Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04797-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04797-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04797-01
Demandante: July Carolina Zárate Gordillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04797-01
Demandante: JULY CAROLINA ZÁRATE GORDILLO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Tutela contra acto administrativo. Traslado de servidora de carrera
judicial. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante contra la sentencia del 10
de octubre de 2024, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, dispuso:
DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por July Carolina Z[á]rate Gordillo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de septiembre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora July Carolina Zárate Gordillo pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la dignidad humana, a la salud y de acceso a cargos públicos.
A juicio de la parte demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta
con ocasión del concepto desfavorable de traslado al cargo de secretaria de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.
2. Pretensiones
La actora formuló las siguientes pretensiones:
ÚNICA PRINCIPAL: ORDENAR a la Dirección Unidad de Carrera Judicial Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Carrera Judicial Consejo Seccional de la Judicatura de Santander emitir concepto
favorable del traslado de mi cargo en propiedad como Secretaria Sala Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga al cargo vacante homólogo de Sala Laboral del mismo Tribunal.
ÚNICA SUBSIDIARIA: ORDENAR como mecanismo transitorio a la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bucaramanga, se abstenga de proveer en propiedad el cargo Secretario de esa corporación,
mientras inició el medio de control que corresponda para que sea la jurisdicción contencioso
administrativo quien determine si hay lugar o no autorizar el traslado de cargo. En este evento, pido se
otorgue el amparo hasta que el juez administrativo resuelva la medida cautelar que se presente con el
objeto de garantizar la disponibilidad de la vacante a la cual aspiro.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-04797-00.
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3. Hechos
Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Mediante los Acuerdos «2462 y 2470 de 2013» el Consejo Superior de la Judicatura
convocó a concurso de méritos para proveer cargos en la Rama Judicial, como el de
secretario del Tribunal Superior de Bucaramanga, al cual se postuló la demandante,
quien, luego de superar el procedimiento de selección e integrar la respectiva lista de
elegibles, fue designada como secretaria de la Sala Penal a través del Acuerdo 5 del 23
de julio de 2021, expedido por la Sala Plena de esa Corporación, empleo en el que se
posesionó el 24 de agosto de ese año.
Por Resolución 002 del 22 de febrero de 2023, el titular del despacho 5 de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bucaramanga nombró en provisionalidad a la accionante como
profesional especializada, grado 23, y se posesionó el 23 del mismo mes y año.
El 1º de febrero de 2024 la accionante pidió al Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander que emitiera concepto favorable para su traslado al empleo de secretaria de
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, cuya vacante fue publicada ese
mismo día, solicitud que fundó en su trayectoria profesional (más de 10 años de
experiencia), formación académica (magíster en contratación privada y especialista en
derecho laboral y en derecho procesal) y sobresaliente calificación de servicios (96
puntos).
A través del Oficio CSJSA024-281 del 14 de febrero de 2024, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander emitió concepto desfavorable de traslado, comoquiera que la
especialidad del cargo en el que fue nombrada en propiedad la tutelante no era
compatible con la de la plaza a la que aspiraba, decisión contra la cual interpuso recursos
de reposición y en subsidio de apelación, en razón a que (i) no se tuvo en cuenta su
formación academia y experiencia relacionada con el derecho laboral, pese a que el
Consejo de Estado2 ha dicho que ello debe analizarse, (ii) el ingreso a la carrera judicial
no exigía algún tipo de especialidad, (iii) la secretaria no tiene funciones de sustanciación
y (iv) presenta afecciones de salud.
Con Resolución CSJSAR4-160 del 28 de febrero de 2024, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander desató el recurso de reposición y confirmó la decisión inicial, al
considerar que el traslado de servidores de carrera judicial no opera de manera
automática sino que está supeditado al estricto cumplimiento de los requisitos previstos
por la Ley 270 de 1996 y por el Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de septiembre del 2018
del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los que se encuentra la compatibilidad
de especialidades entre el empleo que se ocupa y al que se aspira, exigencia que no se
cumple frente a la accionante, pues la plaza en la que está es de una especialidad
diferente a la del que pide ser trasladada.
