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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04805-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04805-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela del 1° de octubre de 2024, proferido por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a través del cual se negó la 17 Sentencia C-622 de 1998. 18 Ibídem Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001 03 15 000 2024 04805 01 Demandantes: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño solicitud de amparo constitucional presentada por la señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04805-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de febrero de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04805 01
Demandantes: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 004805 01
Demandante: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 1°
de octubre de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, mediante la cual se negó la acción de tutela de la referencia.

I. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

1. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño, por conducto de apoderado
judicial, promovió demanda en orden a que se amparen sus derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. Estas garantías las considera vulneradas
por el Tribunal Administrativo de Atlántico, con la expedición de la sentencia de
segunda instancia del 25 de julio de 2024,1 que confirmó la sentencia del 07 de julio
de 2023, a través del cual el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de

1
Dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001 33 33 008
2018 00398 00

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 04805 01
Demandantes: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño

Barranquilla que denegó las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, la demanda
se eleva en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante, INPEC.

1.2. Las pretensiones

2. El accionante solicita, como consecuencia de la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, se ordene al Tribunal
Administrativo del Atlántico expedir una nueva providencia que revoque la sentencia
de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda en contra el INPEC.

1.3. Fundamentos fácticos

3. La señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño, a través de representante judicial,
presentó demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del INPEC, encaminado a controvertir el acto administrativo2
emanado de la entidad demandada, a través del cual le fue negado el pago, por una
parte, de acreencias laborales3 y, por otra, de conceptos derivados de la nivelación
salarial ,4 vinculados con las labores ejecutadas como trabajadora social en el Pabellón
Psiquiátrico de la Penitenciaria Central de Colombia, la Picota.

4. Mediante sentencia del 7 de julio de 2023, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla decidió negar las pretensiones deprecadas, al estimar
en primer lugar, que no fue demostrada la subordinación y, en segundo lugar, la
inexistencia de identidad entre las funciones efectivamente realizadas por la
demandante, como técnico operativo, y las descritas en el nivel profesional, últimas,
sobre las que pretendía le fuera reconocida una nivelación salarial.

5. En vista de lo anterior, la parte demandante apeló el fallo de primera instancia,
recurso que fue conocido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el que, por medio
de sentencia del 25 de julio de 2024, confirmó la decisión del a quo, al determinar, por

2 Oficio 85106 - SUTAH-GOPRE - 009832 de fecha 06 de agosto de 2018.
3 En los contratos de prestación de servicios prestados por la señora Barreto Fandiño, entre el 18 de

agosto de 1993 al 17 de agosto de 1994, y el 8 de septiembre de 1994 al 7 de septiembre de 1995.
4 «[C]orrespondientes al cargo del nivel profesional para el año 1995 al año 2006 correspondían al

código 3020 grado 12, desde 2007 al 2010 correspondían al código 2044 - grado 09 y desde el año
2011 al 2015 las mismas del código 2044 grado 11.», según lo contenido en la sentencia de primera
instancia, del 7 de julio de 2023, dentro del proceso con radicado 08001 33 33 008 2018 00398 00.

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una parte, la falta de acreditación de la subordinación y, por otra, la inexistencia de una
trasgresión al principio de igualdad, ante la imposibilidad de establecer, tanto el
cumplimiento de las funciones propias de un profesional universitario como el
sometimiento a igual régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo,
razones por las cuales se decidió que no había cabida para decretar la nivelación
salarial pretendida.

1.4. Fundamentos jurídicos

6. El accionante fundamentó su acción en i) la sentencia C-590 de 2005, respecto de
los requisitos generales de procedencia; ii) la presencia de defecto fáctico, en su
dimensión negativa, por indebida apreciación probatoria; defecto sustantivo, al omitir
lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 24;5 desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia6 y la Corte Constitucional,7
violación directa de la constitución al vulnerar lo contenido en los artículos 13,29,25 y
53.

