Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04769-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04769-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04769-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04769-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD –La accionante no solicitó la
integración del contradictorio en el proceso de origen y, en todo caso, cuenta con acciones
administrativas y de cobro coactivo para obtener el pago de los aportes al sistema pensional
adeudados por el empleador / PERJUICIO IRREMEDIABLE –No se acreditó ninguna situación
que amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 1º
de octubre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 6 de septiembre de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, por intermedio
de apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia2, con ocasión de las sentencias proferidas el 26 de agosto
de 2019 y el 28 de febrero de 2024, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
1 Se advierte que el 11 de diciembre de 2024 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 En conexidad con el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
del derecho con radicado 05001 33 33 028 2017 00304 00/01. Formuló las siguientes
pretensiones:
PRINCIPALES
Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
SALA SEPTIMA DE ORALIDAD, al ordenar la reliquidación de la pensión de
vejez del señor RAFAEL PALACIO PALACIO incluyendo la prima especial sin
que se hayan efectuado las cotizaciones al sistema pensional sobre ese factor.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior:
a.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del 26 de agosto de 2019 y del 28 de
febrero de 2024 emitidas por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
SALA SEPTIMA DE ORALIDAD, por la flagrante vía de hecho y el abuso del
derecho en lo que respecta a la falta de vinculación de el CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, asimismo en razón a que se
ordenó de reliquidación pensional incluyendo el factor “Prima Especial de
Servicios” sobre el cual no se hicieron cotizaciones al sistema pensional ni se
emitieron ordenes que constituyeran una obligación clara, expresa y exigibles
frente al pago de las cotizaciones omitidas.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
SEPTIMA DE ORALIDAD, dictar nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual
se REVOQUE la decisión de primera instancia dictada por el JUZGADO
VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO, para que en
su lugar sanee el vicio originado por la falta de vinculación de CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN y corrija la decisión adoptada, en el
sentido de que siendo procedente la reliquidación, debe ordenarse a el empleador
efectuar las cotizaciones omitidas por el factor “prima especial” y a su vez autorizar
el descuento de las cotizaciones que estaba a cargo del señor RAFAEL PALACIO
PALACIO del valor del retroactivo que se pagaría en favor de la masa sucesoral y
de la señora MARIA EUGENIA OCHOA DE PALACIO.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO VEINTIOCHO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEPTIMA DE ORALIDAD
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera
transitoria las sentencias del 26 de agosto de 2019 y del 28 de febrero de 2024,
proferidas por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
SEPTIMA DE ORALIDAD, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de
revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar.
2. Como medida provisional, pidió que:
Conforme a las situaciones graves que se ponen de presente ante su Despacho
solicitamos se SUSPENDA la ejecución de las sentencias del 26 de agosto de
2019 y del 28 de febrero de 2024, hasta tanto se resuelva esta acción tutelar en
aras de evitar la configuración de un perjuicio irremediable que se generará con
la reliquidación de la prestación pensional sin que se hayan efectuado las
cotizaciones al sistema pensional.
3. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Rafael Palacio Palacio demandó a la UGPP, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos3 que le negaron la reliquidación de su pensión con la inclusión del 30%
del salario percibido a título de prima especial.
5. El Juzgado 28 Administrativo de Medellín con sentencia del 26 de agosto de 2019
accedió a las pretensiones y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la prestación,
computando para tal efecto, el emolumento denominado prima de servicios,
correspondiente al 30% de la asignación mensual, por estimar que tiene carácter salarial.
6. Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso el recurso de apelación, que se resolvió
desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 28 de
febrero de 20244. El ad quem confirmó la decisión por considerar que la jurisprudencia y
la normatividad aplicables, señalan expresamente que la prima especial de servicios
hace parte de la base de liquidación para efectos pensionales.
7. Con ocasión del fallecimiento del señor Rafael Palacio Palacio, ocurrido el 1º de
octubre de 2020, la pensión fue sustituida a favor de la señora María Eugenia Ochoa de
Palacio, reconocida como sucesora procesal en el proceso de origen.
3 Resoluciones 041335 del 31 de octubre de 2016, confirmada por las resoluciones RDP 005134 del 13 de
febrero de 2017 y RDP 006390 del 21 de febrero de 2017.
4 Ejecutoriada el 7 de marzo de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
8. A juicio de la UGPP, la reliquidación ordenada constituye un abuso del derecho porque
la entidad empleadora nunca realizó cotizaciones sobre ese factor, por lo cual, se genera
un grave perjuicio al erario.