Mediante Resolución CJR24-0309 del 30 de agosto de 2024, la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió la apelación interpuesta
contra el Oficio CSJSA024-281 del 14 de febrero del año en curso, en el sentido de
confirmarlo, toda vez que el traslado está sujeto a la afinidad funcional entre cargos,
presupuesto que no se cumple en relación con la peticionaria, pues ocupa en propiedad
el empleo de secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, que
2 Sección Cuarta, sentencia del 1° de agosto de 2019, M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-
15-000-2019-02714-00.
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corresponde a una especialidad diferente a la laboral.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante adujo que la negativa de autorizar su traslado de la secretaría de
la Sala Penal a la de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga se funda en
exigencias que no gozan de respaldo normativo, ya que en la respectiva convocaría del
concurso de méritos que superó no se clasificaron los cargos de secretarios de esa
Corporación por especialidades, por ende, no era dable ahora imponer esa exigencia al
desatar una solicitud de reubicación.
Que esos empleos no tienen funciones de sustanciación, por ende, la especialidad
exigida resulta ineficaz, no obstante, tiene amplia experiencia en el ámbito laboral, pues
además de que ha litigado en esa área del derecho, cuenta con maestría y
especializaciones que le permiten desempeñarse en debida forma como secretaria de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Concluyó que el Consejo de Estado3 ha indicado que para emitir concepto de traslado
debe analizarse no solo la especialidad de los cargos, sino también la experiencia y
formación académica del servidor judicial, premisa que desatendieron las autoridades
accionadas al no permitirle la reubicación pretendida, la cual resulta indispensable para
disminuir las afecciones de salud que le han provocado el cargo de secretaria de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.
5. Intervenciones
El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander pidió que se declarara
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad. Que el
ordenamiento jurídico prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para controvertir los actos administrativos a través de los cuales se rindió concepto
desfavorable del traslado de la demandante y no se evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable.
Que las decisiones administrativas cuestionadas se emitieron en atención al sistema
normativo, en especial, a la Ley 270 de 1996 y al Acuerdo PCSJA17-10754 del 18 de
septiembre del 2018 del Consejo Superior de la Judicatura, que exige afinidad de
especialidades entre el cargo que ocupan los servidores judiciales y al que desean ser
trasladados, exigencia que no cumple la actora, pues ocupa en propiedad el empleo de
secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, especialidad que es
sustancialmente diferente a la de la Sala Laboral de esa Corporación.
El Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de su Unidad de Administración
de Carrera Judicial, aseveró que la Resolución CJR24-0309 del 30 de agosto de 2024,
con la que se confirmó el Oficio CSJSA024-281 del 14 de febrero del año en curso no
quebranta derechos fundamentales de la demandante pues fue expedida conforme a las
reglas aplicables a los traslados de servidores de carrera judicial dentro de las que se
encuentra la de afinidad de especialidades la cual no se satisface, porque el ámbito penal
es disímil al laboral.
Que la tutela de la referencia no cumple la exigencia de subsidiaridad, puesto que la
actora cuenta con la posibilidad de promover la demanda de nulidad y restablecimiento
3 Sección Cuarta, sentencia del 1° de agosto de 2019, M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-
15-000-2019-02714-00.
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del derecho contra los actos administrativos que conceptuaron de manera desfavorable
su solicitud de reubicación y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
imponga efectuar un análisis de fondo.
El señor Edwin Buitrago Duarte, en condición de tercero interesado, afirmó que es él a
quien le asiste el derecho a ser nombrado en el cargo de secretario de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bucaramanga, por cuanto ocupa el primer puesto en la lista de
elegibles.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 10 de octubre
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad pues la actora puede censurar los actos administrativos que conceptuaron de
modo desfavorable su traslado a través de «los medios ordinarios pertinentes»4 señalados en
la Ley 1437 de 2011, dentro de los cuales puede pedir medidas cautelares en aras de
salvaguardar sus prerrogativas.
Que no es dable acceder al amparo de manera transitoria, dado que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que haga imperioso adoptar medidas urgentes
orientadas a salvaguardar preceptos superiores y aunque la actora aseveró que padece
quebrantos de salud, no los demostró.
7. Impugnación
La demandante impugnó el fallo de primera instancia. Argumentó que la posible provisión de
la vacante a la que pidió traslado involucraba un perjuicio irremediable, pues de ser ocupada
desaparecería la posibilidad de traslado, situación que amerita una decisión de fondo urgente
la cual, dijo, no es dable obtener mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues la sola decisión de medidas cautelares tarda alrededor de «163 días hábiles».
