Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04813-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04813-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04813-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04813-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionantes: FLOR YAMILE RÍOS VÉLEZ
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PLENA, Y
OTROS
Tesis: La acción de tutela es improcedente por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, cuando no se hizo uso de los
recursos ordinarios.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 4 de octubre de 2024, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Flor Yamile Ríos Vélez, por intermedio de apoderado,
solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la seguridad social,
a “la seguridad jurídica”, y a “la carrera administrativa”, que estimó
vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial; el Tribunal Superior de Medellín, Sala
Plena, y el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Medellín dentro del trámite de calificación de servicios que tuvo como
resultado una calificación insatisfactoria, y en consecuencia se produjo su
exclusión de la carrera judicial y el posterior retiro del servicio1.
1
Actos administrativos visibles en índice 11 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, dentro del proceso de
tutela en primera instancia.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la señora Flor
Yamile Ríos Vélez manifestó que, mediante Resolución 22 del 1° de
septiembre de 2022, fue nombrada en el cargo de oficial mayor del Juzgado
Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín y tomó
posesión del mismo el 7 de octubre de 2022.
1.3. Mediante Resolución 17 del 29 de enero de 2024, el titular del
Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín,
calificó insatisfactoriamente a la servidora Flor Yamile Ríos Vélez por el
periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, asignándole un total
de 52 puntos, lo que implicó su exclusión de la carrera judicial y el retiro
del servicio conforme lo establecido en los artículos 1712 y 1733 de la Ley
270 de 1996.
1.4. Contra la anterior resolución la accionante presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, y, mediante Resolución 18 del 19
de febrero de 2024, el titular del aludido despacho decidió negativamente
el de reposición y concedió el de apelación ante el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Plena, quien, en proveído del 19 de junio del mismo año,
la confirmó.
1.5. La accionante alegó en la tutela que no era acertada la afirmación del
juez calificador cuando sostuvo en el acto de calificación insatisfactoria que
en el primer trimestre de trabajo los integrantes del despacho le hubieran
brindado un curso de capacitación, como lo ordena el artículo 176 de la Ley
270 de 1996, y que, en realidad, únicamente, a través de correos
electrónicos del 5 de octubre de 2022 y del 10 de mayo de 2023, le fue
remitido el manual de funciones diseñado por el titular del despacho, lo que
2
“EVALUACIÓN DE EMPLEADOS. Los empleados de carrera serán evaluados por sus superiores jerárquicos
anualmente, sin perjuicio de que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la misma.
La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado. Contra esta decisión proceden los
recursos de la vía gubernativa”.
3
“CAUSALES DE RETIRO DE LA CARRERA JUDICIAL. La exclusión de la Carrera Judicial de los funcionarios y
empleados se produce por las causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación de servicios no
satisfactoria.
PARÁGRAFO. El retiro de la Carrera Judicial lleva consigo el retiro del servicio y se efectuará mediante acto
motivado, susceptible de los recursos de la vía gubernativa”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
no satisface los presupuestos de dicha disposición. Por lo tanto, consideró
vulnerado el principio de legalidad en el debido proceso de calificación.
Además, manifestó que se apartó del cargo en los periodos de tiempo
comprendidos entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre, del 12 al 20
de diciembre de 2022, del 20 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023
y del 13 al 14 de marzo del 2023, por distintas razones, entre estas,
incapacidades médicas y la vacancia judicial. Y, pese a lo anterior, esos
periodos no fueron excluidos del lapso calificable, por lo que considera que
se incurrió en una vía de hecho administrativa, en detrimento de sus
derechos fundamentales.
Arguyó que, durante el tiempo que estuvo vigente el vínculo laboral, no
hubo directrices concretas frente al desarrollo del cargo, y que el juez
incurrió en un error al evaluarla sin que sus funciones estuvieran
certificadas a través de un manual expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura. De acuerdo con lo anterior, reiteró que en el proceso de
calificación se transgredió el principio de legalidad.
