Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04803-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04803-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04803-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04803-01
Demandante: Orlando Luna Getial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04803-01
Demandante: ORLANDO LUNA GETIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación injusta de la libertad. Requisito general de
relevancia constitucional cuando se proponen argumentos nuevos
que no fueron planteados en el medio de control de reparación directa
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, quien actúa por
intermedio de apoderada judicial, contra la sentencia del 26 de septiembre de
2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que
negó las pretensiones de la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De los expedientes de tutela, del medio de control de reparación directa y del
proceso penal, se tienen como relevantes los siguientes:
1.1. Relacionados con el proceso penal
El 28 de julio de 2008, la Fiscalía Cuarta Especializada de Santiago de Cali libró
orden de captura contra el señor Orlando Luna Getial y el 30 de julio de 2008 fue
detenido junto con su esposa y suegros, por el presunto delito de lavado de
activos.
Mediante Resolución No. 34 del 4 de agosto de 2008, la Fiscalía Cuarta
Especializada de Cali se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó
la libertad inmediata del accionante.
Por medio de resolución del 10 de septiembre de 2010, la Fiscalía Cuarta
Delegada ante el Tribunal del Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra Lavado de Activos acusó al señor Orlando Luna Getial por el delito de
lavado de activos e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, la
cual se materializó con la reclusión en el establecimiento carcelario de Miranda,
Cauca.
El señor Luna Getial solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento
impuesta y de manera subsidiaria pidió que se sustituyera dicha medida a
detención domiciliaria, teniendo en cuenta que era padre cabeza de hogar y su
esposa también se encontraba detenida, sin embargo, el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de Buga, por medio de auto
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Demandante: Orlando Luna Getial
interlocutorio No. 014 del 20 de diciembre de 2010, negó la solicitud por cuanto
consideró que la medida preventiva era necesaria conforme a la Ley 600 de 2000
y porque no se acreditó la calidad de padre cabeza de familia que exige el numeral
5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
Contra la anterior decisión, el señor Orlando Luna Getial interpuso recurso de
reposición y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara
de Buga, en providencia del 17 de febrero 2011 revocó la medida de
aseguramiento porque no cumplía con los presupuestos para su imposición y, en
consecuencia, ordenó su libertad inmediata prestando como caución prendaria un
salario mínimo legal mensual vigente. Al respecto, señaló:
“(…) pues al ser la pena posible a imponer un superior a cuatro años por ser llamado al
juicio en calidad de cómplice y teniendo como marco de favorabilidad el Art. 313
numeral 2 de la Ley 906 de 2004 carece de justificación la imposición de la medida de
aseguramiento. Igualmente mantener una medida de aseguramiento en contra de una
persona que ha venido laborando en una entidad bancaria, la cual no ha sido capturada
por este huyendo de la justicia sino porque las autoridades han sido incapaces de dar
cumplimiento a una orden legalmente emitida por autoridad competente pues de lo que
se puede observar se ha presentado diariamente a su trabajo durante varios años
movilizándose por las vías sin esconderse de la autoridad que en ningún momento lo
requirió (…)”.
Mediante sentencia del 28 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Guadalajara de Buga
absolvió al señor Orlando Luna Getial y lo declaró inocente del delito imputado.
1.2. Relacionados con el medio de control de reparación directa
Los señores Orlando Luna Getial, en nombre propio y representación de su hijo
menor, Santiago Luna Zabala, Gerardo Luna, Gloria Amparo Getial de Luna,
Bibiana Andrea Torres Fernández, Jairo Femado y Eduardo Luna Getial, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra
la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se
declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, por la
privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Orlando Luna Getial.
El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali en sentencia del 7 de
mayo de 2019, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía
General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Orlando Luna
Getial y la condenó al pago de perjuicios morales y lucro cesante, porque
consideró que el ente investigador no contaba con los dos indicios graves de
responsabilidad de que trata el artículo 357 de la Ley 600 de 2000 para imponer la
medida de detención preventiva, por lo que se ocasionó un daño antijurídico que
no estaba en la obligación de soportar.
