Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04804-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04804-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04804-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
21 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04804-00
Demandante: Héctor Ocoró Angulo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04804-00
Demandante: HÉCTOR OCORÓ ANGULO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ALTO COMISIONADO
PARA LA PAZ, MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE TRANSPORTE,
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL TRABAJO,
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y ASOCIACIÓN DE
OPERADORES PORTUARIOS DE COLOMBIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Héctor Ocoró Angulo, quien actúa en nombre propio1,
contra la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el Alto
Comisionado para la Paz, los Ministerios del Interior, de Transporte, de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, del Trabajo y de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia
Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y Asociación de
Operadores Portuarios de Colombia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante relató que el 14 de junio de 2024, en ejercicio del derecho de
petición, solicitó a las autoridades accionadas información relacionada con la
concesión portuaria del muelle 13 del distrito de Buenaventura.
Afirmó que también solicitó la participación de las entidades accionadas en una
reunión con la comunidad en el distrito2 de Buenaventura, con el fin de socializar y
resolver las inquietudes sobre el muelle 13.
Indicó que ninguna de las entidades accionadas respondió de fondo a las
solicitudes, toda vez que fueron incompletas e insatisfactorias.
1
Presentada el 8 de septiembre de 2024.
2
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
1
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Demandante: Héctor Ocoró Angulo
Finalmente, manifestó que la reunión se llevó a cabo el “4 de julio del 2024”, pero
menos de la mitad de las entidades convocadas asistieron, lo que impidió que se
resolvieran las dudas planteadas.
2. Fundamentos de la acción
El accionante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales de petición, trabajo,
libertad de expresión, debido proceso y los derechos políticos, así como el
principio de transparencia, vulneración que sustenta en lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1755 de 2015.
Agregó que se desconoció el plazo de los 30 días establecido en el artículo 14 de
la Ley 1755 de 2015, lo que también vulneró el derecho fundamental de petición.
Por último, manifestó que “la falta de asistencia de las entidades gubernamentales
convocadas a la reunión del 4 de julio de 2024 en Buenaventura, junto con su
poca disposición para proporcionar respuestas claras y de fondo, evidencia una
falla en el deber de las instituciones gubernamentales de garantizar la
transparencia y el acceso a la información. Esto constituye una omisión
injustificada que afecta negativamente el interés colectivo de los pescadores
artesanales de Buenaventura”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formuló la siguiente:
“1. Se ordene a las entidades accionadas que, dentro del término perentorio de 48
horas, respondan de manera completa y de fondo al derecho de petición radicado el 14
de junio de 2024 con número de radicado 2024-313-016931-2, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 1755 de 2015.
2. Se garantice la transparencia en los procedimientos relacionados con la concesión
del muelle 13, involucrando activamente a la comunidad de pescadores artesanales en
el proceso.
3. Se convoque a una nueva reunión en Buenaventura, con presencia obligatoria de
todas las entidades accionadas, para discutir y resolver las inquietudes de la
comunidad sobre la concesión del muelle 13.
4. Que se designe un equipo interdisciplinario de profesionales por parte de gobierno
nacional, compuesto por expertos en las áreas pertinentes (incluyendo economía,
derecho, medio ambiente, en logística y operación portuaria y trabajo social), con el fin
de que brinde acompañamiento técnico a la comunidad de pescadores artesanales y a
las demás partes interesadas, asegurando el cumplimiento de los compromisos y la
resolución efectiva de las problemáticas que surjan a lo largo del proceso, hasta su
finalización exitosa”.
4. Trámite procesal
Por auto del 18 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador requirió a la
parte accionante para que indicara con la mayor claridad posible y de manera
precisa, i) quién presenta la solicitud de amparo y ii) en caso de ser el
representante legal de la federación, allegue el certificado de existencia y
representación legal que lo acredite como tal.
