Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04810-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04810-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04810-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202404810-00
Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición y ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al no resolver la solicitud de 25 de julio
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “5ED_PODERES_27_5_20244_4(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
de 2024, mediante la cual solicitó “[…] copias autenticas (sic) y constancia de
ejecutoria que prestan merito (sic) ejecutivo, esto es, sentencia proferida el 4 de julio
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cesar y sentencia proferida el 22 de febrero
del 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Segunda – Subsección A; constancia de ejecutoria de las mismas y certificación de
que soy apoderado […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 200012339000201700405-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, la actora presentó “[…], demanda de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP; con el fin de que se
reconociera por parte del Juzgado de conocimiento, el pago de una pensión gracia
a que tiene derecho […]”.
4. Indicó que, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 4 de
julio de 2018, negó las pretensiones en el proceso con radicado
200012339003201700405-00.
5. Adujo que, inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, que fue
resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 22
de febrero de 2024, que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar
y declaró la nulidad de la Resolución PAP 06213 de 8 de julio de 2010, mediante
la cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión de gracia a la actora y ordenó
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, reconocer y pagar la pensión gracia
a la actora.
6. Manifestó que el 24 de abril de 2024 fue radicada una solicitud para que le
fueran entregadas las copias auténticas de la sentencia, que prestan mérito
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
ejecutivo y la constancia de ejecutoria, de los procesos ante el Tribunal
Administrativo del Cesar y ante el Consejo de Estado, así como la certificación de
quien ejerce como apoderado.
7. Indicó que, el 26 de junio de 2024, fue radicada ante el Tribunal Administrativo
del Cesar, una nueva solicitud para que le fueran entregados los documentos a la
actora, toda vez que, para la radicación ante la demandada, la fecha afecta la
causación de intereses moratorios, que se interrumpen si no se presenta la
sentencia antes de los tres (3) meses desde la ejecutoria de la sentencia:
8. Afirmó que, el 25 de julio de 2024, se radicó una vez más la solicitud, sin
obtener respuesta por parte del Tribunal Administrativo del Cesar.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los anteriores argumentos fácticos y jurídicos, solicito a
usted Juez Constitucional amparar los derechos fundamentales al derecho de
petición, al debido proceso vulnerados por la parte accionada, al no brindarle
respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado en
escrito de fecha 25 de julio del 2024; en consecuencia, ordenar a la parte accionada,
a emitir respuesta en la mayor brevedad posible frente a lo solicitado […]”.
10. Como fundamento de su solicitud manifestó que2:
“[…] El 24 de abril del 2024, se radico solicitud de manera respetuosa ante el
Honorable Tribunal Administrativo del Cesar, con la finalidad de que entregaran las
copias auténticas que prestan merito ejecutivo, esto es, sentencia proferida el 4 de
julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cesar y sentencia proferida el 22 de
febrero del 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Segunda – Subsección A; constancia de ejecutoria de las mismas y
certificación de que soy apoderado del presente proceso. […]”.
[…]
[…] El 31 de mayo del 2024, me fue notificado auto de obedézcase y cúmplase por
parte del Honorable Tribunal Administrativo del Cesar, en el mismo, se dejo (sic)
reseñado la solicitud que se había realizado por este apoderado con la finalidad de
la entrega de las copias autenticas (sic) de los fallos y su respectiva constancia de
2 Transcripción literal del texto.
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ejecutoria. […]”.
[…]
[…] Así las cosas, radique nuevamente una solicitud de copias autenticas (sic) y
constancia de ejecutoria ante el Tribunal Administrativo del Cesar el día 26 de junio
del 2024, con el fin de que dieran respuesta a mi petición, sin embargo, dicha
decisión fue omitida en su totalidad. […]”
[…]
[…] El 25 de julio del 2024, volví a radicar la misma solicitud de copias autenticas
(sic) y constancia de ejecutoria que prestan merito ejecutivo, esto es, sentencia
proferida el 4 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cesar y sentencia
proferida el 22 de febrero del 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda – Subsección A; constancia de ejecutoria de las
mismas y certificación de que soy apoderado del presente proceso […]”.
[…]
[…] es claro que se le han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso
y al derecho de petición a mis defendidos al no brindarle respuesta de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado. Esto es: • copias auténticas y
constancia de ejecutoria que prestan merito ejecutivo, esto es, sentencia proferida
el 4 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cesar y sentencia proferida el
22 de febrero del 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda – Subsección A; constancia de ejecutoria de las
mismas y certificación de que soy apoderado del presente proceso. […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de septiembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar, iii) vinculó como terceros con interés legítimo a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a la Secretaría
General del Tribunal Administrativo del Cesar y a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. El Tribunal Administrativo del Cesar indicó que la solicitud de la actora fue
resuelta el 13 de septiembre de 2024 con el envío de los archivos a la dirección
electrónica indicada por el apoderado de la tutelante y que los documentos fueron
cargados en el aplicativo SAMAI.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó que se declare su
desvinculación al considerar:
“[…] Revisados los aplicativos de información de la Unidad no se evidencia petición
alguna, pendiente de resolución a favor de la accionante.