1.5. Actuación procesal

7. El 11 de septiembre de 2024,8 la Sección Segunda, Subsección B, de esta
colegiatura admitió la solicitud de amparo.9 En consecuencia, ordenó lo siguiente:

[…]

Primero. Admitir la solicitud de tutela instaurada por Mercedes Cecilia Barreto Fandiño,
en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

Segundo. En calidad de terceros con interés, vincular a la presente solicitud de tutela,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Tercero. Por la Secretaría General de la corporación:
• Notificar, por el medio más expedito y a la mayor brevedad, a las autoridades
demandadas de la admisión de la presente solicitud de amparo, para lo cual deberá

5 En concordancia con la Sentencia SL 828-2024. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral
6 Sentencia del 28 de septiembre de 2016, radicado 25000 23 25 000 2010 01072 01; Sentencia del 22

de octubre de 2009, Radicado: 73001 23 31 000 2002 01248 01 (2512-2005); Sentencia del 17 de abril
de 2008, Radicado: 54001 23 31 000 2000 00020 01(2776-05); Sentencia del 28 de septiembre de 2016
Rad. 25000 23 25 000 2010 01072 01(4233-13); Sentencia del 29 de enero de 2009, Radicado: 07001
23 31 000 1997 00705 01(15662).
7 Sentencias SU-547 de 1997, T-018 de 1999, SU-519 de 1997, T-644 de 1998 y T-079 de 1995
8 Índice 4 de Samai.
9 Auto notificado el 17 de septiembre de 2024.

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hacerles llegar copia de esta, para que, si a bien lo tienen, dentro de los 2 días siguientes
al recibo de la notificación de esta providencia rindan informe sobre los hechos
planteados.
• Notificar, por el medio más expedito y a la mayor brevedad, al tercero con interés.
• Comunicar esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del CGP, para su eventual intervención.
• Requerir al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y al
Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el improrrogable término de 2 días, contados
a partir del recibo de la notificación, allegue en medio magnético el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
08001333300820180039800/01, impetrado por Mercedes Cecilia Barreto Fandiño en
contra del INPEC.

Cuarto. Reconocer personería para actuar en nombre y representación de la parte
demandante al abogado Ismael Morales Correa, con tarjeta profesional 106.418 del
Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del poder obrante en el expediente
digital.

Quinto. Tener como pruebas los documentos allegados con el escrito de tutela.

[…]

1.6. Intervenciones

8. El INPEC, a través de la coordinadora del grupo de tutelas de la Oficina de Asesora
Jurídica de dicha institución, solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que no trasgredió ningún derecho fundamental;
además de ello, indica que la acción de tutela es improcedente, toda vez que no dio
cumplimiento a los requisitos generales de procedibilidad (subsidiariedad), en la
medida en que la parte demandante no agotó todos los medios de los que se dispone
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ( medidas
cautelares).

9. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla10 dio
cumplimiento a lo ordenado en el auto que admitió la demanda de tutela, en relación
con el envío del expediente correspondiente al medio de control que da origen al
trámite constitucional; sin embargo, no allegó intervención alguna sobre la acción de
tutela.

10 Índice 9 de Samai.

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10. El Tribunal Administrativo del Atlántico,11 por conducto de la magistrada Lilia
Yaneth Álvarez Quiroz, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, o negar las pretensiones, en la medida en que no se demostró la existencia
de un perjuicio irremediable; ante la intención de convertir la acción de tutela en una
tercera instancia; por no haberse incurrido en ninguno de los defectos endilgados; y
por no haberse probado la existencia de subordinación, ni el cumplimiento de las
funciones relacionadas con el cargo con el que pretendía la nivelación salarial.