Atendido el requerimiento, en proveído del 2 de octubre de 2024 se dispuso la
admisión de la acción de tutela presentada por el señor Héctor Ocoró Angulo, en
nombre propio y ordenó notificar el contenido de esa providencia al demandante,
a las autoridades accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 272536 a
272550 del 7 de octubre de 2024 y la No. 274380 del 10 de octubre de 2024, con
el fin de poner en conocimiento de las partes el contenido de la providencia.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
En oficio del 15 de octubre de 2024, la apoderada de la entidad pidió que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la entidad había
dado respuesta a las peticiones del accionante.
Afirmó que al verificar el sistema de gestión documental se encontró que las
comunicaciones radicadas bajo el No. EXT24-00093904 y el EXT24-00103591
fueron contestadas a través de los oficios No. OFI24-00129785 / GFPU11050000
del 2 de julio de 2024 y OFI24-00138426 / GFPU 13000000 del 11 de julio de
2024.
Resaltó que en el oficio No. OFI24-00129785 / GFPU11050000 del 2 de julio de
2024, se le indicó al demandante que el presidente de la República no podía
asistir a la reunión por tener compromisos previamente adquiridos, sin embargo,
delegó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para su participación.
Finalmente, señaló que por medio de No. OFI24-00138426 / GFPU 13000000 del
11 de julio de 2024, se indicó que un funcionario de la Vicepresidencia de la
República iba a participar en la reunión a la cual había sido invitado el primer
mandatario.
5.2. Respuesta del Ministerio del Interior
En escrito del 23 de octubre de 2024, la directora de la Oficina Jurídica de la
cartera ministerial solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado y que, en consecuencia, se desvinculara a la entidad.
Afirmó que la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de esa entidad brindó respuesta de
fondo a la solicitud con radicado No. 2024-1-004044-05389 Id: 364425 del 10 de
julio de 2024, mediante el consecutivo No. 2024-2-002204-055043 Id: 428463 del
19 de octubre de 2024 y notificado vía correo electrónico aportado por las partes
en la solicitud, para lo cual allegó el comprobante de envío a la dirección
electrónica fedepazcifico2019@gmail.com.
5.3. Respuesta del Ministerio del Trabajo
En escrito del 9 de octubre de 2024, la inspectora de trabajo y seguridad social de
la Oficina Especial de Buenaventura pidió que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela por no vulnerarse los derechos fundamentales del accionante, a lo
que agregó que dentro de sus funciones no se encuentra la de tramitar las
solicitudes de la parte actora.
Refirió que “para la fecha de la invitación, el Ministerio del Trabajo se encontraba
en cese de actividades (hecho notorio), razón por la cual, los correos electrónicos
de las territoriales estaban bloqueados y se generó una dificultad en la
comunicación y conectividad entre las diferentes dependencias, lo que causó la
inasistencia del Ministerio a tan importante reunión”.
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5.4. Respuesta del Ministerio de Transporte
En oficio del 8 de octubre de 2024, la directora de infraestructura solicitó que se
declarara la carencia actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia,
que se desvinculara a la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Afirmó que las peticiones que radicó el demandante ante la cartera ministerial
fueron remitidas a la Agencia Nacional de Infraestructura, por ser la competente, lo
cual se informó al demandante. Adicionalmente, sostuvo que esa entidad bajo los
radicados No. 20243030341801 del 23 de septiembre de 2024 y 20243030303441
del 28 de agosto de 2024 dio respuesta a las solicitudes de la parte actora.
5.5. Respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura
Mediante correo electrónico del 8 de octubre de 2024, el apoderado de la entidad
pidió que se negara el amparo del derecho fundamental de petición y que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela.
Indicó que atendió la petición del accionante y que, además, se le explicó que se
realizarán las respectivas reuniones una vez se conozca de manera oficial la
directiva presidencial y se cuente con la disponibilidad de las instalaciones en
cuestión, en concordancia con los lineamientos que fije el gobierno nacional, tal
como consta en el comunicado ANI No. 20243030303441 y 20243030341801.
