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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04809-00

Fecha
25 de agosto de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04809-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria que culminó con la decisión del 11 de julio de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación, en la cual se sancionó con suspensión en ejercicio del cargo por el término de cinco (5) meses al señor Mario Alberto Trujillo Cerón, en su condición de alcalde de San Pablo – Nariño para el periodo 2016-2019, por las razones expuestas en esta providencia. 103 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434. 28 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-15-000-2024-04809-00 SEGUNDO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta. TERCERO. ARCHIVAR la actuación por intermedio de la Secretaría de la Corporación, una vez en firme la providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04809-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

25 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiuno (21) de Agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04809-00
Sancionado: MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
Providencia objeto DECISIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2024 DE LA SALA
de revisión: DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR

Temas: Control integral de las decisiones sancionatorias contra funcionarios de
elección popular proferidas por la Procuraduría General de la Nación

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

1. Procede la Sala Veintisiete Especial de Decisión a resolver el recurso
extraordinario de revisión1 interpuesto en contra de la actuación disciplinaria
radicada IUS E-2020-214703 / IUC D-2020-1505534 que concluyó con la decisión
sancionatoria del 11 de julio de 20242, dictada por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación (en adelante PGN), previsto en el artículo 238B de la Ley 1952
de 20193, adicionado por la Ley 2094 de 2021.

2. Este recurso extraordinario de revisión será resuelto con fundamento en los
artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 20214, la sentencia C-030 de 20235 que estudió
su exequibilidad y el auto de unificación jurisprudencial proferido 3 de diciembre de
20246 por la Sala Plena Contencioso Administrativo de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Proceso disciplinario

3. Mario Alberto Trujillo Cerón fue elegido alcalde de San Pablo – Nariño para
el período constitucional 2016 – 2019.

4. El 6 de abril de 2020 la Procuraduría Provincial de Pasto recibió una queja
relacionada con hallazgos encontrados en el informe de empalme de la Tesorería
Municipal de San Pablo - Nariño, en la que se señalaba que el alcalde saliente Mario
Alberto Trujillo Cerón expidió las Resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 del
31 de diciembre de 2019 en las que reconoció y ordenó el pago de prestaciones

1
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 439 a 450.
2
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434.
3
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la
ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
4
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
5
Corte Constitucional, sentencia C-030 del 26 de febrero de 2023.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU),
magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.

1
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04809-00

sociales de diferentes funcionarios, sin contar con disponibilidad ni registro
presupuestal7.

5. En auto del 29 de abril de 20208 la Procuraduría Provincial de Pasto
inicialmente abrió indagación preliminar con el fin de establecer la ocurrencia de los
hechos y si eran constitutivos de falta, luego dispuso la apertura de investigación y
decretó pruebas9. Una vez cerrada la investigación el 25 de junio de 202110, formuló
pliego de cargos por la posible comisión de una falta gravísima, a título de culpa,
prevista en el numeral 22 del artículo 48 del CDU11.

6. Recibidos los descargos se decretaron las pruebas correspondientes12, se
corrió traslado para alegar13 y la actuación concluyó con decisión de primera
instancia del 16 de enero de 202414 y de segunda del 11 de julio de 202415.

7. Mario Alberto Trujillo Cerón fue elegido nuevamente alcalde del municipio de
San Pablo – Nariño por el periodo constitucional 2024 a 2027, según credencial
formato E-27 proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría
Nacional del Estado Civil16.

1.1.1. Decisión sancionatoria de primera instancia

8. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto, en decisión de primera
instancia del 16 de enero de 202417, declaró disciplinariamente responsable a Mario
Alberto Trujillo Cerón, en su condición de alcalde de San Pablo - Nariño para el
periodo 2016 – 2019, por la comisión de la falta gravísima contemplada en el artículo
48 numeral 22 de la Ley 734 de 2002 a título de culpa conforme el numeral 2 del
artículo 44 ibidem.

9. En la decisión se encontró acreditado el incumplimiento de los deberes como
alcalde al expedir las resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 del 31 de
diciembre de 2019 sin obtener de manera previa la disponibilidad y registro
presupuestal, conforme lo prevén los artículos 71 y 89 del Decreto 111 de 1996 y el
Decreto 1068 de 2015; en consecuencia, le impuso la sanción de suspensión e
inhabilidad especial por el término de diez (10) meses.

1.1.2. Decisión sancionatoria de segunda instancia

7
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; Índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 4 a 13.
8
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 14 y 15.
9
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 221 a 224.
10
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 243 a 244.
11
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 261 a 267 y 269.
12
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 268, 293, 295 a 299.
13
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 345.
14
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 322, 354, 356 a 382.
15
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434.
16
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00009.
17
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 322, 354, 356 a 382.

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10. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular, mediante fallo del 11 de julio de 202418, dispuso: (i) confirmar parcialmente
la decisión de primera instancia, en cuanto declaró la responsabilidad disciplinaria
del investigado por la falta prevista en el artículo 48 numeral 22 de la Ley 734 de
2002; y (ii) modificar la sanción impuesta, al considerar que le asistió razón al
disciplinado en cuanto existió un error en el monto de la sanción, porque tanto la
codificación anterior como la actual reglamentan el asunto de la misma manera y
una falta que objetivamente sea gravísima cometida con culpa debe ser sancionada
como culpa grave culposa y la sanción debe ser de suspensión de 1 a 12 meses,
pero no de suspensión e inhabilidad especial como se asignó resolvió en la decisión
impugnada. En consecuencia, disminuyó la sanción impuesta quedando en
suspensión de cinco (5) meses.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

11. El señor Mario Alberto Trujillo Cerón solicita la revisión de la decisión que
declaró su responsabilidad disciplinaria y pide la revocatoria de la sanción
impuesta19, al considerar que la conducta investigada no encuadra en una falta
disciplinaria y no existe una afectación al deber funcional.

12. Considera que la conducta que se le endilga es atípica, por cuanto no se
probó que las obligaciones adquiridas en los actos administrativos objeto de
investigación se pagaron con recursos de las vigencias 2020 o 2021, que por el
contrario con la prueba testimonial se determinó que, sí existía respaldo financiero
y presupuestal en el 2019, y sí bien el pago se hizo en 2020, correspondió a recursos
de la vigencia 2019. Agrega que no se afectó el presupuesto con vigencias futuras
y en tal sentido su conducta no se subsume en la norma presuntamente violada.

13. Señala que la conducta carece de ilicitud sustancial tal como lo exige el
artículo 9 de la Ley 2094 de 2021, dado que en las decisiones disciplinarias no se
demostró la manera como se afectó el deber funcional desde el punto de vista
administrativo, financiero, contable y jurídico.

14. Finalmente argumenta que al no existir norma que contemple la culpa para
la falta gravísima conforme el artículo 48 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el
9 de la Ley 2094 de 2021, el asunto se debe archivar en aplicación del principio de
favorabilidad dispuesto en el artículo 8 del CGD y, de no ser así, habría un acto
arbitrario que desconoce el principio de legalidad.

1.2.1. Trámite procesal

15. La PGN remitió a esta Corporación el expediente disciplinario con el fin de
surtir el procedimiento para el recurso extraordinario de revisión, conforme lo

18
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 421 a 434.
19
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002.

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previsto por las Leyes 2094 de 2021 y 1952 de 2019 y la sentencia C-030 de 2023
de la Corte Constitucional20.

16. El Despacho inicialmente no avocó conocimiento del trámite21, sin embargo,
22
luego de la interposición y decisión del recurso de súplica admitió el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Mario Alberto Trujillo Cerón y
ordenó las notificaciones de rigor23, posteriormente en providencia del 23 de octubre
de 202524 decretó la prueba a que había lugar.

1.2.2. Oposición al recurso25

17. La PGN se opuso a los cargos formulados en el recurso extraordinario de
revisión y manifestó que la conducta es típica, dado que el reproche no recayó en
la existencia o no de presupuesto, sino en la ausencia del certificado de
disponibilidad presupuestal previo a la expedición de las resoluciones que
reconocieron prestaciones, y en la omisión del respectivo registro presupuestal,
conductas tipificadas en el artículo 48 numeral 22 de la Ley 734 de 2002 y recogidas
en el artículo 57 numeral 3 del CGD.