Finalmente, contra la anterior decisión la parte demandante y la Fiscalía General
de la Nación interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca mediante fallo del 19 de julio de 2024, la revocó y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se configuró una falla
en el servicio, toda vez que se demostró que la medida de aseguramiento cumplió
los requisitos fijados en los artículo 356 y 357 de la Ley 600 de 2000, en el sentido
de que i) era necesaria porque existía mérito probatorio suficiente para decretarla,
ii) proporcional, por cuanto el delito de lavado de activos implica una pena privativa
de la libertad de mínimo 6 años de prisión intramural y (iii) razonable por la
gravedad de la conducta y circunstancias bajo las cuales fue detenido.
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Demandante: Orlando Luna Getial
2. Fundamentos de la acción
La parte actora, por conducto de apoderado judicial, pidió la salvaguarda de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad procesal, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia del 19 de julio de 2024, que
revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda de reparación directa que adelantó con el fin de obtener el resarcimiento
de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad de la que fue
objeto, y en su lugar las negó.
En primer término, hizo referencia a los presupuestos de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en el sentido de indicar que: i) el asunto
tiene relevancia constitucional, ii) cumple con el requisito de subsidiariedad, por
cuanto agotó los mecanismos judiciales a su alcance, iii) se presentó dentro de un
término inferior a los seis meses y iv) se causó un perjuicio irremediable con la
providencia objetada.
Luego, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
porque ignoró las pruebas documentales que daban cuenta de que el demandante
fue vinculado al proceso penal en calidad de cómplice y no como autor del tipo
penal de lavado de activos, por lo que conforme con el artículo 357 de la Ley 600
de 2000 tiene una medida privativa de la libertad inferior a cuatro años, lo que
lleva a concluir que no era procedente la imposición de la medida de
aseguramiento.
Resaltó que la autoridad judicial accionada omitió la valoración de i) la decisión del
17 de febrero de 2011, la que en su concepto, resulta transcendental, pues el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de
Buga, al realizar el análisis de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la
medida de aseguramiento explicó que la misma no era procedente porque el señor
Luna Getial fue vinculado en calidad de cómplice y, en ese orden, no se cumplía el
requisito relacionado con el objeto de la pena previsto en el artículo 357 de la Ley
600 de 2000, consistente en que “la pena a imponer resultaba ser inferior a 4
años” y ii) la resolución de acusación del 10 de septiembre de 2010, en la que se
indicó que acusó en calidad de cómplice del delito de lavado de activos.
Explicó que la calidad del acusado es importante, ya que conforme con los
artículos 30 y 60 del Código Penal la pena disminuye a la mitad de la sanción
mínima para el delito imputado, por lo que teniendo en cuenta que el tipo penal de
lavado de activos tenía “fijada la pena de 6 años como sanción mínima, aplicando la
disminución propia de la calidad de cómplice, arrojaba solo 3 años de pena mínima”, en
su criterio, no había lugar a imponer una medida de aseguramiento.
Finalmente, manifestó que “resultaba de vital relevancia, al momento de realizar el
estudio de la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento
impuesta al señor Orlando Luna Getial, los argumentos que en su momento se expusieron
en dicha decisión donde, de manera clara se explica la incidencia de la calidad en que fue
vinculado el señor Luna Getial al proceso penal en la procedencia de la medida de
aseguramiento impuesta y, de manera muy particular, en el cumplimiento del requisito
objetivo de la pena mínima, pues en dicho escenario, para el cómplice, la pena a imponer
resultaba ser inferior a 4 años, razón por la cual careció de sustento la medida de
aseguramiento impuesta a Luna Getial, pues no se cumplía este requisito (factor objetivo
de la pena) y confirma que la misma es injustificada, situación que claramente podía
verificar el tribunal en la referida prueba que no fue tenida en cuenta al momento de tomar
la decisión, dejando de manera evidente un error en el juicio valorativo de la prueba, al sin
razón, dar por no probado un hecho que es evidentemente claro y objetivo”.
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3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Solicito se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, por contener defectos fácticos y ser un asunto de
relevancia constitucional, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA QUINTA DE DECISIÓN –
MAGISTRADA PONENTE KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ GARCÉS, con la sentencia
de segunda instancia proferida el 19 de julio de 2024, notificada el 29 del mismo mes y año,
al interior del proceso con radicado 76001333301620160017401.