Que ha padecido problemas de salud derivados de las actividades que desarrolló en la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, situación que hace
procedente el concepto favorable de traslado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación, se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir el presupuesto de subsidiariedad.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, toda vez que el amparo no cumple el
requisito de procedibilidad de subsidiariedad y no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
4 No determina cuál.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) de la subsidiariedad en caso de actos administrativos que
ordenan o niegan traslados de servidores públicos y (iii) el análisis del caso concreto.
2. Generalidades de la tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de
los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga el demandante.
3. De la subsidiariedad en caso de actos administrativos que ordenan o niegan
traslados de servidores públicos
En el caso de actos administrativos que ordenan o niegan traslados de servidores
públicos la Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general y en aplicación del
principio de subsidiariedad, la acción de tutela resulta improcedente porque el
mecanismo idóneo para controvertir la decisión de la administración es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho tal como puede constatarse en las sentencias T-
653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-338 de 2013, T-060 de 2015, T-159 de
2017, T-302 de 2019, T-468 de 2020, T-252 de 2021, T-149 de 2022 y T-001 de 2024.
Incluso, en la sentencia T-149 de 2023 señaló que en ese procedimiento (el de nulidad
y restablecimiento del derecho) el interesado puede solicitar, además, la suspensión
provisional del acto, es decir, la acción ordinaria se erige como el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las personas afectadas por la
decisión de traslado.
Sin embargo, también ha adoptado unas reglas jurisprudenciales para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acto administrativo que ordena o niega traslado
de servidor público. Tales circunstancias ocurren cuando (i) el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado y (ii) pese a existir un medio de defensa
judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En el primero
de los casos, la tutela procede como mecanismo definitivo, mientras que, en el segundo,
lo hace como mecanismo transitorio.
La Corte Constitucional también ha precisado que un acto de traslado laboral vulnera o
amenaza derechos fundamentales cuando (i) sea ostensiblemente arbitrario, en el
sentido que haya sido adoptado sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones
de trabajo; y (ii) afecte de una forma clara, grave y directa los derechos fundamentales
del actor o de su núcleo familiar5.
5 Sentencia T-149 de 2022.
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Que la decisión sobre el traslado afecta de manera clara, grave y directa los derechos
fundamentales en los siguientes eventos6:
a) La decisión sobre el traslado laboral genera serios problemas de salud,
especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para
brindar el cuidado médico requerido;
b) El traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia;
c) Las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado; y
d) La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y de la
razonabilidad de la carga que se impone con el traslado.
4. Análisis del caso concreto
En el sub lite la Sala advierte que la demandante cuestiona (i) el Oficio CSJSA024-281
del 14 de febrero de 2024, con el que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
rindió concepto desfavorable de su traslado; (ii) la Resolución CSJSAR4-160 del 28 de
febrero de 2024, por cuyo conducto la aludida Corporación desató el recurso de
reposición interpuesto contra la decisión inicial, en el sentido de confirmarla; y (iii) la
Resolución CJR24-0309 del 30 de agosto de 2024, mediante la cual la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura confirmó el
referido oficio al decidir su apelación.
Ahora, sería del caso analizar los argumentos propuestos, sin embargo, la Sala advierte
que la demandante cuenta con otros medios de defensa judicial, a saber, la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 1387 de la Ley 1437 de
2011. Ese medio de control procede con el fin de que se declare la nulidad de actos
administrativos de contenido particular y se restablezca el derecho subjetivo de la
persona lesionada, toda vez que aún no han trascurrido los 4 meses de que trata el inciso
2º de la referida disposición desde que se emitió la Resolución CJR24-0309 del 30 de
agosto de 2024.
Si bien la actora insiste en que la vulneración de los derechos fundamentales se presenta
porque le asiste la prerrogativa de ser trasladada al cargo de secretaria de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bucaramanga, lo cierto es que ese argumento tiene que ver con
una aparente infracción de sus garantías superiores, que técnicamente comportaría la
causal de nulidad denominada infracción de las normas en las que debería fundarse.