De otra parte, sostuvo que se encuentra sin trabajo y que tiene a cargo
obligaciones económicas que en su momento costeaba con el salario que
devengaba como oficial mayor, entre otras, la manutención de su padre,
quien se encuentra hospitalizado en su casa sin poder valerse por sí mismo
y con altos gastos que demandan la atención de su salud.
Igualmente, adujo que la vinculación laboral le garantizaba la afiliación al
sistema de seguridad social, especialmente en salud, lo que se hace
necesario para tratar su diagnóstico de dislexia y discalculia, trastorno
mixto de ansiedad y depresión, que exige acudir a citas y controles médicos.
Agregó que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial
le estaba proporcionando asistencia psicológica4.
4
En el expediente de tutela de primera instancia del folioS 136 en adelante del escrito de amparo obran
pruebas de las atenciones médicas recibidas por parte de la EPS Sura, y certificación de acompañamiento
psicológico a la accionante suscrita por Rubén Alveiro González Rincón, profesional adscrito al área de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
Por lo anterior, manifiesta que los actos administrativos que declararon su
insubsistencia estructuran un perjuicio irremediable, razón por la que ejerce
la solicitud de amparo como mecanismo transitorio para evitar su
configuración.
1.7. Con base en los anteriores argumentos, formuló las siguientes
pretensiones:
“Primera: Tutelar los derechos fundamentales de la accionada Flor Yamile Ríos
Vélez como lo son al debido proceso, derecho al trabajo, mínimo vital, seguridad
social, vida en condiciones dignas, a la carrera administrativa, dignidad humana,
estabilidad relativa de la carrera judicial, legalidad y demás que usted considere
están siendo vulnerados con ocasión a la vía de hecho administrativa en que
incurrió tanto el Juez Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Medellín,
como la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
Segunda: Ordenar a los accionados Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Medellín, a reintegrar a la señora Flor Yamile Ríos Vélez al cargo que venía
desempeñando o a otro similar, equivalente o de mejores condiciones.
Tercera: Ordenar al accionado Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial a pagar a la señora Flor Yamile Ríos Vélez los
derechos laborales económicos a los que hubiera tenido derecho en caso de no
haber sido apartada de su cargo”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Superior de Medellín, por intermedio de su presidente,
manifestó que se atiene a lo que se resuelva en el presente trámite
constitucional.
2.2. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Medellín informó que en el trámite de calificación adelantado a la
señora Flor Yamile Ríos Vélez le fueron respetados sus derechos
fundamentales, pues se adelantó conforme con lo establecido en el
Acuerdo número PSAA16-10618.
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia y Chocó.
Visible en índice 2 del Sistema para la Gestión Judicial, SAMAI.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
Sostuvo que la acción de tutela no es una instancia adicional a las
agotadas dentro de la calificación insatisfactoria realizada a la accionante,
y que en este caso la demanda se limitó a exponer los mismos
argumentos en que fundamentó los recursos de reposición y en subsidio
de apelación contra la calificación integral.
Manifestó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la accionante no expresó las razones por las cuales
considera que las acciones ordinarias, como lo es la de nulidad y
restablecimiento del derecho, carecen de idoneidad para la protección de
sus derechos, y no acreditó la estructuración de un perjuicio irremediable.
2.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial, manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, pues no se configuró acción u omisión
de su parte que haya vulnerado los derechos fundamentales de la parte
accionante.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 4 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado al
considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues lo que
pretende la accionante es la declaración de nulidad de la resolución que
confirmó su declaratoria de insubsistencia y el reintegro al cargo que
desempeñaba o uno en igualdad de condiciones, por lo que el mecanismo
idóneo y eficaz con el que cuenta es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo (CPACA),
en el que puede solicitar la suspensión provisional, conforme con el numeral
3° del artículo 230 ibídem.
Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
judicial, al considerar que no se configuró actuación u omisión que haya
vulnerado las garantías fundamentales de la accionante.