1.7. Sentencia impugnada

11. El 1° de octubre de 2024, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado negó el amparo de los derechos fundamentales en la acción de tutela incoada
por la señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño, toda vez que los argumentos del
solicitante no acreditaron una vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

12. De esa manera, la Sala no observó incongruencia ni irregularidad por parte del
Tribunal Administrativo de Atlántico, debido a que sus actuaciones atendieron la
jurisprudencia y normas de función judicial y la decisión se apoyó en el material
probatorio contenido en el proceso, revelando que no fueron plenamente probados los
elementos que integran una relación laboral encubierta entre la señora Barreto
Fandiño y el INPEC.

13. Igualmente, al analizar la pretendida nivelación salarial, se encontró que no fue
acreditado el quebrantamiento del principio de igualdad, es decir, no se demostró que
la señora Barreto Fandiño estuviera sometida a iguales cualificaciones y desempeñara
la totalidad de las funciones desarrolladas en relación con el cargo de profesional.

14. En ese sentido, la Sección Segunda, Subsección B señaló la existencia de una
inconformidad, por la parte demandante, con el resultado de la valoración realizada
por el juez natural, que al contar con un sustento y estar razonada y justificada, no es
atacable vía tutela, debido a que la solicitud de amparo no es una tercera instancia,
por tanto, no puede desconocer la buena fe en las decisiones del juez natural, su
interpretación jurídica y la autonomía funcional de la que goza.

11 índice 12 de Samai.

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1.8. La impugnación

15. Inconforme con la decisión de primer grado, la accionante solicitó revocarla,
centrando su argumentación en la configuración de un defecto fáctico, en su dimensión
negativa, señalando que el a quo no tomo en consideración todos los elementos de
prueba que permiten acreditar, según indica, por una parte, la existencia de una
relación laboral encubierta y , por otra, el cumplimiento de funciones propias de
profesional, que permitirían demostrar que la señora Barreto Fandiño tendría derecho
a una nivelación salarial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo
25 del Acuerdo n.º 080 de 201912, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

17. Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 25 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se confirmó la
providencia del 7 de julio de 2023, emanada del Juzgado 8° Administrativo del Circuito
de Barranquilla, dentro del radicado 08001 33 33 008 2018 00398 00. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se incurrió en el defecto fáctico, alegado por la parte actora en la

12Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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impugnación presentada y, con ello, si se vulneraron o no los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, de la señora Mercedes Cecilia Barreto
Fandiño.

2.3. La acción de tutela contra providencias judiciales

18. La jurisprudencia constitucional13 ha evolucionado en torno a la consideración de
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,14 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

19. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

13 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
14Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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20. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Análisis del caso concreto

21. Sea lo primero indicar que, el presente asunto tiene relevancia constitucional para
cuestionar el defecto fáctico invocado, puesto que, de acuerdo con lo alegado por la
accionante, la litis fue resuelta sin tener en consideración todo el acervo probatorio,
evento en el que, de encontrarse acreditado, conduciría a considerar trasgredidos los
derechos fundamentales de la señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño, al debido
proceso, a la igualdad y al trabajo.

22. En ese sentido, el presente asunto también reúne los demás requisitos generales
de procedencia, en tanto que i) la señora Barreto Fandiño está legitimada en la causa
por activa y el Tribunal Administrativo de Atlántico, por pasiva; ii) la demanda se
interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia del 1° de
octubre de 2024; iii) según los fundamentos de la acción, no se evidencia que estos se
enmarquen dentro de alguna de las causales de procedencia de los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia; iv) la demanda contiene
argumentos claros; v) no se invoca alguna irregularidad procesal que hubiese tenido
un efecto decisivo en la providencia acusada, sino el hecho de realizarse un estudio
del caso sin un adecuado análisis probatorio; y vi) no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

23. Aclarado lo anterior, de los argumentos expuestos en la demanda, en consonancia
con los expresados en el escrito de impugnación, se extrae que la parte actora no se
encuentra de acuerdo con el fallo del a quo, al insistir en la configuración de un defecto
fáctico, en su dimensión negativa, en la sentencia del 25 de julio de 2024, cuestionada

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en sede de tutela, debido a que las pruebas aportadas no fueron valoradas o fueron
apreciadas de manera indebida.

