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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04842-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04842-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 8 Si bien se citan algunas sentencias, las mismas abordan asuntos diferentes. Por ejemplo, la sentencia SU-354 de 2017, en la que se estudió un asunto parecido, pero la discusión giraba en torno a la posibilidad de descontar de la indemnización las sumas pagadas en el desempeño de otros cargos públicos mientras se estuvo desvinculado. En tal sentido la regla de decisión estuvo determinada por esa cuestión, y el respeto a la prohibición de doble asignación a cargo del erario. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01 Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04842-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL- Instancia adicional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 2 de octubre de 2024, por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 10 de septiembre de 2024, el señor Rafael Antonio Uribe Echeverri, instauró
acción de tutela1 con la pretensión de que se dejaran sin efectos la sentencia de 16
de noviembre de 20232 y el auto de 27 de junio de 20243, dictados al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4 que promovió contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo5 mediante el cual se declaró insubsistente su nombramiento.

2.
A través de la referida sentencia el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A modificó el fallo de primera instancia6 en lo relativo al restablecimiento
del derecho. Consideró que el demandante no estaba amparado por el fuero de
estabilidad que otorga la carrera, al momento en que se produjo la insubsistencia de
su nombramiento en el cargo de fiscal, pues su nombramiento fue en provisionalidad.
Así, si bien el acto debe ser declarado nulo por carecer de motivación, el
restablecimiento económico debía darse por los salarios y prestaciones sociales que

1 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, así

como el principio de seguridad jurídica.
2 Notificada el 7 de diciembre de 2023
3 Auto que decide la solicitud de aclaración, notificado el 16 de agosto de 2024.
4 Radicado 41001 23 31 000 2002 00387 01.
5 Resolución 0-1756 del 26 de noviembre de 2001, expedida por el Fiscal General de la Nación.
6 El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 26 de mayo de 2014 accedió a las pretensiones de

la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

hubiera devengado en el empleo que ostentaba, hasta por el término de 24 meses -
no hasta la fecha de reintegro, como dispuso el a quo-.

3.
La objeción central de la parte actora es que se desconocieron las reglas
jurisprudenciales relativas a la indemnización que deviene del reintegro a empleados
de carrera, bajo la consideración de que ocupaba un cargo en provisionalidad. Ello,
sin tener en cuenta que el concurso realizado por la Fiscalía General de la Nación,
en 1994, a través del cual ingresó a esa entidad, otorgó derechos de carrera, y ello
ha sido reconocido así por la jurisprudencia. En concordancia con ello, indica que la
autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

4.
“Violación del derecho a la igualdad – desconocimiento del precedente
jurisprudencial de unificación que señaló tratamiento especial desde el criterio
material a quienes participamos en el concurso de 1994 efectuado por la
fiscalía general de la nación”: expresó que desde 1999, el Consejo de Estado
reconoció que el concurso efectuado por la Fiscalía General de la Nación en 1994
confirió materialmente los mismos derechos que los cargos de carrera. Ese
reconocimiento también lo hizo la entidad en a través del Acuerdo 017 de mayo de
2000 y el acta 060 de febrero de 2007, que fueron declarados válidos por el Consejo
de Estado en la sentencia del 1 de noviembre de 2012 (radicado 11001-03-25-000-
2007-00103-00).

5.
Agregó que el fallo cuestionado se basó en la sentencia S-531 de 2003, que fue
dejada sin efectos por la Corte Constitucional en la T-170 de 2006. Además, se
apartó de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, sin señalar la razón jurídica para ello.

6.
Expuso que, solo para su caso se apartó de las sentencias de unificación, que por
demás no analizó en la sentencia. Citó la sentencia 11001-03-25-000-2007-00103-
00 (sin fecha). Agregó que el procedimiento de selección de personal de carrera de
1994 adelantado por la Fiscalía General de la Nación ha estado en todo este tiempo
revestido del principio de legalidad, pues no ha sido demandado y ni declarado nulo.

