre sus peticiones, si no lo hubieren hecho, de acuerdo con la
parte motiva.

4. Declarar improcedente la acción de tutela frente a las pretensiones
relacionadas con las presuntas amenazas que recibió el actor y la afectación
del inmueble sobre el cual ejerce posesión, en atención a lo expuesto en
precedencia.

[…]

Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:

Si bien la Policía Nacional allegó los oficios con los que contestó las peticiones que le
formuló el accionante, no las remitió ni acreditó que las hubiera notificado al interesado.
Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)
tampoco demostró que comunicara los oficios remisorios al demandante, pese a que
así lo exige el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).

Precisó que, como el derecho de petición comprende la facultad de formular solicitudes
respetuosas y recibir las correspondientes respuestas, las aludidas entidades
vulneraron al accionante esa garantía, al no informarle los respectivos oficios, motivo
por el cual se debía amparar y ordenar a las accionadas que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación de la providencia, notificaran en debida forma
las respuestas emitidas, si no lo hubieren hecho.

Advirtió, en relación con las amenazas y agresiones que el accionante aseveró haber
recibido por parte de miembros y exmiembros de la fuerza pública y vecinos,
supuestamente integrantes de grupos armados ilegales y traficantes de droga, que no
obstante, el Estado debe garantizar la seguridad personal de quien está en peligro, en
atención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y a la jurisprudencia constitucional, para ello el
ordenamiento jurídico prevé una instancia orientada a determinar la necesidad de
adoptar medidas de protección.

Esas medidas contempladas en el Decreto 4912 de 2011, deben solicitarse por el
accionante ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de recibir

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

peticiones, tramitarlas y coordinar las intervenciones a las que haya lugar con los
demás organismos de seguridad, conforme a los artículos 28 ibidem y 4.º del Decreto
4065 de 2011.

En cuanto a las presuntas agresiones, tiene la posibilidad de promover las denuncias
pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 69
de la Ley 906 de 2004. Al respecto, si bien el ente investigador señaló que el actor ha
presentado varias denuncias, no se advierte que estén relacionadas con los ataques
a los que hace alusión en el escrito de tutela.

Frente a las supuestas afectaciones sobre el inmueble del cual dice ser poseedor, se
tiene que involucran actos contrarios a la posesión, según lo previsto en el artículo 77
de la Ley 1801 de 2016; en consecuencia, debe promover la respectiva querella
policiva de que trata el artículo 79 ibidem con el fin de preservar dicha prerrogativa y
garantizar su pleno ejercicio.

En ese orden de ideas, dado que el ordenamiento prevé otros instrumentos para que
el accionante obtenga las medidas de protección que requiere ante las presuntas
amenazas que ha recibido, denunciar las agresiones de las que supuestamente ha
sido víctima y conseguir la salvaguarda de la posesión del bien en el que habita, la
tutela deviene en improcedente frente a esas situaciones, ya que no colman la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad.

Finalmente, el accionante no acreditó que se encuentre en una situación que hiciera
impostergable la adopción de medidas orientadas a proteger sus derechos, pues no
allegó prueba alguna que demostrara las situaciones fácticas aludidas en el escrito
inicial y que fueron objeto de análisis, lo que comporta un incumplimiento de la carga
probatoria que impide, estudiar al menos de manera transitoria el asunto ante la falta
de acreditación de la configuración de un perjuicio irremediable.

2.7. Impugnación

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( DAPRE) solicita se
revoque el numeral segundo de la decisión anterior y, en su lugar, se declare que

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

efectuó las respectivas remisiones en respuesta a las peticiones elevadas por el
accionante; en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la acción de tutela en
relación con esa entidad. Al respecto alega lo siguiente:

Al analizar y verificar los argumentos que llevaron al a quo a emitir el fallo objeto de
refutación, centrados en que pese a que se realizaron los traslados de los
requerimientos del accionante por no tener competencia no se notificó al interesado;
se tiene que por el contrario, la petición fue contestada y comunicada al señor Jaime
Quijano Calderón desde el 13 de enero de 2023, como lo demuestran los anexos que
fueron allegados con la contestación, efectuada a través del memorial con radicación
OFI23-00003671 / GFPU 12000002 del 13 de enero de 2023; por tanto, se debe revocar

el ordinal segundo del fallo de primera instancia.