5.6. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias
En escrito del 9 de octubre de 2024, la apoderada de la entidad pidió que se
desvinculara del trámite constitucional, al considerar que las peticiones
presentadas por el demandante fueron respondidas.
Resaltó que “el Director Nacional de la entidad asistió y participó en la “Asamblea de
Organizaciones de Pesca Artesanal y sus Eslabones”, el día 12 de julio de 2024,
mostrando de esta manera su interés de escuchar y apoyar a la comunidad, en el marco
de las funciones legales que le competen a la entidad que él representa y,
adicionalmente, se le proporcionó una respuesta escrita, la cual fue enviada a la dirección
de notificación del accionante: fedepazcifico2019@gmail.com ”.
Indicó que desconoce la reunión del 4 de julio de 2024, toda vez que a la que
asistieron fue la del 12 de julio de 2024. Agregó que a esta última reunión solo
asistieron la Vicepresidencia de la República, el director nacional de la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, el director nacional de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP-, la Asociación de
Operadores Portuarios de Colombia y la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias contestó la petición presentada por el accionante, ajustándose a lo que
las competencias establecidas por ley le permiten, al punto que asistió y participó
en la reunión organizada por la comunidad en el distrito de Buenaventura el 12 de
julio de 2024, razón por la cual se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado.
5.7. Respuesta de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-
En escrito del 9 de octubre de 2024, la directora jurídica pidió que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, en razón a que no se vulneraron los derechos
fundamentales del demandante.
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Sostuvo que la entidad dio respuesta de fondo a la petición del demandante
mediante el radicado No. S2024DRC000078, en la cual se confirmó la asistencia
de los funcionarios de la Dirección Regional Cali a la reunión convocada por el
actor. Así mismo, en la referida respuesta se reiteró el objeto y misionalidad de la
AUNAP, para luego señalar que el tema relacionado con el muelle 13 a tratarse en
la reunión y que se aborda en la solicitud del accionante, no es de su
competencia.
5.8. La Vicepresidencia de la República, el Alto Comisionado para la Paz, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la Asociación de Operadores Portuarios de Colombia, a
pesar de que se les notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de
tutela, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
Los Ministerios del Interior, de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias solicitaron su desvinculación del trámite constitucional
por no vulnerar los derechos fundamentales del demandante y por configurarse la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala negará a la solicitud de desvinculación
debido a que ante esas entidades se presentó la solicitud respecto de la cual se
alega la supuesta vulneración del derecho fundamental de petición, por lo que es
necesario que comparezcan en calidad de demandadas.
3. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
3.1. El accionante en el escrito de tutela manifiesta que se vulneraron sus
derechos fundamentales de petición, trabajo, libertad de expresión, debido
proceso y los derechos políticos, así como el principio de transparencia, sin
embargo, al estudiar los fundamentos de la solicitud de amparo, estos se
circunscriben únicamente a la supuesta falta de respuesta a una solicitud remitida
a varias entidades, razón por la cual el debate se abordará a partir del derecho
fundamental de petición.
3.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer si la Presidencia de
la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Vicepresidencia de la República, el Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios
del Interior, de Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Trabajo y de
Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca, la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias y la Asociación de Operadores Portuarios de Colombia
vulneraron al demandante el derecho fundamental de petición, por la falta de
respuesta a las solicitudes presentadas el 14 de junio de 2024, en las que pidió
información relacionada con la invitación a una reunión en la que se abordaría la
problemática del muelle 13 de Buenaventura y la recuperación de la flota pesquera
y los predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales, con el fin de
fortalecer la actividad pesquera artesanal.
3.3. La Sala anticipa que accederá el amparo constitucional del derecho
fundamental de petición en relación con el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Alto Comisionado
para la Paz, los Ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible y del
Trabajo, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias, porque no se ha entregado respuesta a la solicitud presentada por el
demandante o, en su defecto, no se aportó la constancia de notificación de la
misma. Respecto de las demás entidades -Ministerios de Transporte y de
Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación de Operadores Portuarios de
Colombia-, se negarán las pretensiones de la demanda de tutela.
4. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
4
fundamental. En la sentencia T-1160A de 2001 , esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
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M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”5 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,6 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;7
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado8”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
5
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
6
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP. Rodrigo Escobar
Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de
incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición,
toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la
Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad,
mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la
función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
8
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Héctor Ocoró Angulo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
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respuesta adoptada por la entidad” . (destacado fuera de texto)
El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755
de 2015, establece al hacer referencia a las distintas modalidades del derecho
fundamental de petición, que “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos”.
Por su parte, el artículo 14 de la misma norma establece que, salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse, por
regla general, dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. En cuanto
a las peticiones de documentos e información el plazo es de diez (10) días y para
peticiones de consulta de treinta (30) días. Además, se incluye una posibilidad
excepcional de resolver por fuera del mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe
ser informada por la autoridad, antes del vencimiento del término, señalando
expresamente los motivos de la demora así como el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados” 10.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Héctor Ocoró Angulo, quien actúa en nombre propio, considera que
la falta de respuesta a la solicitud formulada el 14 de junio de 2024, en ejercicio
del derecho de petición, en la que pidió información relacionada con la invitación a
una reunión en la que se abordaría la problemática del muelle 13 de Buenaventura
y la recuperación de la flota pesquera y los predios administrados por la Sociedad
de Activos Especiales, con el fin de fortalecer la actividad pesquera artesanal.
5.2. De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, se
evidencia que el contenido de la solicitud11 presentada por el accionante el 14 de
junio de 202412, es el siguiente:
9
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01)
11
De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04804-00
Demandante: Héctor Ocoró Angulo
“1. Solicitamos la presencia del presidente de la república, vicepresidencia, ministra de
trabajo, agricultura, medio ambiente, transporte, ministerio del interior, alto comisionado
para la paz ANI, DNP, AUNAP, UNIDAD SOLIDARIA, ACOP e instituciones garantes
defensoría del pueblo, procuraduría y contraloría en una gran asamblea de las
organizaciones de pesca artesanal y sus eslabones tanto de zona urbana como rural
del distrito de Buenaventura que se estará llevando a cabo el día 12 de julio del 2024
en el distrito de buenaventura donde esperamos contar con su valiosa asistencia en el
auditorio de Comfenalco valle hora 9:am con el fin de concertar, dar claridad al tema y
marcar la trazabilidad de la ruta a seguir con esta decisión presidencial de entregar la
concepción de muelle 13 a la pesca artesanal.
2. Le recordamos que en el artículo 64 de la constitución política reconoce a los
pescadores y pescadoras como sujetos de derechos por lo tanto exigimos el respeto
por nuestro derechos ya que están siendo vulnerados nos están estigmatizando y
subestimando justificando que no tenemos el musculo financiero, sin ni si quiera haber
concertado con nuestras organizaciones una estrategia u alternativa de solución
teniendo en cuenta que la pesca es una de las actividades que más empleo genera en
el distrito de Buenaventura, y el sector [p]esquero hace parte del primer renglón de la
economía del país generadores de seguridad y soberanía alimentaria.
3. Solicitamos recuperar la flota pesquera en el distrito de buenaventura como ya lo
hemos mencionado en diferentes espacios, que los predios incautados por la SAE en la
zona del piñal donde anteriormente funcionaban las atuneras se le pueda ceder
nuevamente al sector pesquero y se reubique. y en este mismo sentido el gobierno
ayude a fortalecer la actividad pesquera y la capacidad instalada, y apalancamiento
financiero y de esta manera se generará miles de empleos en los diferentes eslabones
de la cadena productiva a mujeres y hombres urbanos y rurales del sector pesquero.
4. Ponemos a disposición las organizaciones ya legalizadas que se encuentran en el
distrito como asociaciones, corporaciones, cooperativas de pescadores, cooperativas
de mujeres y federaciones para que articulen entre si y abanderen el proceso de
reactivación el cual lo vemos como una alternativa para la paz”.