2. Asimismo, conforme a lo narrado por el accionante la solicitud objeto de
protección tutelar de fecha 25 de julio de 2024, fue radicada ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR, donde solicita copias auténticas que prestan
merito (sic) ejecutivo, de la sentencia proferida el 4 de julio de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cesar y de la sentencia proferida el 22 de febrero del 2024 por
el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda
– Subsección A; y la constancia de ejecutoria de las mismas; del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 20001233900020170040501. […]”
[…]
[…], por la evidente falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a que está
en imposibilidad jurídica y material de atender la petición que le sirve de objeto
tutelar, por cuanto esta Unidad no es la competente para resolver la solicitud de
expedición de copias y constancia de ejecutoria de la sentencia del 4 de julio de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y la sentencia del 22 de
febrero del 2024, emitida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda – Subsección A, pues lo solicitado, es de
competencia exclusiva del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR.
SEGUNDA: De manera subsidiaria, se solicita a su Honorable Despacho, por las
anteriores consideraciones, y por aquellas que el Despacho tenga a bien
desarrollar en su escrito decisorio, frente al tema pensional se declare la
IMPROCEDENCIA de la tutela de la referencia, ya que:
• En la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP, no existe solicitud pendiente de resolver a favor de la señora
MARGARITA CECILIA HEREDIA PIÑEREZ
• No existe violación a derecho alguno por parte de la UGPP. […]”
14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio
en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20195, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
20. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP- solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
21. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue notificada del proceso
de tutela de la referencia como tercero con interés legítimo, en la medida en que
integró la parte demandada en el proceso ordinario cuestionado, es decir que a
dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.
22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
23. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP.
Problema Jurídico
24. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde establecer si se deben
proteger los derechos fundamentales al debido proceso y petición, invocados por la
actora, los cuales considera vulnerados con ocasión a que “[…] Hasta la presente,
no he tenido respuesta por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, […] , habida
consideración a que no han brindado una respuesta de manera clara y precisa con
lo solicitado […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 20-001-23-39-003-2017-00405-00.
25. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de
la Sala.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
26. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
27. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20058, consideró lo
siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
28. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que9:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
8 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
29. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección10.
30. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Análisis del caso concreto
31. La actora, a través de apoderado11, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al no resolver la solicitud de
25 de julio de 2024, mediante la cual solicitó “[…] copias autenticas (sic) y constancia
de ejecutoria que prestan merito (sic) ejecutivo, esto es, sentencia proferida el 4 de
julio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cesar y sentencia proferida el 22 de
febrero del 2024 por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Segunda – Subsección A; constancia de ejecutoria de las mismas y
certificación de que soy apoderado […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 200012339000201700405-01, vulneró sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.
32. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
11 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “5ED_PODERES_27_5_20244_4(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
33. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
34.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
34.2 Informe rendido por la autoridad accionada, junto con los anexos.
Solución del caso concreto
35. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por la actora a través de la
acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Tribunal Administrativo
del Cesar.
36. En efecto, la actora pretende que mediante el ejercicio de la acción de tutela se
le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar, “[…] al no
brindarle respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado en escrito de fecha 25 de julio del 2024; en consecuencia, ordenar a la
parte accionada, a emitir respuesta en la mayor brevedad posible frente a lo
solicitado. […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 20-001-23-39-003-2017-00405-00.
37. Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar rindió
informe en los siguientes términos:
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Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
“[…] Con relación a la a la expedición de la constancia de ejecutoria del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
20001233900320170040500 me permito indicarle: Que una vez verificadas las
actuaciones en el aplicativo SAMAI, se encontró que la Secretaria (sic) General del
Tribunal Administrativo del Cesar, expidió la constancia de ejecutoria del proceso
ordinario (visible en el índice 0039 del aplicativo SAMAI, archivos adjuntos). […]”.
[…]
“[…] Finalmente, se incorpora al expediente “Informe trámite a la solicitud de copias
con constancia de ejecutoria” suscrito por la Oficial Mayor de la Corporación, en el
cual, se da alcance y se indica la facticidad derivada de la solicitud y expedición de la
constancia. (visible en el índice 0041 del aplicativo SAMAI, archivos adjuntos). […]”.
38. La Sala advierte que, al revisar la Sede Electrónica de Gestión Judicial – SAMAI,
obran las siguientes actuaciones:
39. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que se expidió la constancia
de ejecutoria12:
12 Cfr. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200012339003201700405002000123.
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Núm. único de radicación:110010315000202404810-00
Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
40. Igualmente, la Sala advierte que le fue enviada la copia auténtica a la
accionante13:
41. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de
la presente acción de tutela14, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió y notificó
la constancia de ejecutoria de providencias judiciales solicitada, envió las copias
auténticas del proceso, y allegó la certificación que acredita como abogado a quien
ha ejercido esa función en el proceso, al considerar que tiene poder vigente, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho indicado supra.
42. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente15:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante16. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado17 […]”. (Resaltado por la Sala).
13 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2000123390032017004050020
00123
14 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 9 de septiembre de 2024.
15 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
17 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
14
Núm. único de radicación:110010315000202404810-00
Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
43. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que, durante el trámite de la acción de tutela,
la autoridad judicial demandada que resolvió sobre la solicitud que presentó la
actora, y, con ello, se dio solución a lo pretendido por la actora, por lo tanto, se
garantizó por completo lo pretendido en el escrito del amparo.
Conclusiones de la Sala
44. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la solicitud de tutela presentada por Margarita Cecilia Heredia
Piñerez contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por lo expuesto en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad judicial accionada,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
15
Núm. único de radicación:110010315000202404810-00
Actora: Margarita Cecilia Heredia Piñerez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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