Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04840-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04840-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04840-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
LAS PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y
SEGURIDAD JURÍDICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 23 de octubre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04840-01
Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
principio de seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al haber
proferido la providencia de 31 de julio de 2024, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 76001-33-33-006-2022-00182-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado
profesional y, en la actualidad, goza de una asignación de retiro.
2
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04840-01
Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
Indicó que el 20 de septiembre de 2013, celebró matrimonio civil con
la señora Ángela Yulieth Grisales Colorado, de conformidad con el
registro civil de matrimonio identificado con indicativo serial núm.
05284943.
Señaló que el Ejército Nacional ordenó el reconocimiento del subsidio
familiar en aplicación del Decreto Ley núm. 1161 de 20143, a pesar
de que resultaba más beneficioso el previsto en el artículo 11 del
Decreto núm. 1794 de 20004.
Mencionó que el 24 de junio de 2022, presentó derecho de petición
ante el Ejército Nacional mediante el cual solicitó el reconocimiento
del subsidio familiar de conformidad con el Decreto núm. 1794 de
2000 y el pago de la diferencia a partir del 20 de septiembre de 2013,
fecha en la adquirió el derecho.
3
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones.”
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“Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales
de las Fuerzas Militares”.
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Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
Reveló que mediante el oficio de 12 de julio de 2022 identificado con
el radicado núm. 2022311001487401 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-
JEMGF-COPER-DIPER-1.10, el Ejército Nacional denegó la solicitud.
Aseguró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL con el fin de discutir la legalidad del acto
administrativo aludido y obtener el reconocimiento y pago del
subsidio familiar en los términos solicitados.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 76001-33-33-006-2022-00182-01 y le correspondió por
reparto al JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE CALI que, en
sentencia de 6 de octubre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a la entidad
demandada reajustar y pagar el subsidio familiar de conformidad con
el Decreto 1794 de 2000, desde el 24 de junio de 2018 hasta el 28
de febrero de 2019.
Indicó que inconforme con lo anterior, el EJÉRCITO NACIONAL
interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04840-01
Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
sentencia de 31 de julio de 2024, revocó la decisión del a quo y, en
su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en el defecto
material o sustantivo, ya que aplicó indebidamente los efectos ex
tunc que surgieron de la sentencia de 8 de junio de 20175 proferida
por esta Corporación, mediante la cual se declaró la nulidad del
Decreto núm. 3770 de 20096 y revivió las disposiciones normativas
del Decreto núm. 1794 de 2000 aplicables a su situación particular.
Indicó que, el 20 de septiembre de 2013 contrajo nupcias con la
señora Ángela Yulieth Grisales Colorado y que al revivir las
disposiciones del Decreto núm. 1794 de 2000, tiene el derecho a que
se le reconozca el subsidio familiar ya que consolidó el derecho entre
el 14 de septiembre de 2000 y el 24 de junio de 2014, esto es, antes
de la entrada en vigencia del Decreto núm. 1161 de 20147.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. César Palomino
Cortés, número único de radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00.
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“Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.
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“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-04840-01
Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
Resaltó que “[…] la negación del derecho en estos casos configura un
defecto sustantivo, pues desconoce los efectos retroactivos de la
sentencia que anuló el Decreto 3770 de 2009, por cuanto debe
tenerse en cuenta que para el grupo de soldados profesionales cuyo
matrimonio o declaración de unión marital de hecho ocurrió en el
periodo en el que el subsidio familiar no existía en el ordenamiento
jurídico, no resulta razonable tal exigencia, en tanto no podían
solicitar una prestación que para entonces era inexistente […]”.
Manifestó que, en el asunto debería considerarse algunas sentencias
de tutela8 proferidas por esta Corporación, en las que, en casos
similares, se ha efectuado el análisis de la sentencia que declaró la
nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009 y, además, se ha
interpretado los efectos ex tunc de la aludida decisión, amparando
las garantías constitucionales de los soldados profesionales cuyo
matrimonio o unión marital de hecho se constituyó en el período en
el que el subsidio familiar no existía.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo i) Sección Quinta, 7 de abril de 2022 C.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-07051-01 y ii) ) Sección
Quinta, 28 de julio de 2022 C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-03285-00.
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Actor: JORGE ANDRÉS FLÓREZ SILVA
Igualmente, aseveró que “[…] se aplicará el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 a quienes hayan contraído matrimonio o declarado la
unión marital de hecho entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de
junio de 2014, en virtud de los efectos ex tunc de la sentencia de
nulidad del Decreto 3770 de 2009, precisándose que en este evento
no se requiere la verificación adicional de la fecha en que el
interesado reportó la variación de su estado civil y reclamó la
prestación […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1- Que se TUTELEN los derechos fundamentales vulnerados
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, al
proferir la sentencia de fecha 31 de julio de 2024, radicado 76001-
33-33-006-202200182-01, en virtud de la cual revocó la sentencia
de primera instancia, proferida por el JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, la cual accedió a
las pretensiones de la demanda, específicamente, al
reconocimiento y reajuste del subsidio familiar del decreto 1794 del
2000 en su artículo 11 a que mi poderdante tenía derecho.