9. Afirmó que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial, por cuanto el asunto goza de la relevancia constitucional
exigida en estos casos; se satisface la subsidiariedad, ante la presencia de un perjuicio
irremediable; y la demanda se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, que tuvo lugar, el 7 de marzo de 2024.
10. Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
vicios:
11. Defecto Material o sustantivo. Las providencias fueron expedidas con
desconocimiento expreso de las normas que regulan la prestación reconocida al señor
Rafael Palacio Palacio, porque ordenaron el cómputo de un factor sin que previamente
se hubieran realizado las cotizaciones pertinentes.
12. En especial, infringieron el Acto Legislativo 01 de 2005, que en su inciso 6 señaló
que «para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones»; y el Decreto 691 de 1994
que señala expresamente los emolumentos que se deben tener en cuenta para efectuar
las cotizaciones y liquidar la prestación.
13. Defecto procedimental absoluto. El juez de primera instancia no integró el
contradictorio debidamente, toda vez que omitió vincular al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, quien,
en calidad de empleador del señor Palacio Palacio, era la responsable de efectuar las
cotizaciones sobre el factor denominado prima de especial de servicios.
14. Dicha falencia pudo ser saneada en el trámite del proceso ordinario, pero no lo fue y,
por tanto, se configuró la causal de nulidad prevista en el artículo 133 numeral 8 del
C.G.P. y con ella, el defecto procedimental absoluto alegado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
15. Violación directa de la Constitución. Por desconocimiento de los artículos 29 y 48
Superiores, relativos a los derechos al debido proceso y a la seguridad social.
16. Aunado a lo anterior, agregó que las decisiones censuradas configuran un abuso
palmario del derecho, porque implican continuar pagando la pensión a la beneficiaria del
señor Palacio Palacio, por un valor muy superior al que realmente corresponde, y asumir
el retroactivo pensional correspondiente.
Trámite impartido e intervenciones
17. Mediante auto del 10 de septiembre de 20245, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al titular del Juzgado
28 Administrativo de Medellín y a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en calidad de demandados. Como terceros con interés, ordenó la notificación
de la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial y Dirección Seccional
Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín, de la señora María Eugenia Ochoa de
Palacio.
18. En la misma oportunidad negó la medida provisional solicitada, por considerar que la
solicitud no se motivó con suficiencia.
19. El titular del Juzgado 28 Administrativo de Medellín solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, dado que, la sentencia se sustentó en los precedentes
jurisprudenciales en la materia, en el material probatorio obrante en el expediente y en
la legislación vigente, razón por la cual no se advierte la ocurrencia de una vía de hecho.
20. Agregó que los defectos invocados no tienen fundamento alguno, toda vez que en
los fallos de primera y segunda instancia, se ordenó a la UGPP que realice las
deducciones que por concepto de cotizaciones le corresponde efectuar al empleador y
al trabajador, de conformidad con la norma aplicable.
21. Además, afirmó que en el trámite del proceso ordinario se respetaron todas las
garantías procesales, y en su concepto, no era necesaria la integración del litis consorcio
5
SAMAI, índice 4 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
con la vinculación de la entidad empleadora, dado que, la AFP tiene las órdenes
impartidas en el fallo para el recobro, y puede ejecutar las acciones correspondientes.
22. Agregó que, en todo caso, si la UGPP consideraba necesario que se llamara al
empleador, debió solicitarlo en la oportunidad procesal correspondiente, y aunque no lo
hizo, es cierto que, bajo la excepción que denominó «subrogación en empleador», pidió
que el juez se pronunciara sobre el derecho que le asistía a la entidad para cobrarle al
empleador y el derecho a descontarle del pago de la sentencia el valor correspondiente
al porcentaje de la parte actora, por concepto de cotizaciones, lo cual efectivamente se
concedió.
23. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se nieguen las pretensiones,
en razón a que la tutela no satisface los requisitos generales ni específicos exigidos para
censurar una providencia judicial por esta vía.
24. Adujo que en la providencia cuestionada se aplicó la sentencia de unificación del
Consejo de Estado SU-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, en la cual
estableció que la prima especial de servicios constituye un factor que integra la base de
cotización pensional.
25. Igualmente, resaltó que en la providencia de segunda instancia se consideró atinada
la decisión del a quo, consistente en ordenar las deducciones a cargo del empleador y
del demandante, respecto de las cotizaciones no efectuadas en su debido tiempo sobre
el factor denominado prima especial de servicios.
26. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que «(…) se declare improcedente la
presente acción constitucional por carencia de objeto y falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín», en razón a que en los fallos proferidos en las dos instancias se ordenaron las
deducciones de ley a cargo del empleador y del demandante, a efectos de salvaguardar
la estabilidad financiera del sistema pensional.
27. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó desestimar cada una
de las pretensiones, por cuanto no se avizoran las vías de hecho ni los defectos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
invocados. En todo caso, solicitó su desvinculación, por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que, no expidió las providencias objeto de
reproche.
28. La señora María Eugenia Ochoa de Palacio6 se opuso a lo pretendido en la solicitud
de amparo, y señaló que resulta improcedente, habida consideración a que no cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad, específicamente, el de subsidiariedad,
pues, a su juicio, la UGPP tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión, así
como también pudo solicitar al interior del proceso contencioso la vinculación de la
entidad empleadora.
Fallo impugnado
29. En sentencia del 1º de octubre de 2024, la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín; y declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.
30. En efecto, el a quo señaló que la UGPP no agotó ante el juez natural los recursos y
mecanismos procedentes para lograr corregir la presunta falta de vinculación del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín que hoy alega. Insistió en que en el curso del proceso de origen no se advierte
que la entidad haya solicitado la integración del contradictorio en las oportunidades
procesales correspondientes.
31. Agregó que en el sistema jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia
de competencias entre el juez natural del asunto y el de tutela.
Impugnación
Carlos Andrés Palacio Ochoa, Mónica María
6 Actuando en nombre propio y en calidad de apoderada general de
Palacio Ochoa, Camilo Andrés Ballesteros Bedoya, y Diego Alejandro Palacio Ochoa, todos reconocidos en
el proceso de origen como sucesores procesales de Rafael Palacio Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
32. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Insistió en que las
providencias objeto de reproche incurren en vía de hecho, al ordenar la reliquidación de
la pensión de jubilación del señor Palacio Palacio con la inclusión del factor denominado
prima especial, pues sobre el mismo nunca se efectuaron las cotizaciones de ley.
33. Adicional a ello, reprocha que las autoridades judiciales accionadas debieron vincular
al empleador al proceso de origen (Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín), por cuanto conocieron con suficiencia que no realizó los aportes
con destino a pensión sobre ese emolumento.
34. Todo lo anterior, en su concepto, desencadena en un abuso del derecho, que se
evidencia en la orden de reliquidar una pensión de jubilación con la inclusión de un factor
respecto del cual nunca se cotizó.
35. Concretamente, frente al requisito de subsidiariedad, señaló que, contrario a lo
señalado por el a quo, en la contestación de la demanda formuló la excepción
denominada «subrogación para el cobro del valor insoluto de los aportes debidos al
sistema general de seguridad social en pensiones», con la cual solicitó al juez que, en
el evento de ordenar la reliquidación pensional con la inclusión de factores salariales
sobre los que no se efectuaron aportes, se pronunciara sobre el derecho que le asiste a
la UGPP para efectuar el recobro al empleador (Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín), así como el
derecho a descontar, del pago de la sentencia, los aportes que le correspondía efectuar
al empleado.
36. Sostuvo que frente a esta excepción no se emitió consideración alguna, y se resolvió
simplemente declarar infundadas las excepciones, omitiendo que lo planteado en el
medio exceptivo, implicaba necesariamente la vinculación de la entidad empleadora al
proceso ordinario.
37. Insistió en que la omisión en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas,
consistente en no integrar el contradictorio en debida forma, vicia las providencias
censuradas por defecto procedimental absoluto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
38. Reiteró los demás argumentos esgrimidos en la demanda, respecto de los defectos
alegados, el abuso palmario del derecho.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 1º de octubre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado. Para tal efecto, teniendo en cuenta lo expuesto en los
antecedentes, la Sala examinará si se vulneraron los derechos fundamentales de la
UGPP, con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado 28 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001333302820170030400/01. Concretamente, examinará si los defectos invocados
satisfacen el requisito general de subsidiariedad, por ser éste el asunto objeto de
discrepancia según los argumentos esgrimidos en la alzada.
Análisis de la Sala
40. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para
satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez
de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el
amparo impetrado.
41. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
42. No en vano los artículos 867 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 19918 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
43. En el escrito de amparo, la UGPP reprocha las sentencias de primera y segunda
instancia proferidas por las autoridades judiciales accionadas en el contencioso de
nulidad y restablecimiento del derecho 20170030400/01, porque a su juicio, incurrieron
en los defectos sustantivo, procedimental absoluto y violación Directa a la Constitución,
básicamente porque concedieron la reliquidación de la pensión de jubilación a favor del
señor Palacio Palacio, con el cómputo del 30% correspondiente a la prima especial, sin
que se hubieran efectuado las cotizaciones correspondientes al sistema pensional sobre
ese emolumento
44. Afirma la demandante que, el juez natural de la causa debió integrar el contradictorio
y vincular al empleador (Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Medellín), para salvaguardar los recursos y garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
45. En el fallo impugnado, el a quo declaró la improcedencia de la acción de la referencia,
porque estimó que no se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que, la UGPP
no agotó los recursos y mecanismos procedentes para lograr la integración del
contradictorio que ahora echa de menos.