18. Agregó que hay ilicitud sustancial porque se determinó que la conducta
quebrantó los principios de responsabilidad y moralidad de la función pública
afectando el correcto funcionamiento de la administración municipal, en tanto omitió
un aspecto esencial para garantizar el pago efectivo, lo que también vulnera la
moralidad, entendida como el actuar de forma recta, leal y honesta en la actuación
administrativa.

19. Respecto de la culpabilidad, señaló que, al calificar la falta gravísima con
culpa, la sanción es la suspensión en el ejercicio del cargo, y no es posible aplicar
el principio de favorabilidad dado que la sanción se ajusta a lo previsto en el artículo
44 del CDU de falta gravísima culposa.

20. Finalmente consideró que no se configura vulneración alguna al debido
proceso que invalidara la actuación, dado que en el trámite disciplinario se
observaron las reglas relativas a la legitimación, representación, notificaciones,
términos para la práctica y decreto de pruebas, competencias y recursos, conforme
a lo previsto en la ley, garantizando así la vigencia de los fines estatales y la
protección de los derechos de los asociados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002.
21
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00004.
22
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00008, 00009, 00011 y 00028.
23
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00035 y 00038.
24
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00044.
25
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00041.

4
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21. La Sala Veintisiete Especial de Decisión es competente para resolver el
recurso extraordinario de revisión de conformidad con el artículo 238 B de la Ley
1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021, en concordancia
con el artículo 125.2 de la Ley 1437 de 2011, el Acuerdo nro. 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, y el auto de unificación del 3 de diciembre de
2024 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación26.

2.2. Problema Jurídico

22. Corresponde a la Sala hacer el análisis integral de la actuación disciplinaria
que adelantó la PGN en contra de Mario Alberto Trujillo Cerón dentro del expediente
nro. IUS E-2020-214703 / IUC D-2020-1505534 que concluyó con la decisión
sancionatoria del 11 de julio de 202427, dictada por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

23. Para ello, la Sala (i) analizará los aspectos generales del recurso
extraordinario de revisión; (ii) realizará un control integral de la actuación
disciplinaria; (iii) verificará la procedencia de las causales de nulidad previstas en el
artículo 137 del CPACA; y, (iv) presentará las conclusiones correspondientes.

2.3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

24. La Ley 1952 de 2019 «Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario», modificó el régimen disciplinario
existente, sin embargo: i) conservó las facultades disciplinarias en la PGN para la
investigación y sanción de servidores públicos electos por voto popular; y, ii)
modificó el régimen disciplinario dando prevalencia al principio de la dignidad
humana y la ilicitud sustancial, lo que implicó un cambio en la finalidad del proceso
disciplinario, en tanto se dio prevalencia a las garantías de los sujetos disciplinables.

25. Antes de la entrada en vigor de la Ley 1952 de 201928, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), mediante sentencia del 8 de julio de 2020, declaró
la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración de los
derechos políticos del señor Gustavo Petro Urrego, con ocasión de la sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad por quince años para ejercer cargos
públicos impuesta por la PGN. En dicha decisión la Corte ordenó la adecuación del
ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar el cumplimiento de los artículos 8 y
23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

26. Posteriormente se expidió así la Ley 2094 de 2021 «Por medio de la cual se
reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones», la cual consagró en

26
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU),
magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434.
28
La entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, se prorrogó en virtud de la Ley 1955 de 2019 «Por el cual se expide el plan
nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad» hasta el 1 de julio de 2021.

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el artículo 54 el recurso extraordinario de revisión contra las decisiones
sancionatorias dictadas por la PGN, y en el artículo 56 reguló las causales de
procedencia.

27. La Corte Constitucional en la sentencia C-030 del 26 de febrero de 2023
efectuó el análisis de constitucionalidad de los artículos 1, 13, 16, 17, 54, 73 y 74 de
la Ley 2094 de 2021 declarando la inexequibilidad de la expresión «función
jurisdiccional» que allí se atribuía a la PGN, por vulnerar el inciso tercero del artículo
116 de la Constitución Política, al trasladarse competencias que originariamente
estaban asignadas a los jueces, y variarse la naturaleza de una potestad de la que
ya era titular dicho organismo.

28. Se concluyó que la función disciplinaria es de naturaleza administrativa y que,
por lo tanto, la PGN conservaría para todos los efectos, la potestad disciplinaria en
los términos en que le fue atribuida por mandato constitucional, esto es, como una
función originariamente administrativa, conforme a la cual le compete «ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley».

29. Declaró la exequibilidad condicionada del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021,
en el entendido que el recurso extraordinario de revisión opera solamente respecto
de las decisiones que imponen sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad
a servidores públicos de elección popular, dejando de lado a los demás servidores,
quienes deberán acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

30. Además, le confirió al Consejo de Estado la competencia para tramitar el
recurso extraordinario de revisión, que operaría bajo los siguientes presupuestos:
(i) es automático e inmediato; (ii) no está supeditado a las causales taxativas de
procedencia; (iii) solo aplica para los sancionados en un cargo de elección popular
o que le inhabilite para ejercer uno de elección popular; y (iv) el disciplinado podrá
ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes para su defensa.

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
auto de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica del 3 de diciembre de
2024 consideró que el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 54
a 60 de la Ley 2094 de 2021, es procedente bajo las siguientes reglas29:

Primera regla: El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación
que impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores
públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio de un
cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente 11001 03 15 000 2023 00871 00, Magistrado
Ponente Luis Alberto Alvarez, auto del 3 de diciembre de 2024.

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Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.

Segunda regla: La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el
trámite de revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se
resuelve definitivamente el recurso de revisión.

Tercera regla: El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría
General de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su
favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el
procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o través de
apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales
distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de inconformidad.

Cuarta regla: El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca
conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al
disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes, podrá
oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección popular, en su
escrito de intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley 2094 de 2021.

Quinta regla: En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la
sanción disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.

Sexta regla: El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión
emitidas por las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá
por la Sala Especial de Decisión que siga en orden numérico.

Séptima regla: El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre
la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de
la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular.

32. De conformidad con la séptima regla, el examen integral implica cotejar la
actuación disciplinaria con todo el ordenamiento jurídico superior, así se concluyó
en la providencia:

Así las cosas, el control integral, supone que el juez al decidir el asunto no está
sometido únicamente a los cargos o alegaciones señalados por el servidor público
sancionado, sino que garantía (sic) de la reserva judicial impone un análisis más
amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los
principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las
sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana,
presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad, derecho
a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración
normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios

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internacionales ratificados por Colombia, y ii) la posibilidad de variar la calificación de
la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la no reformatio in
30
pejus, entre otros aspectos.

33. En esa medida, el recurso extraordinario no está limitado a las causales
enlistadas en el artículo 56 de la Ley 2094, sino que también procede por las
causales de nulidad de los actos administrativos, contempladas en el artículo 137
del CPACA. Adicionalmente procede por cualquier otra irregularidad que se derive
del cotejo del acto sancionatorio con el ordenamiento jurídico, dentro del cual se
deben analizar los principios y los elementos de la responsabilidad disciplinaria
(tipicidad, ilicitud sustancial, culpabilidad); de ahí que la solución al caso concreto
realice un control integral sobre los siguientes aspectos:

(i) Violación directa de la ley sustancial, en el cual se analizará el régimen
disciplinario, el procedimiento, la competencia, los sujetos disciplinables, y la
prescripción y caducidad de la acción.

(ii) Análisis de los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad, ilicitud
sustancial, culpabilidad.

(iii) Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.

(iv) Congruencia entre el pliego de cargos y el fallo, en el que se examinará la
motivación de los elementos que configuran la responsabilidad disciplinaria y las
causales eximentes de responsabilidad.

