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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04854-00

Fecha
11 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04854-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a la motivación planteada. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04854-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

11 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04854-00
Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad. Acuerdo municipal. Tarifas diferenciales en
impuesto de alumbrado público / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia
constitucional. Reproches carecen de carga argumentativa y se pretende reabrir un
debate jurídico ya zanjado por el juez natural.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 10 de septiembre de 2024 el señor William Hernando Suárez Sánchez promovió
acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad, petición, debido proceso, participación ciudadana,
“estado social de derecho y veracidad”.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 27 de julio 2023 y
29 de febrero de 2024 dentro del proceso de nulidad 3 que promovió contra el
municipio de Ocaña y Centrales Eléctricas del Norte de Santander – CENS S.A.
E.S.P., encaminado a obtener la anulación del Acuerdo 2 de 26 de febrero de 2013,
mediante el cual se modificaron las tarifas del impuesto sobre el servicio de
alumbrado público en dicho ente territorial.

1 Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 54001-23-33-000-2022-00205-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04854-00
Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro

3.
A través de la providencia de 29 de febrero de 2024, se confirmó la de 27 de julio
de 2023, mediante la cual el a quo 4 negó las pretensiones de la demanda. Se
consideró que el Concejo de Ocaña tiene la potestad legal para fijar las tarifas
mediante porcentajes fijos y diferenciales, por lo que el Acuerdo demandado no
contraría el ordenamiento jurídico, máxime cuando no se probó la falta de
razonabilidad o proporcionalidad en las tarifas allí estipuladas.

4.
El tutelante afirmó que las decisiones judiciales acusadas no tuvieron en cuenta
que la competencia de los municipios, en cuanto al servicio de alumbrado público,
se contrae a aplicar la tarifa regulada por la Comisión Reguladora de Energía y Gas
(CREG), ente que no establece el cobro de aquel servicio bajo porcentajes o
diferencial. Es decir, que dicho cobro bajo porcentaje y por diferencia no tiene soporte
normativo alguno.

5.
Tampoco se tuvo en consideración que el artículo 147 de la Ley 142 de 1994
establece la separación y pago independiente de los servicios no domiciliarios, lo
cual lo ratificó el Consejo de Estado, dentro del proceso instaurado por la Empresa
de Energía de Santander (EPC) contra el municipio de Bucaramanga 5.

6.
Hace alusión a que no se aplicó (i) el Código de Comercio y la Ley 142 de 1994,
que consagran la facturación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios;
(ii) las Leyes 689 de 2001 y 1150 de 2007, que establecen los recursos de
destinación específica; y (iii) la Ley 1386 de 2010, que prevé la prohibición de
entregar a terceros la administración de tributos.

7.
Sostuvo que la falta de respuesta oportuna del concejo de Ocaña “a las solicitudes
de hecha (sic) constituye omisión violatoria de [su] derecho fundamental de
veracidad, petición, debido proceso y participación ciudadana”.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8.
Mediante auto de 13 de septiembre de 20246, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al municipio de Ocaña y
a Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS S. A. E. S. P.), en calidad de
terceros interesados. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Sección Cuarta del Consejo de Estado

9.
Adujo que la tutela deviene en improcedente, al no superar el requisito de
relevancia constitucional. Esta acción no puede emplearse como una instancia
adicional del proceso ordinario. Se instituyó para la protección de derechos

4 Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
5 Expediente 68001-23-31-000-2010-00576-01 (20303).
6 Notificado el 18 de septiembre de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04854-00
Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
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fundamentales, mas no para discutir la discrepancia que el actor tenga respecto una
decisión judicial.

10.
En todo caso, de analizarse de fondo este asunto constitucional, se debe tener en
cuenta que se pretende revivir el debate jurídico dirimido por el juez natural de la
causa, que tenía por objeto establecer si el concejo de Ocaña estaba facultado para
fijar tarifas en el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción. Efectuado el
respectivo estudio normativo y jurisprudencial, se concluyó que sí estaba habilitado
para ese efecto y que esas tarifas podían expresarse en valores fijos o diferenciales
según la calidad del sujeto pasivo del gravamen.

(ii) Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. E. S. P.
11.
Afirmó que el tutelante ataca las sentencias emitidas por las autoridades
accionadas mediante interpretaciones subjetivas sobre las resultas del proceso y sin
invocar alguna razón jurídica determinada por la Corte Constitucional, en cuanto a la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, por ende, el
asunto carece de relevancia constitucional. No basta con manifestar desacuerdo con
las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el
interesado demuestre que aquellas han incurrido en alguna de las causales
específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

12.
Además, informó que el actor tramita un proceso de nulidad simple, bajo radicado
54001-23-33-000-2024-00184-00, el cual fue formulado por él, en el que discuten los
mismos hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones que planteó en la controversia
que se zanjó a través de las decisiones judiciales objeto de censura constitucional.
Dicha actuación comporta un actuar temerario por parte del actor.

13.
Sin perjuicio de lo anterior, los fallos acusados no quebrantan las garantías
superiores del tutelante, por cuanto se ajustan a los postulados que ordena la ley y
los lineamientos que fija el precedente jurisprudencial.

