Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04860-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04860-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04860-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
23 de enero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04860-01
Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04860-01
Demandante: MARTA LUCÍA GUTIÉRREZ YEPES
Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS
Temas: Cumplimiento de sentencia de tutela y contra sentencia de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25
de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de septiembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora Marta Lucía Gutiérrez Yepes pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la igualdad y a la reparación
administrativa.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión (i) del presunto
incumplimiento de la sentencia del 15 de agosto de 2023 dictada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, en la acción de tutela con
radicado nº 05001-33-33-015-2023-00293-01 y (ii) de la sentencia del 28 de mayo de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00, que amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora
María Patricia Tobón Yagarí.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: solicito señores magistrados, que se protejan los derechos constitucionales y
fundamentales de la señora MARTA LUCIA GUTIERREZ YEPES, los cuales han sido conculcados y
vulnerados por la (UARIV) y PATRICIA TOBÓN YAGARI (directora general de la UARIV).
SEGUNDO: Le solicito muy encarecidamente señores magistrados que se le ordene a la (UARIV), o a
quien haga sus veces para que se le dé cumplimiento al fallo de tutela que dio a favor de MARTA LUCIA
GUTIERREZ YEPES, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA DE
DECISIÓN de la fecha del 15 de agosto de 2023 con radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00-01,
que, a la fecha de hoy, la UARIV no ha acatado la orden que se dio a mi favor en segunda instancia.
TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO se
amparen todas las garantías constitucionales y se revoque la decisión tomada en el fallo de tutela en
referencia con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00 calendado el 28 de mayo de 2024, en lo
referente a dejar sin efecto los autos del 27 de septiembre de 2023, 06 de octubre de 2023 y el 22 de
febrero de 2024, emanados del JUZGADO 015 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLIN y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA DE DECISIÓN, ya
que la orden judicial sigue siendo desacatada por la entidad accionada sin ningún reparo.
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Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
Nuestro deseo no es que se le aplique la sanción a la funcionaria de la (UARIV) ya referida, si no que
le den cumplimiento al fallo de tutela a favor de la señora MARTA LUCIA GUTIERREZ YEPES, para
que el derecho a la reparación no se quede en el limbo: sin ninguna solución de fondo.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Tutela con radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00
El 17 de diciembre de 2019, la demandante solicitó a la UARIV que le informara una
fecha cierta de pago de la indemnización administrativa que le fue reconocida en la
Resolución 04102019-70302 del 6 de noviembre de 2019, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.
El 14 de julio de 2023, la señora Gutiérrez Yepes presentó acción de tutela en contra de
la UARIV por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, debido a
que no había obtenido respuesta a la solicitud elevada el 17 de diciembre de 2019.
La acción de tutela se adelantó bajo el radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00 y
correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 28 de julio
de 2023, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Inconforme, la accionante impugnó al considerar que no había obtenido una respuesta
de fondo a su solicitud.
El 15 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
decisión revocó la decisión impugnada, para en su lugar, amparar el derecho
fundamental de petición de la parte actora. Adicionalmente, ordenó a la UARIV que,
dentro del término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa providencia,
debía brindar una respuesta clara, de fondo y congruente a la demandante en la que le
informara un plazo aproximado y el orden en el que le pagaría la indemnización
administrativa que le reconoció en la Resolución 04102019-70302 del 6 de noviembre
de 2019.
El 31 de agosto de 2023, la accionante presentó incidente de desacato al estimar que la
UARIV no había cumplido lo ordenado en la sentencia del 15 de agosto de 2023.
El 21 de septiembre de 2023, el Juzgado 15 Administrativo de Medellín sancionó con
multa de un SMLMV a la señora María Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora de
la UARIV, por el incumplimiento de la sentencia del 15 de agosto de 2023. Decisión que
fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia por auto del 27 de septiembre
siguiente.
El 29 de septiembre de 2023, la UARIV pidió que se inaplicara la sanción impuesta el 21
de septiembre de 2023, debido a que, a su juicio, resultaba imposible cumplir la sentencia
del 15 de agosto de 2023.
El 6 de octubre de 2023, el Juzgado 15 Administrativo de Medellín no accedió a inaplicar
la mencionada sanción, al considerar que la directora de la UARIV sí estaba en
capacidad de cumplir la orden judicial.