IV. IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró los
argumentos esgrimidos en el escrito de tutela. Además, manifestó que aun
cuando dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, este no resulta eficaz en atención a su situación de salud y la de
su padre, quien depende totalmente de ella, por lo que considera que en el
caso particular se cumple con el requisito de subsidiariedad.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 8º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. La señora Flor Yamile Ríos Vélez, mediante resolución 22 del 1° de
septiembre de 2022, fue nombrada en propiedad en el cargo de oficial
mayor del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
Medellín, del cual tomó posesión el 7 de octubre de 2022.
5.2.2. Mediante Resolución 17 del 29 de enero de 2024, el titular del citado
juzgado calificó insatisfactoriamente a la señora Flor Yamile Ríos Vélez por
el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, asignándole un total
de 52 puntos, lo que tradujo en su exclusión de la carrera judicial y el retiro
del servicio.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
5.2.3. Contra la anterior resolución la accionante presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, y, mediante Resolución 18 del 19 de
febrero de 2024, el titular del aludido despacho decidió negativamente el
de reposición y concedió el de apelación ante el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Plena, quien, en proveído del 19 de junio del mismo año,
la confirmó.
5.2.4. La señora Flor Yamile Ríos Vélez interpuso acción de tutela al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las anteriores
actuaciones.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el caso bajo estudio, la señora Flor Yamile Ríos Vélez alegó que las
Resoluciones 17 del 29 de enero de 2024 y 18 del 19 de febrero del mismo
año, proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Medellín, mediante las cuales se calificó
insatisfactoriamente su desempeño laboral en el cargo de oficial mayor y,
en consecuencia, se ordenó su exclusión de la carrera judicial y su retiro
del servicio, así como la decisión del 19 de junio de 2024, mediante la
cual el Tribunal Superior de Medellín confirmó las anteriores decisiones,
vulneraron sus derechos fundamentales al haber incurrido en vía de hecho
y por transgredir el principio de legalidad en el debido proceso de
calificación.
Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 86 de la Constitución
Política5 establece que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. En tal caso, de conformidad con el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional debe (i) apreciar la
existencia del medio de defensa judicial, (ii) analizar su eficiencia en
5
“Artículo 86. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
relación con las circunstancias concretas del solicitante y (iii) establecer
si se acredita el perjuicio irremediable6.
La Sala advierte que la acción de tutela, por regla general, no procede
para cuestionar actos administrativos que declaran la insubsistencia de
empleados públicos, debido a que para ello puede ejercerse el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del CPACA ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo7.
En este, además, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del
artículo 230 ibídem, es posible solicitar la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del acto, con la finalidad de proteger y
garantizar el objeto del proceso. Esa medida puede pedirse incluso con
carácter de urgencia, para que se decrete sin previa notificación de la
parte contraria (artículo 234 ibídem). Así mismo, es posible pedir al juez
que imponga a la entidad demandada, a manera de medidas cautelares,
obligaciones de hacer, como nombrar al empleado en provisionalidad en
otro cargo, mientras se resuelve el asunto de fondo8.
Siendo así, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los
derechos fundamentales de los servidores públicos desvinculados, toda
vez que cuenta con herramientas propicias para, entre otras cosas,
suspender los efectos de actos administrativos que generen perjuicios
irremediables a los demandantes, en cualquier etapa del proceso.
Sin embargo, como se dijo, cuando el mecanismo ordinario no
proporcione en el caso concreto una protección eficaz y adecuada a los
derechos amenazados o vulnerados, esto es, cuando se evidencie la
existencia de un perjuicio irremediable, el amparo constitucional procede
de forma excepcional.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
7
Corte Constitucional. Sentencia T-595 del 31 de octubre de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
8
Corte Constitucional. Sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
La Corte Constitucional ha señalado que para que se configure el perjuicio
irremediable deben estar reunidos los siguientes elementos: (i) la
inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad
de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de
forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad;
(iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas
para conjurar la amenaza; (iv) la impostergabilidad de la tutela, que
implica acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo
expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales 9.
Igualmente, en la sentencia SU-691 de 2017, la Corte Constitucional
indicó que “para la comprobación de la inminencia de un perjuicio
irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben
observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de
especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el
estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones
económicas del peticionario del amparo o de las personas obligadas a
acudir a su auxilio. En estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha
exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa
mínima por parte del interesado. // Por lo general, en el caso de
desvinculaciones de servidores públicos, la posibilidad de configuración
de un perjuicio irremediable gira en torno del derecho al mínimo vital”.