7.
Manifestó que su nombramiento en el cargo de Fiscal Local, en el cual fue
nombrado en provisionalidad mediante la Resolución 0-0845 del 23 de mayo de
1994, y al cual accedió como consecuencia de haber superado el concurso público
de méritos adelantado en 1994, materialmente le confirió los mismo derechos que si
hubiera sido nombrado en carrera judicial o en propiedad, por tanto, tiene el derecho
constitucional a la estabilidad laboral reforzada y el restablecimiento económico debe
ser el pago de todos los conceptos que debió devengar desde el retiro injustificado
hasta la fecha de reintegro.

8.
“Desconocimiento del precedente (sic) jurisprudencial por falta de
aplicación e indebida aplicación”: indicó que la autoridad judicial accionada aplicó
indebidamente las siguientes sentencias (i) SU-556 de 2014; (ii) SU-054 de 2015;
(iii) concepto del 3 de diciembre de 1997 de Sala de Consulta y Servicio Civil. Al
mismo tiempo, desconoció las sentencias de (i) 9 de agosto de 2022, radicado
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11001-03-25-000 2017-00151-00; (ii) SU-691 de 2011; (iii) SU-354 de 2017; (iv) SU-
917 de 2010; (v) 29 de enero de 2008, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02;
(vi) 6 de agosto de 2009, expediente 1267-2007; (vii) 27 de marzo de 2008, radicado
8239-2005; y, (viii) 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000 2003-00169-00.

9.
Expresó que la Sentencia de Unificación que se citó como fundamento para limitar
el periodo de indemnización no era aplicable a su caso, pues aquella sólo se limita a
los cargos en provisionalidad, situación que no se asemeja a la suya.

10.
Sostuvo que de la jurisprudencia transcrita se observa cómo la providencia
cuestionada no sólo aplicó indebidamente algunos fallos de unificación de la corte
constitucional, sino que revivió unos dejados sin efectos, los cuales son aplicables a
situaciones de hecho diferentes a la propia de un concurso de méritos como el caso
del efectuado por la Fiscalía General de la Nación en 1994.
11.
Defecto sustancial: citó los artículos 65 y 66 del Decreto ley 2699 de 1991 y, el
artículo 132 de la Ley 270 de 1996; para indicar que la autoridad judicial desconoció
esa normativa, al estudiar si el cargo que obtuvo por concurso de méritos es o no de
carrera. Lo anterior, considerando que la autoridad judicial reconoció que hubo
concurso de méritos conforme con el Decreto 2699 de 1991, situación distinta es que
20 años después extrañe que no se tuvo periodo de prueba ni calificación del
servicio.

12.
Expresó que el Concurso de mérito se realizó conforme a las reglas que en virtud
del principio de confianza legítima presentó, lo cual se comprueba con los
documentos aportados en el expediente. Arguyó que el fallador pasó por alto que
fácticamente el número de cargos a proveer era cercano a los 20.000 empleos y que
el hecho de que se hubiesen presentado 21 y él se ubicara en el puesto 12 no le
impide haber sido nominado por un concurso de méritos.
13.
Concluyó que la autoridad accionada confunde que formalmente el nombramiento
fue hecho en provisionalidad y por tanto le da tal carácter, desconociendo la
jurisprudencia de la misma Corporación y de la Corte Constitucional citadas, donde
se da cuenta que el concurso efectuado por la Fiscalía General de la Nación en 1994
y quienes participaron en él son por el principio del mérito funcionarios de carrera y,
por tal razón, los criterios jurisprudenciales esbozados por la subsección A en su
sentencia son contrarios a lo que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
venido pregonando.

14.
En este sentido se viola su derecho a la igualdad toda vez que existen reintegros
de sus compañeros que también fueron declarados insubsistentes en la Fiscalía
General de la Nación, quienes han sido indemnizados en la forma plena como se
solicitó, esto es desde la fecha de retiro hasta el reintegro.

B. Sentencia de primera instancia

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

15.
En fallo de 2 de octubre de 2024, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo
de Estado negó el amparo. Explicó que, en torno al proceso de selección llevado a
cabo en el año 1994 en la Fiscalía General de la Nación, la postura de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no ha sido unánime, pues se han emitido diversos
pronunciamientos en los que se ha concluido que la aludida convocatoria otorgó
derechos de carrera a sus participantes y otros en los que se consideró lo contrario.