24. Así, la parte actora señala la configuración del defecto factico endilgado, en primer
lugar, sobre las pruebas relacionadas con «felicitaciones y buen servicio» que le fueron
reconocidos a la accionante y el acta de iniciación de labores que contenía un horario
comprendido entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., las cuales demostraban la existencia
de funciones asignadas a la tutelante, (mas no de metas o prestación de servicio) y el
cumplimiento de un horario, revelando subordinación, características ajenas a la
condición de contratista, y propias de una relación laboral.

25. Al respecto, tras la revisión del fallo de segunda instancia cuestionado, encuentra
la sala que el Tribunal de Atlántico sí realizó una valoración respecto del acta de
iniciación de labores y del cronograma, así:

[…]

70. Ahora bien, dentro de las pruebas documentales allegadas al proceso, se encuentra
el acta de iniciación de labores35, de fecha 18 de agosto de 1993, mediante la cual se
estipula, entre otras, que el horario a cumplir por la demandante será de lunes a viernes
de las 11:00 a.m. a las 5:00 p.m. en actividades intrainstitucionales, y de las 08:00 a.m.
a la 11:00 a.m. se destinaría a actividades extrainstitucionales.

71. Frente a esto, la parte recurrente afirma que, es prueba suficiente de la
subordinación, ya que se le impone un horario a seguir, no obstante, este documento se
debe analizar en conjunto con la orden de prestación de servicios36, la cual, en el acápite
de obligaciones específicas, estableció que la contratista debía elaborar y presentar a la
Dirección General el cronograma de trabajo que ejecutaría en la atención integral de los
inimputables, no obstante, no se aportó prueba de que esto haya sido presentado, por
lo que se puede asumir, de acuerdo con lo afirmado por la demandante en su memorial
de demanda, que, simplemente adoptó las instrucciones de horario dadas, pues
incumplió con el deber que le asistía de elaboración y presentación de su cronograma
para ser tenido en cuenta por la Dirección General.

72. Por otro lado, en este punto la Sala considera pertinente resaltar la estipulación de
un lugar de trabajo, así como un horario en el cual desarrollar sus labores, no constituyen
per se la acreditación del requisito de subordinación, toda vez que por la naturaleza de
las funciones a desempeñar, se hace necesario que éstas se desarrollen en un lugar
determinado y durante un tiempo determinado, en el caso concreto esto cobra mayor
relevancia, toda vez que al tratarse de una trabajadora social para una penitenciaria, se
hace evidente la necesidad de que el desarrollo de sus funciones sean dentro de la
institución penitenciaria, y además, dentro del horario en que las oficinas administrativas
se encuentran en operación, esto es, durante la franja de las 8:00 a.m. hasta las 5:00
p.m., sin embargo, tal como se estableció en el clausulado contractual, la demandante
contaba con liberalidad para realizar su cronograma de trabajo.

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[…]

26. En relación con las felicitaciones, se observa que el citado Tribunal consideró lo
siguiente:

[…]

69. La parte recurrente manifiesta además que, los distintos reconocimiento realizados
por la entidad demandada durante el periodo del contrato de prestación de servicios,
logran probar la existencia de un contrato laboral, no obstante, esta Sala considera que
estos no ofrecen certeza sobre la existencia de la relación laboral, ya que solo acreditan
una excelente gestión en las funciones desempeñadas, como se espera de quienes son
contratistas de las entidades públicas, pero no acreditan de ninguna forma la existencia
de una continuada subordinación.

[…]

78. La Sala destaca que la ausencia de pruebas dificulta la comprobación del requisito
de subordinación necesario para establecer la existencia de una relación laboral, pues
no se incorporaron al proceso, llamados de atención, advertencias o memorandos como
evidencia probatoria que demuestre que, sobre ésta, se ejerció potestades disciplinarias,
órdenes de funciones que se debían realizar en línea con las de los empleados de planta,
reglamentos internos y directrices a seguir. Estos elementos podrían haber ayudado a
demostrar que los servicios no se prestaron de manera independiente y autónoma, como
es característico de una relación contractual basada en la autonomía de la voluntad.