(v) Nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

(vi) Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria,
sumado al principio de favorabilidad.

(vii) Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de tercero.

(viii) Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

(ix) Cuando se demuestre, que la decisión fue determinada por un delito del
funcionario que la profirió o de un tercero.

(x) Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado
se modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión
recurrida.

30
Ibidem.

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(xi) Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de
las normas en que deberían fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular;
(iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa
motivación o (vi) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

2.4. Control integral de la actuación disciplinaria

2.4.1. Violación directa de la ley sustancial

2.4.1.1. Procedimiento

34. La Ley 734 de 2002 estuvo vigente a partir del 5 de mayo de 2002 hasta la
entrada en vigor de la Ley 1952 del 29 de enero de 2019 o CGD que la Ley 1955
del mismo año31 prorrogó hasta el 1 de julio de 2021 y, con la expedición de la Ley
2094 el 29 de junio de 2021 se aplazó nuevamente hasta el 29 de marzo de 2022,
excepto algunas normas relacionadas con la titularidad de la potestad disciplinaria
y las atribuciones de la PGN que comenzaron su vigencia de inmediato y la
prescripción de la acción disciplinaria que regiría 30 meses después de la
promulgación de la ley, esto es, el 29 de diciembre de 2023.

35. En el presente caso, los hechos que dieron origen al ejercicio de la acción
disciplinaria ocurrieron en 2019, cuando se encontraba vigente la Ley 734 de 2002
o CDU y es esta la norma que rigió la actuación, tal como lo dispuso el artículo 263
de la Ley 1952 de 2019, según el cual “los procesos en los cuales se haya surtido
la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002”.

36. Acorde con lo expuesto en el régimen de transición citado en el párrafo
anterior, la norma aplicable sería la Ley 734 de 2002, con la modificación de la Ley
1474 de 2011, dado que la Procuraduría Provincial de Pasto abrió indagación
mediante auto del 29 de abril de 202032, ordenó la apertura de la investigación a
Mario Alberto Trujillo Cerón el 16 de abril de 202133, y cerró la investigación en auto
del 25 de junio de 202134. Luego, formuló pliego de cargos único por la falta
gravísima prevista en el artículo 48 numeral 22 de la Ley 734 de 2002, en auto del
18 de enero de 202235 notificado el 27 de enero de 202236. Posteriormente el proceso
se remitió a la Procuraduría Regional de Nariño con fundamento en la Resolución
207 de 202137, allí se avocó conocimiento en auto del 17 de febrero de 202238, se
negó una solicitud de nulidad y se decretaron las pruebas solicitadas en los

31
«Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad.»
32
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 14 y 15.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 221 a 224.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 243 a 244.
35
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 261-267, 231 y 269.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 277.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 279.
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SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 268, 293, 295 a 299.

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descargos por el disciplinado. Posteriormente, en auto del 28 de abril de 202239, las
diligencias se remitieron a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto para
que continuara con la etapa de juicio, allí se avocó conocimiento el 28 de septiembre
de 202340 y se dispuso la práctica de pruebas. Seguidamente, el 9 de noviembre de
41
2023 se corrió traslado para alegar.

37. El 16 de enero de 202442 se profirió fallo de primera instancia y la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular al conocer
el recurso de apelación, dictó el 11 de julio de 202443 fallo de segunda instancia
confirmando y modificando la decisión impugnada.

38. En ese orden de ideas, se dio aplicación al procedimiento ordinario y se
respetaron las etapas consagradas en el CDU, de forma tal que no se advierten
irregularidades que impliquen la vulneración de los derechos al debido proceso y
defensa del sancionado.

2.4.1.2. Competencia

39. La Procuraduría General de la Nación respetó la garantía de juez natural
porque al ejercer la competencia disciplinaria atribuida en el artículo 118 de la
Constitución Política, aplicó la Ley 734 de 2002 y el Decreto Ley 262 de 200044,
artículo 76 numeral 1º, literal a)45 que atribuyó el conocimiento de los procesos
adelantados en primera instancia contra los alcaldes de los municipios que no sean
capital de departamento a las procuradurías provinciales.

40. La Ley 2094 de 2021 ajustó la estructura y funcionamiento de las
dependencias de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de garantizar el
conocimiento de las etapas de instrucción y juzgamiento en diferentes organismos
y se materializaron en el Decreto 1851 de 202146, vigente desde el 29 de marzo de
2022. Así, el artículo 22 modificó el artículo 7647 dispuso que la etapa de instrucción

39
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 312 a 317.
40
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 294, 321, 323 y 324.
41
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 345.
42
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 322, 354, 356 a 382.
43
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434.
44
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios
del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos».
45
«Artículo 76. Procuradurías provinciales y distritales de instrucción. Las procuradurías provinciales y distritales de
instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones:
1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los
siguientes sujetos disciplinables:
a. Los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los personeros, personeros
delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos
descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos
del orden distrital o municipal, según el caso. (…)»
46
«Por el cual se modifican los Decretos ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la
Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los
funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio
de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras
disposiciones.»
47
«Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios
del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su

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va hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo y atribuyó el
conocimiento a las Procuradurías Provinciales y Distritales48; así mismo señaló que
la etapa de juzgamiento en estos casos le corresponde a las Procuradurías
provinciales y distritales de juzgamiento; y el artículo 11 del Decreto Ley 1851 de
2021, que modificó el 22 íd. Señalando que en estos casos la segunda instancia
correspondería a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de
Elección Popular49.

41. En el caso particular se dio apertura al trámite disciplinario en contra de Mario
Alberto Trujillo Cerón, IUS E-2020-214703 / IUC D-2020-1505534, el que se
adelantó por las autoridades competentes así:

Fecha Organismo Actuación
50 Procuraduría Provincial
29 de abril de 2020 Indagación preliminar
de Pasto
Procuraduría Provincial
51
16 de abril de 2021 de Pasto Apertura de investigación

52 Procuraduría Provincial
25 de junio de 2021 Cierre de investigación
de Pasto
18 de enero de
53
2022 Procuraduría Provincial
Formuló pliego de cargos
Notificado el 27 de de Pasto
54
enero de 2022
Avocó conocimiento con fundamento en la
17 de febrero de Procuraduría Regional de Resolución 207 de 2021, negó una solicitud de
55
2022 Nariño nulidad y decretó las pruebas solicitadas en
los descargos por el disciplinado.
Procuraduría Regional de Auto que remitió las diligencias a la
56
28 de abril de 2022 Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Instrucción de Nariño
Pasto
28 de septiembre de Procuraduría Provincial Auto que avocó conocimiento y dispuso la
57
2023 de Juzgamiento de Pasto práctica de pruebas
9 de noviembre de Procuraduría Provincial
58 Auto de traslado para alegar
2023 de Juzgamiento de Pasto

funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos»
48
«Artículo 76. Procuradurías provinciales y distritales de instrucción. Las procuradurías provinciales y distritales de
instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones:
1. Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los
siguientes sujetos disciplinables:
a. Los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, los concejales de estos, los personeros, personeros
delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos
descentralizados del orden distrital o municipal, los miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos
del orden distrital o municipal, según el caso. (…)»
49
«(…) 3. Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes competencias: (…)
b. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de
competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los procuradores delegados,
regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. (…)»
50
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 14 y 15.
51
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 221 a 224.
52
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 243 a 244.
53
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 261-267, 231 y 269.
54
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 277.
55
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 268, 293, 295 a 299.
56
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 312 a 317.
57
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 294, 321, 323 y 324.
58
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 345.

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Fecha Organismo Actuación
16 de enero de Procuraduría Provincial
59 Fallo de primera instancia
2024 de Juzgamiento de Pasto
Sala Disciplinaria de
60 Juzgamiento de
11 de julio de 2024 Fallo de segunda instancia
Servidores Públicos de
Elección Popular

42. Se concluye que el proceso disciplinario se ajustó a las reglas de
competencia aplicables, esto es, inició en vigencia de la Ley 734 de 2002 mediante
el procedimiento ordinario previsto en el artículo 150 y siguientes, el cual estuvo a
cargo de la Procuraduría Provincial de Pasto en virtud del sujeto disciplinable.