SEGUNDO. Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de julio de 2024,
notificada el 29 del mismo mes y año, al interior del proceso con radicado
76001333301620160017401, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, por contener defectos fácticos.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
julio de 2024, notificada el 29 del mismo mes y año, al interior del proceso con radicado
76001333301620160017401, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA – SALA QUINTA DE DECISIÓN – MAGISTRADA PONENTE KATIA ALEXANDRA
DOMÍNGUEZ GARCÉS.
CUARTO. ORDENAR, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA
QUINTA DE DECISIÓN – MAGISTRADA PONENTE KATIA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ
GARCÉS se profiera nueva sentencia, realizando el análisis de la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento impuesta al del señor
Orlando Luna Getial, desde lo dispuesto por el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, teniendo
en cuenta que fue vinculado al proceso como cómplice y no como autor del delito de lavado
de activos, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, aspecto que influye
en el cómputo de la pena mínima del delito por el que era procesado”.
4. Trámite procesal
Por auto del 12 de septiembre de 2024, la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar al accionante, a la
autoridad judicial accionada –Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Quinta de Decisión-, y ordenó vincular al Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito de Cali, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, así como a los señores Santiago Luna
Zabala, Bibiana Andrea Torres Fernández, Gerardo Luna, Gloria Amparo Getial de
Luna, Jairo Luna Getial, Fernando Luna Getial y Eduardo Luna Getial, en calidad
de terceros con interés.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
La magistrada ponente de la decisión objetada rindió informe en el que indicó que
la acción de tutela no es procedente porque la intención del demandante es que
se profiera un nuevo fallo, en el que se acceda a las pretensiones de la demanda.
Así mismo, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales alegados por el
accionante, toda vez que la sentencia reprochada se ajustó a los lineamientos
jurisprudenciales vigentes y en la normativa aplicable al caso.
5.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El abogado de la Unidad de Asistencia Legal de la entidad solicitó que se
desvinculara de la acción de tutela, porque no tiene injerencia en las decisiones
judiciales adoptadas por los jueces y magistrados. Agregó que es el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el llamado a responder por la presunta
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, y
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agregó que tampoco es la autoridad legitimada para comparecer como tercero
vinculado, en tanto no intervino en el proceso de reparación directa.
De otra parte, pidió que se negara el amparo solicitado porque la decisión
objetada no se torna arbitraria ni caprichosa a la luz de los preceptos que rigen la
actuación dentro del proceso judicial, por el contrario, se encuentra estructurada
bajo criterios jurídicos sólidamente respaldados.
Para terminar, manifestó que la acción de tutela se presentó para revivir un debate
ya definido y para modificar una decisión adoptada por el juez natural del asunto,
la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada.
5.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada II de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ente
acusador pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, porque
la decisión objeto de reproche no vulneró los derechos fundamentales invocados,
a lo que agregó que la parte actora acude a este mecanismo judicial para reabrir
un debate legal ya definido por el juez natural.
Refirió que la autoridad judicial accionada no transgredió el derecho fundamental
al debido proceso del actor, toda vez que la decisión se fundamentó en la
sentencia del 29 de octubre de 2015 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”1.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 26 de
septiembre de 2024 negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que no se configuró el defecto fáctico alegado, porque la decisión objeto de
reproche fue proferida de conformidad con el material probatorio aportado al
proceso ordinario y la jurisprudencia vigente.
Explicó que se encontró probado que la medida de aseguramiento se justificó en
los elementos materiales probatorios y que se configuraron los supuestos de
procedencia para su imposición, como era que el delito investigado tenía una pena
de prisión que excedía los cuatro años, por lo que cumplía con lo establecido en
los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.
Indicó que en la sentencia objeto de reproche constitucional el tribunal demandado
advirtió que el actor no ejerció adecuadamente la carga probatoria para atribuir la
falla del servicio al Estado por la privación de la libertad a la que estuvo sometido,
por lo que concluyó que la medida de aseguramiento fue necesaria, proporcional y
razonable.