Ahora, el perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio no debe verse solamente desde el punto de
vista de las consecuencias adversas que pueda producir una decisión de
la administración. Es posible que los particulares sufran algún daño por
causa de las actuaciones de las autoridades. Por ejemplo, la sanción
disciplinaria de inhabilidad conlleva a que el funcionario no pueda ejercer
9
Sentencia T-005 del 13 de enero de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
cargos públicos por cierto tiempo, la declaratoria de caducidad del
contrato estatal obliga a que se siga el procedimiento para la liquidación,
y la multa por infracción a las normas de tránsito obliga al infractor a
realizar una erogación patrimonial.
Entonces, no por resultar perjudicial la decisión tomada por la
administración debe asumirse que existe un perjuicio irremediable
evitable mediante la acción de tutela. Si así fuera, todos los actos
administrativos que establecen situaciones desfavorables a los
destinatarios tendrían que ser suspendidos por vía de tutela. Éstos
pueden estar revestidos de legalidad y, de hecho, existe una clara
presunción en tal sentido, razón por la cual las consecuencias
perjudiciales que generan no resultan necesariamente ilícitas.
En esa medida, no se observa que el acto administrativo que declaró
insubsistente a la señora Flor Yamile Ríos Vélez haya constituido una
actuación abiertamente ilegítima que amerite la intervención del juez
constitucional. Como ya se expuso, no por el hecho de que un acto de la
administración genere consecuencias adversas a los particulares puede
considerarse ilegítimo o ilícito, ni que constituya per se un perjuicio
irremediable que haga procedente este mecanismo excepcional de
protección.
En todo caso, frente a los argumentos de la impugnación, relacionados
con la supuesta ineficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, debido a la alegada vulneración del derecho
al mínimo vital, a la falta de recursos para atender sus obligaciones, así
como a la situación de salud de la actora y de su padre, agravada por la
desvinculación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Sala
advierte que, como se expuso, en la referida demanda ordinaria se puede
solicitar la suspensión del acto de retiro y la imposición de otras
obligaciones de hacer, como que sea nombrada en otro empleo.
Asimismo, como restablecimiento del derecho, puede solicitar que le sean
pagadas las prestaciones por el tiempo que haya estado desvinculada.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
La Sala advierte que la actora no es una persona de la tercera edad, pues
a la fecha tiene 53 años y cuenta con un importante grado de educación,
pues es profesional del derecho, lo que hace previsible que se pueda
vincular a otro empleo del cual podrá obtener los recursos que permitan
solventar el sustento propio y de su padre.
Respecto del diagnóstico de dislexia y discalculia, trastorno mixto de
ansiedad y depresión, por el cual adujo requerir atención médica que se
garantizaba con su vinculación laboral a la Rama Judicial, la Sala advierte
que, en consulta realizada con la cédula de ciudadanía de la accionante en
la página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), advirtió que la accionante se encuentra
afiliada a la EPS Suramericana S.A., como beneficiaria del régimen
contributivo de salud10, lo que significa que está recibiendo las citas y
controles médicos requeridos para el tratamiento de las enfermedades que
le fueron diagnosticadas.
Conforme con lo expuesto, la tutela no cumple el presupuesto de
subsidiariedad, ante la clara procedencia del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, el cual resulta suficientemente eficaz en
el caso concreto. Además, no se observa prima facie que el acto que se
cuestiona constituya una infracción abierta del ordenamiento jurídico, ni
que la actora esté expuesta a la configuración de un perjuicio irremediable
que haga procedente al amparo de manera excepcional.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, por encontrar configurada la ausencia
del requisito de subsidiariedad.
10
Lo que puede ser verificado en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) consultando con el número de
cédula de ciudadanía de la accionante en el siguiente enlace:
https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 04813 01
Accionante: Flor Yamile Ríos Vélez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2024, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la
improcedencia del amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.