Del contenido de la petición, se puede extraer que su objeto se orientaba a
solicitar: i) la asistencia de las entidades a una reunión relacionada con la
concesión del muelle 13 de Buenaventura (numeral 1) y ii) la recuperación de la
flota pesquera y los predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales,
con el fin de fortalecer la actividad pesquera artesanal (numeral 3). La Sala
circunscribirá el análisis a estos dos numerales en los que se hacen peticiones
concretas, toda vez que en los numerales 2 y 4 no se incluye solicitud alguna, sino
que allí se hacen referencias generales al artículo 64 de la Constitución Política y
a las organizaciones que han sido legalizadas que se encuentran en el distrito de
Buenaventura.
5.3. Con el fin de determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho
fundamental de petición del actor, la Sala abordará las mencionadas solicitudes de
manera individual y se indicará el actuar de cada una de las entidades accionadas,
a partir de las pruebas que se allegaron al expediente.
• En relación con la asistencia de las entidades a una reunión para tratar
temas del muelle 13 de Buenaventura (numeral 1 de la petición)
Sea lo primero aclarar, que de acuerdo con los correos a los que se remitieron las
peticiones, no se observa alguna dirección electrónica que se pueda relacionar
12
La solicitud fue remitida a las siguientes direcciones de correo electrónico: Dolly.alvarez@unidadsolidaria..gov.co,
ottypatino@presidencia.gov.co, fabian.parra@contraloria.gov.co, tlovoc@defensoria.gov.co,
admin.sigdea@procuraduria.goc.co, no_responder@presidencia.gov.co, dapre@presidencia.gov.co,
servicioalciudadano@minambiente.gov.co, contacto@presidencia.gov.co, servicioalciudadano@mininterior.gov.co,
Meylin.barragan@minagricultura.gov.co, notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co,
solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, dirección@acop.online, notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co,
Isabel.zuleta@senado.gov.co, servicioalciudadano@mintransporte.gov.co, ingritts.garcia@minagricultura.gov.co,
franciamarquez@presidencia.gov.co, servicioalciudadano@dnp.gov.co, servicioalciudadano@dnp.gov.co,
infor@minambiente.gov.co, contactenos@ani.gov.co, contacto@presidencia.gov.co,
servicioalciudadano@mininterior.gov.co, solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, Isabel.zuleta@senado.gov.co y
servicioalciudadano@mintransporte.gov.co.
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Demandante: Héctor Ocoró Angulo
con la Asociación de Operadores Portuarios de Colombia, razón por la cual no se
puede realizar ningún estudio, pues no hay prueba de que se hubiese presentado
la solicitud a un correo perteneciente a dicha organización, razón por la cual no se
advierte vulneración iusfundamental alguna.
De otra parte, la Sala observa que la Presidencia de la República mediante oficio
No. OFI24-00138426 / GFPU 13000000 del 11 de julio de 2024 13, informó que el
primer mandatario no podía asistir a la reunión por compromisos previamente
adquiridos, sin embargo, mencionó que delegó al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para que hiciera presencia en dicha reunión.
La Vicepresidencia de la República en comunicado No. OFI24-00129785 / GFPU
11050000 del 2 de julio de 202414, confirmó la asistencia a la reunión, para lo cual
delegó a una funcionaria.
El Ministerio del Trabajo mediante correo electrónico del 17 de junio de 2024, le
informó al demandante que la petición había sido asignada a la Dirección
Territorial del Valle del Cauca. Adicionalmente, en la contestación a la solicitud de
amparo no hizo alusión alguna a la reunión a la cual fue invitada.
La Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en oficio No. 2024-540-011624-1 del 28 de junio de
202415, señaló que “en la medida de lo posible, se realizarán las gestiones
pertinentes para la asistencia de un funcionario de alto nivel del ministerio en la
mencionada asamblea”.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP-, en oficio No. AUNAP-
DRC-0090 del 27 de junio de 202416, confirmó la asistencia a la reunión a la que se
hace alusión en la petición.