46. La Sala comparte la tesis acogida por el fallador de primera instancia, porque sin
duda era a la UGPP, como extremo demandado, a quien le correspondía solicitar al
director del proceso que integrara el contradictorio, si así lo consideraba necesario; y aún
así no lo hizo, tal y como lo determinó el fallo impugnado.
7 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se destaca).
8 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
47. Ahora bien, es cierto que la UGPP al contestar la demanda presentó la excepción
que denominó «subrogación para el cobro del valor insoluto de los aportes debidos al
sistema general de seguridad social en pensiones», como bien lo adujo en la
impugnación; no obstante, la Sala no advierte que bajo ese medio exceptivo haya
solicitado la vinculación de la entidad empleadora para que respondiera por el pago de
los aportes dejados de efectuar oportunamente. Es decir, la excepción no corresponde
a una verdadera intención de integrar debidamente el contradictorio.
48. Lo que se entiende es que la UGPP solicitó que, en caso de accederse a las
pretensiones, en la sentencia se dejara consignado el derecho que le asiste a la UGPP
para cobrar a la entidad empleadora el valor de las cotizaciones que se dejaron de
realizar sobre el emolumento denominado prima especial, petición acogida
favorablemente por el juez natural de la causa en ambas instancias.
49. En efecto, sobre el particular, en la sentencia del 26 de agosto de 2019, el Juzgado
28 Administrativo de Medellín señaló:
Conforme con Lo anterior, el Despacho encuentra procedente declarar la nulidad
del acto administrativo contenido en la Resolución RDP 041335 del 31 de octubre
de 2016 por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez del
demandante, asimismo de las Resoluciones RDP 0051 34 del 1 3 de febrero de
201 7 y RDP 006390 del 21 de febrero de 201 7, que resolvieron los recursos
respecto de La primera, ordenando consecuencialmente a la entidad demandada
proceder al restablecimiento de los derechos prestacionales que fueron
denegados por medio de tales decisiones, ya que efectivamente el demandante
causa el derecho a que se le reliquide su mesada pensional con La inclusión del
30% dejado de pagar sobre La PRIMA ESPECAL DE SERVICIOS DEL 30%
MENSUAL para la composición de su IBL, el cual, se Liquidó con la base saIarial
del 70% y no del 100% del salario básico, como era lo correcto, ordenando
igualmente hacer las deducciones de Iey para el pago de aportes a la seguridad
social y los recobros a que haya Lugar al empleador, ante la indebida
interpretación de la norma.
50. Tesis que fue acogida en su totalidad por el Tribunal de Antioquia, que, en la sentencia
del 28 de febrero de 2024, discurrió:
5. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO A partir del análisis que precede,
concluye la Sala que se debe confirmar parcialmente la decisión apelada, en la
medida que, efectivamente, la prima especial de servicios debe ser computada
dentro de la base de liquidación pensional, conforme lo establece la Ley 332 de
1996, y la jurisprudencia del Consejo de Estado. También será confirmada la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
orden orientada a que se practiquen las deducciones y descuentos al empleador
y al pensionado, en relación con la prima especial de servicios percibida en
actividad, en tanto no fue objeto de aportes al haber sido incluido su disfrute como
una porción de la asignación básica, y no en forma adicional, como lo dispuso el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
51. Bajo ese entendimiento, como bien lo analizó el a quo, la entidad aquí accionante
tuvo a su alcance el mecanismo procesal ordinario, idóneo y eficaz para concretar su
interés en integrar el contradictorio y no lo ejerció, no encontrándose justificación alguna
para ese proceder, puesto que encaminó su defensa únicamente a que el juez natural
de la causa, en un eventual condena, reconociera su derecho a efectuar el recobro de
los aportes pensionales, tal y como se ordenó en las sentencias censuradas.
52. Así las cosas, no resulta procedente que ahora la UGPP acuda a la acción
constitucional, que como se indicó, tiene carácter subsidiario y, por ende, su ejercicio no
puede suplir las falencias en el ejercicio del derecho de defensa.