43. Al entrar en vigencia la Ley 2094 de 2021 – en particular de los artículos 47
y siguientes –, y los ajustes en la estructura interna de la Procuraduría con el
Decreto 1851 de 2021, se garantizó la etapa de instrucción a cargo de la
Procuraduría Provincial de Pasto y el juzgamiento en la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento de Pasto, garantizando así que el funcionario encargado de la
investigación no fuera el mismo que asumió el juzgamiento.

44. Si bien la Procuraduría Regional de Nariño, actuó en la etapa de instrucción,
lo hizo en virtud de la Resolución 207 de 2021, en la que se le atribuían
competencias temporales para garantizar la separación de la instrucción y el
juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones
disciplinarias61.

45. Por otra parte, al examinar la competencia de la autoridad de segunda
instancia para conocer del recurso de apelación, se observa que se dio aplicación
al artículo 11 del Decreto Ley 1851 de 2021, que modificó el 22 del Decreto Ley 262
de 2000, y señaló que en estos casos la segunda instancia corresponde a la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

2.4.1.3. Sujetos de la acción disciplinaria

46. La acción disciplinaria fue dirigida contra Mario Alberto Trujillo Cerón como
alcalde de San Pablo - Nariño, elegido popularmente para el período constitucional
2016 – 2019 y tomó posesión de su cargo el 1° de enero de 2016 ante la Notaría
Única del Círculo Notarial de San Pablo – Nariño62, además fue reelecto para el
periodo 2024 – 2027, por tanto, como servidor público de elección popular es
destinatario de la acción disciplinaria, (Ley 734 de 2002, artículo 25).

2.4.1.4. La prescripción y caducidad de la acción disciplinaria

59
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 322, 354, 356 a 382.
60
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a 434.
61
«Artículo Segundo. Competencia de las procuradurías regionales. Las procuradurías regionales asumirán el conocimiento
de las actuaciones disciplinarias durante la etapa de instrucción, hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de
archivo, en los términos del artículo 75 del Decreto ley 262 de 2000, así como de las resoluciones 017 y 018 de 2000.
De igual forma, asumirán el conocimiento de la etapa de juzgamiento y fallarán los procesos disciplinarios cuyo pliego de
cargos haya sido proferido por la procuraduría provincial adscrita al respectivo ámbito territorial.
62
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 254.

12
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47. Inicialmente el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 consagró la prescripción
como causal de extinción de la acción disciplinaria por el paso del tiempo sin
adelantar o definir el proceso disciplinario y el artículo 30 ibid., consagró cinco años
de prescripción contabilizados desde el día de su consumación para las faltas
instantáneas y desde la realización del último acto para las de carácter permanente
o continuado.

48. La Ley 1474 de 2011, artículo 132 introdujo las figuras de caducidad y
prescripción de la acción disciplinaria, contabilizando la primera desde la ocurrencia
de la falta sin que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria
en cinco años y la segunda, cuando transcurre el mismo término a partir de dicho
auto sin que se haya emitido la decisión correspondiente.

49. Sin embargo, el legislador no determinó cuál es el acto que interrumpe el
fenómeno prescriptivo, por lo que la jurisprudencia de la Corporación en sentencia
del 21 de mayo de 201963, acogiendo lo dispuesto en el fallo de unificación de la
Sala Plena de lo Contencioso del 29 de septiembre de 200964, señaló que debe
entenderse que la prescripción se interrumpe con la expedición y notificación del
acto administrativo primigenio, independientemente de la interposición y decisión de
los recursos, posición reiterada por la Corporación65.

50. Posteriormente la Ley 1952 de 2019 reguló en el artículo 33 la prescripción
de cinco años computables desde que se cometió la falta si esta es instantánea o
de la realización del último hecho si es continuada. La norma prevé que tal
fenómeno se interrumpe con el fallo de primera instancia y que una vez interrumpido
opera si pasan dos años sin que se profiera el fallo de segunda. Esta disposición,
entró en vigor el 29 de diciembre de 2023 por mandato del artículo 73 de la Ley
2094 de 2021 que modificó el 263 del CGD.

51. En el presente asunto la normativa aplicable es el artículo 30 de la Ley 734
de 2002 modificado por el 132 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto la conducta se
materializó después de estar vigente esta reforma, esto es el 31 de diciembre de
2019, sin embargo, se advierte que no se configura ni la caducidad ni la prescripción
de la acción disciplinaria, tal como se ilustra a continuación:

Con la expedición de las Resoluciones 1057,
Ocurrencia de la falta 31 de diciembre de 2019 66
1064, 1065, 1066 y 1069
Notificación del auto que ordenó la apertura de 68
67 5 de mayo de 2021
investigación el 16 de abril de 2021

63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 21 de mayo de 2019,
expediente 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ), C.P. César Palomino Cortés.
64
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009,
exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ, C.P. Susana Buitrago Valencia.
65
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
7 de febrero de 2019, expediente 3966-14, C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de agosto de 2018, expediente 0491-2017, C.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
66
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 60 a 77, 134, 155,
156 a 173.
67
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 221 a 224.
68
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 226 a 230.

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70
Decisión de primera instancia del 16 de enero de 23 de enero de 2024 .
69
2024

52. Se observa que, entre la fecha de ocurrencia de los hechos, la notificación
del auto que ordenó la apertura de investigación, el cierre de la investigación, el
pliego de cargos y la decisión disciplinaria de primera instancia, no había
transcurrido más de cinco años; y entre aquella y la decisión de segunda instancia,
tampoco transcurrió dicho término.

53. Si bien a la entrada en vigor del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el 29 de
diciembre de 2023, el proceso disciplinario no había terminado, no era necesaria su
aplicación, en tanto el proceso se tramitó en el término dispuesto en las normas
antes señaladas.

54. En conclusión, cuando se dictó el acto sancionatorio de primera instancia no
había operado la prescripción de la acción disciplinaria y, por lo tanto, no existió
vulneración al debido proceso.

2.4.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad,
ilicitud sustancial y culpabilidad.

55. Para el correspondiente análisis se tendrán en cuenta las pruebas que obran
en la actuación disciplinaria, esto es: Certificación del tesorero del municipio de San
Pablo – Nariño sobre las cuentas por pagar y el empalme de la administración
saliente de 5 de mayo de 202071, copia del Decreto nro. 101-24-118 del 31 de
diciembre de 201972, copia de las resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066, 1069 del 31
73
de diciembre de 2019 , copia del acta de visita especial realizada a la oficina de la
Secretaría de Hacienda Municipal74, copia del oficio de Talento Humano del
municipio de San Pablo en el que remite los datos de posesión y nombramiento del
acalde y su hoja de vida75; y el testimonio rendido por Juana Isabel Andrade
Martínez76.

2.4.2.1. Tipicidad

56. Para garantizar que el servidor público o sujeto pasivo de la acción
disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta que se le reprocha,
le corresponde al legislador «definir de forma abstracta y objetiva, qué conductas
desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones públicas deben

69
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 322, 354, 356 a 382.
70
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 383 a 386
71
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 22 a 28.
72
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 29 a 59.
73
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 60 a 76.
74
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 138 a 220.
75
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 249 a 260.
76
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CD FL 2027 C-1».

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ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha sido
encomendado o por el abuso de su ejercicio»77.

57. En materia disciplinaria, ante la dificultad de consagrar en la ley un listado
detallado de las conductas constitutivas de falta, existen tipos abiertos o en blanco
y se ha avalado la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados que hacen
necesaria la remisión a otras normas en las que se encuentren consagrados los
deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo.
Por lo tanto, la autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio, lo
que exige «un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley»78.

58. En ese orden de ideas, para verificar si se cumplió con el elemento de
tipicidad, se debe partir de un proceso de adecuación típica entre la descripción
legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo,
para establecer si surge una relación de contrariedad entre el comportamiento de
quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente
incumplido.