El Ministerio del Interior a través de correo electrónico del 16 de julio de 2024
(documento aportado por el actor), le manifestó al demandante que “no pudimos
atenderlo en la fecha convocada, por lo que escribo toda vez que no se evidencia
una solicitud dirigida al Ministerio del Interior, en este sentido, me gustaría conocer
cuál sería nuestro rol o apoyo requerido de nuestra parte”. Posteriormente,
mediante oficio del 19 de octubre de 2024, allegado por la cartera ministerial con
la contestación de la acción tutela, afirmó lo siguiente:
“El día 10 de julio de 2024 bajo el Radicado 2024-1-004044-053899 Id: 364425, se
puso en conocimiento de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del interior (en adelante
DACNARP), el mentado derecho de petición, el cual, entre otras, solicitaba la presencia
de esta entidad del estado en la Asamblea de las Organizaciones de Pesca Artesanal.
Conforme a lo anterior, se hace necesario indicar que al interior del DACNARP, existen
una serie de protocolos y requisitos que se deben cumplir con el fin de delegar el
personal idóneo que pueda desplazarse al territorio y realizar un acompañamiento
efectivo para dar cumplimiento a las solicitudes que elevan las distintas organizaciones
o personas naturales a nivel nacional ante el Ministerio del Interior. Dichos trámites
requieren de unos tiempos mínimos que se ciñen, entre otras, a la proyección y
autorización de un plan de comisión, asignación de funcionarios que se desplacen a la
región y revisión de agendas ya asignadas con anterioridad a otros territorios. Así las
cosas, desafortunadamente no se contó con el lapso suficiente que posibilitara a esta
Dirección, el acompañar como era la intención a los participantes de la Asamblea de
las Organizaciones de Pesca Artesanal el día 12 de octubre de 2024 en el Distrito de
Buenaventura (Valle del Cauca), tal como se solicitó en su debido momento por parte
de los peticionarios. No obstante, estaremos dispuestos a futuro, contando con la
13
Documento aportado por el demandante.
14
Ibídem.
15
Ibídem.
16
Ibídem.
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programación adecuada tanto en logística como en tiempo, para acompañar y apoyar
dentro de las competencias asignadas al DACNARP, a las diferentes comunidades que
así lo requieran”.
Cabe resaltar, que el Ministerio del Interior allegó la constancia de notificación al
accionante del oficio del 19 de octubre de 2024, tal como se observa a
continuación:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en oficio del 31 de julio de
202417, informó que “no fue posible, por parte de esta dirección, acompañar el
espacio de diálogo propuesto por los pescadores, debido a la existencia de
compromisos previamente adquiridos y el cruce de agenda para la misma fecha”.
La Agencia Nacional de Infraestructura en oficio del 28 de agosto de 2024,
resolvió lo siguiente:
“En atención a las comunicaciones señaladas en el asunto, amablemente se informa
que las zonas de uso público que corresponden a las instalaciones del denominado
"Muelle 13", actualmente se encuentran bajo permiso portuario otorgado a la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares por medio de la Resolución No. 004 de 1994 de la
otrora Superintendencia General de Puertos, a su vez, dicho acto administrativo fue
modificado extendiendo el plazo del permiso portuario hasta el 6 de enero de 2025, por
medio de la Resolución No. 20243030000145 expedida por la Agencia Nacional de
Infraestructura- ANI, el 6 de enero de 2024.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se realizarán las reuniones que
correspondan, una vez contemos de manera oficial, con la directiva presidencial, y
además, se cuente con la disponibilidad de las instalaciones en cuestión”.
La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, junto con la
contestación de la tutela, allegó un escrito de “septiembre de 2024” en el que le
manifestó al actor que no administra ni otorga concesiones que estén relacionadas
con el muelle 13 de Buenaventura, no obstante, le indicó que el director nacional y
otros funcionarios se hicieron presentes en la reunión del 12 de julio de 2024 que
17
Documento aportado por el demandante.