El 22 de febrero de 2024, la UARIV solicitó nuevamente que se inaplicara la sanción,
porque había informado a la demandante que no era posible otorgarle una fecha cierta
de entrega de la indemnización administrativa, sin embargo, el 22 de febrero de 2024, el
Juzgado 15 Administrativo de Medellín denegó nuevamente la solicitud, básicamente
con los mismos fundamentos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04860-01
Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
El 27 de febrero de 2024, la UARIV pidió, otra vez, que se inaplicara la sanción impuesta
el 21 de septiembre de 2023, al asegurar que había dado cumplimiento a la orden de
tutela.
Posteriormente, el 7 de marzo de 2024, el Juzgado 15 Administrativo de Medellín dispuso
estarse a lo resuelto en el auto del 22 de febrero de 2024 y ordenó que se remitieran
copias a la Procuraduría General de la Nación, para que adelantara las actuaciones
disciplinarias a que hubiera lugar.
3.2. Tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00
Por otro lado, el 1º de abril de 2024, la señora María Patricia Tobón Yagarí presentó
acción de tutela en contra del Juzgado 15 Administrativo de Medellín y del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
al buen nombre y al patrimonio, con ocasión del auto del 27 de septiembre de 2023
dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y de los
autos del 6 de octubre de 2023 y del 22 de febrero de 2024 proferidos por el Juzgado 15
Administrativo de Medellín, en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-015-2023-
00293-00/01, por medio de los cuales se le sancionó por desacato, se denegó solicitud
de inaplicar la sanción por desacato y se ordenó remitir copias a la Procuraduría General
de la Nación para que la investigara disciplinariamente.
La acción de tutela fue adelantada bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00 y
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que, por auto del 4
de abril de 2024, la admitió y, entre otras, vinculó como tercero con interés a la señora
Marta Lucía Gutiérrez Yepes.
Por sentencia del 28 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, amparó los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de la señora María Patricia Tobón Yagarí y dejo sin efectos los autos
demandados.
Adicionalmente, ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esa providencia, expidiera auto de remplazo del grado
jurisdiccional de consulta del desacato y exhortó al Juzgado 15 Administrativo de
Medellín a que no desconociera la sentencia SU-34 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional.
Explicó que los autos acusados desconocieron el precedente fijado en la sentencia SU-
34 de 2018 dictada por la Corte Constitucional y no tuvieron en cuenta la Resolución
1049 de 2019 y los informes rendidos por la UARIV sobre las actuaciones que había
adelantado y los motivos que le impedían el cumplimiento de la sentencia de tutela.
Esta decisión no fue objeto de impugnación por las partes ni por los terceros con interés,
incluyendo a la señora Marta Lucía Gutiérrez Yepes.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que la UARIV vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la igualdad y
a la reparación administrativa al incumplir con la orden de tutela dictada en su favor.
Que la autoridad judicial demandada desconoció lo señalado en la sentencia C-367 de
2014, en la que, según dijo, se manifestó que el incumplimiento de una providencia
judicial afecta el acceso a la administración de justicia, los principios a la confianza
legítima, de buena fe, a la seguridad jurídica y de cosas juzgada, además, ignora la
prevalencia del orden constitucional y la realización de los fines del estado.
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Que la sanción impuesta a la directora de la UARIV estuvo ajustada al ordenamiento
jurídico y se profirió en cumplimiento de los artículos 27, 52 y 53 del Decreto 2591 de
1991.
Que la sentencia del 28 de mayo de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, debe dejarse sin efectos porque no se ha acreditado el
cumplimiento de la orden judicial contenida en la sentencia del 15 de agosto de 2023
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión.
Que la UARIV emplea el método técnico de priorización para incumplir las decisiones
judiciales proferidas en favor de las víctimas del conflicto armado.
Que la directora de la UARIV es quien ha venido vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y que el Juzgado 15 Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, no han vulnerado los
derechos de la funcionaria en el trámite que impartieron en la acción de tutela con
radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00/01.
Que el método técnico de priorización es inconstitucional y no debe ser implementado
indefinidamente.
5. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, ponente de la
sentencia de tutela del 28 de mayo de 2024, con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-
00, manifestó que esa decisión y el expediente digital contienen los argumentos y
elementos para que se profiera la decisión que en derecho corresponda.