Por último, precisó que lo que se evidencia es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural, la cual no es reprochable vía acción
de tutela, toda vez que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente
razonada y justificada.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la decisión y reiteró el argumento del escrito de tutela, en el
sentido de indicar que la sentencia acusada incurrió en defecto fáctico, porque no
1 Radicado No. 25000-23-26-000-2001-00919-02 (34558).
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tuvo en cuenta que fue vinculado al proceso penal en calidad de cómplice y no
como autor del delito de lavado de activos, toda vez que para dicho delito la pena
es inferior a 4 años, e insistió en que para que proceda la medida de
aseguramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de
2000, se exige una pena superior a cuatro años.
Reiteró que la autoridad judicial demandada desconoció i) la resolución de
acusación en la que se vislumbra la calidad en la que fue vinculado al proceso y ii)
la sentencia del 17 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Guadalajara de Buga,
mediante la cual se revocó la medida de aseguramiento.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación
presentado por el accionante, si resulta procedente revocar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela, y si se debe
acceder a la protección constitucional solicitada, en tanto el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca con la sentencia del 19 de julio de 2024, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad procesal, por cuanto incurre en defecto fáctico, por no tener en cuenta
la resolución de acusación y la sentencia del 17 de febrero de 2011, proferida por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de
Buga, con las cuales se evidencia que el actor fue vinculado al proceso penal en
calidad de cómplice del delito de lavado de activos, por lo que al ser un delito con
una pena inferior a cuatro años de conformidad con el artículo 357 de la Ley 600
de 2000, no había lugar a la imposición de la medida de aseguramiento.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que negó las pretensiones
y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional ya que el demandante utiliza la acción de
tutela para proponer argumentos nuevos que no fueron planteados en el medio de
control de reparación directa.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la
obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por medio de
sentencia del 26 de septiembre de 2024 denegó las pretensiones de la solicitud de
3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Orlando Luna Getial
amparo constitucional, porque el defecto fáctico por omisión en la valoración
probatoria alegado, no se configuró. Encontró que, conforme al material probatorio
allegado al proceso de reparación directa y a la jurisprudencia vigente, el tribunal
demandado concluyó que no existió la falla en el servicio por la privación injusta
de la libertad, comoquiera que se demostró que la medida de aseguramiento fue
necesaria, proporcional y razonable conforme a los hechos acreditados en la
actuación penal y a la gravedad del delito de lavado de activos por el cual era
investigado el actor de conformidad con los requisitos fijados en los artículos 356 y
357 de la Ley 600 de 2000.
En el escrito de impugnación, el accionante reiteró los mismos argumentos que
sustentaron el escrito de tutela, esto es, que la decisión reprochada incurrió en el
defecto fáctico por la omisión de la valoración de la resolución de acusación y la
sentencia del 17 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de Buga, con las que se demuestra
que fue vinculado al proceso penal en calidad de cómplice del delito de lavado de
activos, por lo que, en esas condiciones, al ser un delito con una pena inferior a
cuatro años de conformidad con el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, no había
lugar a imponer la medida de aseguramiento.
4.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, de manera previa se
realizará un breve recuento de las actuaciones relevantes del proceso ordinario,
así:
Los señores Orlando Luna Getial, Santiago Luna Zabala, Bibiana Andrea Torres
Fernández, Gerardo Luna, Gloria Amparo Getial de Luna, Jairo Luna Getial,
Fernando Luna Getial y Eduardo Luna Getial, presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se declarara la responsabilidad del Estado por la
privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Orlando Luna Getial,
con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de lavado de
activos, que culminó con su absolución. En consecuencia, pidieron el pago de los
perjuicios materiales e inmateriales.
De la lectura de la demanda se observa que se refirieron a los hechos que
motivaron el medio de control, entre los que se evidencian los siguientes:
“VIGÉSIMO PRIMERO Mediante Resolución de 10 de septiembre de 2010, la Fiscalía
Cuarta Delegada profirió acusación en contra del señor Orlando Luna Getial,
ordenando librar orden de captura en su contra.