53. Aunado a lo anterior, vale la pena mencionar que, de conformidad con el artículo 24
de la Ley 100 de 1993, las entidades administradoras de pensiones están investidas con
la facultad de ejercer las acciones de cobro ante el incumplimiento de las obligaciones
del empleador, previo a la expedición de una liquidación oficial9 a través de la cual se
determine la obligación tributaria concreta, en términos de certeza, exigibilidad y claridad
a efectos de que preste mérito ejecutivo. Incluso, en el Decreto 2633 de 1994 se
encuentra regulado el procedimiento de cobro coactivo que debe adelantarse ante el
empleador moroso en el pago de los aportes a pensión.
54. En suma, la UGPP tuvo la oportunidad de citar a la entidad empleadora al proceso
de origen para obtener las declaraciones que pretende, relacionadas con el pago de los
aportes adeudados, pero optó por solicitar únicamente que el juez natural de la causa
reconociera su derecho a ejercer el recobro, lo cual se encuentra previsto en la
legislación vigente en la materia, que regula al detalle el trámite administrativo que debe
seguir la administradora de pensiones ante el empleador moroso, e incluso la faculta
para ejercer el cobro coactivo de las cotizaciones adeudadas.
9 Conforme lo previsto en el artículo 156 de la Ley 1607 de 2012, la UGPP está facultada para adelantar
las actuaciones administrativas que se requieran para la determinación oficial de los aportes parafiscales
a favor del Sistema de la Protección Social cuando evidencie falta de pago de aportes a cargo de los
empleadores.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
55. Así las cosas, aunque no haya solicitado la integración del contradictorio
oportunamente, la UGPP aún cuenta con las herramientas ordinarias establecidas por el
legislador -administrativas y coactivas-, para procurar que el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, en
calidad de empleador del señor Rafael Palacio Palacio, cumpla con las obligaciones
parafiscales que tiene pendientes, para así garantizar la sostenibilidad financiera del
Sistema Pensional.
56. En todo caso, vale la pena mencionar que, de conformidad con la jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
«(…) cuando el empleador no traslada oportunamente los aportes a pensiones del
afiliado, se configura la denominada mora patronal. Los efectos negativos de esa
situación no pueden trasladarse al trabajador. Por esa razón, las administradoras de
pensiones deben adelantar las gestiones de cobro correspondientes, ateniéndose a los
poderes coactivos que la ley les otorga. En caso de no hacerlo, se allanan a la mora.
Esto implica que deben: (i) contabilizar los tiempos en mora patronal para efectos de los
reconocimientos prestacionales; y, (ii) asumir las cargas financieras de las prestaciones
generadas en favor del afiliado (fundamentos jurídicos 66 a 72), comoquiera que se
entiende que la administradora de pensiones no puede beneficiarse de su propia
negligencia»10.
57. Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la accionante entre los argumentos
planteados en la tutela también reprocha un supuesto abuso del derecho, la Sala
considera pertinente señalar que para definir este tipo de razonamientos la UGPP cuenta
con la posibilidad del recurso extraordinario de revisión que regulan los artículos 19 y 20
de la Ley 797 de 2003, dado que, a simple vista, se descarta que en el caso analizado
en el proceso de origen, la pensión se haya ordenado reliquidar como consecuencia de
una «vinculación precaria» o que el reajuste haya traído consigo un «incremento
excesivo en la mesada pensional», puesto que no está en disputa el carácter de la prima
especial, ni su naturaleza computable para efectos pensionales11.
10 Sentencia SU 068 de 24 de febrero de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Al respecto se puede consultar las sentencias T-334 de 2021, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y T-
290 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
58. De ahí que, a juicio de la Sala, la acción de tutela se torne improcedente, pues, de lo
contrario, se estaría aceptando reemplazar los mecanismos previstos por el legislador
para la defensa de los derechos. La tutela, se repite, no procede cuando el interesado
deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger
eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios 12.
59. De otra parte, cabe anotar que, si bien puede flexibilizarse la regla de la
subsidiariedad cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación
amerite la intervención urgente del juez de tutela, en el caso particular la parte actora ni
siquiera argumentó una circunstancia de esta naturaleza y la Sala tampoco encuentra
que se cumplan los presupuestos para hacerlo, dado que, como se advirtió la UGPP
cuenta con las herramientas legales necesarias para hacer el cobro de los aportes
adeudados.
60. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, que declaró la improcedencia del amparo solicitado por la UGPP.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 1º de octubre de 2024, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
12
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona que
«no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa
a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela,
cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados
por el propio descuido procesal».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-0315-000-2024-04769-01
Demandante: UGPP
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.