Que la sentencia del 28 de mayo de 2024 no fue impugnada y que no se configuraron
los requisitos señalados en la sentencia SU-627 de 2015 dictada por la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra sentencia de tutela.
La UARIV pidió que se declarara improcedente la presente acción de tutela, al considerar
que no ha vulnerado los derechos de la señora Marta Lucia Gutiérrez Yepes.
Que no tiene competencia para interferir o realizar algún pronunciamiento sobre las
decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas.
Que a través de la Resolución 04102019-70302 del 6 de noviembre de 2019 se reconoció
el derecho a recibir indemnización administrativa a la señora Gutiérrez Yepes, decisión
confirmada en la Resolución 20222292 del 17 de marzo de 2022.
Que el 25 de agosto de 2023 le aplicó a la demandante el método técnico de priorización
y tuvo como resultado que no debía ser priorizada, por lo que no procedía la entrega de
la mencionada indemnización. Que, por lo anterior, era imposible dar fecha cierta de
pago de la indemnización, porque debía respetar el procedimiento establecido en la
Resolución 1049 de 2019 y el debido proceso administrativo.
Que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente porque no se advierte
la causación de un perjuicio irremediable.
El Juzgado Quince Administrativo de Medellín solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, porque no cumple el requisito de subsidiariedad, debido a que la
demandante cuenta con otro medio de defensa judicial para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales.
Señaló que la acción de tutela no es el medio idóneo para pretender el cumplimiento de
una sentencia de tutela. Que la demandante tampoco presentó impugnación contra la
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Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
sentencia del 28 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
Que no es ajeno a la situación de la señora Gutiérrez Yepes relacionada con la falta de
certeza sobre la fecha próxima de entrega de la indemnización administrativa que le fue
reconocida, que, sin embargo, su actuar se ajustó a las órdenes de sus superiores y a lo
previsto en la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte Constitucional.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por sentencia del 25 de octubre
de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar, por un lado, que la
demandante podía acudir a la solicitud de cumplimiento o al incidente de desacato para
pretender el cumplimiento de la orden judicial del 15 de agosto de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-
015-2023-00293-00-01.
Por otro lado, con relación a la pretensión relacionada con que se deje sin efectos la
sentencia del 28 de mayo de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00,
sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con los presupuestos establecidos por la
sentencia SU-627 de 2015 dictada por la Corte Constitucional, para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela. Que, además, esa
pretensión no cumple el requisito de subsidiariedad, debido a que la demandante no
presentó impugnación contra la sentencia que cuestiona.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Manifestó que la sentencia del 25 de octubre de 2024, desconoció que es víctima del
conflicto armado y que es sujeto de especial protección constitucional.
Que no impugnó la sentencia de tutela del 28 de mayo de 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, porque no contaba con recurso económicos
para ello.
Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, porque la acción de tutela no
cumple el requisito de subsidiariedad.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones de otra acción de tutela, (ii) la subsidiariedad, y, (iii) el análisis
del caso concreto.
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2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión
posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es la de que no
procede la acción de tutela, la cual no admite excepción si la sentencia ha sido proferida
por esa corporación, sea por su Sala Plena o por sus Sala de Revisión de Tutela, caso
en el cual solo procederá el incidente de nulidad de dichas sentencias y deberá
promoverse ante esa Corte.
Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional «cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera de texto) .
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 1. (Resaltado
fuera de texto).
3. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ”. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional
de este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe
ser el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.
4. Análisis del caso concreto
Para la Sala la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito general de
subsidiariedad.
1 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última».
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4.1. Sobre la pretensión relacionada con la acción de tutela con radicado 05001-
33-33-015-2023-00293-00/01
La señora Marta Lucia Gutiérrez Yepes pidió que a través de la presente acción de tutela
se ordene a la UARIV dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia del 15 de
agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
Decisión, en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00/01 que
resolvió:
RIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela n.° 098 del 28 de julio de 2023, proferida por el Juzgado
Quince (15) Administrativo de Oral del Circuito de Medellín, que declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la Tutela constitucional deprecada por la señora MARTA LUCÍA GUTIÉRREZ
YEPES, para, en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado del derecho fundamental de petición de la
accionante, de conformidad con las consideraciones expresadas en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS -UARIV- que. dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, le brinde una respuesta clara, de fondo y
congruente a la accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder a la
medida, o por lo menos, señalarle la vigencia en la cual le será entregada la misma, eso, sin vulnerar
el derecho de igualdad frente a las demás víctimas que estén en las mismas condiciones.