Respecto al envío, punto que fue señalado en el fallo del 24 de octubre de 2024, este
se realizó el 13 de enero de 2023, a los correos del accionante y de la entidad
competente, tal y como lo evidencia el documento denominado «Trazabilidad
Documento OFI23-00003671, Trazabilidad Documento OFI23-00003676, Trazabilidad
Documento OFI23-00003678, Trazabilidad Documento OFI24-00195701 y Trazabilidad
Documento OFI24-00195712», como se puede verificar en el anexo que se acompañó
al oficio, mediante el que se rindió informe en el presente trámite constitucional, y que
se vuelve a aportar en sede de impugnación.

Se resalta que la denominada «Trazabilidad Documento Digital», es emitida por el
sistema de gestión documental empleado por la Presidencia de la República (ESCRIBE),
que expide una constancia que permite demostrar la remisión efectiva de la
comunicación al accionante, a las direcciones electrónicas suministradas, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 2213 de 2022, que contempla este tipo de notificación en
el ordenamiento jurídico colombiano.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta corporación.

3.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, como lo decidió la primera
instancia, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( DAPRE)
vulneró al señor Jaime Quijano Calderón el derecho fundamental de petición, en
relación con las solicitudes elevadas ante esa entidad.

3.3. Marco Normativo y jurisprudencial

3.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

3.3.2. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.

El legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, a través de
la cual sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). En el artículo 14, señaló como término general
para resolver las peticiones el de quince días siguientes a su recepción y, sometió a
término especial, i) las peticiones de documentos y de información, que deben ser
resueltas dentro de los diez días siguientes a su recibo, y ii) las peticiones mediante
las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo, que deben decidirse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

La Corte Constitucional, a modo de desarrollo jurisprudencial, compiló en la Sentencia
T-377 de 20003 como parámetros para su protección los siguientes: i) el derecho de
petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la

2 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
3 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

democracia participativa; ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión; iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
oportuna, precisa y congruente con lo pedido; iv) la respuesta debe producirse dentro
de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; v) la contestación no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa4 y acceder a la vía judicial, no
satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
esa garantía fundamental; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la
exonera del deber de responder; x) ante la presentación de una petición, la entidad
debe notificar su respuesta al interesado.

3.4. Caso Concreto

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), en su
condición de entidad demandada dentro del presente trámite, impugna la decisión del
24 de octubre de 2024, mediante la cual se concedió el amparo del derecho de petición
al señor Jaime Quijano Calderón, debido a que el a quo estimó que si bien emitió oficio
remitiendo las solicitudes elevadas por el accionante a las autoridades competentes,
no acreditó que lo hubiera informado al interesado, como lo exige el artículo 21 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

La entidad impugnante alega que contrario a lo que señala la primera instancia, el
requerimiento fue contestado y comunicado al accionante y enviado a la entidad
competente desde el 13 de enero de 2023, fecha en la que se contestó la respectiva
petición, como lo demuestran los anexos que fueron allegados al despacho
sustanciador con la contestación a la tutela, a través del Oficio OFI23-00003671 / GFPU
12000002 del 13 de enero de 2023.

Pues bien, la Sala, de consulta efectuada en el Sistema Samai, pudo verificar que, en

4 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

efecto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), a
través de la ventanilla virtual el 2 de octubre 2024,5 radicó la respuesta a la tutela,
memorial que pasó al despacho del magistrado Wilson Ramos Girón6 el 3 de octubre
de 2024.

Advierte la Sala, que tal y como lo aduce el impugnante, a través del Oficio OFI-
0019522 / GFPU 14000001 del 2 de octubre de 2024 contestó la demanda, en los
siguientes términos:7

[…] luego de verificar el sistema de gestión documental del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República se encontró que la comunicación
radicada bajo el EXT23-00001877 fue contestada a través del OFI23- 00003671 /
GFPU 12000002 del 13 de enero de 2023 y OFI24-00195712 / GFPU 13020000 del 1
de octubre de 2024, donde se le informó que la comunicación se (sic) trasladado
al accionante a la Procuraduría General de la Nación, a la Policía Nacional y a la
Unidad Nacional de Protección, para que actúe conforme a sus competencias, de
acuerdo con la normativa vigente.

Igualmente, informó que en virtud de la remisión por competencia señalada por la
Presidencia de la República expidió los oficios que se relacionan a continuación con
los que se dio traslado a las siguientes entidades:8

1. OFI23-00003676 / GFPU 12000002 del 13 de enero de 2023. Redirigiendo al
accionante a la Procuraduría General de la Nación.

2. OFI23-00003678 / GFPU 12000002 del 13 de enero de 2023. Redirigiendo al
accionante a la Policía Nacional

3. OFI24-00195701 / GFPU 13020000 del 1 de octubre de 2024. Redirigiendo al
accionante a la Unidad Nacional de Protección.