59. El artículo 6 de la Constitución Política prevé: «los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.».

60. En el caso particular, el cargo único formulado en contra del disciplinado se
endilgó con fundamento en la falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 22
Ley 734, consistente en: «Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales
inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias
futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.». Se precisa que en el pliego
de cargos la autoridad administrativa realizó el juicio de subsunción típica a partir
del presupuesto «asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales
inexistentes» del numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

61. La norma parte de dos elementos: i) Asumir compromisos sobre
apropiaciones presupuestales: (a) inexistentes; (b) en exceso del saldo disponible
de apropiación, (c) o que afecten vigencias futuras; y ii) sin contar con las
autorizaciones pertinentes.

62. Con el informe de empalme entre la administración saliente en 2019 y la
entrante para el periodo 2020 - 2023, la Tesorería Municipal de San Pablo – Nariño
señaló que el alcalde saliente Mario Alberto Trujillo Cerón expidió las Resoluciones
1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 del 31 de diciembre de 2019 en las que reconoció y
ordenó el pago de prestaciones sociales de diferentes funcionarios, sin contar con
disponibilidad ni registro presupuestal.

77
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-
2010-00290-00 (2388-2010).
78
Ibidem

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63. Para efectos de verificar la anterior información, la Procuraduría Provincial de
Pasto abrió indagación preliminar79 y comisionó a la Personería de San Pablo para
la práctica de las siguientes pruebas:

• Visita especial a las instalaciones de la alcaldía para que se allegue copias
certificadas de la resolución de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019.
• Copias de los documentos que demuestren si se reconoció y ordenó el pago a
los funcionarios de la administración 2016-2020 a 31 de diciembre de 2019,
como resoluciones de reconocimiento de liquidación y orden de pago,
determinando el rubro a cancelar y si se tenían los recursos suficientes para
realizar los pagos.

64. La Personería de San Pablo efectuó la visita especial a los archivos del
municipio el 10 de diciembre de 2020, y aportó la siguiente información80:

• Copia de las resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 del 31 de diciembre
de 2019.
• Certificación de la Tesorería del 15 de diciembre de 2020, en la que se señala
que dichos actos administrativo no poseen disponibilidad ni registro presupuestal
con corte a 31 de diciembre de 2019.
• Copia del Decreto 101-24-118 del 31 de diciembre de 2019 por medio del cual
se constituyen cuentas por pagar.

65. Luego de la apertura de investigación se recibió copia de los documentos que
acreditan la calidad del disciplinado81, así:

• Copia de la cédula.
• Certificación emitida por la Tesorería de fecha 15 de octubre de 2020.
• Certificación salarial.
• Credencial.
• Acta de posesión.
• Hoja de vida.

66. Posteriormente, en el auto que avocó conocimiento82 se decretaron como
pruebas los testimonios de Milena Sofia Rosero Realpe y Juana Isabel Andrade
Martínez. El 27 de octubre de 2023 se recibió el testimonio de la última83, quien
aportó con su declaración copia del Decreto 101-24-103 de 2019 (sin firma), FUT84
ingreso del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, informe FUT de cierre fiscal y

79
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 14 y 15.
80
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 22 a 55, 57 a 76,
131 a 134, 138 a 141 y 155 a 202
81
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folio 249 a 260.
82
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 268, 293, 295 a 299.
83
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 342 y 343.
84
Formulario Único Territorial, de reporte de información, mediante el cual se recolectará información sobre la ejecución
presupuestal de ingresos y gastos, y demás información oficial básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y
control de las entidades territoriales; adoptado por el Decreto 3402 del 7 de septiembre de 2007.

16
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copia de las resoluciones 4787 del 19 de diciembre de 2019 y 4095 del 6 de
noviembre de 201985, a que hizo referencia en su declaración.

67. Con fundamento en el anterior material probatorio se puede establecer que,
el alcalde de San Pablo expidió el 31 de diciembre de 2019 las resoluciones 1057,
1064, 1065, 1066 y 1069, fecha para la cual no se había generado ni disponibilidad
ni registro presupuestal, situación que además quedó evidenciada en la certificación
de la Tesorería Municipal de San Pablo del 15 de diciembre de 202086 y en la
declaración de la testigo Juana Isabel Andrade Martínez87.

68. La PGN afirmó que la irregularidad encuentra su fundamento en los artículos
6, 123 y 352 de la Constitución Política, 34 numerales 1 y 2 y 35 de la Ley 734 de
2002, 71 y 89 del Decreto 111 de 1996 «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989,
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto», y el Decreto 1068 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público», que disponen:

De la Constitución Política:

Artículo 6. los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 123 (…) Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y
el reglamento. (…)

Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del
Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación,
modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su
coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de
los organismos y entidades estatales para contratar.

Ley 734 de 2002

Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las ordenes superiores emitidas por funcionario competente. (…)

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del
cargo o función. (…)

85
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CD FL 207 C-1» folios 242 y 243.
86
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CD FL 207 C-1» folio 155.
87
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281». Folios 342 y 343.

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Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones
contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos
de trabajo.

Decreto 111 de 1996

Artículo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya
lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis
o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. (…)

Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación, son
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de
cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.

Al cierre de cada vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales
con los compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas
presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron
origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con
las obligaciones correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la
entrega de bienes y servicios. (…) (subrayas de la sala)

Decreto 1068 de 2015

Artículo 2.8.1.7.1. Requisitos para afectar el presupuesto. Ningún órgano del
Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al Tesoro
o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo
disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedición de
un certificado de disponibilidad presupuestal.

El certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, podrán expedirse a través
de medios electrónicos, de conformidad con lo señalado en la Ley 527 de 1999, bajo
la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos previamente
definidos en la ley, y con las formalidades legales establecidas.

Artículo 2.8.1.7.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El certificado de
disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus
veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y
libre de afectación para la asunción de compromisos.

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Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el
compromiso y se efectúa el correspondiente registró presupuestal. En consecuencia,
los órganos deberán llevar un registro de éstos que permita determinar los saldos de
apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades.

Artículo 2.8.1.7.3. Registro Presupuestal. El registro presupuestal es la operación
mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta
operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que
haya lugar. (subrayas de la sala)

69. Se observa así, que, en efecto, uno de los deberes del alcalde en materia
presupuestal es obtener el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal
(CDP) de manera previa a la expedición de cualquier acto o contrato que
comprometa el presupuesto de la vigencia y, una vez adquirido el compromiso, debe
expedirse el correspondiente registro presupuestal (RP), con el cual se afecta de
manera definitiva la apropiación presupuestal y se perfecciona el compromiso
adquirido.

70. Acorde con lo que viene de decirse, el servidor público, en su calidad de
alcalde, expidió las resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 el 31 de diciembre
de 2019 sin obtener previamente el certificado de disponibilidad presupuestal, y sin
el respectivo registro presupuestal que comprometiera el presupuesto de la vigencia
2019, es decir que su conducta, tal como lo señaló la Procuraduría General de la
Nación, se tipificó como falta gravísima prevista en, la Ley 734 de 2002, artículo 48
numeral 22.

71. De conformidad con las normas presupuestales, la expedición de
resoluciones sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el
Registro Presupuestal (RP) vulnera el artículo 48.22 de la Ley 734 de 2002. Al no
existir los certificados, el servidor compromete dineros sin la garantía de
apropiaciones presupuestales inexistentes o insuficientes, lo cual lesiona el principio
de legalidad, planeación y responsabilidad del gasto público, configurando una
infracción al régimen presupuestal y contractual. En este caso, el análisis de los
elementos de la disposición se desglosa así: Verbo rector: El acto de «asumir»
implica la manifestación de voluntad, materializada en la expedición de la
resolución, por la cual la entidad se obliga a un reconocimiento económico. Objeto:
Compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. La inexistencia se
presenta tanto en sentido material (no hay dinero en el rubro) como formal (el dinero
existe, pero no ha sido amarrado o certificado previamente).