(…)
VIGÉSIMO CUARTO El día 20 de diciembre de 2010, mediante interlocutorio N° 014 el
Juzgado Tercero de Circuito Especializado adjunto de Guadalajara de Buga deniega la
revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva y la libertad del
señor Orlando Luna Getial. (folios 166 a 182 cuaderno ).
VIGÉSIMO QUINTO El día 17 de febrero de 2011, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de Buga Valle, mediante auto
interlocutorio 002, dispuso revocar la medida de aseguramiento impuesta al señor
Orlando Luna Getial, ordenando la libertad del mismo. (Folios 140 a 148 Cuaderno 11).
VIGÉSIMO SEXTO Pese a que el señor Orlando Luna recuperó su libertad, siguió con
la gran preocupación de estar involucrado en un proceso penal y con la zozobra que en
cualquier momento podía ser nuevamente privado de la libertad, pese a que era
inocente.
VIGÉSIMO SÉPTIMO Mediante Sentencia N° 035 del 28 de marzo del año 2014, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento
resuelve ABSOLVER a todas las personas procesadas dentro del proceso de lavado de
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activos, entre ellos al señor Orlando Luna Getial, declarándolos inocentes del delito
imputado”.
De igual forma, en los fundamentos del medio de control se refirieron a las
normas y sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado relacionadas
con la privación injusta de la libertad, a saber:
“SECCIÓN III
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se parte del contenido de la denominada "cláusula general de responsabilidad",
prescrita en el artículo 90 de la Constitución Política, de tal suerte que la Administración
debería responder por el daño antijurídico causado con ocasión de su actuación activa
u omisiva.
Así pues, la responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su
sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la
responsabilidad extracontractual del Estado la cual tiene su soporte en la determinación
de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la
administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo,
argumentación que la Sala Plena de la Sección Tercera acogió al unificar la
jurisprudencia en las sentencias de 19 de abril de 2012 y de 23 de agosto de 2012.
Ahora, en tratándose de privación injusta de la libertad el Honorable Consejo de Estado
se ha pronunciado en los siguientes términos (…)”.
Por último, aludieron a la estimación razonada de la cuantía, señalaron un acápite
de pruebas y otro de anexos. No obstante, no hicieron mención alguna
relacionada con que el señor Orlando Luna Getial fue vinculado al proceso penal
por el delito de lavado de activos en calidad de cómplice.
La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de
Cali el 6 de julio de 2016, sin que se observe que se haya hecho una reforma a la
misma.
El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali en sentencia del 7 mayo
de 2019, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva alegada por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura. De otra parte, declaró administrativa
y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación
injusta de la libertad de la que fue víctima Orlando Luna Getial, por lo que dispuso
el pago de los perjuicios morales y el lucro cesante.
Lo anterior, por cuanto consideró que la imposición de la medida de
aseguramiento decretada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de
lavado de activos a la luz de la Ley 600 de 200 fue ilegal, toda vez que “el ente
investigador no contaba con ninguna prueba que tuviera la suficiencia de comprometer
penalmente al señor Luna Getial, por el delito de lavado de Activos que se le imputó,
pues para la época de la imposición de la medida solo obraba su indagatoria en la cual
afirmó que era empleado del Banco BBVA Colombia y en su tiempo libre, administrador
de un bar de su cuñada, afirmación que no daba cuenta de la comisión de ningún hecho
ilícito. Así las cosas, como para la fecha de la medida de aseguramiento no se contaba
con los dos indicios graves de responsabilidad de que trata la Ley 600 de 2000, es dable
concluir que el señor Orlando Luna Getial no estaba en la obligación de soportar la
medida de detención preventiva de la que fue objeto; lo que quiere decir que estuvo
privado injustamente de su libertad por un lapso superior a 02 meses, tal como se
acreditó en el presente asunto”.
Los demandantes del medio de control de reparación directa presentaron recurso
de apelación, con el fin de que se reconocieran los perjuicios relacionados con el
daño emergente, reparación integral y el daño a la vida de relación. En el escrito
tampoco indicaron el desconocimiento de la resolución de acusación del 10 de
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septiembre de 2010 y de la sentencia del 17 de febrero de 2011, proferida por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Guadalajara de
Buga, con las que, a su juicio, se demostraba que fue vinculado al proceso en
calidad de cómplice.