Asimismo, debe advertirse durante el trámite de este asunto constitucional se allegó la
Resolución 9 de 17 de septiembre de 2024, mediante la cual los magistrados de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga designaron como su secretario al señor
Edwin Buitrago Duarte8.
6 Ver sentencias T-095 de 2013, T-252 de 2021 y T-149 de 2022.
7 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel”.
8 No obra prueba de que se haya posesionado.
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Ahora bien, la Sala debe advertir que, tratándose de actos de nombramiento, los
interesados cuentan con el medio de control de nulidad electoral, en los términos del
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, que establece que «Cualquier persona podrá pedir la
nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos
de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden».
Ahora, cuando lo que se pretende es que, además de que se declare la ilegalidad del
acto de nombramiento, se restablezcan derechos subjetivos, lo procedente será que
acuda a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011.
Sobre la posibilidad de acudir a estos dos mecanismos, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en sentencia del 25 de junio de 2020, señaló que «cuando se
acusa un acto de nombramiento porque se considera ilegal con el único fin de que se resuelva
tal ilegalidad, el medio idóneo para acudir a la jurisdicción es la nulidad electoral; mientras que si
se pretende demandar un acto de nombramiento que se cree es ilegal y que además vulnera un
derecho subjetivo, con el propósito de que este se restablezca y el acto se retire del ordenamiento
jurídico, tendrá que demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho».
Es de anotar que la acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio,
puesto que la demandante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Si bien
la señora Zárate Gordillo indica que padece quebrantos de salud9, los cuales les atribuye
a las actividades que desarrolló como secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bucaramanga, lo cierto es que la actora solicitó un traslado ordinario y no por razones
de salud y en la actualidad no ocupa ese cargo, pues se desempeña como profesional
especializada, grado 23, del despacho 5 de la Sala Laboral de esa Corporación, por ende,
no se constata una situación de vulnerabilidad actual que imponga el análisis urgente del
juez de tutela.
Además, la actora también sostiene que debe proferirse prontamente una decisión de
fondo, por cuanto la vacante de secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bucaramanga será provista, no obstante, la Sala estima que esa situación tampoco
involucra una situación de urgencia manifiesta, ya que la eventual designación también
puede controvertirla a través del medio de control de nulidad electoral.
En este punto, conviene precisar que el perjuicio irremediable que hace procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio de protección no debe verse solamente
desde la perspectiva de las consecuencias nocivas, adversas, perjudiciales, que puede
producir las decisiones de la administración. Esas decisiones pueden estar revestidas de
legalidad y, por ende, las consecuencias perjudiciales de quienes las sufren no son
ilegítimas o ilícitas. No porque una decisión de la administración resulte desfavorable a
los intereses de los administrados debe asumirse que existe un perjuicio irremediable que
deba evitarse mediante la acción de tutela. De lo contrario, todos los actos administrativos
que establecen situaciones desfavorables a los destinatarios tendrían que ser
suspendidos por vía de tutela.
Así las cosas, se concluye (i) que lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se
podrá controvertir en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y (ii) que la
suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la
9 En la impugnación que se desata se consignan imágenes de valoraciones médicas, en las que se indica que la actora
presentó trastorno de adaptación, «reacción mixta de ansiedad y depresión secundaria al inicio del trabajo como
abogada en la sala penal [y] en febrero de 2023 pasó a trabajar en el área laboral y no presentó ningún problema de
adaptación».
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acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) ya que
procede para evitar un perjuicio irremediable y c) en razón a que la contradicción que se
exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado:
que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo.
En ese orden de ideas, en el proceso ordinario la parte actora podrá pedir la suspensión
provisional de los efectos jurídicos del acto que cuestiona, medida cautelar que resulta
un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera
provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Incluso, la demandante
puede solicitar medidas cautelares de urgencia, que pueden decretarse sin correr
traslado al demandado, en el evento de que se evidencie urgencia en el caso objeto de
discusión, como lo dispone el artículo 23410 del CPACA.
Las anteriores razones son suficientes para concluir que la acción de tutela resulta
improcedente por incumplir el requisito general de subsidiariedad, motivo por el cual se
confirmará la sentencia impugnada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10 Ley 1437 de 2011. Artículo 234. Medidas Cautelares de Urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo
anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y
cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete.
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