72. La jurisprudencia de la Corporación ha aclarado que, si bien la falta de estos
requisitos no anula per se el acto jurídico, sí acarrea responsabilidad disciplinaria,
dado que el servidor público tiene el deber de gestionar y garantizar el respaldo
financiero antes de ordenar el gasto88. Por lo tanto, la acción de emitir una resolución
sin el amparo del CDP y el RP se encuadra tipificada en el tipo disciplinario, ya que

88
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de
2022, expediente 47001- 23 31 000 2011 00037 01, CE José Roberto Sáchica.

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el servidor público genera una expectativa y un compromiso de pago sin la solidez
del respaldo financiero legalmente exigido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

2.4.2.2. Ilicitud sustancial

73. El artículo 5º de la Ley 734 de 2002 señala que «La falta será antijuridica
cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna»; por tanto, esta disposición
debe interpretarse en concordancia con el artículo 22 íd., según el cual: «El sujeto
disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad,
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad,
economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de
su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará
las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en
las leyes.»

74. El investigador disciplinario analizó la ilicitud sustancial de la conducta del
señor Mario Alberto Trujillo Cerón en primera instancia, pero no como un mero
desconocimiento de las disposiciones legales sino como una afectación funcional y
sustancial de los deberes del servidor público.

75. Incluso en segunda instancia, frente al argumento defensivo que cuestionaba
este elemento de la responsabilidad, señaló que al desconocer las disposiciones
legales, se quebrantaban los principios de moralidad y responsabilidad, omitiendo
garantizar la destinación específica de los recursos y afectando directamente el
correcto funcionamiento de la administración.

76. Alegó el disciplinado que, si bien no se expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal de manera previa a la expedición de los actos administrativos, en el
presupuesto se contaba con los recursos para el pago, y que, en efecto, éste se
llevó a cabo con recursos de 2019, pero en el 2020, como lo ratificó el testimonio de
la señora Juana Isabel Andrade Martínez.

77. Sin embargo, el anterior argumento no es de recibo, porque no se cuestiona
la afectación de vigencias futuras, sino el incumplimiento de lo dispuesto en los
Decretos 111 de 1996 y 1068 de 2015, según los cuales, previa la expedición de los
actos administrativos, debía contar con el certificado de disponibilidad presupuestal
que garantizara la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de
afectación para asumir compromisos. De ahí que, al comprometer recursos sin
respaldo presupuestal, incumplió los deberes previstos en la Constitución y la ley,
afectando la función administrativa de gestión responsable de los recursos públicos
porque dichas previsiones legales protegen principios como el de planeación
presupuestal, la legalidad del gasto público, disciplina y sostenibilidad fiscal, así
como transparencia y control del gasto, para prevenir desorden y déficits
financieros.

2.4.2.3. Culpabilidad

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78. Conforme al artículo 13 de la Ley 734 de 2002 «En materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son
sancionables a título de dolo o culpa». Al respecto, el parágrafo del el artículo 44 de
la Ley 734 de 2002 dice:

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
(subrayas de la Sala)

79. Esta Corporación sobre la culpa gravísima y su diferencia con la culpa grave
ha señalado:

En materia disciplinaria habrá responsabilidad por la comisión de una falta de esa
naturaleza con culpa gravísima o grave. De acuerdo con el parágrafo del artículo 44
de la Ley 734 de 2002, la primera forma de culpa se configurará «cuando se incurra
en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento». La segunda «cuando se incurra en
falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del
común imprime a sus actuaciones».

Ambas formas de culpa tienen como elemento común que ellas dependen de la
desatención de los deberes objetivo y subjetivo de cuidado. El primero se refiere al
cuidado necesario que cualquier persona del común (que en este caso debe
entenderse a partir de la condición como servidor público del disciplinado) tiene en
sus actuaciones; y el segundo a la previsibilidad de los acontecimientos derivados de
la conducta del sujeto. Los elementos diferenciadores de la culpa gravísima respecto
de la grave, están relacionados con las calificaciones dadas por la ley, en el sentido
de que exista ignorancia supina, desatención elemental, o violación manifiesta de
89
reglas de obligatorio cumplimiento.

80. La PGN atribuyó la falta disciplinaria gravísima a título de culpa grave, por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona común imprime a sus
actuaciones.

81. El incumplimiento de los deberes consagrados en las normas financieras da
cuenta de un comportamiento negligente, máxime que se trata de un alcalde que
está terminando su periodo constitucional de cuatro años, razón por la cual no
puede alegar desconocimiento de las normas que rigen la materia. Además, debió
actuar con diligencia y responsabilidad, so pena de incurrir en faltas que le
acarrearan sanciones (artículos 6 y 123 de la Constitución Política).

82. Por otra parte, en el presente caso no se demostró la existencia de alguna
de las causales que eximen de responsabilidad, consagradas en el artículo 28 del
CDU, así: (i) por fuerza mayor o caso fortuito; (ii) en estricto cumplimiento de un
deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado; (iii) en
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las

89
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” CP William Hernández
Gómez, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-06021-01(3003-17).

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formalidades legales; (iv) por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y
razonabilidad; (v) por insuperable coacción ajena o miedo insuperable; (vi) con la
convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria;
y (vii) en situación de inimputabilidad.

83. Acorde con lo expuesto, la Sala concluye que las decisiones de la
Procuraduría acertaron al encontrar acreditados los presupuestos de la culpabilidad,
en la medida en se comprobó en el proceso disciplinario la responsabilidad de Mario
Alberto Trujillo Cerón.

2.4.3. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en
la apreciación de la prueba

84. En este acápite se verificará si las autoridades disciplinarias valoraron las
pruebas obrantes en el expediente conforme a los artículos 128 a 142 de la Ley 734
de 2002, que regulan el régimen probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica
y con fundamento en elementos de convicción que permitan alcanzar certeza sobre
la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. En caso contrario, se
configurará un error de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas, bien
porque dejan de valorarse o se realiza una valoración defectuosa, o porque se
desconoce una norma adjetiva que debió orientar el análisis probatorio90.

85. Al proceso se arrimaron pruebas documentales91, entre ellas el Decreto nro.
101-24-118 del 31 de diciembre de 2019 de las cuentas por pagar a esa misma
fecha, en el que no aparecen incluidas las resoluciones de pago de prestaciones
sociales 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069 firmadas por el alcalde Mario Alberto Trujillo
Cerón.

86. También obra el informe del acta de empalme de la administración saliente
de 5 de mayo de 2020, en el que se deja constancia de la anterior irregularidad, en
los siguientes términos92:

Se evidencia que a unos funcionarios de nómina de la administración anterior le
fueron reconocidas y ordenados el pago mediante resoluciones debidamente
firmadas por el mandatario saliente, sin embargo, no poseen Certificación
Presupuestal ni compromiso presupuestal teniendo pleno conocimiento que toda
erogación estatal debe estar soportada presupuestalmente, ellos son:

Resolución no. 1057 Lissettte Paola Cruz Torres
Resolución no. 1064 Iván Esteban Realpe Zambrano
Resolución no. 1065 Mario Andrés Ortega Lasso

90
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de abril de 2012, Rad. 11001-03-15-000-
1998-00021-01, MP. Silvio Escudero Castro. Ver, además: Sala Especial Transitoria de Decisión 2A, sentencia de 12 de
septiembre de 2005, Rad. 11001-03-15-000-2003-00655-01, MP. Camilo Arciniegas Andrade. También puede consultarse:
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 2021, MP. Diana Fajardo Rivera.
91
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 22,a 28, 29 a 59, 60
a 76 y 138 a 220.
92
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 22,a 28, 29 a 59, 60
a 76 y 138 a 220.