2- Que, como consecuencia de la tutela de los derechos
fundamentales invocados, se declare la NULIDAD de la sentencia
en mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del
decreto 1794 del 2000.
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3- Que, por virtud de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, que profiera
una nueva sentencia en la que se declare que mi poderdante tiene
derecho al reconocimiento, pago y reajuste del subsidio familiar
consagrado en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.
confirmando la sentencia de primera instancia […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del
asunto.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del
asunto.
I.6.2.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en
las resultas del proceso, advirtió que la acción de tutela no cumple
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con los requisitos de procedencia ya que no efectuó un estudio de los
mismos, ni acreditó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Asimismo, señaló que la decisión cuestionada se encuentra ajustada
a derecho y que lo que pretende la actora es convertir el mecanismo
constitucional en una tercera instancia que satisfaga los argumentos
que fueron debatidos en sede ordinaria.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 23 de octubre de
2024, denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad
judicial cuestionada no desconoció ningún precepto constitucional, ni
efectuó una interpretación normativa contraria al ordenamiento
jurídico aplicable al asunto.
Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada sustento con
suficiencia la pretensión relacionada con el subsidio familiar, por lo
que el actor no demostró que la actuación estuviera incursa en una
causal de procedibilidad de la acción de tutela, o que el ejercicio de
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la autonomía e independencia judicial se hubiera desbordado.
Finalmente, consideró que “[…] la interpretación jurídica y las
consideraciones hechas por el juez natural deben ser respetadas por
el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer las decisiones
por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que
resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que
en el presente caso no se halló probado […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, reiterando los fundamentos jurídicos planteados en el
escrito introductorio.
Igualmente, señaló que es deber del juez constitucional verificar si
se configuró un defecto sustantivo, toda vez que la norma aplicable
al asunto tiene dos requisitos: i) el requisito sustancial, relacionado
con el cambio del estado civil hasta antes del 24 de junio de 2014,
fecha en la que entró a regir el nuevo subsidio de familia en virtud
del Decreto núm. 1161 de 2014 y ii) el requisito formal, que es la
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manera de formalizar el cambio de estado civil, el cual no es exigible
en la vigencia del Decreto núm. 1794 de 2000.
Arguyó que “[…] la sección segunda ha acogido la tesis restrictiva o
negatoria, solicitamos respetuosamente puedan dilucidar los
argumentos de la sección primera y quinta, y en concordancia con
los principios constitucionales y laborales, acojan la tesis más
garantista para los derechos de los trabajadores que menos
devengan en la institución donde mi poderdante prestó sus servicios
[…]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
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proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
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deje sin efecto la sentencia de 31 de julio de 2024 proferida por
el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 76001-33-33-006-2022-00182-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al
principio de seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o
sustantivo.
Los disensos del actor radican en que el TRIBUNAL incurrió en el
defecto material o sustantivo, ya que aplicó indebidamente los
efectos ex tunc que surgieron de la sentencia de 8 de junio de 2017
proferida por esta Corporación, mediante la cual se declaró la nulidad
del Decreto núm. 3770 de 2009 y revivió las disposiciones
normativas del Decreto núm. 1794 de 2000 aplicables a su situación
particular.
Indicó que, el 20 de septiembre de 2013 contrajo nupcias con la
señora Ángela Yulieth Grisales Colorado y que, al revivir las
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disposiciones del Decreto núm. 1794 de 2000, tiene el derecho a que
se le reconozca el subsidio familiar, ya que consolidó el derecho entre
el 14 de septiembre de 2000 y el 24 de junio de 2014, esto es, antes
de la entrada en vigencia del Decreto núm. 1161 de 2014.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 23 de octubre de
2024, denegó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad
judicial cuestionada no desconoció ningún precepto constitucional, ni
efectuó una interpretación normativa contraria al ordenamiento
jurídico aplicable al asunto.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia y, señaló que en el presente asunto
es deber del juez constitucional verificar si se configuró un defecto
sustantivo, toda vez que, la norma aplicable al asunto tiene dos
requisitos: i) el requisito sustancial, relacionado con el cambio del
estado civil hasta antes del 24 de junio de 2014, fecha en la que
entró a regir el nuevo subsidio de familia en virtud del Decreto núm.
1161 de 2014 y ii) el requisito formal, que es la manera de formalizar
el cambio de estado civil, el cual no es exigible en la vigencia del
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Decreto núm. 1794 de 2000.