De igual forma, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en
el que indicó que contaba “con los indicios suficientes para ello, tales como el
allanamiento y los dineros girados por valor de $47.781.665, tan es así que el
Juez Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías la legalizó” y
sostuvo que obró como un ente investigativo y no fue quien ordenó la privación de
la libertad del hoy demandante, pues legalmente no está facultado para ello,
contrario a la Rama Judicial, quien por intermedio del Juez de Garantías, es quien
mediante un análisis previo, valora las pruebas recaudadas y toma la decisión o
no de imponer la medida de aseguramiento”.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 19 de julio de
2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda. En primer lugar, se refirió al régimen de
responsabilidad aplicable en los eventos de privación injusta de la libertad, con
sustento en los artículos 65 y 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 y el
Consejo de Estado en los fallos del 26 de febrero de 20156, 25 de febrero de
20097 y 7 de octubre de 20208.
A continuación, puso de presente que si bien en el asunto no se allegó un
certificado expedido por el INPEC que diera cuenta del periodo en que estuvo
privado de la libertad el demandante, evidenció que “obra el acta de derechos de
capturado suscrita el 30 de julio de 2008. Posteriormente, mediante Resolución 34 del 4
de agosto de 2008 fue dejado en libertad. Luego mediante Resolución del 10 de
septiembre de 2010, la Fiscalía ordenó nuevamente su captura que se hizo efectiva el 10
de diciembre de 2010 hasta el 22 de febrero de 2011 que fue dejado en libertad”.
Así mismo, hizo un recuento de las consideraciones que la Fiscalía Cuarta
Especializada de Cali tuvo en cuenta para considerar que en el caso se
cumplieron los requisitos de los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000,
para la imposición de la medida de aseguramiento al señor Orlando Luna Getial,
los cuales encontró ajustados a las normas pertinentes. Sobre el particular, en el
fallo objeto de tutela se indicó lo siguiente:
“En la resolución de acusación se imputó al demandante el delito de lavado de
activos, contenido en el artículo 210 del Código Penal, que dispone «(…) incurrirá, por
esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
En lo relacionado con la existencia los dos indicios graves de responsabilidad
encuentra la Sala que se debe tener en cuenta que la Fiscalía investigó a un grupo de
ciudadanos liderados presuntamente por el señor Carlos Alfredo y Humberto Caicedo
Ramírez que residían en Londres y enviaban a Colombia gran cantidad de divisas
producto de actividades ilícitas, para lo cual, utilizaban un mecanismo conocido como
«pitufeo». Es así como a través de sus familiares realizaron la labor. Las personas
implicadas eran parientes de la compañera del demandante, que también fue
investigada.
La Fiscalía a través de la Unidad delegada ante el Tribunal de Distrito para la Extinción
del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, decidió revocar parcialmente la
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp.: 68001-23-15-000-1999-02617-01, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Bogotá,
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp.: 25000-23-26-000-1998-0581-01 (25508), C.P. Mauricio Fajardo
Gómez, sentencia del 25 de febrero de 2009.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp.: 19001-23-31-000-2012-00212-01(57075). C.P. Nicolas Yepes
Corrales.
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decisión de primera instancia que se abstuvo de calificar el mérito del sumario en
contra del demandante y ordenó su captura.
Para tomar la decisión tuvo en cuenta: i) Que el señor Orlando Luna Getial recibió
17 giros de diferentes remitentes, entre ellos de la hermana de su compañera
permanente, por un total de $47.781.665, ii) era el administrador de un
establecimiento de comercio que era investigado por la Fiscalía por el delito de
lavado de activos, que además era de propiedad de uno de los implicados, iii) en
la indagatoria, el señor Orlando Luna Getial aceptó recibir el dinero de los
familiares de su compañera permanente y administrar el negocio de su cuñada,
que también era investigada por el mismo delito.