[…]

27. En segundo lugar, arguye que no fueron valoradas las pruebas encaminadas a
demostrar la formación profesional y el derecho a obtener una nivelación salarial, de
la señora Barreto Fandiño, tales como: i) los testimonios aportados por los señores,
José Francisco Gómez Romero, Ana Isabel Fernández, Florentino Rafael Flórez
Romero y Duvis Espinosa Figueroa; ii) las funciones desempeñadas por ésta; iii) la
entrega del cargo por parte de la señora Barreto Fandiño a la señora Espinosa
Figueroa, última quien detentaba el cargo de profesional; y, iv) las Resoluciones 0172
de abril 2 de 2008 y 077 del 24 de marzo de 2001, emitidas por el INPEC.

28. En referencia con lo anterior, se encuentra que el Tribunal Administrativo del
Atlántico sí realizó una valoración probatoria de lo señalado en el párrafo precedente.
De esta manera, se tiene que, sobre las funciones desempeñadas por la señora
Barreto Fandiño y su entrega del cargo a la señora Duvis Espinoza Figueroa, se
expuso lo que se trascribe a continuación:

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[…]

87. Ahora bien, para la acreditación una vulneración al principio de igualdad, en los casos
en que solicita nivelación salarial, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales
precitadas37, esta Sala deberá verificar si el accionante acreditó; I) Que cumplía las
mismas funciones que un profesional universitario; y II) que estaba sometida al mismo
régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo.

88. Con respecto al primer requerimiento, esta Sala observa que, a pesar de haberse
acreditado que la demandante varias funciones similares a las que desempeñan los
trabajadores sociales que se encuentran vinculados en el cargo de profesionales
universitarios, no demostró de manera fehaciente que cumplía con la totalidad de las
funciones que estos realizan, pues a pesar del testimonio rendido por la señora Duvis
Espinoza, que ocupaba el cargo de profesional universitario, no se indagó, ni ella por
cuenta propia informó sobre las funciones específicas que desempeñaba, para hacer la
comparativa con la señora Mercedes Barreto, además, afirmó que ésta última le entregó
el cargo a la primera, por lo que se infiere que la señora Duvis además de las funciones
que le tocó asumir por el retiro de la señora Mercedes, cumplía funciones distintas.

89. Además, es relevante precisar que, el simple hecho de realizar funciones
correspondientes a otro cargo, como se demostró en el caso concreto, para que exista
una verdadera vulneración del principio de igualdad, se debe acreditar el cumplimiento
de todas las funciones de un cargo diferente al que se desempeña, de otra manera, no
se atentaría el principio de la realidad sobre las formalidades, ya que la colaboración y
gestión correcta de la administración permite la delegación de algunas funciones cuando
la situación así lo permita.

90. Por último, en cuanto al requisito de encontrarse sometido al mismo régimen jurídico
de exigencias de cualificación para el empleo, el demandante no hace alusión a este
punto, pues se limita a manifestar que cuenta con el título de trabajadora social, siendo
profesional graduada, pero no realiza el análisis necesario que esclarezca si se
encontraba o no sometida a las mismas cualificaciones para el empleo para el cual
solicita nivelación salarial, existiendo orfandad probatoria con respecto a este tema,
incumpliendo con la acreditación de este.

[…]

29. Concerniente a la no valoración de los testimonios de José Francisco Gómez
Romero, Ana Isabel Fernández, Florentino Rafael Flórez Romero y Duvis Espinosa
Figueroa, por parte de ente judicial accionado, se avizora que sí fueron estudiados por
parte del Tribunal, transcribiendo, incluso, apartes de aquellos, según se revela de lo
contenido en el acápite denominado como: «De la Nivelación 15Salarial»,  los cuales
fueron analizados uno a uno por la autoridad judicial referida.