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se celebró en el auditorio Comfenalco Valle a las 9:00 a.m. Sin embargo, no
aportó la constancia de notificación de la respuesta dispensada al demandante.
El Ministerio del Transporte con la respuesta a la acción de tutela aportó el oficio
del 26 de agosto de 2024 -radicado MT No.: 20245001026301-, mediante el cual
remite la petición del demandante a la Agencia Nacional de Infraestructura, al
considerar que carece de competencia. Igualmente, aportó copia del oficio del 23
de septiembre de 2024, mediante el cual señaló que “a través del oficio No.
20243030303441 del 28 de agosto de 2024 la entidad brindo respuesta a sus
solicitudes, realizadas a través de las comunicaciones No. 20244090949982 del 2
de agosto de 2024, 20244090846172 del 12 de julio de 2024, 20244090829852
del 10 de julio de 2024, 20244090732692 y 20244090729562 del 18 de junio de
2024”. Asimismo, allegó copia de la notificación, así:
Finalmente, el Alto Comisionado para la Paz guardó silencio en la acción de tutela,
aun cuando se le notificó debidamente el auto admisorio, por lo que en virtud de la
presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 18,
se entiende que no ha brindado respuesta a la solicitud del demandante.
Así las cosas, en lo que atañe con la petición relativa a la asistencia de las
entidades a una reunión en la que se abordarían temas relacionados con el muelle
13 de Buenaventura, se observa que la Presidencia de la República, la
18
ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
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Vicepresidencia de la República, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –
AUNAP-, los Ministerios del Interior, de Agricultura y Desarrollo Rural, de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, dieron respuesta a esta
solicitud, la cual fue notificada al demandante, ya sea porque fue el mismo actor
quién la aportó con la solicitud de amparo o porque las entidades allegaron la
constancia de notificación.
No obstante lo anterior, se evidencia la vulneración del derecho fundamental de
petición por parte de i) el Ministerio del Trabajo, toda vez que no allegó respuesta
a la petición del demandante, ii) la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, pues si bien manifestó que el director nacional junto
con otros funcionarios asistieron a la reunión, lo cierto es que no aportó prueba de
que la respuesta se le hubiese notificado al demandante, iii) la Agencia Nacional
de Infraestructura, toda vez que la respuesta no guarda relación con lo solicitado
por el actor, en tanto es incongruente y, finalmente, iv) el Alto Comisionado para la
Paz guardó silencio en este trámite constitucional, a pesar de que se le notificó en
debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, por lo que en virtud de la
presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 19,
se entiende que no ha brindado respuesta a la petición del demandante.
• Frente a la petición de la recuperación de la flota pesquera y los
predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales, con el
fin de fortalecer la actividad pesquera artesanal (numeral 3)
La Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en oficio No. 2024-540-011624-1 del 28 de junio de
2024, allegado por la parte actora, informó que “las acciones para la recuperación
de la flota pesquera y el fortalecimiento de la pesca artesanal, se indica que dichas
actividades son de la competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca – AUNAP, las cuales desarrolla en el marco de su Programa de Fomento,
por lo cual, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (sustituido por el Artículo 1º de la
Ley 1755 de 2015), dimos traslado de su derecho de petición a la AUNAP,
mediante comunicación 2024-540-011339-1, para lo pertinente”.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP-, en oficio No. AUNAP-
DRC-0090 del 27 de junio de 2024 (documento aportado por el demandante), no
resolvió la referida petición bajo estudio.