16.
Ahora bien, frente a las sentencias señaladas por el accionante como
desconocidas (SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017 y SUJ028-CE S2-2022 de 28 de
julio de 2022 del Consejo de Estado), precisó que se tuvieron en cuenta por la
autoridad accionada en la providencia reprochada, pues precisamente con
fundamento en ellas se determinó el restablecimiento del derecho solicitado.

17.
De lo anterior coligió que para la autoridad accionada el demandante no estuvo
amparado por el fuero de estabilidad que otorga la carrera, debido a que su
nombramiento se produjo en provisionalidad, comoquiera que no fue el resultado de
un concurso de méritos seguido con todas las formalidades legales y tampoco fue
convocado por la autoridad competente; no obstante, consideró que como el acto
administrativo a través del cual se le desvinculó no fue motivado, era dable acceder
a las pretensiones; en consecuencia, en cuanto al restablecimiento del derecho,
sostuvo que no podrá ser inferior a los 6 meses que, según la Ley 909 de 2004, es
el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciéndose también un
límite superior a la suma indemnizatoria de hasta 24 meses.

18.
Advirtió que las anteriores aserciones no devienen en una interpretación
caprichosa, toda vez que estuvieron debidamente motivadas y se encuentran en
armonía con la jurisprudencia sobre la materia. Por consiguiente, contrario a lo
manifestado por el actor, la sentencia objeto de discusión no incurre en
desconocimiento del precedente.

C. La impugnación

19.
La parte accionante indicó que el fallo de primera instancia se limitó a repetir los
argumentos del fallo tutelado. Añadió que en aquel se omitió estudiar 2 de los 3
cargos formulados (defectos 1 y 3), en la medida en que no se indicó por qué la
decisión no desconocía el derecho a la igualdad y el precedente jurisprudencial
constitucional, que establece la condición de empleado de carrera al actor, y en el
mismo sentido, no indicó por qué no se configuraba el defecto sustantivo en la
aplicación de las normas. Aunado a ello, en relación con el cargo 2, no comprendió
que la acusación efectuada sobre las SU- 556 de 2014 y 054 de 2014, fue por
indebida aplicación derivada de una ausencia de identidad en los supuestos fácticos
y que, en relación con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 9 de
agosto de 2022, era por aplicar una regla de los empleados en provisionalidad a los
empleados de carrera.

20.
Manifestó que en primera instancia se desconoció que el principal hecho en que
se fundamentó la tutela consiste en que el demandante accedió al cargo de fiscal
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

local por el concurso de méritos adelantado en el año 1994 por la Fiscalía General
de la Nación, y que múltiples pronunciamientos judiciales anteriores se ha reconocido
que, para efectos del restablecimiento del derecho, debe reconocerse o asimilarse a
un nombramiento de carrera.

21.
Añadió que el cargo no tuvo la denominación de un cargo de carrera y ese fue uno
de los puntos que estuvo en controversia, pues en efecto fue un concurso
adelantando en forma irregular, pero lo que se busca en este caso es que como
restablecimiento del derecho el demandante tiene derecho a que se reconozcan
todos los emolumentos hasta la fecha del reintegro porque la declaratoria de
insubsistencia fue ilegal y, porque de no haber sido desvinculado el demandante, no
solo habría estado 24 meses más después de su desvinculación, sino que podría
ocuparlo incluso hasta la fecha.

22.
Entre los precedentes desconocidos se encuentran la sentencia T-170 de 2006 y
SU-354 de 2017. Tampoco tuvo en cuenta lo dispuesto por la Comisión de Personal
de la Fiscalía General de la Nación en el acuerdo 017 de 2000 y el acta 060 de 2007,
que no han sido declarados nulos. Afirmó que está demostrado que en providencias
y actos administrativos previos se ha reconocido que el cargo ocupado (originado en
el concurso de méritos del año 1994) no debió designarse en provisionalidad, sino
en periodo de prueba, y que el restablecimiento ordenado en estos casos debe
consistir en el reconocimiento de todos los derechos laborales surgidos desde la
desvinculación hasta el reintegro.