30. Sobre las Resoluciones 0172 de abril 2 de 2008 y 077 del 24 de marzo de 2001,
emitidas por el INPEC, con las que pretende demostrar las funciones y calidad de

15 Las transcripciones de los testimonios son observables en la página 14 de la Sentencia del 25 de julio

de 2024, párrafos 82 al 86, que da origen al trámite constitucional de la referencia.

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Demandantes: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño

profesional de la señora Barreto Fandiño, se encuentra que el Tribunal realizó una
relación16 de todos los elementos probatorios sobre los cuales elaboró las valoraciones
respectivas, concluyendo que a pesar de que estaba probado que la señora Barrero
Fandiño, efectivamente, contaba con la formación académica como trabajadora social,
lo cierto es que no fueron demostradas, por parte de la demandante, todas las
funciones que se adelantaban en cada uno de los cargos a comparar, lo que llevó al
Tribunal a concluir que, solo se encontraba probada su condición como técnico
operativo, así:

[…]

80. Así las cosas, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra
acreditado que la señora Mercedes Cecilia Barreto Fandiño desempeñó el cargo de I)
Técnico Operativo código 4065 grado 11, desde el 03 de noviembre de 1995 hasta el 12
de febrero de 1997; II) Técnico Operativo código 4080 grado 13, desde el 13 de febrero
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2007; y III) Técnico Operativo código 3132 grado
13, desde el 01 de enero de 2007 hasta el 05 de octubre de 2015.

[…]

31. En tal sentido, se encuentra que las consideraciones presentadas por el juzgador,
para efectos de dar solución a la litis, no se advierten irracionales y/o caprichosas,
pues además de que dejó en evidencia todo el acervo probatorio encontrado en el
plenario, procedió a su efectivo análisis, en tanto estableció el valor de cada una de
las pruebas y explicó lo que de ellas pudo extraer, ámbito en el que el juez natural, a
partir de las reglas de la sana crítica, cuenta con mayor libertad de análisis para
alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.

32. Y si bien, el accionante disiente del análisis probatorio efectuado, mal haría este
juez constitucional en imponerle al juez natural un determinado criterio valorativo, ya
que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, ello invadiría el ámbito
de sus competencias.

33. Es de indicar que, en casos como el presente, en los que se invoca la existencia
de un defecto fáctico en su dimensión negativa, el juez de tutela está autorizado a
analizar, solamente, si la valoración que realizó el operador jurídico desconoció las

16 Visible en el fallo que se revisa en esta causa, del 25 de julio de 2024, en el acápite denominado:

«Pruebas documentales relevantes». Página 11.

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reglas de la sana crítica y/o persuasión racional, en las que, de acuerdo con la Corte
Constitucional «interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del
juez»,17 puesto que, «unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado
pueda analizar la prueba (de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en
los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas»,18 lo cual no se advierte desconocido en el caso.

34. Y siendo así, lo que se extrae del asunto es que la parte actora está inconforme
con la lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un
análisis de la prueba que, en su juicio, es el que debe darse, lo cual está
completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las pruebas
obrantes en el juicio ordinario.

35. De esta forma, no se encuentra que la subsección accionada haya incurrido en un
defecto fáctico que habilite la procedencia del amparo deprecado, por lo que lo
considera infundado.

36. Para finalizar, esta Subsección estima pertinente indicar que no hay lugar a
pronunciarse sobre los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
fijado en la sentencia SU-087 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, en tanto
que la parte actora circunscribió y sustentó sus inconformidades respecto a la
configuración del defecto fáctico, en su escrito de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela del 1° de octubre de 2024, proferido por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a través del cual se negó la

17 Sentencia C-622 de 1998.
18 Ibídem

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Demandantes: Mercedes Cecilia Barreto Fandiño

solicitud de amparo constitucional presentada por la señora Mercedes Cecilia Barreto
Fandiño.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

GGG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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