Señaló que el envío de la respuesta a las peticiones formuladas por el señor Quijano
Calderón, se efectuó mediante los documentos identificados así:9

OFI23-00003676 / GFPU 12000002 DEL 13 DE ENERO DE 2023, OFI23-00003678 /
GFPU 12000002 DEL 13 DE ENERO DE 2023 Y OFI24-00195701 / GFPU 13020000 del
1 de octubre de 2024, se pueden evidenciar en los documentos denominados
como “Trazabilidad Documento Digital”, los cuales se encuentran anexos con la
presente contestación.

5 Índice 21, del expediente electrónico.
6 Índices 22 y 24, del expediente electrónico.
7 Índices 22 y 24, del expediente electrónico.
8 Índices 22 y 24, del expediente electrónico.
9 Índice 22 y 24, del expediente electrónico.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

Así mismo, explicó que el anexo denominado «Trazabilidad Documento Digital»
generado por el Sistema de Gestión Documental de la Presidencia de la República
(ESCRIBE), expide una constancia10 que acredita la efectiva remisión de la respuesta al
accionante a las direcciones electrónicas registradas, atendiendo a lo previsto en la
Ley 2213 de 2022, que autoriza ese tipo de notificación, como se puede observar en
los pantallazos insertos:

10 En los índices 22 y 24 del expediente electrónico reposan cada una de las constancias relacionadas

en las imágenes a las que se hace referencia.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

En tal sentido, como lo aduce la entidad impugnante, dado que no era la competente
para decidir sobre las solicitudes elevadas por el señor Jaime Quijano Calderón, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, dio traslado a
las autoridades encargadas a fin de que efectuaran las diligencias pertinentes para
resolver los requerimientos y mediante Oficios OFI23-00003671 / GFPU 12000002 del
13 de enero de 2023 y OFI24-0000195712 / GFPU 1320000 y OFI24-00195701 / GFPU
13020000, ambos del 1.º de octubre de 2024, así se lo informó al interesado a la
dirección electrónica que suministró para recibir notificaciones, esto es,
jquijano02@hotmail.com, como lo evidencian las certificaciones de trazabilidad del
documento digital.

Lo anterior, fue expuesto y acreditado en el memorial con radicado OFI-24-00195222 /
GFPU 14000001 del 2 de octubre de 2024, suscrito por la señora Carolina Jiménez

Bellicia coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que dio contestación a la
demanda el 3 de octubre de 2024 y aportó en formato PDF los oficios y la respectiva
trazabilidad del envío con la anotación de que provenía del Sistema de Gestión
Documental de la Presidencia de la República (ESCRIBE) «mediante [el cual] gestiona

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el trámite que se da a toda la correspondencia que llega a la entidad y por lo tanto el
documento contentivo de esta información es un [instrumento] público, emitido por una
autoridad pública, y se presume auténtico a menos que sea tachado de falso por quien
tenga las pruebas para desvirtuar su veracidad y autenticidad».

Así las cosas, considera la Sala, que contrario a lo que decidió la primera instancia en
la sentencia del 24 de octubre de 2024, el ente impugnante procedió de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,11 norma que prevé que
cuando la autoridad «no es la competente […] remitirá la petición al competente y
enviará copia del oficio remisorio al peticionario», lo que se acreditó con las
pruebas allegadas al contestar la solicitud de tutela, como se dejó expuesto; en
consecuencia, no vulneró el derecho de petición del accionante.

III. CONCLUSIÓN

La Sala concluye que se deben revocar parcialmente los ordinales segundo y tercero
del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 24 de octubre de 2024,
que amparó el derecho de petición del accionante y, en consecuencia, ordenó al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) comunicar los
oficios mediante los cuales dio respuesta a las solicitudes presentadas por el señor
Jaime Quijano Calderón. En su lugar, se denegará el amparo en relación con esa
entidad y se confirmará en lo demás la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar parcialmente los ordinales segundo y tercero de la sentencia del
24 de octubre de 2024, que dictó el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en cuanto
amparó el derecho fundamental de petición del señor Jaime Quijano Calderón y, en
consecuencia, ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la

11 La Corte Constitucional declaró exequible esta norma mediante la sentencia C-951 de 2014.

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Demandante: Jaime Quijano Calderón

República (DAPRE) comunicar los oficios mediante los cuales se pronunció sobre las
solicitudes elevadas por el accionante ante esa entidad, si no lo hubiere hecho. En su
lugar, negar el amparo deprecado, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva del presente proveído.

Segundo. Confirmar la sentencia en todo lo demás.

Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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