14.
En todo caso, no tiene legitimación en la causa por pasiva dentro de las presentes
diligencias. No interviene en la elaboración y expedición de los actos administrativos
demandados ni es la encargada de la prestación del servicio de alumbrado público
en el municipio de Ocaña, pues su función está limitada a la facturación y recaudo
en conjunto con el servicio público domiciliario de energía eléctrica del impuesto de
alumbrado público establecido por el municipio, de acuerdo con el Acuerdo 2 de 2013
y el contrato interadministrativo 7200-009-2020.

(iii) Tribunal Administrativo de Norte de Santander
15.
Indicó que no se configura vulneración de derecho fundamental alguno. El litigio
suscitado por el tutelante se resolvió con base en los preceptos normativos y
jurisprudenciales tanto sustanciales como procesales aplicables al caso concreto.

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Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta y otro

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

16.
La Sala aclara que se examinará la procedencia de la tutela únicamente frente a
la providencia de 29 de febrero de 2024, que al ser dictada en segunda instancia,
zanjó de manera definitiva el litigio.

17.
Los reproches constitucionales contra la aludida sentencia giran en torno al
presunto desconocimiento de la normativa que se avenía a la controversia. Por ende,
aunque no se invocó causal específica de procedibilidad de la tutela alguna, tal
cuestionamiento comportaría un defecto sustantivo.

18.
La Sala advierte que no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional.
El tutelante, además de no encuadrar sus planteamientos en alguna causal
específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, no despliega la
suficiente carga argumentativa para fundamentar su aserción de desconocimiento
de la normativa que se avenía al litigio suscitado. Dicha omisión impide que el juez
constitucional examine la constitucionalidad de la decisión judicial reprochada, en la
medida en que se limitó a invocar disposiciones legales sin exponer las razones por
las cuales consideraba que no se habían observado por parte de la autoridad judicial
accionada.

19.
Anotó los asuntos que regulaban las leyes invocadas, pero no de qué manera ello
fue desatendido en el fallo acusado. Al citar el artículo 147 de la Ley 142 de 1994,
sostuvo que establece la separación y pago independiente de los servicios no
domiciliarios, lo cual había sido ratificado por el Consejo de Estado en sentencia
emitida el 12 de agosto de 2014. Sin embargo, no precisó cuáles pautas
jurisprudenciales allí impartidas se dejaron de observar por parte de la autoridad
judicial accionada, máxime cuando en ese pronunciamiento judicial se anularon unas
disposiciones del Acuerdo 012 de 2010 del Concejo de Bucaramanga, por haberle
asignado a las empresas prestadoras del respectivo servicio de energía domiciliaria
en esa ciudad el recaudo del impuesto del servicio público de alumbrado público, sin
que mediera un convenio para tal efecto, y de establecer un régimen procedimental
y sancionatorio para los responsables del recaudo y sujetos pasivos del impuesto al
servicio de alumbrado público, al ser una facultad de reserva exclusiva del legislador.

20.
Además, en la providencia objeto de censura se precisó que, de acuerdo con la
alzada, el estudio de segunda instancia se circunscribía a establecer si el Concejo
de Ocaña estaba facultado para fijar tarifas diferenciales en el impuesto de
alumbrado público. Aspecto sobre el que insiste el tutelante en la solicitud de amparo,
con el fin de obtener una decisión judicial diferente a la adoptada por el juez natural
de la causa. Es decir, que se acoja la manera en la que, a su juicio, se debió desatar
el litigio, sin demostrar alguna afectación de tipo constitucional, como si fuera una

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instancia adicional al proceso ordinario, actuación que desconoce la naturaleza
excepcional de la acción de tutela.

21.
Con base en la anterior delimitación del problema jurídico, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado hizo alusión, en lo atinente al impuesto de alumbrado público, al
artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, que prevé que “Los sujetos pasivos, la base
gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y distritales”.

22.
Asimismo, citó la sentencia de 6 de noviembre de 2019 de esa misma Sección,
en la que, en relación con los elementos esenciales del impuesto sobre el alumbrado
público, fijó las siguientes reglas respecto del sujeto activo y la tarifa. Anotó que el
sujeto activo de este tributo eran los municipios, por lo que el respectivo concejo
estaba autorizado para su creación y determinación de los elementos esenciales.
Frente a la tarifa, adujo que esta puede expresarse en porcentaje fijo, proporcional o
progresivo y debe ser razonable y proporcional respecto al costo7 de la prestación
de este servicio a la comunidad.

23.
De igual modo, invocó jurisprudencia en la que se ha sostenido que, “además de
los porcentajes fijos, proporcionales o progresivos, las tarifas pueden ser fijas o
variables, entendidas como una determinada suma de dinero”8. En concreto, acerca
de la adopción de tarifas diferenciales fijas expresadas en salarios mínimos legales
según las condiciones particulares de los sujetos pasivos, citó una providencia de 4
de febrero de 20169 proferida por esa Sala de Decisión, en la que se adujo que “la
fijación de la tarifa en salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLM, no es
ajena a la naturaleza del gravamen, ni tampoco contraría la normativa vigente en
materia de energía eléctrica, en la medida en que permite cuantificar de forma
razonada y proporcional los valores que deben sufragar los sujetos pasivos del
gravamen”.