23.
Esgrimió que el fallo acusado incurrió en el grave error de resolver que el cargo
no generaba derechos de carrera, cuando ese es un asunto que ya ha sido decidido
en providencias anteriores y que excedía la competencia del fallador, a quien le
correspondía decidir sobre la nulidad del acto de desvinculación y no sobre el
carácter o no del cargo de carrera. El punto no era si el cargo era de carrera o no,
sino que al ser nulo el acto de desvinculación el restablecimiento del derecho debía
consistir en reconocer los derechos propios de una vinculación permanente, porque
tampoco tenía el carácter de provisional. Por lo que la decisión de negar el
restablecimiento integral del derecho no tiene justificación.

24.
Por último, indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado estableció una serie de argumentos nuevos que el actor no tuvo la
oportunidad de debatir al interior del proceso, y a partir de la inclusión de unas
barreras meramente formales y que no resultan imputables al demandante,
estableció que no se generaba el derecho.

25.
Por último, se resalta que el 23 de enero de 2025 la parte actora allegó un
memorial donde esbozó consideraciones que “estim[a] necesarias para resolver la
impugnación”. No obstante, esta Sala de Subsección no hará referencia a las
mismas, en la medida en que 22 de noviembre de 2024 aquel presentó y sustentó
su impugnación. Además, la norma no establece la posibilidad de presentar el
mentado recurso dentro del término legalmente establecido y meses después

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

complementarlo; pues es claro que el fin del legislador al momento de fijar un tiempo
para presentar impugnación era para que dentro de ese mismo se sustentara, si lo
consideraba necesario la parte. Además, en el presente caso ha pasado un tiempo
considerable desde la presentación de uno y otro escrito (2 meses).

26.
Aunado a lo anterior, en el nuevo escrito se presentan reparos nuevos que no
fueron puestos en consideración en el escrito de tutela inicial, lo cual hace imposible
que sean analizados en sede de impugnación, toda vez que, de hacerlo, se
vulnerarían las garantías de defensa y contradicción de las accionadas y de los
demás sujetos procesales vinculados al presente trámite, quienes fundamentaron
sus intervenciones en los hechos alegados en la solicitud de amparo, la cual les fue
entregada al momento de practicarse la notificación de la demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

27.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

28. Con fundamento en ello, la Sala anticipa que modificará la decisión de primera

instancia, para en su lugar declarar improcedente el amparo solicitado, al no
encontrar superado el requisito general de relevancia constitucional.

29. Los reparos expuestos por la parte actora tienden a convertir este mecanismo de

amparo en una instancia adicional al proceso ordinario, con el fin de que su postura
sea acogida, al haber obtenido una decisión adversa a sus intereses.

30. En primera medida, se aclara que a pesar de que el actor divide su estudio en 3

defectos distintos, todos van encaminados a cuestionar lo mismo. Pues aunque
expone que existen múltiples decisiones judiciales que reconocen efectos de carrera
al concurso realizado en el año 1994 por la Fiscalía General de la Nación, en el cual
participó y aprobó; centra sus argumentos en el hecho que el punto del debate no es
estudiar que el cargo ocupado tiene o no la condición de carrera, sino que para
efectos del restablecimiento del derecho “se asimila a un cargo de carrera”, por lo
que se le debía indemnizar conforme lo pedido, es decir, desde la fecha de su
desvinculación hasta de reintegro efectivo.

31.
No obstante, esta Sala de Subsección advierte que el actor pretende seguir de
forma indefinida con un debate que ya fue analizado por los jueces naturales de la
causa, específicamente, en la providencia de segunda instancia cuestionada, en la
cual se explicó de forma motivada, transparente y razonable, el motivo por el cual se
concluyó que el cargo que ocupó el señor Uribe Echeverri era en provisionalidad y
no en carrera.

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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32.
Estudio que, contrario a lo afirmado por el accionante, era procedente e
indispensable, pues de aquél se desprendía el análisis relacionado con la
indemnización solicitaba, por lo que era imperioso establecer qué tipo de vinculación
ostentaba el demandante, para con ello determinar cómo se debía indemnizar y
cuáles reglas jurisprudenciales aplicar.