22
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Resolución no. 1066 Rober Yamit Perafan Trullo
Resolución no. 1069 Jhon Jairo Rosada Cerón

87. Asimismo, al revisar las resoluciones 1057, 1064, 1065, 1066 y 1069,
firmadas por el alcalde Mario Alberto Trujillo Cerón el 31 de diciembre de 201993, no
se dejó constancia de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal
que garantizara la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de
afectación para la asunción de los compromisos contenidos en dichas resoluciones.

88. De las pruebas decretadas en el transcurso de la investigación disciplinaria,
entre ellas, el acta de visita especial realizada por la personería a las instalaciones
de la Secretaría de Hacienda Municipal, y el testimonio rendido por Juana Isabel
Andrade Martínez94, se desprende que, en efecto, las resoluciones 1057, 1064,
1065, 1066 y 1069, firmadas por el alcalde Mario Alberto Trujillo Cerón el 31 de
diciembre de 2019, carecían de disponibilidad presupuestal de manera previa a su
expedición y por lo tanto, de registro presupuestal una vez expedidas.

89. El testimonio de Juana Isabel Andrade Martínez indicó entre otros:

(…) no, lo que refiero allí doctora es que allí estaban las apropiaciones
presupuestales, o sea, ahí está todo el, (sic) los recursos apropiados en prima de
vacaciones, en indemnización de vacaciones, estaban los valores, que se disponían
en el año 2019 para las prestaciones sociales, o sea, todo lo que el municipio tenía
disponible. (…) posterior a ello, en el 19 de diciembre del 2019 el Ministerio de
Hacienda, después del actuar de la tesorería y el alcalde levantan la medida cautelar
correctiva de suspensión de giros y entonces nuevamente el municipio emite un
decreto para desplazar todas partidas. En ese momento, nuevamente el señor Alcalde
Empieza a ser su actuación normal de expedir las disponibilidades, los registros
entonces, en ese actuar, ya en la resolución tiene fecha 19 de diciembre. (...) Tengo
un documento proyectado del 21 de diciembre, entonces aquí a lo que me refiero es
a que en ese momento vinieron tantas actuaciones que son del cierre del año, del
cierre del periodo de gobierno, que de pronto no permitieron que el municipio o que
el señor alcalde mantenga el mismo orden que él tenía con su ejecución presupuestal,
hubo mucho dinamismo y es probable que allí pues se hayan obviado estas
actuaciones, estos pasos. (…) el superávit fiscal dice que corresponde a los recursos
que anualmente resultan de la diferencia positiva entre lo recaudo y la ejecución
presupuestal de gastos o sea si bien estas resoluciones no hayan tenido
disponibilidad, registro, que es lo que se está analizando la situación financiera del
municipio no presento déficit. (...)

90. Conforme el anterior acervo probatorio, concluye la Sala que no se incurrió
en errores en la valoración probatoria efectuada por los entes disciplinarios que
hubiesen llevado a una conclusión fáctica o jurídica equivocada. Por el contrario, la
valoración que se efectuó permite concluir que la conducta endilgada configura la
falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734
de 2002, tal como se señaló en el pliego de cargos y en las decisiones
sancionatorias.

2.4.4. Congruencia entre el pliego de cargos y el fallo

93 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; Índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 4 a 13.
94
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CD FL 2027 C-1».

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91. Desde el auto de 18 de enero de 202295 se le imputó a Mario Alberto Trujillo
Cerón la falta disciplinaria prevista en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, consistente en «Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales
inexistentes (…)», a través de la formulación de un cargo único, el cual fue probado
en la decisión de segunda instancia, así:

Decisión de primera instancia del 16 de enero de 2024:

Tipicidad: Se acreditó que el disciplinado incumplió la
obligación contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de
1996, lo que configura la falta gravísima prevista en el
numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Ilicitud sustancial: Se desatendió el deber funcional previsto
en el artículo 6 de la Constitución Política, según el cual solo
es posible actuar de acuerdo con la ley, por lo que al
demostrarse que se omitió la expedición de la disponibilidad
y el registro presupuestal se incumplió el deber funcional.
Pliego de cargos
El anterior comportamiento también vulnera los principios
Cargo único:
constitucionales de moralidad y responsabilidad de la función
Expedir las Resoluciones 1057,
pública, que afectan el correcto funcionamiento de la
1064, 1065, 1066 y 1069 del 31
administración.
de diciembre de 2019 en las que
reconoció y ordenó el pago de
Culpabilidad: Se endilgó la conducta a título de culpa ante la
prestaciones sociales de
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona
diferentes funcionarios, sin contar
común imprime a sus actuaciones, comportamiento que fue
con disponibilidad ni registro
omitido por el disciplinado al no prever la expedición de la
presupuestal, conforme el
disponibilidad presupuestal de manera previa a la expedición
numeral 22 del artículo 48 de la
de las resoluciones que reconocían prestaciones sociales. Y
Ley 734 de 2002.
se atribuyó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo
e inhabilidad especial conforme el numeral 2 del artículo 45
Su conducta constituye un posible
de la Ley 734 de 2002.
incumplimiento de deberes y
prohibiciones, conforme los
Decisión de segunda instancia del 11 de julio de 2024:
artículos 6 y 123-2 de la
Constitución Política, numerales 1
Tipicidad: Confirma que el disciplinado incumplió la
y 2 del artículo 34 y 35 de la Ley
obligación contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de
734 de 2002 y el artículo 71 del
1996, lo que configura la falta gravísima prevista en el
Decreto 111 de 1996.
numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
La falta se calificó como
Ilicitud sustancial: Se comprueba el mismo análisis efectuado
GRAVÍSIMA, a título de CULPA,
en primera instancia.
por obrar de manera negligente y
descuidada.
Culpabilidad: Señaló que, si bien la falta se calificó como
gravísima a título de culpa, de conformidad con el artículo
43.9 del CDU corresponde a una conducta cometida con
culpa grave, cuya sanción corresponde a la prevista en los
artículos 44.3 y 46 del CDU, esto es: suspensión «no inferior
a un mes ni superior a doce meses».

Con fundamento en lo anterior consideró que existió un yerro
en el monto de la sanción porque una falta que objetivamente
sea gravísima cometida con culpa, debe ser sancionada con
culpa grave culposa; varió así la graduación de la sanción en
atención a la atenuante de ausencia de antecedentes y la
agravante de pertenecer al nivel directivo, fijándola en
suspensión de 5 meses.

95
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 261-267, 231 y 269.

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92. Señala el artículo 165 del CDU que «El pliego de cargos podrá ser variado
luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única
instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación
se notificará en la misma forma del pliego de cargos y se otorgará un término
prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad
del fijado para la actuación original».

93. Conforme el anterior cotejo entre el pliego de cargos y la decisión
sancionatoria tanto de primera como de segunda instancia, se aprecia la
congruencia suficiente para descartar que se hubiese producido incongruencia
entre el pliego de cargos y el acto sancionatorio, en los términos de la ley
disciplinaria, la conducta endilgada en el pliego, esto es, el numeral 22 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002 consistente en «Asumir compromisos sobre apropiaciones
presupuestales inexistentes (…)» fue la misma por la cual se sancionó al
disciplinado. En consecuencia, este aspecto de la normativa disciplinaria también
fue preservado en las actuaciones que se revisan.

2.4.5. Por nulidad originada en el curso del proceso disciplinario

94. Es importante resaltar que, el artículo 143 del CDU establece que son
causales de nulidad las siguientes: (i) la falta de competencia del funcionario para
proferir el fallo; (ii) la violación del derecho de defensa del investigado; y (iii) la
existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Estas
mismas causales se mantuvieron en el artículo 202 de la Ley 1952 de 2019.

95. En el presente caso, como se analizó en precedencia, las Procuradurías
Provincial de Pasto y Regional de Nariño estaban facultadas respectivamente para
adelantar las etapas de instrucción, asimismo, la Procuraduría Provincial de
Juzgamiento para proferir la decisión de primera instancia y la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular para dictar la decisión de
segunda instancia.