El Ministerio del Interior manifestó que “esta petición no es competencia del
DACNARP y no se encuentra dentro de sus funciones el pronunciarse respecto a
los predios incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y su posible
destinación, por lo que será el Ministerio de Agricultura quien deberá dar traslado
a dicha entidad para lo de su competencia. En lo demás relacionado en este
numeral, remitirse a la respuesta inmediatamente anterior”. Sin embargo, no
aportó la prueba de que remitió a la Sociedad de Activos Especiales -SAE- la
petición para que se pronuncie en lo que hace relación con la flota pesquera y los
predios incautados, con el fin de fortalecer la actividad pesquera artesanal.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le manifestó al accionante en su
respuesta que “no es el ente encargado de soluciones técnicas relacionadas con
dotación o recuperación de artes y métodos usados de las pesquerías en el país”,
sin indicar cuál era la entidad competente.
19
ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
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El Ministerio del Transporte, como se indicó en el estudio de la pregunta No. 1,
remitió por competencia la petición a la Agencia Nacional de Infraestructura, de lo
cual da cuenta el oficio del 26 de agosto de 2024 -radicado MT No.:
20245001026301-, bajo el argumento de que carecía de competencia.
El Ministerio del Trabajo, como se anotó en el estudio de la pregunta No. 1,
tampoco brindo respuesta en relación con lo solicitado en el numeral 3 de la
petición.
La Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la República, se limitaron a
resolver lo referente a la invitación de la reunión, sin hacer referencia a la petición
relacionada con la recuperación de la flota pesquera y los predios administrados
por la Sociedad de Activos Especiales, con el fin de fortalecer la actividad
pesquera artesanal.
Respecto de la Agencia Nacional de Infraestructura se reitera lo expuesto en el
apartado anterior, en el sentido de que la respuesta que notificó al demandante no
es congruente con lo solicitado en la petición, pues si bien se refiere a la
administración actual del muelle 13 de Buenaventura, no se pronunció frente a la
asistencia a la reunión ni al fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal.
En relación con el Alto Comisionado para la Paz se le aplicará igualmente la
presunción de veracidad del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en tanto guardó
silencio a pesar de que se le notificó en debida forma el auto admisorio de la
acción de tutela.
Frente a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se reitera
que no se aportó la constancia de notificación de la respuesta entregada al
accionante, aunado al hecho de que esta no resuelve lo relacionado con la
solicitud bajo estudio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en relación con la petición
No. 3 formulada por el actor el 14 de junio de 2024, la Dirección de Cadenas
Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y el Ministerio del Transporte, no vulneraron el derecho fundamental de petición.
No ocurre lo mismo, con la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
– AUNAP, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Alto Comisionado para la Paz
y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, quienes
vulneraron esa garantía constitucional porque no se pronunciaron sobre la
solicitud referente al fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal. Asimismo,
los Ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el primero
porque no allegó la prueba de la remisión de la petición a la Sociedad de Activos
Especiales y, el segundo, porque en la respuesta no indicó cuál era la entidad
competente y su respectiva remisión.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Demandante: Héctor Ocoró Angulo
FALLA
Primero.- NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por los Ministerios del
Interior y de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias.
Segundo.- AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Héctor Ocoró
Angulo, quien actúa en nombre propio, por las razones expuestas.
Tercero.- ORDENAR a la Presidencia de la República -Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia de la
República, al Alto Comisionado para la Paz, a los Ministerios del Interior, Ambiente
y Desarrollo Sostenible y del Trabajo, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y a la Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, por intermedio de la dependencia que corresponda,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, emita una respuesta clara, completa y de fondo, la cual
deberá ser debidamente notificada al peticionario de conformidad con lo previsto
en la Ley 1437 de 2011, en los términos precisados en la parte motiva de esta
decisión.
Cuarto.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Héctor Ocoró Angulo, quien actúa en nombre propio, contra los Ministerios de
Transporte y de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación de Operadores
Portuarios de Colombia.
Quinto.- Por intermedio de la Secretaría General, CORREGIR, en el Sistema para
la Gestión Judicial SAMAI, el nombre de la parte actora en la acción de tutela que
quedó registrado como Federación de Pescadores Artesanales del Pacífico y es
Héctor Ocoró Angulo.
Sexto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Octavo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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