33.
Con la claridad referida, la Sala observa que, frente al concurso llevado a cabo
por la Fiscalía General de la Nación en 1994, hasta la fecha no existe una posición
unificada de si las personas que concursaron y aprobaron aquel obtuvieron derechos
de carrera o, si por el contrario se consideran nombrados en provisionalidad. Si bien
el actor trae a colación distintas sentencias del Consejo de Estado, en las que a lo
largo de los años se ha indicado que ese concurso otorgó derechos de carrera,
también es claro que aquella no es una posición definida, pues existe gran variedad
de sentencias de la misma Corporación, en su Sección Segunda y sus dos
Subsecciones, en las que han adoptado la postura contraria. Sin que, hasta la fecha,
se reitera, exista una decisión unificada relacionada con ese tema específico.

34.
Del mismo modo, se visualiza que la autoridad judicial accionada cumplió con la
carga de motivar en debida forma la razón por la cual se apartaba de los fallos que
hasta el momento habían indicado que el concurso de 1994 de la Fiscalía General
de la Nación otorgaba derechos de carrera a quienes participaron y lo aprobaron.
Así, en el fallo cuestionado, se presentan 5 argumentos fundamentales para
sustentar la postura, después de poner de presente y relacionar en pie de página el
panorama jurisprudencial divergente existente sobre el tema. De hecho se deja la
nota aclaratoria de que el ponente de la providencia acompañó una decisión reciente,
que sencillamente siguió la tesis que de manera pacífica había planteado la Sección
desde 2009, sin embargo aquella se limitó a aplicar ese criterio sin realizar “un nuevo
análisis de las especificidades de la convocatoria llevada a cabo por la entidad
demandada en el año 1994, con miras a identificar si el proceso de selección en
comento se había sujetado a las formalidades y exigencias regladas de un proceso
de tal naturaleza, que tuviera la virtualidad de conferir a sus participantes, los
derechos de carrera, tema que sí se aborda, en forma pormenorizada, en esta
providencia”.

35.
Dentro de los argumentos esbozados para sustentar la posición adoptada, la
autoridad judicial esgrimió que en la convocatoria realizada por la Fiscalía General
de la Nación en 1994 (i) no se siguieron todas las etapas del proceso de selección
establecidas en el Decreto 2699 de 1991, ya que no existió período de prueba y por
ende no hubo calificación satisfactoria; (ii) no se cumplieron los parámetros
establecidos por la Comisión Nacional de Administración de Personal, requerimiento
exigido por el artículo 69 del Decreto 2699 de 1991, pues para la época no se había
conformado dicha comisión y, el instructivo para los aspirantes fue emitido por la
Dirección Nacional Administrativa y Financiera de la Dirección Nacional de Fiscalías
la cual carecía de competencia para hacerlo; (iii) dentro del proceso se debían
evaluar las capacidades y aptitudes del aspirante de conformidad con el reglamento
que expidiera la Comisión Nacional de Administración de Personal, de manera que
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ante la inexistencia de dicha comisión, tampoco se había emitido por parte de la
autoridad competente un reglamento que definiera las pautas para valorar tales
requisitos; (iv) la provisión de los empleos debía realizarse según la lista conformada
por los 5 primeros candidatos calificados que hubieran aprobado el concurso, pero
el caso la lista definitiva de quienes aprobaron el concurso para el cargo en la
Dirección Seccional de Neiva se conformó por 21 participantes, es decir, un número
superior al fijado por el artículo 71 Decreto 2699 de 1991; y, (v) la Fiscalía indicó de
forma expresa que la participación en la convocatoria no confería derechos de
carrera.

36.
Conforme lo anterior, para esta Sala de Subsección no existe aplicación indebida
u omisión de ningún tipo de precedente judicial, que conlleve a realizar alguna
censura al fallo acusado; pues tal como se acaba de ver, no existe una postura
unificada en torno al tema de si las personas que participaron y aprobaron el
concurso adelantado de forma irregular por la Fiscalía General de la Nación en 1994
tienen o no derechos de carrera sin que tal situación se proyecte por sí misma como
una afrenta a los derechos fundamentales del actor, pues en esta materia la
autonomía e independencia judicial asientan su legitimidad en la aplicación de la ley,
asunto que comprende su interpretación razonada y ponderada, a la luz de las
pruebas, aspectos sobre los cuales la Subsección no encuentra una falencia en el
caso que estudia en esta oportunidad. De esta forma la Sala estima que si ha
mediado una sustentación, tal como lo hizo la autoridad judicial accionada, los jueces
naturales de la causa pueden acoger una u otra de las tesis existentes y, con base
en ello resolver el caso puesto a su consideración. Más aún, si se trata de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que sin obviar las decisiones previas y
reconociendo la existencia de una postura que se venía aplicando -sin mayor
razonamiento-, cumplió con las cargas de transparencia y argumentación, para
replantear la tesis sobre el asunto.