96. Se garantizó el derecho defensa, por cuanto en el transcurso del proceso las
providencias de apertura96, cierre de investigación97, pliego de cargos98, decreto de
pruebas99 y las decisiones de primera100 y segunda instancia101 le fueron notificadas
al señor Mario Alberto Trujillo Cerón, quien actuó a través de su abogado, en los
términos del poder conferido, a quien se le reconoció personería102.

96
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 226 a 230.
97
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 245 a 247.
98
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 270, 271, 277 y 278.
99
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 326.
100
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 383 a 386
101
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 435 a 437.
102
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 272 a 274.

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97. As mismo se decretaron y recaudaron las pruebas de oficio y solicitadas por
el disciplinado, las que fueron puestas en conocimiento de los sujetos procesales
para que se pronunciaran al respecto.

98. Observa la Sala que las actuaciones desarrolladas en el proceso disciplinario
se llevaron a cabo con observancia de las garantías procesales correspondientes;
cada una de las decisiones del ente disciplinario fueron debidamente adoptadas y
notificadas; el disciplinado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en
las etapas procesales respectivas, en ningún momento se desconoció el principio
de imparcialidad y tampoco el recurrente argumentó alguna circunstancia en
particular que advierta amenaza o afectación de sus garantías constitucionales.

2.4.6. Dosificación de la sanción disciplinaria

99. El artículo 44 de la Ley 734 de 2002, señala que la dosificación de la sanción
disciplinaria depende de la determinación de la falta (gravísima, grave y leve) y del
grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o gravísima), porque «las sanciones deben
ser proporcionadas a la gravedad de las faltas cometidas». De otra parte, en cuanto
a la duración de la sanción, el artículo 46 del CDU consagra los límites y el artículo
47 los criterios atenuantes y agravantes para graduarla.

100. El fallo de primera instancia consideró que las faltas solo son sancionables a
título de dolo o culpa, y que, en este caso, al tenor del artículo 13 de la Ley 734 de
2002, la conducta del disciplinado se atribuyó a título de culpa, dado que su
comportamiento consistente en la omisión de contar con disponibilidad presupuestal
de manera previa a la expedición de las resoluciones que ordenaron el
reconocimiento de prestaciones sociales, fue negligente y descuidado. Así mismo
consideró, con fundamento en los artículos 43 y 44 del CDU, que establecen los
criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, que al disciplinado le
correspondía la sanción de suspensión en ejercicio del cargo e inhabilidad especial
para ejercer la función pública, y le impuso así una sanción de 10 meses.

101. En la decisión de segunda instancia se modificó el monto de la sanción, al
considerar que existió un yerro en la decisión de primera instancia, en tanto, al
tratarse de una falta gravísima contenida en el artículo 48, numeral 22 del CDU,
cometida a título de culpa, la misma configuró el supuesto previsto en el artículo
43.9 del CDU, que debe ser sancionada como culpa grave. Por lo tanto, la sanción
es la prevista en el artículo 46 del CDU, consistente en suspensión entre 1 y 12
meses, sin inhabilidad especial como se atribuyó en la decisión de primera instancia.

102. Con fundamento en lo anterior consideró que existió un yerro en el monto (la
graduación) de la sanción porque una falta que objetivamente sea gravísima
cometida con culpa, debe ser sancionada como falta grave culposa; varió así la
graduación de la sanción en atención a la atenuante de ausencia de antecedentes
y la agravante de pertenecer al nivel directivo, fijándola en suspensión de 5 meses.

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103. El artículo 44 de la Ley 734 de 2002 estableció las siguientes sanciones
según la calificación de la falta:

Tipo de sanción Calificación de la falta
Faltas gravísimas dolosas o realizadas con
Destitución e inhabilidad general
culpa gravísima.
Suspensión en el ejercicio del cargo e
Faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
inhabilidad especial
Suspensión Faltas graves culposas
Multa Faltas leves dolosas
Amonestación escrita Faltas leves culposas

104. Se considera que le asistió razón al operador disciplinario en segunda
instancia al variar el monto (la graduación de la sanción), porque en efecto a la falta
grave culposa le correspondía la suspensión y no la suspensión e inhabilidad
especial como se calificó en primera instancia.

105. Por lo anterior, se concluye que la autoridad disciplinaria explicó de forma
suficiente y detallada la graduación de la sanción y el porqué de su reducción dentro
de los parámetros legales en consideración de las circunstancias de agravación y
atenuación comprobadas en el proceso. En tal sentido, la Sala no encuentra error
en la dosificación de la sanción, ni una aplicación incorrecta de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.

106. Se advierte, que no obstante la conclusión anterior, al momento de darse
cumplimiento a la sanción se deberá tener en cuenta lo previsto en los parágrafos
de los artículos 48 y 49 del CGD, que disponen:

Artículo 48. (…) Parágrafo. En el evento que el disciplinado haya cesado en sus
funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando
no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que
faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de la
comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad.

Artículo 49. (…) Parágrafo. Si al momento del fallo el servidor público o el particular
sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad
o en otra entidad oficial, incluso en periodo diferente, deberá comunicarse la sanción
al representante legal a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva.

107. Dado que en este caso se advirtió que Mario Alberto Trujillo Cerón fue elegido
alcalde para el periodo 2024 – 2027, la PGN deberá tener en cuenta las citadas
disposiciones.

2.4.7. Las demás causales de revisión previstas en el artículo 56 de la Ley 2094
de 2021

108. Tampoco se configuran las causales 6 a 9 del artículo 56 de la Ley 2094 de
2021, porque no se plantea la existencia de documentos encontrados o recobrados
después de dictada la decisión de segunda instancia con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente, o que no se pudieron aportar por fuerza

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mayor o caso fortuito o por obra de un tercero; además, no hay prueba de que los
funcionarios disciplinarios que profirieron la decisión se hubieren fundado en
documentos falsos, o en conductas delictivas y, finalmente, no hay precedentes de
la Corte Constitucional ni del Consejo de Estado que modifiquen los criterios en que
se fundamentaron las decisiones disciplinarias.

2.5. Las causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA

109. Se advierte que el estudio de estas causales de nulidad quedó comprendido
dentro del control integral previamente expuesto, pues se corroboró que los actos
disciplinarios fueron proferidos conforme a las normas en que debían fundarse, por
las dependencias competentes, con respeto al debido proceso y las etapas del
procedimiento ordinario, con suficiente y congruente motivación, con el material
probatorio necesario, sin incurrir en vicios de nulidad, sin que se adviertan otros
hechos que conduzcan a decisiones diferentes, y sin perseguir fines distintos a los
que fija el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se configuran las causales de
nulidad de los actos administrativos consagradas en el inciso segundo del artículo
137 del CPACA.

2.6. Conclusión

110. Luego de realizar el control integral de la actuación disciplinaria que culminó
con la decisión del 11 de julio de 2024103 proferida por la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en la cual se sancionó
con suspensión de cinco meses al señor Mario Alberto Trujillo Cerón en su condición
de alcalde de San Pablo - Nariño para el periodo 2016 - 2019, considera la Sala que
se cumplió con el ordenamiento jurídico aplicable, lo que permite desestimar los
alegatos planteados por el actor en el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala veintisiete Especial de
Decisión del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR ajustada al ordenamiento jurídico la actuación disciplinaria
que culminó con la decisión del 11 de julio de 2024, proferida por la Sala Disciplinaria
de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, en la cual se sancionó con suspensión en ejercicio del cargo
por el término de cinco (5) meses al señor Mario Alberto Trujillo Cerón, en su
condición de alcalde de San Pablo – Nariño para el periodo 2016-2019, por las
razones expuestas en esta providencia.

103
SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2024-04809-00; índice 00002. «CUADERNO 1 Fls 1-281» folios 400, 405, 421 a
434.

28
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SEGUNDO. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, una vez
ejecutoriada esta decisión, que comunique la presente providencia al funcionario
competente a efectos de ejecutar la sanción impuesta.

TERCERO. ARCHIVAR la actuación por intermedio de la Secretaría de la
Corporación, una vez en firme la providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Magistrada

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
(Aclara voto)

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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