Ahora bien, la Sala advierte que la demandante cuenta con otro medio de defensa judicial
para pedir el cumplimiento de la orden de tutela proferida en su favor, como lo son la
solicitud de cumplimiento y/o el incidente de desacato, previstos en los artículos 27 y 52
del Decreto 2591 de 1991.
La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recurso y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales, por ejemplo, en la sentencia C-543 de 1992 puntualizó: << tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.>>, por lo anterior, no es procedente que
la señora Marta Lucia Gutiérrez Yepes alegue la vulneración de derechos fundamentales
cuando no ha acudido a las medios de defensa dispuesto por el ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos dentro de la acción de tutela en la que se profirió
decisión a su favor.
La acción de tutela solo es procedente cuando no existan o se hayan agotado todos los
medios judiciales y/o administrativos que resulten efectivos para la protección de las
garantías fundamentales reclamadas.
Incluso, la Sala debe señalar que a solicitud de parte o el juez de tutela de oficio pueden
disponer modular las órdenes impartidas en sentencias de tutela, por ejemplo, la
jurisprudencia constitucional2 ha dispuesto que el juez puede ajustar o modular de manera
excepcional las órdenes de tutela, siempre que se cumplan 5 reglas: (i) que se reúnan las
condiciones de hecho que impidan la efectiva protección del derecho amparado3, (ii) que se tomen
medidas encaminadas a lograr el sentido original de la orden impartida, (iii) que la modificación
no genere un cambio absoluto en la orden original, (iv) que la modificación busque la menor
reducción de la protección concedida, y (v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
4.2. Sobre la pretensión relacionada con la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2024-01568-00
Previo a resolver, conviene precisar que la demandante cuestiona la sentencia del 28 de
mayo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00.
2 Sentencia T-086 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Estos son: (i) cuando la orden, en los términos en que fue proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento no es exigible
porque se trata de una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e
inminente el interés público; y (iii) cuando es evidente que será́ imposible cumplir la orden. Sentencia T-086 de 2003,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
Esa acción de tutela fue interpuesta por la señora María Patricia Tobón Yagarí contra
Juzgado 15 Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, al estimar que esas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al buen
nombre y al patrimonio, al proferir los autos del 27 de septiembre de 2023, del 6 de
octubre de 2023 y del 22 de febrero de 2024, en la acción de tutela con radicado 05001-
33-33-015-2023-00293-00/01, por medio de los cuales se le impuso sanción por
desacato de una orden judicial, se denegó una solicitud de inaplicación de esa sanción
por desacato y se ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que
la investigara disciplinariamente.
La acción de tutela fue adelantada bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-01568-00 y
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, por auto del 4
de abril de 2024, la admitió y, entre otras, vinculó como tercero con interés a la señora
Marta Lucía Gutiérrez Yepes.
Por sentencia del 28 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, amparo los derechos fundamentales de la señora Tobón Yagarí y dejó sin
efectos el auto del 27 de septiembre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y los autos del 6 de octubre de 2023 y del 22 de
febrero de 2024 proferidos por el Juzgado 15 Administrativo de Medellín, en la acción de
tutela con radicado 05001-33-33-015-2023-00293-00/01 y ordenó al Tribunal
Administrativo de Antioquia que dictara auto de reemplazo del grado jurisdiccional de
consulta del desacato.
La sentencia del 28 de mayo de 2024 no fue impugnada por las partes ni por los terceros
con interés, entre los que se encontraba la señora Gutiérrez Yepes.
Ahora, la accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia del 28 de mayo de
2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sin embargo,
la Sala advierte que la acción de tutela no cumple el requisito general de subsidiariedad,
por cuanto la señora Marta Lucía Gutiérrez Yepes contaba con otro medio de defensa
judicial para la protección de los derechos invocados, como lo era la impugnación contra
la mencionada sentencia del 28 de mayo de 2024, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 19914.
Lo anterior es suficiente para confirmar la decisión impugnada, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4 Artículo 31. Impugnación del Fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04860-01
Demandante: Marta Lucia Gutiérrez Yepes
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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