37. Resulta conveniente advertir, que la autoridad judicial puso de presente que esa

inclinación por la tesis contraria, estuvo -en parte- motivada por la sentencia T-170
de 2006, a través de la cual se dejó sin efectos una decisión proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 23 de septiembre
de 1999, en la que “el proceso de selección realizado por la Fiscalía General de la
Nación en el año 1994 no tenía la connotación de un verdadero concurso de méritos,
que concediera a sus participantes las prerrogativas que otorga la carrera, teniendo
en consideración que no cumplió con las formalidades y etapas dispuestas para ese
efecto, en el Decreto 2699 de 1991”. No obstante, aclara la accionada que, en
aquella sentencia de tutela, “el análisis de la Corte Constitucional no se fundamentó
en un estudio pormenorizado del concurso de méritos, a fin de establecer si, en
efecto, este le otorgaba al demandante los derechos inherentes a la carrera de la
Fiscalía General de la Nación, lo que sí se hizo en la sentencia de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo antes reseñada, pues el examen realizado por el alto
tribunal constitucional se sujetó al deber de la motivación del acto administrativo de
insubsistencia”. A partir de esa consideración -que esta Subsección encuentra
razonable-, estimó que era plausible retomar y acoger lo expuesto en aquel momento
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación como juez natural de este tipo de
causas. De ahí que la censura que plantea al accionante sobre este punto, no tenga
vocación de prosperidad.

38.
Por otro lado, en relación con el restablecimiento económico otorgado al actor, es
claro que la autoridad accionada aplicó la jurisprudencia reciente relacionada con el
tema, cuando se trata de personas en provisionalidad que ocupan un cargo de
carrera -que fue la postura adoptada- y fueron desvinculados por un acto que no fue
motivado. Por ende, frente a ello, no existe reproche alguno que hacer.

39.
Por último, se debe destacar que la decisión sometida a examen no comporta una
actuación arbitraria o abusiva, que son los supuestos que, de estar acreditados,
abren paso a un amparo constitucional. Por el contrario, se encuentra que la misma
fue proferida dentro del marco de la sana crítica, autonomía e independencia judicial.

40.
En tal sentido, carece de sustento la censura referente a que se desconoció el
precedente aplicable en la materia, pues ninguna de las providencias traídas a
colación fija reglas de unificación que hayan sido desconocidas por la autoridad
judicial. Respecto a la naturaleza del cargo, y los derechos que otorga la aprobación
del concurso de la Fiscalía General de la Nación de 1994, no existe sentencia de
unificación8, y ello es realmente el objeto de discusión; como se indicó antes, de esa
determinación depende la aplicación de las reglas unificadas sobre la forma de
indemnizar a las personas con derechos de carrera o nombrados en provisionalidad,
aspecto sobre el cual no hay discusión.

41.
En los términos precedentes, la Sala modificará la sentencia de 2 de octubre de
2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en
su lugar declarará improcedente el amparo solicitado.

42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de octubre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y, en su lugar DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

8 Si bien se citan algunas sentencias, las mismas abordan asuntos diferentes. Por ejemplo, la sentencia SU-354

de 2017, en la que se estudió un asunto parecido, pero la discusión giraba en torno a la posibilidad de descontar
de la indemnización las sumas pagadas en el desempeño de otros cargos públicos mientras se estuvo
desvinculado. En tal sentido la regla de decisión estuvo determinada por esa cuestión, y el respeto a la prohibición
de doble asignación a cargo del erario.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04842-01
Accionante: Rafael Antonio Uribe Echeverri
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

9 VF

10

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