Lo anterior detona que el ente investigador contaba con elementos de juicio que
lo llevaban a inferir de manera razonable que el ahora demandante era
presuntamente partícipe del hecho punible denunciado, sumado a que los
investigados pertenecía a un mismo grupo familiar.
Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que el delito
por el que se investigaba al indiciado tenía prevista una pena de prisión que
excedía de cuatro (4) años (…).
Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se
desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la
gravedad del delito por el cual era investigado.
En efecto, la medida resultaba (i) necesaria dado que existía el mérito probatorio
suficiente para decretar la medida preventiva conforme al ordenamiento procesal
penal vigente al momento de su imposición, puesto que era menester garantizar la
comparecencia del sindicado al proceso e impedir la continuación de su actividad
delictual, (ii) proporcional, por cuanto el delito de lavado de activos implica una pena
privativa de la libertad de al menos seis (6) años de prisión intramural y (iii) razonable
de cara a la gravedad de la conducta y circunstancias bajo las cuales fue
detenido.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante
tampoco allegó prueba alguna que demostraran que la medida de aseguramiento
carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria. Esta falta de
prueba impide establecer responsabilidad al Estado por la privación de libertad del
señor (…)”. (Negrillas por fuera del texto original).
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que el alegato relacionado
con que no se tuvo en cuenta la calidad en la que fue vinculado al proceso penal
el señor Orlando Luna Getial por el delito de lavado de activos -cómplice-, es un
argumento nuevo que no fue puesto de presente en el medio de control de
reparación directa del que se desprende la supuesta vulneración de las garantías
fundamentales que soporta la presente acción, lo que la torna improcedente, en
tanto la acción constitucional contra providencias judiciales no está concebida
como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Como se evidenció, el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Cali en
sentencia del 7 mayo de 2019, puso de presente que el demandante fue acusado
por el delito de lavado de activos y accedió a las pretensiones de la demanda al
encontrar probado que la medida de aseguramiento fue ilegal porque no se
acreditaron los dos indicios graves de responsabilidad que establece el artículo
357 de la Ley 600 de 2000.
De manera que, teniendo en cuenta que el actor interpuso recurso de apelación
contra la mencionada decisión, también pudo poner de presente el alegato
planteado en este mecanismo constitucional relacionado con que fue vinculado al
proceso penal en calidad de cómplice, sin embargo, no lo hizo.
Ahora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda porque no se configuró la falla en
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el servicio por la privación injusta de la libertad del señor Luna Getial, en tanto
concluyó que conforme a las pruebas allegadas, entre estas, el escrito de
acusación del 10 de septiembre de 2010, la medida de aseguramiento cumplía
con los requisitos de la Ley 600 de 2000.
En ese orden, de lo expuesto se observa que en la demanda de reparación directa
y el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia no se hizo
referencia alguna al cargo alegado por el accionante, carga que le correspondía
en virtud del principio de justicia rogada que rige la jurisdicción contencioso
administrativa, la cual que no puede suplirse con el ejercicio de la acción de tutela,
toda vez que se reitera que es un mecanismo de naturaleza residual y subsidiaria.
Así las cosas, no se cumple uno de los supuestos fijados por la jurisprudencia
constitucional para encontrar superado el examen al presupuesto de la especial
trascendencia superior, consistente en que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario.
Sobre ese particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059
precisó como condición general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que el interesado haya propuesto la alegación que imputa
“al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que el demandante acudió a la acción de
tutela, con el fin de solicitar el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad procesal, con la intención de plantear alegatos nuevos que no fueron
expuestos en el proceso de reparación directa, por lo que no se cumple con la
exigencia establecida para el cumplimiento del presupuesto de la relevancia
constitucional.
Al respecto, la sentencia SU-215 de 202210, recordó que el cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que
gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la
controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
En efecto, un eventual estudio de fondo conllevaría efectuar un pronunciamiento
sobre nuevos argumentos que no fueron expuestos en el trámite que originó la
controversia, lo que claramente conduce a asumir competencias del juez natural,
lo que, se insiste, desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia del 26 de septiembre de 2024,
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
9 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Orlando Luna Getial
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- REVOCAR la sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.
Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Orlando Luna Getial, quien actúa por conducto de apoderada judicial, contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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