24.
También invocó el fallo de 3 de julio de 202010, en el que se afirmó que el “hecho
de establecerse tarifas diferenciales conlleva a que se aplique a cabalidad el principio
de progresividad y, por ende, los principios de equidad e igualdad, toda vez que no
se trata con el mismo criterio a todos los administrados, sino en atención a la
capacidad contributiva que detentan”. Frente a las tarifas especiales, se advirtió que
estas no desconocen “la naturaleza del impuesto del servicio de alumbrado público,
ni se le da un trato discriminatorio al contribuyente. Todo lo contrario, lo que se
obtiene es la determinación del impuesto acorde con la capacidad contributiva del
beneficiario real o potencial del impuesto al servicio del alumbrado público”.

7 Este “debe determinarse de conformidad con la metodología establecida por la CREG para la determinación de

los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio
así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público”.
8 Sentencias de (i) 19 de enero de 2012, exp. 18648, C. P. William Giraldo Giraldo; (ii) 15 de noviembre de 2012,

exp. 18440, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y (iii) 9 de agosto de 2018, exp. 22071, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9 Exp. 20767, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
10 Exp. 24276, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e). Criterio reiterado en providencia de 10 de agosto de 2023,

exp. 25642, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04854-00
Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
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25.
Posterior a citar el marco normativo y jurisprudencial atinente al tema, anotó que
en el Acuerdo demandado se estableció el siguiente esquema tarifario:

<<(i) El 15% sobre el valor del consumo de energía eléctrica mensual para los
contribuyentes de los sectores comerciales, industriales y oficiales.

(ii) Tarifas fijas mensuales entre 1 y 20 SMMLV según la calidad del sujeto pasivo del
impuesto, en específico, para las empresas de generación, transmisión, conexión,
distribución y comercialización de energía eléctrica, transporte de gas, de
telecomunicaciones, entidades bancarias, y las empresas departamentales,
municipales, privadas o mixtas que tengan a su cargo el cobro de peajes, la
administración de concesión de líneas férreas y minería.

(iii) El 3.6% sobre el valor del consumo de energía eléctrica mensual para las
personas naturales o jurídicas que sean usuarios o beneficiarios potenciales directa
o indirectamente del servicio de alumbrado público y no se clasifiquen en las demás
categorías de la norma local.>>

26.
Con base en el análisis efectuado acerca de la competencia de los concejos
municipales para fijar las tarifas del impuesto sobre el alumbrado público, concluyó
que el de Ocaña tenía “la potestad legal para fijar las tarifas mediante porcentajes
fijos para los sectores distintos del residencial y aquellos contribuyentes que no se
clasifiquen en las demás categorías, y diferenciales expresadas en SMMLV para las
empresas de generación, transmisión, conexión, distribución y comercialización de
energía eléctrica, transporte de gas, compañías de telecomunicaciones, entre otras,
y en consideración a que el actor no argumentó y menos aún probó la falta de
razonabilidad o proporcionalidad de las tarifas adoptadas en el acto enjuiciado”, no
se desvirtuó su presunción de legalidad.

27.
De lo anterior, es dable colegir que, pese a que en la providencia censurada no
se hizo referencia puntualmente a todas las disposiciones legales que relacionó el
actor, la determinación allí adoptada se fundamentó en la normativa y la
jurisprudencia sobre la materia, apreciaciones sobre las cuales no se pronunció el
actor, con el fin de desvirtuarlas, pues de su argumentación solo se refleja un
desacuerdo con la manera como el juez natural de la controversia la zanjó, lo cual
no habilita el estudio de fondo de la tutela.

28.
Es decir, el accionante, además de no exponer de qué modo, a su juicio, se debían
aplicar las normas invocadas en el escrito de tutela o por qué afirmaba que la
autoridad judicial no las tuvo en cuenta, no desplegó carga argumentativa alguna
tendiente a controvertir las razones esgrimidas en la decisión judicial para confirmar
la negativa sobre sus pretensiones, máxime cuando en esta se relacionó
jurisprudencia que fijaba directrices sobre la materia y con fundamento en la cual se
desató el asunto.

29.
Por las anteriores consideraciones, se torna evidente la falta de cumplimiento del
presupuesto de relevancia constitucional que impusiera examinar el fondo de este
asunto.
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Accionante: William Hernando Suárez Sánchez
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30.
Por último, el tutelante aduce que la falta de respuesta por parte del concejo de
Ocaña a las solicitudes hechas vulnera sus garantías superiores de su “derecho
fundamental de veracidad, petición, debido proceso y participación ciudadana”. Sin
embargo, no expone la información relacionada con las fechas en las que presentó
tales peticiones ni quién las formuló ni lo pretendido en estas. Por tal razón, la Sala
no cuenta con elementos probatorios suficientes para examinar el presunto
quebranto constitucional que alega. En esa medida, no se emitirá pronunciamiento
alguno sobre el particular.

31.
En ese orden de ideas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a la motivación planteada.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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