Además, aseguró que el juez de tutela debe acoger la tesis más
garantista para los trabajadores que devengan menos salario, en
concordancia con los principios constitucionales y laborales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».10
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que
se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del
juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se
sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada
omitió la aplicación de los efectos ex tunc con ocasión a la
declaratoria de nulidad del Decreto núm. 3770 de 2009 y que
revivieron las disposiciones normativas del Decreto núm. 1794 de
2000, aplicables a su situación particular.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
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constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,
así:
“[…] 4. Caso concreto. […]
Dentro del proceso contencioso administrativo está debidamente
acreditado que el señor Jorge Andrés Flórez Silva, se vinculó al
Ejército Nacional como soldado voluntario el 2 de julio 2000 y como
soldado profesional desde el 1 de noviembre de 2003 hasta el 31
de mayo de 201913.
Contrajo matrimonio el 20 de septiembre de 201314.; Señala el
acto administrativo acusado15, que le fue reconocido subsidio
familiar en cuantía del 23% conforme al Decreto 1161 de 2014,
que reintrodujo esta partida en el ordenamiento jurídico.
Por medio de la petición del 24 de junio de 202216, el demandante
solicitó la reliquidación y pago del salario mensual que devenga,
incluyendo el subsidio familiar en 62.5% del salario básico.
Bajo ese panorama fáctico puede colegirse que el señor Jorge
Andrés en su condición de soldado profesional casado el 20 de
septiembre de 2013, no tiene derecho al reconocimiento mensual
de un subsidio familiar porque ese beneficio no estaba previsto en
la ley para ese entonces.
Su situación particular encaja perfectamente en la segunda regla
jurisprudencial fijada en el acápite que antecede, en la medida que
se trata de un soldado profesional casado entre el 30 de septiembre
de 200917 y el 30 de junio de 201418, que no percibió el subsidio
familiar en vigencia del Decreto 1794 de 2000, por lo tanto, no
tenía un derecho consolidado ni una expectativa legitima, sino una
mera expectativa que ningún tipo de protección estableció en su
favor la legislación estudiada ni la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En efecto, pues si se tratara de un soldado profesional de las
Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
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debidamente reportada entre el 1 de enero de 200119 y el 29 de
septiembre de 200920, el parágrafo 1º del Decreto 3770 de
200921, estableció un régimen de transición a su favor en el
sentido de que seguirían percibiendo el subsidio familiar
equivalente al cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual
más el 100% de la prima de antigüedad.
A su turno la Corte Constitucional, también estableció respecto del
Decreto 3770 de 2009 que frente a situaciones jurídicas no
consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando
fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, se tendrá que esta
normatividad permanece en vigor desde su entrada en vigor hasta
nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente
establecidas.
Esta interpretación no quebranta el derecho a la igualdad porque
lo que se busca es proteger a los soldados profesionales que venían
gozando del subsidio familiar en vigencia del Decreto 1794 de
2000, no se vean sorprendidos con cambios legislativos
intempestivos y los despojen de un beneficio que ya formaba parte
patrimonio a diferencia de aquellos militares quienes no la
percibían y, por tanto, jamás ingresó a su propiedad.
En resumen: no hay un trato discriminatorio entre la protección
que se brinda a un derecho consolidado en relación con una mera
expectativa que era la que tenía el señor Jorge Andrés Flórez Silva,
la cual ninguna protección estableció la ley ni la jurisprudencia.
Por lo tanto, el actor no tiene derecho al reconocimiento mensual
de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico
mensual más el 100% de la prima de antigüedad, como lo prescribe
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Sólo desde el 1 de julio
de 2014, tiene derecho a que esa prestación se compute en su
asignación básica mensual en un 20% por su cónyuge y 3% por su
hijo para un gran total de 23%, según el Decreto 1161 de 2014,
tal y como lo ha venido cancelando el Ejército Nacional.
Sin más consideraciones al respecto se revocará la sentencia de
primera instancia y en su lugar se negarán las pretensiones de la
demanda, como quiera que el demandante no tiene derecho al
reajuste de la partida computable en su asignación básica mensual
denominada subsidio familiar antes de esa fecha y menos en un
porcentaje superior al 23% […]” (Destacado fuera de texto).
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De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del
asunto y coligió que para la fecha en que el actor contrajo matrimonio
no había lugar al reconocimiento mensual del subsidio familiar, en
tanto dicha prestación no estaba prevista en la ley para ese entonces,
pues al desaparecer temporalmente del ordenamiento jurídico el
Decreto núm. 3770 de 2009 no tenía un derecho adquirido, ni una
expectativa legitima que diera lugar a dicho reconocimiento.
Así mismo, contrario a lo alegado por el actor, la autoridad judicial
accionada señaló que solo fue acreedor del subsidio familiar a partir
del 1o. de julio de 2014, con un incremento en su asignación básica
mensual de 20% por su cónyuge y un 3% por su hijo, esto de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto núm. 1161 de 2014.
Finalmente, concluyó que no hubo ningún tipo de trato
discriminatorio entre quienes contaban con un derecho consolidado
respecto del actor, pues este tenía una mera expectativa frente al
reconocimiento del subsidio familiar.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
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pronunció frente a los aspectos que el actor alude como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su
consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
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competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia
que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de enero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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